ISSN: 2695-4621
ORDEN de 28 de agosto de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria pública de los premios Coopera Galicia 2018 para impulsar y difundir las iniciativas de asociacionismo municipal, mediante la distinción pública de proyectos de gestión compartida de servicios promovidos por agrupaciones de ayuntamientos, mancomunidades, consorcios locales y áreas metropolitanas de la Comunidad Autónoma de Galicia (DOGC 12/9/2018)
RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2018 por la que se convoca la jornada Justicia y derecho en igualdad (DOGC 29/8/2018)
RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2018, del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que se convocan diversos cursos de formación correspondientes al Plan de Formación del año 2018 (BOA 16/8/2018)

Sólo 11 de los 100 mayores consistorios abonan sus facturas en 30 días, como exige la norma sobre plazos de pago. Las autonomías (45 días) son menos morosas que los ministerios (55). Dicho de otra manera, 9 de cada 10 alcaldes se saltan la norma a la torera. Y sólo cuatro de las 17 comunidades autónomas pagan a sus proveedores dentro de la legalidad. Ni siquiera la Administración central cumple la normativa que obliga al sector público a abonar sus facturas en un plazo máximo de 30 días. En materia de morosidad, el dicho de que quien hace la ley hace la trampa se vuelve literal. Y muy pernicioso para los contratistas públicos. Sobre todo para los pequeños, como los autónomos, que sufren cada vez más para cobrar sus trabajos para las Administraciones Públicas. Tardan una media de 70 días en hacerlo, más del doble de lo legal. según el último informe de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, con datos a cierre del primer semestre del año.
Los ayuntamientos son los peores pagadores. Tardan una media de 95 días en liquidar sus facturas, más del triple que el plazo legal. Esto es, siete días más que en 2017 y 15 días más que en 2016. Es decir, en sólo dos años, son un 19% más morosos. Hay que recordar que los consistorios son las administraciones para las que más trabajan los autónomos, por lo que el impacto de su morosidad agravan más. El caso más sangrante es el de Jaén, que abona sus facturas en nada menos que 589 días de plazo. Esto es, 126 más que en junio de 2017. Es decir, casi 19 veces más tarde de lo permitido por ley. Un autónomo que realiza un trabajo para este ayuntamientos cobrará, de media, un año y siete meses después de presentar la factura. Los proveedores de Telde esperan 457 días para cobrar su trabajo, seguidos de los de Parla (360 días) y Jerez de la Frontera (322 días).
Los 11 ayuntamientos que cumplen la ley son los de Vigo (14 días de plazo medio), Cáceres (22), Badajoz (23), Alicante (26), Avilés (27), Barcelona (27), Ciudad Real (28), Málaga, Salamanca y Torrent (29) y El Ejido (30).
Incumplir la ley contra la morosidad no es precisamente inocuo. Durante la crisis, el 40% de las pymes y los autónomos que tuvieron que echar el cierre lo hicieron por los elevados plazos de pago que sufrían.
Por segunda vez, las administraciones autonómicas son las que pagan en menor tiempo, en 45 días de media, pero sin cumplir la ley. Han reducido los periodos medios de pago con respecto a 2017, concretamente en 9 días. Los que se ciñen a los 30 días de tope legal son País Vasco (23), Andalucía (27), Navarra (28) y Madrid (30 días, 52 menos que en 2017, cuando era la más morosa). En el lado contrario se encuentran Cantabria (73), Murcia (66) y Comunidad Valenciana (63).
La Administración Central se demora 55 días, 13 menos que los 68 de 2017, pero 12 más que en 2016, aún. Hay que tener en cuenta que los autónomos prestan muy pocos servicios a los ministerios
Fuente: Expansión
El pasado 6 de agosto tuvimos conocimiento del fallecimiento de Don Cristóbal Aragón Sánchez miembro del Consejo Asesor de nuestra Revista de Estudios Locales.
Hombre afable, de gran cordialidad, unía a la bondad en el trato la capacidad de transmitir con suma facilidad los conocimientos que su extraordinaria preparación y experiencia le permitían. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense y Profesor Mercantil, aunaba dos condiciones profesionales que le otorgaban una excepcional visión del mundo local: la pertenencia a la Escala de habilitación nacional como Interventor-Tesorero y al Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas.
Fue fructífero su Magisterio tanto en la Universidad Complutense (Cátedra de Organización, Contabilidad y procedimientos de la hacienda Pública impartiendo Contabilidad de las Corporaciones Locales) como en el INAP (Profesor de Técnica Presupuestaria, Contabilidad Pública y Control financiero), además de numerosas ponencias y comunicaciones en Jornadas organizadas por el Tribunal de Cuentas y Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, así como nuestra Organización colegial.
En el seno del Tribunal de Cuentas ostentó la Presidencia de la Asociación de los Cuerpos Superiores de Auditores y Letrados del Tribunal de Cuentas y de su Comisión de Estudios. Desempeñó, entre otros, el cargo de Secretario Técnico del Departamento de Corporaciones Locales.
Las páginas de nuestra revista acogieron su colaboración en artículos en materia Presupuestaria y en materia de Control interno. Colaboración que vino a incrementarse de forma notable desde 2003, tras ingresar en el Consejo Asesor, materializando así su preocupación por la labor del colectivo y por el conocimiento práctico que éste ha de tener del alcance de la actividad del Tribunal de Cuentas ante Administración local y de la relación de la profesión interventora con el mismo.
Participó activamente en la creación de una sección específica dedicada a las Resoluciones de la Sala de Justicia Tribunal de Cuentas, ínsita en la sección de comentario jurisprudencial junto con otros integrantes del mismo; y, sobre todo, y mientras pudo, estuvo siempre a disposición para enseñar, asesorar, apoyar, -- y las más de las veces tranquilizar--, a cuantos miembros de la Escala se lo pidieron ante las vicisitudes del difícil desempeño de la función interventora. Siempre en la creencia de la necesidad e importancia del trabajo profesional objetivo y neutral.
Desde la Organización Colegial y la Revista de Estudios Locales le rendimos este pequeño homenaje y le recordaremos siempre por su inestimable labor y su bondad.