INAP: Convocatoria del Curso de licitación electrónica en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACS) Segunda edición

Resolución de 3 de agosto de 2020, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca acción formativa centralizada en el ámbito local (BOE 22/9/2020)

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Fechas de realización: del 16 de noviembre de 2020 a 11 de diciembre de 2020.

Lugar celebración: aula virtual del INAP.

Código: FL20-3063.

Horas lectivas: 25 horas.

Número de plazas: 25.

Fecha límite de inscripción: 27 de octubre de 2020.

Destinatarios: empleados públicos de las Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos Insulares que realicen habitualmente labores de tramitación de expedientes de contratación administrativa. Objetivos: conocer el funcionamiento de esta nueva forma de licitar.

Programa:

I. Publicidad de Licitaciones y Configuración de Sobres para la Licitación electrónica en PLACSP.

0. Introducción.

1. Cuestiones básicas de PLACSP.

1.1 Manuales de Uso.

1.2 Gestión de Usuarios.

1.3 Estados de los Expedientes.

1.4 Singularidades en la Tramitación en Función del Tipo de Procedimiento.

a) Procedimiento Abierto, Restringido y Negociado con Publicidad.

b) Procedimientos Negociados sin publicidad y derivados de acuerdo marco.

c) Contratos Menores.

2. Creación del Espacio Virtual de Licitación.

3. Elaboración del Anuncio de Licitación.

4. Configuración de los «Sobres» de la Licitación.

5. Publicación del Anuncio de Licitación.

II. Presentación electrónica de Ofertas por los Licitadores.

III. Gestión de mesas de contratación en PLACSP.

1. Creación de la Sesión y determinación de actos.

2. Convocatoria electrónica miembros de la mesa.

3. Constitución virtual e inicio de la Sesión de la Mesa.

4. Apertura y Calificación del Sobre de Documentación Administrativa.

5. Requerimiento de Subsanación.

6. Generación de Actas de la Sesión.

7. Transparencia y Tablón del Licitador.

8. Subsanación por el Empresario.

9. Sesión de Subsanación, Acto de apertura de Sobre Criterios Juicio de Valor, Aprobación de Acta de Sesión Anterior.

9.1 Creación de la Sesión y Asignación de Actos.

9.2 Convocatoria a los miembros.

9.3 Constitución de la mesa.

9.4 Acto de Subsanación.

9.5 Apertura de los Criterios basados en juicio de valor.

9.6 Aprobación del Acta de la Sesión anterior.

10. Sesión de valoración de criterios sometidos a juicio de valor, acto de apertura de sobre de criterios evaluables mediante fórmulas, Aprobación de Acta de Sesión anterior.

10.1 Valoración de Criterios sometidos a juicio de Valor.

10.2 Apertura de criterios evaluables mediante fórmulas.

10.3 Acto de aprobación de acta de la sesión anterior y Finalización de la Sesión.

11. Sesión de Valoración de Criterios evaluables mediante fórmulas, aprobación de Acta de Sesión anterior, Propuesta de adjudicación.

12. Adjudicación y Formalización.

Gobierno y sindicatos pactan el teletrabajo para 3,2 millones de empleados públicos

La Mesa General de las Administraciones Públicas tiene previsto ratificar el acuerdo el próximo lunes

El Gobierno y los sindicatos de la función pública han cerrado ya un pacto para reconocer en la ley y regular el teletrabajo en las Administraciones públicas. Este acuerdo será ratificado previsiblemente el próximo lunes en la Mesa General de las Administraciones Públicas, donde están, además del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y los sindicatos CC OO, UGT, CSIF, CIGA y LAB.

Por primera vez los 3,2 millones de trabajadores del sector público –funcionarios y personal laboral– verán reconocido en la norma la posibilidad de desempeñar su trabajo a distancia. Este derecho quedará recogido en el artículo 47 bis del Estatuo Básico del Empleado Público y se definirá como “aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación”.

Asimismo, la ley precisa que el teletrabajo en las administraciones “habrá de ser expresamente autorizada y será compatible con la modalidad presencial”. Y, en todo caso, “tendrá carácter voluntario y reversible salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados”.

