ISSN: 2695-4621
El Gobierno aprobará un texto con 3.000 millones para los municipios sin tocar los remanentes
El Gobierno ha decidido suspender en 2020 la regla de gasto para los Ayuntamientos, el mecanismo que limita el aumento de los gastos en los Presupuestos y que marca la cifra a partir de la cual se construyen las cuentas públicas, según han confirmado a EL PAÍS fuentes del Ministerio de Hacienda. La decisión llega cuatro días después de que el Ejecutivo sufriera una severa derrota en el Congreso, que rechazó de forma generalizada la convalidación del real decreto sobre los remanentes de los Ayuntamientos, unos 14.000 millones de ahorro que los consistorios tienen congelados. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había advertido antes de la votación del pasado jueves que no habría otra oportunidad, pero este lunes ha anunciado que volverá a presentar el mismo texto legal aunque sin el capítulo sobre los remanentes.
El nuevo texto aliviará la situación financiera de los Consistorios, que exigían ayudas ante la crisis económica derivada de la pandemia, pero solo a medias. La suspensión de la regla de gasto les permitirá aumentar sus compromisos e inversiones en los próximos meses. A la vez, el decreto incluirá medidas por valor de 3.000 millones, lo que les permitirá cumplir sus metas de déficit. Sin embargo, el texto no resuelve el gran problema de los remanentes municipales, una de las demandas de los alcaldes que, en el contexto actual, pedían una fórmula para usar esos 14.000 millones de superávit que se han ido acumulando en los bancos desde la aprobación en 2012 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
El real decreto tumbado por el Congreso la semana pasada fue la respuesta al rechazo de todas las fuerzas políticas, salvo el PSOE y Unidas Podemos, a la propuesta del Gobierno de dar 5.000 millones de esos ahorros a los municipios a cambio de prestar al Estado el resto de sus superávits acumulados durante años. Una medida calificada de insuficiente por los alcaldes. Para tratar de calmar la situación, en la que los ayuntamientos se quedaban como estaban, Hacienda aprobará ahora el mismo decreto con solo aquellas medidas que sí suscitaban consenso y pretende prorrogar para 2020 el posible destino del superávit de 2019 para financiar inversiones financieramente sostenibles, cuyo impacto alcanza los 987 millones. La medida supondrá un buen respiro para los regidores.
En cualquier caso, el tema de los ahorros municipales, a los que impide acceder tanto la Ley de 2012 como la Constitución -y cuya modificación requeriría de acuerdos políticos que difícilmente podrían salir adelante en el actual estado de crispación parlamentaria-, queda en el aire. Fuentes de Hacienda sostienen que más adelante, "cuando haya acuerdo, se intentará vehicular esa medida” que permitía a los ayuntamientos acceder a 5.000 millones y que fue rechazada el jueves.
El decreto permitirá concluir en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciado en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018. El impacto potencial podría alcanzar hasta los 621 millones de euros. También se habilita la posible utilización del superávit de 2019 para financiar gasto en 2020, siempre que se cierre este ejercicio en equilibrio presupuestario.
El decreto que ultima el Gobierno permitirá que las entidades locales con problemas financieros puedan pagar sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social con recursos del Fondo de Ordenación. Se permitirá también que las entidades locales cancelen sus deudas del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores acudiendo a préstamos con entidades de crédito. Esta medida permitirá que muchos Ayuntamientos pongan fin a sus planes de ajuste. Para las entidades que tengan problemas de solvencia se posibilita la consolidación de deuda plazo en deuda a largo plazo para aligerar las tensiones de tesorería.
La norma establecerá las instrucciones esenciales para el cálculo de la liquidación definitiva de la participación de los tributos del Estado de 2018, lo que supone para los Ayuntamientos 634 millones. Además, se instrumentan los suplementos de crédito necesarios para atender las entregas a cuenta de la participación de las entidades locales en tributos del Estado para fin de ejercicio. Hay que recordar que estos importes se han calculado sin tener en cuenta el impacto de la pandemia sobre las cuentas públicas. Las entregas a cuenta han aumentado en 821,9 millones de euros en 2020.
