Uno de los grandes objetivos que se marcaba la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, era “conseguir un control financiero y presupuestario más riguroso”, reforzando la función interventora y la profesionalidad de los funcionarios encargados de llevarla a efecto. Inmediatamente dijimos que, para conseguir ese objetivo, no eran suficientes los cambios en la legislación, sino que había que poner en marcha tres procesos esenciales:
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