No obstante, la norma remite los términos concretos para desarrollar el teletrabajo “a la negociación colectiva del ámbito correspondiente”.

Desde la Federación de Servicios Públicos de UGT declararon ayer que firmarán este acuerdo porque, entre otras cosas también “garantiza la atención presencial y directa a la ciudadanía, cuando sea precisa” y regula el teletrabajo “para todos los empleados públicos” de manera “estable” tanto de forma estructural como para situaciones coyunturales como las del Covid-19. En esta misma línea, CC OO celebra que la norma “garantiza tanto la prestación presencial del servicio público a la ciudadanía como los derechos de las empleadas y empleados públicos”. Por su parte, CSIF “valora de manera positiva este acuerdo y espera poder abrir cuanto antes la negociación en otros ámbitos, como las retribuciones o la oferta de empleo público”.

De esta forma, los negociadores del sector público han adelantado a los del privado, que aún están ultimando el acuerdo del teletrabajo para el sector empresarial. Si bien, en el Gobierno hay prisas por aprobar la nueva Ley del Trabajo a Distancia porque el próximo, martes, 22 de septiembre termina el carácter preferente del teletrabajo decretado por la regulación aprobada para hacer frente a la pandemia de Covid-19.

Por este motivo desde el Ministerio de Trabajo han iniciado los trámites para que este anteproyecto de ley se apruebe por decreto en el Consejo de Ministros del próximo martes. Patronal y sindicatos se reunieron ayer para intentar acelerar el acuerdo. Pero el secretario general de CC OO, Unai Sordo, declaró ayer en Intereconomía que ya sea con “acuerdo o desacuerdo” esta norma se aprobará el martes.

Fuente: Cinco Días

Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia

Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia (BOE 19/9/2020)

Hacienda suspende la regla de gasto tras el fracaso de su decreto en el Congreso para que los Ayuntamientos puedan usar su superávit

Ante el rechazo parlamentario al acuerdo de la FEMP, Montero anuncia un nuevo decreto con impacto de más de 3.000 millones de euros para que los ayuntamientos eviten la regla de gasto de 2012 y tengan la opción de usar el superávit de 2018 y de 2019.

El ministerio de Hacienda ha decidido dejar en suspenso la regla de gasto para que los Ayuntamientos puedan acceder sin restricciones a su superávit, tras el histórico fracaso del plan del Gobierno para el uso de los remanentes municipales, que no fue convalidado la semana pasada en el Congreso.

El Gobierno pone así fin a la regla de gasto para los ayuntamientos españoles, una herramienta de control presupuestario llamada a evitar desfases con respecto a los ingresos en el ámbito local. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado en una entrevista en La Sexta que el techo actual "se suspende para el año 2020" y además ha avisado que el Ejecutivo tiene el propósito de que la regla de gasto tampoco limite las actuaciones del próximo año: "Mi vocación es que en el año 2021 las reglas fiscales también estén suspendidas", ha explicado la ministra portavoz. De esta forma, los consistorios podrán utilizar el superávit que a día de hoy tuvieran pendiente de los años 2018 y 2019.

Montero ha justificado esta medida para los ayuntamientos a una situación de "urgente y de extrema necesidad" en el país a causa del coronavirus: "Estamos intentando que accedan en condiciones legales a esos recursos, ahora que es cuando se necesitan". A juicio de Montero, "los ayuntamientos van a tener problemas para llegar a final de año". Fuentes de su Ministerio señalan a EL MUNDO que se persigue la tramitación más pronta posible y reconocen que este nuevo decreto no hace sino tomar los aspectos que más consenso parlamentario pueden recabar en el ámbito parlamentario, quedando a un lado el controvertido uso de los remanentes que propició el rechazo del Congreso la pasada semana.

La primera reacción por parte de la oposición ha llegado por boca de José Luis Martínez-Almeida. El alcalde de Madrid ha resaltado que la suspensión de la regla de gasto es "una muy buena noticia" y "un paso adelante" del Gobierno para que la negociación con los ayuntamientos vaya "en la buena dirección", informa Pablo R. Roces: "Todo lo que sea permitir gastar el superávit e incumplir la regla del gasto va en la línea de lo que todos estábamos pidiendo", ha añadido, para subrayar también "la necesidad" de "ayudar a más de 3.000 ayuntamientos" que no tienen remanente de tesorería: "Que no tengan superávit, no quiere decir que no puedan tener fondos".

