Sobre las normas que regulan la revisión de precios en el sector público

(Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española)

Por Javier Fuertes

En el Boletín Oficial del Estado del 31 de marzo de 2015 se publicaban un importante número de disposiciones: cuatro leyes orgánicas, dos ordinarias, el acuerdo de convalidación del Congreso de los Diputados de un Real Decreto – ley, las convocatorias de elecciones locales, de las asambleas de las Ciudades Autónomas y de varias Comunidades Autónomas.

Entre toda esa confusión normativa, y al lado de cuestiones mayores como el Código Penal, la seguridad ciudadana, la financiación de los partidos políticos y los altos cargos de la Administración del Estado, se ubicaba la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.

Desindexar (Qué es desindexar)

Un término, que, como tal, no se encuentra recogido en el Diccionario de la Real Academia Española que define “indexar” como “hacer índices” o “registrar ordenadamente datos e informaciones, para elaborar su índice”.

El Preámbulo de la Ley se inicia con la indicación de que “la indexación es una práctica que permite modificar los valores monetarios de las variables económicas, de acuerdo con la variación de un índice de precios a lo largo de un período”.

Luego la Ley se refiere a que la economía española, y su valores monetarios, dejen de estar referenciados a un índice (art. 1).

Qué “índice” se pretende abandonar (Abandonar el IPC como referencia)  

La revisión de valores monetarios que se pretende dejar de utilizar es el Índice de Precios de Consumo (el conocido IPC). Se reniega de ese sistema porque “aunque es una convención ampliamente extendida, no necesariamente está justificada, ni produce beneficios para el conjunto de una economía desarrollada como la española”.

En qué ámbitos (lo incluido)

Las previsiones efectuadas en la Ley de desindexación de la economía española son aplicables, tal y como determina el art. 2.1, en:

1) Las revisiones de cualquier valor monetario en cuya determinación intervenga el sector público, entendiendo por tal el establecido en el art. 3.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP)

2) Las revisiones periódicas o no periódicas de rentas de arrendamientos rústicos y urbanos, contraprestaciones de arrendamientos de servicios, suministros y rentas vitalicias o valores monetarios en cualquier otro contrato celebrado en el sector privado

Con qué excepciones (y lo excluido)

Conforme determina el art. 2 de la propia norma, no es aplicable la Ley de desindexación en materia de:

1) Negociación salarial colectiva

2) Las revisiones, revalorizaciones o actualizaciones en el ámbito de la Seguridad Social y Clases Pasivas del Estado (clases pasivas, otras pensione sy prestaciones de clases pasivas y pensiones de guerra).

3) Los instrumentos financieros según lo establecido en la Ley de Mercado de Valores.

Excepciones a las que hay que añadir, tal y como prescribe el art. 6 de la Ley, que las revisiones de los precios y tarifas de los contratos incluidos dentro del ámbito del TRLCSP se regirán por lo dispuesto en el mismo.

Régimen aplicable en el Sector Público (Administración en el sentido del TRLCSP)

La Ley de desindexación destina los arts. 4 a 7 a establecer el régimen aplicable en el sector público, y para ello distingue dos supuestos. De un lado las revisiones periódicas y predeterminadas y, de otro, las revisiones periódicas no predeterminadas y revisiones no periódicas.

Revisión periódica y predeterminada de valores monetarios (art. 4)

La norma que se establece, como principio general (art. 4.1), supone que los valores monetarios en los que intervenga el sector público no podrán ser objeto de revisión periódica y predeterminada en función de precios, índices de precios o fórmulas que los contenga, es decir, la prohibición del uso del IPC para revisar los precios en los que una de las partes es la Administración pública (recuérdese que en los términos establecidos en el TRLCSP).

Norma general sobre la que la propia Ley contiene las correspondientes salvedades. Así, y de manera genérica (art. 4.2), se permite que “excepcionalmente” se apruebe un régimen de revisión periódica y predeterminada en función de precios individuales e índices específicos de precios, siempre y cuando la naturaleza de sus cambios así lo requiera y así esté autorizado.

De forma específica se contempla (art. 4.6) que en los arrendamientos de bienes inmuebles (de los previstos en el art. 4.1 TRLCSP) las partes podrán, previa justificación económica, incorporar un régimen de revisión periódica y predeterminada para la renta.

Revisión periódica no predeterminada y revisión no periódica de valores monetarios (art. 5)

Se establece que este tipo de revisiones requiere su justificación mediante “memoria económica específica para este fin”, revisiones que no podrán estar referidas a índices de precios o fórmulas que los contengan, a no ser que la propia memoria lo justifique en base al principio de eficiencia económica y buena gestión empresarial.

Contratación pública (art. 6)

El art. 6 de la Ley de desindexación dispone ara las revisiones de los precios y tarifas de los contratos incluidos en el ámbito del TRLCSP se estará a las previsiones en él establecidas.

Cuestión sobre la que hay que tener presente que la disp. final Tercera de la propia Ley de desindexación procede a dar nueva redacción a determinados preceptos del TRLCSP:

1) Art. 47.5: Para eliminar la referencia al IPC como medio de actualizar las cuantías de las multas (de 1.000 a 15.000 €) que pueden imponer los Órganos de Resolución de Conflictos Contractuales en caso de temeridad o mala fe en la interposición del recurso

2) Rúbrica del Capítulo II del Título III del Libro I: Que pasa de “Revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas” a “Revisión de precios en los contratos del sector público”

3) Art. 89: Que da nueva redacción a las previsiones en materia de procedencia y límites de la revisión de precios en el sector público

4) Art. 131.1 d): Para incorporar la previsión de que “en todo caso, la revisión del sistema de retribución del concesionario contenida en los pliegos, deberá ajustarse a lo previsto en el Capítulo ll del Título III de esta Ley”

5) Art. 133.1: Para añadir la previsión de que “en cuanto a la revisión de tarifas, los pliegos de cláusulas administrativas deberán ajustarse a lo previsto en el Capítulo ll del Título III de esta Ley”

6) Art. 255.3: Para modificar las previsiones existentes y establecer que la revisión de tarifas de la concesión habrá de realizarse conforme a lo “lo previsto en el Capítulo ll del Título III de esta Ley”

7) Y a la derogación de los arts. 90, 91 y 92 del TRLCSP en los que se establecían las previsiones correspondientes al sistema de revisión de precios, las fórmulas y el coeficiente de revisión.

Y, en este sentido, conviene recordar que existe un Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público para adaptar la legislación nacional a las Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE  y 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 (que han de ser transpuestas antes del 18 de abril de 2016), Anteproyecto en el que ya se establece que la revisión de precios no se hará con índices generales, sino en función de cada contrato.

Véase comentario nuevas Directivas UE

Véase Texto del Anteproyecto de ley de Contratos del Sector Público

Haciendas Locales (art. 6)

La disp. final Cuarta de la Ley de desindexación procede a modificar el art. 25 TRLHL en el que se regula el informe económico – financiero en el acuerdo de establecimiento de tasas, modificación que supone la supresión de los dos párrafos finales en los que se establecía la no necesidad del informe técnico-económico cuando se tratara de la adopción de acuerdos motivados por revalorizaciones o actualizaciones de carácter general y en los supuestos de disminución del importe de las tasas.

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