Por Javier Fuertes, Doctor en Derecho. Magistrado suplente
La reforma de la LBRL efectuada por medio de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), tuvo como consecuencia inmediata la interposición de hasta nueve recursos ante el Tribunal Constitucional.
Los recursos fueron interpuestos desde seis Comunidades Autónomas, pues en dos casos se interpuso recurso de inconstitucionalidad tanto desde el Parlamento como desde el Gobierno autonómico (Andalucía y Cataluña), así como el planteado por más de 50 diputados, integrantes de los Grupos Parlamentarios Socialista, Izquierda Unida, ICV-EUIA, CHA, La Izquierda Plural Unión Progreso y Democracia y del Grupo Mixto.