Nota Informativa Observatorio De Personal. En relación a los dos Reales Decretos Leyes que han sido publicados hoy en el BOE

Real Decreto-ley 37/2026: Subida salarial del sector público para 2027
Esta norma desbloquea el incremento salarial pactado para 2027 ante el escenario de prórroga presupuestaria provocado por la disolución de las Cortes Generales. Tiene carácter básico, por lo que aplica directamente a las Administraciones estatal, autonómica y local.

-Incremento retributivo del 4,5 %: Con efectos desde el 1 de enero de 2027, las retribuciones del personal al servicio del sector público (tanto funcionario como la masa salarial del personal laboral) podrán experimentar un incremento global máximo del 4,5 % respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2026.

-Cálculo homogéneo: La subida se calculará en términos de homogeneidad respecto a los efectivos de personal y su antigüedad entre ambos periodos. 

-Acción social y planes de pensiones: Los gastos de acción social podrán incrementarse globalmente hasta ese mismo límite del 4,5 % (en términos de homogeneidad de efectivos). Asimismo, se permiten aportaciones a planes de pensiones de empleo o seguros colectivos siempre que no se supere el tope global del 4,5 %. 

-Indemnización por residencia: En el sector público estatal se incrementa igualmente hasta el 4,5 %, salvo para quienes ya percibieran cuantías superiores a las generales, que quedarán congeladas o se ajustarán solo hasta alcanzarlas. 


Real Decreto-ley 39/2026: Transparencia retributiva y condiciones laborales previsibles
Esta norma completa la transposición de dos directivas europeas (Directiva 2019/1152 sobre condiciones transparentes y previsibles y Directiva 2023/970 sobre igualdad retributiva). Aunque modifica principalmente normativa laboral (Estatuto de los Trabajadores y RD 902/2020), incorpora mandatos expresos para el personal empleado público (funcionarios y laborales) y para la contratación administrativa. 

1.- Impacto directo en el acceso al empleo público y gestión de personal:
-Transparencia retributiva previa al empleo (Nuevos art. 5.g y D.A. 12.ª de la Ley de Empleo): Se extiende expresamente a las Administraciones Públicas (en los términos de su normativa específica) la obligación de que las convocatorias y ofertas de empleo incluyan:

La retribución inicial del puesto, fijada con criterios objetivos y neutros en género, así como el convenio colectivo aplicable (en su caso). 

Denominaciones de puestos y anuncios neutros respecto al género y en formato accesible para personas con discapacidad. 

Prohibición de preguntar por el historial retributivo: Ni las Administraciones ni los agentes que participen en procesos de selección pueden preguntar a los candidatos por sus retribuciones actuales o anteriores. 

Control de no discriminación en los procesos de selección que utilicen sistemas algorítmicos o automatizados. 

-Transición a formas de empleo más estables y previsibles (Nuevo art. 21 bis y D.A. 30.ª del Estatuto de los Trabajadores):
Se reconoce el derecho del personal laboral a solicitar puestos vacantes que supongan pasar de tiempo parcial a completo (o ampliar horas), de temporal a indefinido o de fijo-discontinuo a indefinido ordinario. Tras 6 meses de antigüedad, pueden solicitar cualquier cambio hacia mayor estabilidad o previsibilidad. 

La Administración empleadora debe informar de estas vacantes a la plantilla y a la representación legal, y responder por escrito y motivadamente a las solicitudes en el plazo máximo de 1 mes (3 meses si la plantilla es de 10 o menos trabajadores). 

La Disposición Adicional 30.ª aclara que este derecho se aplicará al personal empleado público ajustándose a su normativa específica y, muy especialmente, al régimen de incompatibilidades y de altos cargos. 


2.- Novedades relevantes para el personal laboral de las Administraciones:
Información escrita sin límite de duración (Art. 8.5 ET y RD 723/2026): Se elimina el umbral de cuatro semanas. Debe informarse por escrito sobre los elementos esenciales del contrato (y sus modificaciones) tanto a la persona trabajadora como a su representación legal desde el inicio de la relación laboral, cualquiera que sea su duración. (Para contratos inferiores a 4 semanas ya vigentes, hay un plazo de 10 días hábiles si el trabajador lo solicita). 

Horas complementarias (Art. 12.5.d ET): Deben preavisarse con al menos 3 días (salvo pacto inferior en convenio); si no se cumple, el trabajador puede rechazarlas sin represalias. Si se cancelan, conserva el derecho a cobrarlas. 

Pluriempleo / Compatibilidad (Art. 21.1 ET): No se puede prohibir ni penalizar prestar servicios para otros empleadores, salvo causas objetivas debidamente justificadas como la integridad del servicio público, prevención de conflictos de intereses, confidencialidad o salud/seguridad. 

Periodo de prueba (Art. 14 ET): Se limita a un máximo de 1 mes en contratos temporales de 6 o más meses, reduciéndose proporcionalmente en contratos inferiores a 6 meses. Es nulo pactarlo si ya se desempeñaron las mismas funciones anteriormente. 

Garantía de indemnidad y no represalias (Arts. 4.2.h y 17.1 ET): Se declaran nulas las decisiones que supongan un trato desfavorable por haber formulado reclamaciones internas, administrativas o judiciales en defensa de derechos laborales. El plazo para reclamar por discriminación retributiva se amplía a 3 años desde que cese la situación. 


3.- Igualdad y transparencia retributiva (Modificación del RD 902/2020):
Derecho de información salarial individual (Nuevo art. 10 RD 902/2020): Cualquier trabajador (y ex trabajadores hasta 1 año tras su cese) puede pedir por escrito, una vez al año, información sobre su retribución y las medias (anuales y por hora, desglosadas por sexo y conceptos) de quienes realizan un trabajo igual o de igual valor. El plazo máximo de respuesta es de 2 meses (15 días para aclaraciones adicionales). Además, son nulas las cláusulas que prohíban a un trabajador divulgar su propio salario. 

Registro retributivo y auditorías (Arts. 5, 6 y 8 RD 902/2020): El registro debe conservarse durante 4 años y consultarse a la representación sindical con al menos 10 días de antelación. Si la auditoría retributiva detecta brechas injustificadas, el plan de actuación debe corregirlas en un plazo máximo de 6 meses. Las auditorías ya vigentes se adaptarán cuando toque su revisión o venza su vigencia. 

Informe periódico de brecha salarial (Nuevo art. 11 y D.T. 2.ª RD 902/2020): Las organizaciones con 50 o más trabajadores deberán remitir datos detallados de brecha de género a la nueva Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva (anualmente si tienen 250 o más trabajadores; cada 3 años si tienen entre 50 y 249). El primer envío obligatorio será antes del 8 de junio de 2027 para plantillas de 150 o más personas (y antes del 8 de junio de 2031 para las de 50 a 149). 

4.- Impacto en la Contratación Pública (Modificación de la Ley 9/2017 - LCSP)
Obligación de control en pliegos (Art. 201 LCSP): Los órganos de contratación deben garantizar que contratistas y subcontratistas cumplan con la igualdad y transparencia retributiva durante la ejecución del contrato, incluyendo penalidades proporcionadas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Nueva causa de resolución contractual (Arts. 211.1.j y 212.1 LCSP): Se incorpora como causa de resolución del contrato público el incumplimiento grave de la igualdad retributiva (acreditado por resolución firme) o el incumplimiento reiterado de las obligaciones de transparencia retributiva tras requerimiento del órgano de contratación. El expediente podrá iniciarse de oficio o a instancia de los representantes de los trabajadores de la empresa contratista. 

Legislacion

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