El texto legal, según Hacienda, permitiría que las Diputaciones Provinciales y entidades equivalentes puedan salir en ayuda de los municipios con problemas. Así, podrán formalizar préstamos con estas entidades locales y, además, destinar el superávit de 2019 a transferencias corrientes en favor de los consistorios más apurados. Establecerá un procedimiento de tramitación urgente de modificaciones de créditos para entidades locales para atender gastos extraordinarios y urgentes relacionados con la crisis económica y sanitaria.
Fuente: El País
RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2020 de la Escuela Gallega de Administración Pública por la que se convoca la jornada Protección de datos a partir de la pandemia COVID-19 (DOG 15/9/2020)
Resolución de 3 de agosto de 2020, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca acción formativa centralizada en el ámbito local (BOE 11/9/2020)
Fechas de realización: del 2 de noviembre de 2020 a 29 de enero de 2021.
Lugar celebración: aula virtual del INAP.
Código: FL20-3065.
Horas lectivas: 51 horas.
Número de plazas: 80.
Fecha límite de inscripción: 14 de octubre de 2020.
Destinatarios: Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional con experiencia de más de 3 años en puestos de responsabilidad en las distintas administraciones locales.
Objetivo: Adquirir destrezas, mejorar las competencias transversales, desarrollar habilidades y permitir el desarrollo posterior de los FHN de nueva entrada, u otros profesionales de reciente entrada, trabajando diferentes competencias clave.
Programa:
1. Inteligencia intrapersonal.
2. Comunicación interpersonal.
3. Gestión de equipos.
4. Gestión del cambio.
5. Negociación y resolución de conflictos.
6. Tutoría planes de mejora (TFM).
Montero no logra ni el respaldo de los socios parlamentarios del Ejecutivo y asegura que no presentará un nuevo texto
El Gobierno ha perdido esta mañana la votación sobre la convalidación del real decreto para que los ayuntamientos puedan usar el superávit acumulado. La fórmula arbitrada por el Ministerio de Hacienda para sortear el impedimento legal (plasmado en la propia Constitución y en la Ley de Estabilidad Presupuestaria ) de que los municipios gasten ese dinero sin incurrir en un déficit posterior en sus cuentas, fue que cediesen los remanentes de manera voluntaria al Ejecutivo, y que éste se los devolvería después en dos fases. Ahora, entre este año y el siguiente, un 35% de los primeros 5.000 millones, y el resto, hasta 15.000, en los próximos 10 años, un periodo en el que recibirían el 100% de lo aportado, que se añadiría a la inyección inicial.
Esta propuesta ya supuso una quiebra en el habitual consenso de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) porque dejaba fuera a los ayuntamientos que no tengan ahorros o que no quieran cederlos. Y en la negociación parlamentaria para ser aprobada tampoco ha concitando ningún consenso. El real decreto se votaba hoy el Congreso y el Ejecutivo reconocía desde anoche que existía "riesgo" de que no saliera adelante.
El Gobierno no ha contado con los apoyos necesarios para articular una mayoría, ni siquiera lo han respaldado sus socios parlamentarios habituales, y ha quedado derogado el real decreto ley. Sólo ha logrado 156 votos, el resto de la Cámara se ha opuesto y no se han registrado abstenciones. Es la primera gran derrota parlamentaria del Gobierno de coalición. Aunque ha negociado in extremis para convencer a ERC, a Ciudadanos, JxCAT y PNV , estos se han mantenido en el no. Incluso la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha intervenido de manera activa en las conversaciones y se reunió ayer con el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Aunque En Comú Podem, finalmente lo ha respaldado, Colau no ha ocultado sus reticencias.
