El 94% de los ayuntamientos es susceptible de 'intervención' en sus servicios básicos
- Detalles
- Publicado el Martes, 04 Junio 2013 07:34
La economía de los entes públicos locales centrará la reforma de la administración más cercana que pretende aprobar el Gobierno y que, inicialmente, entrará en vigor el primer día del año que viene. La insuficiencia financiera, el coste de los servicios, los salarios de los concejales o los complementos de los salarios de los funcionarios municipales se las verán de lleno con el nuevo texto normativo, sobre el que esta semana ha informado el propio ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro (PP).
¿A quienes afecta en mayor medida esta reforma local? A los ayuntamientos que rigen los municipios más pequeños. En la provincia hay 81 municipios con menos de 5.000 habitantes, del total de 102 que configuran el mapa territorial almeriense. Además, 15 se sitúan en la horquilla entre 5.000 y 20.000 habitantes. Con el anteproyecto de Ley Orgánica para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local -nombre oficial de la reforma local- que el Gobierno presentó esta semana a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), alrededor del 94% de ellos podrían perder, a partir del 1 de enero, la gestión de los servicios básicos que prestan a sus ciudadanos, esto es, limpieza viaria, suministro de agua potable, recogidas de residuos, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de calles. Todas esas competencias pasarán a manos de la Diputación Provincial, que se encargará de suministrar todos esos servicios, en los pueblos en los que sus ayuntamientos no estén en condiciones de prestarlos según el coste estándar que regirá el Gobierno estatal, una medida argumentada en el economicismo municipal. Lo haría por un periodo de cinco años tras el que se revisaría la situación financiera del Consistorio en cuestión.
La única excepción será para los municipios de más de 20.000 habitantes. En Almería sólo hay seis: la capital, Roquetas de Mar, El Ejido, Adra, Níjar y Vícar. El resto, tendrán sobre sus cabezas la espada de Damocles. Y, aunque su situación financiera se lo permita, a pesar de que puedan tener superávit en el cajón de los billetes, si un consistorio no puede ofrecer los servicios públicos al coste que dicte el Gobierno, se verá privado de esta competencia.
Del borrador han desaparecido algunas restricciones más duras. Incluso la posible intervención económica de los consistorios de menos de 5.000 habitantes que incumplan el objetivo del déficit. No sin que éstos tengan que ajustarse a la ley de estabilidad, claro está. Y esta 'rebaja' en las pretensiones del Gobierno ha sido observada por la FEMP como un éxito. De «avances sustanciales» lo calificaba el presidente del organismo, el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna (PP).
Sin embargo, gran parte de los puntos polémicos de la reforma que pretende aprobar el Gobierno continúan ahí: por ejemplo el hecho de que se fijen las retribuciones de alcaldes y concejales en función del número de sus habitantes y no, como hasta ahora, según se decidiera en sesión plenaria en la propia Corporación local.
Para el PSOE, que gobierna en 36 de los municipios con menos de 20.000 habitantes de la provincia de Almería, la nueva ley es una marcha atrás en democracia. Adela Segura, secretaria de Política Municipal e Institucional de los socialistas almerienses, considera que «analizando de forma concienzuda y seria, como deben de hacerse las cuestiones de Estado», detrás de la reforma local «no hay cuestiones económicas, sino ideológicas». Y que, del modo en el que se pretende legislar para las administraciones locales, se perderá la «cercanía» de los ayuntamientos, «el poder ir a un responsable cercano, elegido, a pedirle explicaciones por los servicios que se prestan». «Parece que las municipales de 2015 no van a tener sentido», alega Segura.
El PP, por su parte, incide en que los ciudadanos no van a notar ningún cambio, que sólo afectará a los gobiernos municipales que, «tal y como están las cosas» tienen «dificultades» para prestar los servicios en igualdad de condiciones, independientemente del municipio o la comarca en el que se encuentren los ciudadanos viviendo. Juan José Matarí, secretario ejecutivo de Política Autonómica en Génova, afirma que «un municipio de 100 ó 200 habitantes no puede prestar servicio con la calidad mínima» y hacerlo al mismo coste que uno de mayor población. «Los municipios pequeños de Almería, en muchos casos, ya reciben los servicios de la Diputación. En la práctica, no va a suponer grandes cambios en la provincia de Almería», insiste el popular.
En cualquier caso, al ente que más va a afectar es a la Diputación, un organismo político de extracción indirecta -en función de los votos recibidos por cada una de las formaciones políticas en las elecciones municipales- que, además de las labores de coordinación y de 'auxilio', tendrá que hacerse cargo de más servicios de los que ya prestaba. Muchos de ellos originarios de mancomunidades y municipios que hasta ahora los prestan de forma autónoma. En Almería, el equipo de Gobierno de la Diputación se ha mostrado abiertamente a favor de la reforma local.
Un 36% de la población
En la provincia de Almería, la ley afectará a unos 260.000 habitantes de municipios con menos de 20.000 almas en un territorio que suma 704.000 pobladores. Por lo tanto, pese a que la afección por número de municipios es del 94%, en el caso de la población las cifras se rebajan a un 36% del padrón general. Si la Diputación Provincial se hiciera cargo de gestionar todos los servicios de esos 96 municipios, se convertiría en el primer 'ayuntamiento', el más grande de la provincia en cuanto a población atendida. Ni siquiera lo superaría el de la capital -con algo más de 190.000 habitantes-.
Y de hacer una gestión conjunta de los servicios, el importe de la misma sería considerable. Es por ello que el PSOE teme que tras esta medida hay intenciones privatizadoras. «El PP está intentando convertir en negocio todo lo que sea la prestación de servicios. De ahí que se cree el coste estándar, el que ya no se puedan ejercer competencias delegadas... Esa no es la reforma que pedía ciudadanía, ni los alcaldes y las alcaldesas. Lo que se venía reclamando era una mayor financiación para prestar los servicios adecuadamente», remarca Segura. «El PSOE defendía una reforma local, pero en el sentido inverso a lo promovido por el Gobierno», insiste.
Desde el PP, por su parte, remarcan que detrás del texto legal «ni se recorta nada, ni se suprime nada, ni se privatiza nada». «No es el objetivo de la Ley, sino reordenar el abanico de retribuciones, sin limitación en este momento, ni para personal eventual; homologar las retribuciones en función de la población, y que una competencia sea de una administración. Que los ayuntamientos dejen de hacer cosas que no le corresponden», alega Matarí.
La reforma normativa lleva meses en cartera. Y en estos tiempos ha dado giros de 180 grados inesperados y constantes. Será el BOE el que, a su hora, arroje luz y determine en qué queda la administración local.
Fuente: ideal.es