La colaboración Público-Privada, en la Estrategia UE 2020
Editorial Nº 144. 2011
Las reformas del marco legal comunitario que se han llevado a cabo en desarrollo de las previsiones del Tratado de la Unión Europea apuntan insistentemente en una dirección: majorar las herramientas de la colaboración público-privada, tanto en su vertiente contractual como en su configuración institucional. La Resolución del Parlamento Europeo HEIDE RÜLE de 18 mayo 2010 constituye una nueva llamada a vencer las resistencias y anima a continuar en la dirección que ya apuntó el Consejo Europeo en el año 2005, despejando dudas y ofreciendo seguridad. Mejorar el marco jurídico de la variable contractual de las CPP no es un problema, es un objetivo. Y flexibilizar la variable institucional de las CPP, también.
La heterogeneidad de modelos -que dificultan su aplicación- no ha sido obstáculo para que grandes operaciones de inversión como la del Metro de Londres o iniciativas de soporte técnico como la emprendida por el Área Metropolitana de Leeds o la Knowlegde Centre en Holanda hayan abierto una vía segura para la consolidación de las CPP como instrumento de crecimiento económico. Sin duda el mercado financiero y la crisis que padecemos se convierte en un riesgo, pero también en una oportunidad. Pero la Estrategia UE 2020 apuesta por las CPP porque encara el riesgo como una oportunidad. Y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) tiene en este ámbito de la Estrategia un rol fundamental.
Las autoridades nacionales, regionales y locales de los Estados miembros deben aplicar gran parte de la Estrategia UE 2020, asociando los parlamentos nacionales, los interlocutores sociales y la sociedad civil. En este apartado, que constituye una llamada a ese espacio público europeo que intentamos construir – con aciertos y errores – y que requiere de esa deseada governanza multinivel, el documento insiste en la necesidad de que las acciones de sensibilización deben dirigirse a los ciudadanos europeos. Y aquí el papel de los directivos territoriales es fundamental. El esfuerzo que reclama la Estrategia UE 2020, requiere de liderazgo político para asegurar su aplicación, requiere reformas y compromisos de los estados, de las autoridades regionales y locales. Sin este liderazgo será difícil superar las dificultades que ha tenido la Declaración de Lisboa. Pero sin el liderazgo operativo de los directivos territoriales, los secretarios de ayuntamiento españoles, belgas, húngaros, italianos, luxemburgueses, los directores generales de servicios de Francia, los directores comunales de Dinamarca, los jefes ejecutivos locales de Chequia, los CEO’s del Reino Unido o de Irlanda, en fin, hasta los secretarios ejecutivos locales de Malta, será difícil la puesta en marcha de esa nueva administración europea para el año 2020. Será difícil también la implantación efectiva de la Directiva de Servicios. Esa que nos puede permitir crecer hasta el 1,5 del PIB. Será difícil que las iniciativas de CPP a las que la Comisión confiere un papel relevante de lucha contra la crisis, se consoliden y desarrollen.
Hace falta un esfuerzo gigantesco desarrollado en red. Los directivos territoriales europeos, estamos dispuestos a colaborar en este gran desafio, para que los gobiernos locales de la UE se pongan a trabajar de manera efectiva en la dirección que marca la Estrategia UE 2020. Por ello, el compromiso de las asociaciones federadas en la UDITE, formulado ante el Comité de Regiones y el Banco Europeo de Inversiones en los Open Days de 2011 en Bruselas, pretende contribuir a la construcción de ese nexo de unión entre la administración y la sociedad civil que permita alcanzar los objetivos propuestos en esta Estrategia UE 2020, vital para el futuro de la Unión Europea.