De hecho, la falta de apoyo a su texto ha llevado al Ministerio de Hacienda a presentar una nueva fórmula para que esos 5.000 millones se distribuyan, en un 60%, siguiendo criterios de población, lo que permitiría financiar también a los ayuntamientos que no tengan ahorro acumulado o se nieguen a cederlo, y en un 40% sobre la base de los remanentes. Y plantean que ese porcentaje pueda ser negociado. Hacienda ha ofrecido también que se tramite después como proyecto de ley para poder llegar a un acuerdo posterior sobre este polémico punto.
La no aprobación supone una sonora derrota para el Ejecutivo, sobre todo por que no ha sido capaz de sumar apoyos, más allá de Unidas Podemos. Se trata del tercer real decreto que un Gobierno pierde en los últimos años . Al PSOE ya le sucedió con una regulación del alquiler y al PP con la estiba.
La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la presentación del texto en la Cámara esta misma mañana reconocía que había "bastantes posibilidades" de que no saliera adelante. Montero ha pedido a los grupos que ofrezcan alternativas a su última propuesta de reparto del fondo y ha defendido que su oferta suponía "mejorar los recursos de todos los municipios, grandes y pequeños, las que tienen remanentes y los que no".
En contra del planteamiento del PP en este asunto la ministra ha señalado que "el Gobierno no necesita el dinero de los ayuntamientos" y que este real decreto se impulsó para permitir que pudieran usar su sobrante presupuestario.
El debate durante esta jornada ha provocado un duro enfrentamiento entre la ministra y el diputado del grupo popularAntonio González Terol que acusa al Gobierno de "soberbia" y de no querer negociar con ellos el real decreto, algo que Montero ha negado. Pero desde el resto de grupos parlamentarios, socios como ERC, PNV, BNG o Compromís, también están lloviendo críticas al Ejecutivo por volcarse en el diálogo sólo en las últimas horas y por plantear esta reforma desde el principio diferenciando entre los ayuntamientos que tienen ahorro y los que no, sin profundizar en las razones sobre la situación financiera de cada municipio.
A pesar de los reproches de falta de voluntad negociadora del Ejecutivo, la ministra ha advertido que los consistorios sufrirán "un grave contratiempo" en sus finanzas y que no habrá una "segunda oportunidad". Y en esta postura se ha mantenido en una rueda de prensa posterior en la que ha reiterado que el Ejecutivo no impulsará otro texto y que deberán ser los grupos que se oponen a su propuesta quienes impulsen otra.
Nada más terminar la votación, el líder del PP, Pablo Casado, la ha valorado como "una victoria del municipalismo y una derrota histórica del Gobierno", informa Juanma Lamet. "Nunca un Gobierno había sufrido la derogación de dos decretos en el Congreso", ha subrayado. A su juicio, eso demuestra "la debilidad y la arrogancia a la hora de llegar a acuerdos con otras instituciones. "Frente a esa debilidad", ha contrapuesto, "el PP ha hecho una buena gestión en sus ayuntamientos". Por último, Casado ha demandado que, "después de esa grave derrota", el Consejo de Ministros "tome las medidas oportunas para que los ayuntamientos puedan usar esos ahorros".
El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha exigido también al Gobierno que "rectifique" y que presente un nuevo proyecto que "garantice a los municipios los recursos suficientes para abordar esta crisis", informa Luis Ángel Sanz. En opinión de Cs, el Ejecutivo "ha sido incapaz de sumar apoyos para su decreto unilateral", lo que ocurre cuando "no se busca el acuerdo con quienes piensan distinto". Esta misma reclamación han hecho otros grupos parlamentarios, como ERC, JxCat y PNV. Y hasta En Común Podem, a pesar de haber dado su apoyo.
Su diputado Gerardo Pisarello ha urgido al Ministerio de Hacienda a aprobar un nuevo decreto sobre la base del acuerdo al que dicha formación llegó anoche con él, pues sólo "ha llegado tarde" para negociarlo con otros grupos y el Gobierno "no puede permitirse decir que no hay una segunda oportunidad".
Fuente: El Mundo