La decisión del Ejecutivo tiene lugar después de su frustrado intento de convalidar un decreto para que los ayuntamientos cedieran voluntariamente sus remanentes. Este asunto ha provocado la primera derrota parlamentaria del Gobierno en coalición desde que comenzara esta legislatura para PSOE y Unidas Podemos. En opinión de Pablo Casado, al frente del PP, "la votación" contraria al Gobierno fue "un triunfo del municipalismo y una derrota histórica del Gobierno". Teodoro García Egea, secretario general del PP, ha celebrado este lunes "que los ahorros de los vecinos se utilicen para atender sus necesidades y no al Gobierno más caro de la historia. Sólo aciertan cuando hacen caso al PP".

El Gobierno pretende "impulsar un decreto ley que permita que el 85% de las medidas que contaban con un amplísimo consenso" canalice en otra norma reformulada; en definitiva, suspender la regla de gasto mientras se decide qué ocurre con el remanente.

El Departamento liderado por Montero estima que la nueva norma tendrá en conjunto un impacto de más de 3.000 millones de euros, gracias a entregas a cuenta (de 2020) y liquidaciones (de 2018) por valor de casi 1.500 millones, a lo que se suma la mencionada suspensión de la regla de gasto (ya recogida en el decreto tumbado la semana pasada) y la presentación de "mejores condiciones financieras a los ayuntamientos con problemas", según plasma un comunicado del Ejecutivo.

Con esta nueva medida, los consistorios podrían prorrogar para 2020 el uso del superávit de 2019 para financiar inversiones sostenibles (con un impacto de 987 millones de euros), y se permitiría concluir en 2021 los proyectos iniciados en 2019 y financiados con superávit de 2018 (con un impacto de 621 millones). Además, los municipios que prevean equilibrio presupuestario en el presente año, podrían servirse del superávit de 2019 para financiar su gasto.

ACUERDO EN LA FEMP Y REBELIÓN

El decreto ley frustrado recogía el acuerdo fraguado en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la cesión al Estado de los remanentes locales, medida controvertida pero finalmente fraguada por el presidente de esa federación y alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, que además emitió el voto decisivo para acabar con un empate y apuntalar el pacto.

Alcaldes de distinto signo político se rebelaron contra ese planteamiento de la cesión del remanente por parte de los ayuntamientos a la Administración Central, un monto de alrededor de 14.000 millones de euros, a cambio de la posterior devolución en el plazo de 10 años por parte del Gobierno y la habilitación de un fondo suplementario de 5.000 millones (2.000 para este año y 3.000 para 2021) a cargo de los Presupuestos. Sólo las localidades que hubiesen aportado tendrían a su disposición esos fondos, no obstante.

APOYO DE MONTORO Y EL PP

Tanto Caballero como Montero valoraban que ese mecanismo abría la posibilidad de que los ayuntamientos dispusieran de ese dinero sin contravenir la Ley de Estabilidad de 2012. Sin embargo, el artífice de esa norma, el popular Cristóbal Montoro, ha reconocido recientemente que dicha regla carece de sentido en las circunstancias actuales, alteradas por la covid-19: "No tienen sentido reglas económicas en situaciones de excepcionalidad", dijo la semana pasada en TVE. Tras el rechazo del Congreso y observado el ánimo por parte de la oposición de suspender la regla de gasto, el Gobierno lanza un nuevo decreto para que "las entidades locales tengan más recursos y un mayor margen presupuestario".

En una rueda de prensa una vez conocidos los nuevos planes del Gobierno, Caballero ha reclamado alternativas para "recuperar" los 5.000 millones de euros a fondo perdido comprometidos por el Gobierno como contrapartida al uso de los remanentes locales para su posterior devolución, y ha valorado que Hacienda "tome la iniciativa para reconstruir una parte que aquella votación demolió".

Fuente: El Mundo