Abrir a las pymes el coto de los contratos públicos

Por Auxiliadora Honorato y Fernando Acuña 

Siete de cada diez euros adjudicados en obra pública van a las mismas diez grandes firmas

Las pequeñas empresas tienen muchas menos posibilidades de bajar los precios

La contratación pública es un terreno vedado al que tienen acceso preferente las grandes empresas. De hecho, hace poco, la Fundación Civio concluía en un estudio que siete de cada diez euros que se adjudican en obra pública acaban en las mismas diez grandes firmas. Y eso a pesar de que, según el INE, estas solo representan el 0,01% de las empresas del sector. La nueva ley de contratos del sector público es una oportunidad de oro para equilibrar la situación.

Según el último informe del Banco Central Europeo sobre las empresas de la zona euro (abril-septiembre 2016), el principal problema que tienen las pequeñas y medianas empresas en España es la falta de ventas. Consciente de esta disfunción, la UE, en su directiva sobre compras públicas ya empuja a los Estados miembro a fomentar la “contratación estratégica”; es decir a emplear la contratación como herramienta para corregir estos desequilibrios y ponerla al servicio del interés general, lo cual pasa, indefectiblemente, por abrir la veda a las pymes, micropymes y autónomos.

Se nos llena la boca afirmando que este colectivo es la pieza clave del tejido productivo de nuestro país, pues representan el 99,99% de las empresas registradas en la Seguridad Social y generan el 69% del empleo, pero lo cierto es que llevan mucho tiempo esperando medidas concretas, directas y reales que les quiten los palos de las ruedas y las conviertan en las protagonistas verdaderas de nuestra economía.

Actualmente nos encontramos en el Congreso reformando la nueva la ley de contratos del sector público, y merece la pena destacar cuatro propuestas esenciales que hemos impulsado y que, de salir adelante, supondrían un antes y un después en la participación de pymes y autónomos en la contratación.

-Contratos separados. Es una práctica habitual en las administraciones englobar, dentro de un mismo contrato, tareas que se encuentran de algún modo relacionadas pero que no siempre tienen objetos similares. Ello les permite convocar un solo concurso, y no dos ni tres, lo que simplifica el proceso administrativo y presuntamente supone un ahorro para las arcas públicas. Sin embargo, las consecuencias de este modus operandi simplificador están lejos de ser beneficiosas: intrusismo empresarial, obras defectuosas y peores servicios para la ciudadanía y, a la larga, resoluciones de contratos, modificaciones irregulares y sobrecostes que pagamos todos y todas.

La solución es fácil y pasa por clasificar en lotes obras o servicios similares con objetos diferentes. Las ventajas son evidentes: especialización, innovación, modernización y, sobre todo, apertura a las pymes de nuevas posibilidades de negocio de las que se veían excluidas no poder acceder a contratos demasiado amplios, económica o temáticamente. Por ello, hemos propuesto que la división en lotes de los contratos sea norma general y obligatoria en los procesos de contratación pública.

-El muro de los criterios de solvencia. La gran muralla que encuentran nuestras pymes y autónomos para acceder a la contratación son los exigentes criterios de solvencia que generalmente les imponen las administraciones públicas. Como se exige una experiencia desproporcionada para contratar, las pymes nunca la adquieren y por tanto raras veces consiguen trabajar para la administración. Es la pescadilla que se muerde la cola. Se pide a voces flexibilizar estos criterios de acceso, de manera que hemos propuesto derribar este muro para que, al menos, no se las deje fuera a las primeras de cambio, se les permita competir en igualdad de condiciones y demostrar que están preparadas para prestar servicios de calidad. ¿Cómo? Abriendo la posibilidad a que las pymes puedan demostrar su experiencia por otros medios de acreditación, eximiendo a las empresas de nueva creación de acreditar su solvencia o flexibilizando las condiciones de clasificación profesional.

-Que gane el mejor, no el más barato. La preponderancia del precio más bajo como criterio de principal valoración no solo ha tenido como consecuencia unos servicios de ínfima calidad y un aluvión de contratos modificados irregularmente en la que los corruptos han campado a sus anchas, sino que ha propiciado comportamientos anticompetitivos, llevando a muchas empresas –sobre todo a las grandes– a presentar ofertas económicas por debajo de precios de coste.

Las que más han sufrido estas consecuencias han sido las pymes, con muchas menos posibilidades de bajar los precios que sus hermanas mayores, quedando excluidas de los contratos. Para solucionar el problema, hemos propuesto que los pliegos de condiciones de los contratos recojan una pluralidad de criterios a valorar donde la calidad y la especialización tengan un justo peso, cuya puntuación sea siempre superior a las ofertas económicas de los licitadores.

-Hay cantera en la segunda división. Como ha constatado la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, el 68% de los proveedores ha tenido en 2016 contratos con empresas privadas que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la ley, superando las grandes empresas los 126 días según el barómetro de la Plataforma, mientras que las Administraciones pagan a 36, 24 y 60 días según sea estatal, autonómica o local.

Las perjudicadas son las de siempre... Y aunque las pymes no siempre podrán jugar en la primera división de los grandes contratos públicos, al menos debemos facilitar las mismas reglas de juego para ambas divisiones, de manera que cuando actúen como subcontratistas, puedan desarrollar su actividad sin verse estranguladas por las malas prácticas empresariales. Para eso hemos propuesto que, en caso de impago por parte del contratista principal, el subcontratista pueda solicitar el pago directo a la Administración. Así, no se establece una relación de esclavitud que a veces las aboca a la desesperación y a la quiebra.

Necesitamos una norma de contratación que, como dice la directiva, impulse “la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública”.

Y la necesitamos ahora, que estamos a punto de adoptar una nueva ley de contratos del sector público. Nosotros hemos empujado el cambio, pero solo será posible si las demás fuerzas políticas acompañan para conseguir este objetivo, pasando de las palabras a los hechos.

Auxiliadora Honorato es ponente del proyecto de Ley de Contratos del Sector Público y Secretaria Estatal de Administraciones Públicas en Podemos

Fernando Acuña es asesor en Derecho Público y Derecho de la Contratación Pública

Fuente: Cinco Días

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