ARAGÓN: Convocatoria de cursos de formación de contratación pública del Instituto Aragonés de Administración Pública correspondientes al Plan de Formación del año 2018

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2018, del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que se convocan diversos cursos de formación a correspondientes al Plan de Formación del año 2018 (BOA 13/4/2018)

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Clientelismo, falta de motivación, fuga de talento... la Administración 'se suicida'

Carles Ramió y Miquel Salvador acusan en su último libro a políticos y sindicatos de llevar al precipicio a la Administración pública.

Por José Luis García

La Administración Pública se juega su supervivencia. Y no solo por culpa de la externalización (sin cabeza) o las políticas llamadas neoliberales. El cáncer viene de lejos. Su modelo organizativo y su sistema de gestión de recursos humanos está obsoleto mientras el funcionariado envejece sin remedio. El libro 'La nueva gestión del empleo público' (editorial Tibidabo), de Carles Ramió y Miquel Salvador, expone con crudeza la realidad.

"Las últimas convocatorias están anticuadas, en cuanto a los procesos de selección como en perfiles demandados. En unos años ¿qué haremos con los auxiliares administrativos en plena revolución de la robótica?", expone Ramió. "Los parches y las medidas paliativas de 'replantillar' ya no valen, lo que exponemos a raíz de contactos con los sectores de la Administración y desde nuestra propia experiencia es un plan coherente, equilibrado, donde evaluación, formación y recursos humanos encajen", señala Miquel Salvador.

En una década habrá un millón de jubilaciones y puede ser la última oportunidad, con la tecnología de la información, la robótica y la biomedicina en camino. La selección del funcionariado, memorística y vieja, la falta de control de aptitudes y actitudes, el clientelismo, unos sindicatos inmovilistas que defienden prebendas que no durarán, una burocracia corporativa, una cultura de trabajo acomodada y poco productiva, y la grave falta de motivación son algunos de los tumores a extirpar.

El tema es grave porque la Administración Pública cuenta con 3.100.000 empleados, supone el 40% del PIB en gasto público y de ella dependen millones de empleos privados. "Estamos perdiendo el tren de la modernidad y no hay política de relevo, los conocimientos de la gente que se jubila no están siendo transmitidos y la gente que hace oposiciones no es la más dinámica, capaz de analizar, anticiparse, experta en el manejo de datos para hacer una administración inteligente en plena era de la sociedad de la información", señala Ramió. "Es un error dejarse llevar por las sinergias, y no se puede forzar más la vocación de los funcionarios, el sistema debe cambiar", destaca Salvador.

El talento huye de la Administración

La Administración cuenta con el doble de trabajadores mayores de 64 años que menores de 30, seis de cada diez tiene más de 55 años y solo el 7% tiene menos de 30. A su marcha tendremos una falta de personal cualificado ("no se forma en A.I. ni en big data", destaca Salvador) que puede poner en riesgo a la Administración. Estamos ante una ventana de oportunidad para "dejar de apostar por los puestos de más baja cualificación", señalan. El error sería, lo que se hace siempre, convocar pruebas masificadas para rellenar los huecos... y es lo que se está haciendo. Primero, habría que analizar la futura realidad de la función pública para adaptar los puestos a la innovación, flexibilidad, creatividad y adaptabilidad necesarias dentro de 30 años. Y en muchas situaciones los mayores serán los mejores tutores.

Los autores Carles Ramió y Miquel Salvador aman la función pública y la consideran imprescindible, pero sus recetas son duras en 'La nueva gestión del empleo público'. No abogan por privatizar y externalizar, si no es necesario, pero sacan los colores a una Administración en la que "las mitad de los contratados en las últimas cuatro décadas no lo ha hecho bajo principios de igualdad, capacidad y mérito". El 40%, de hecho, no son funcionarios sino que han accedido al puesto por vías de consolidación, concursos de oposición basados en la antigüedad, bajo el "manto trucado de plazas unipersonales, sin olvidar el reclutamento endogámico en la universidad", sostienen. Un hecho más, la crisis y la burocracia han provocado que en los Ayuntamientos haya puestos que le caen "al hijo del vecino" ante la insoportable burocracia.

Arremeten los autores contra el hecho de que se pida bajar los salarios de los puestos superiores de la Administración, hacer fijos a los interinos de manera indiscriminada o la criminalización de toda externalización 'per se'. Consideran en este sentido que el poder sindical es inaudito ante unos políticos "faltos de valentía para reformar la Administración" y destacan que deberían ser "funcionarios de alto nivel y prestigio los que llevaran las riendas de la misma y no los políticos, incapaces de enfrentarse ante la opinión pública a los intereses corporativos y los privilegios profesionales, entre ellos los liberados sindicales". Un dato: en el sector privado hay 4.200, en el público, más de 10.000.

"Los sindicatos no hablan de meritocracia, ni de dirección profesional, solo de días y horas de asueto. El sistema público posee una estructura de incentivos perversa que conduce a la falta de carrera profesional, la desmotivación, la apatía, el gregarismo y la indiferencia". El desnivel de la retribución respecto a lo privado y estos síntomas atacan a la Administración y su futuro. "Los políticos no trabajan con perspectiva porque millones de votos están en juego. Hay unos privilegios endiablados que nadie quiere tocar y los sindicatos con sus posturas, aunque no lo crean, se han convertido en enemigos de lo público. Es cierto que se ha perdido poder adquisitivo en la crisis, pero deben acabar con la cultura de la ociosidad, un sistema desmotivador y eso que en la sanidad, por ejemplo, el esfuerzo de los empleados es enorme tras los recortes", puntualiza Ramió.

Hecho el demoledor análisis, algunas soluciones. Meritocracia en el acceso, pruebas del siglo XXI, formación acorde al trabajo a realizar y no solo para sumar puntos, expertos y unidades especializadas blindadas que vigilen la transparencia, y una evaluación constante del desempeño. En 20 años habrá un 60% menos de empleados públicos, el 90% deberán ser titulados superiores, y tendrán que convertir la educación y la sanidad en una atención más personalizada. "Una evaluación continua que tenga un impacto sobre la retribución variable sería vital para promover la movilidad. Se podría facilitar el acceso a puestos de ámbito superior partir de tres evaluaciones superiores o el cambio a uno inferior con tres evaluaciones negativas", destacan los expertos.

Más difícil parece que será acabar con esos interinos que se convierten en permanentes y el hecho de que todo trabajo se ampare en el hecho de ser funcionario. "Estos deberán ser puestos sometidos a funciones de autoridad (jueces, fiscales, polícía, inspectores...) o aquellos que deban blindarse para ser inmunes a los cambios políticos y evitar así el clientelismo", señalan los expertos. La bomba es clara: el 80% de los empleados públicos deberían ser laborales y el autoempleo deberia ser una opción. También llaman los expertos a acabar con los "paraísos retributivos (Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Oficinas antifraude...) frente a la precariedad salarial de los técnicos superiores". Resulta vital "acabar con el sistema complejo de niveles y optimizar las tablas retributivas".

"Es hora -señalan- de fomentar el valor del fomento del aprendizaje, de vigilar la corrupción, y de la sostenibilidad intergeneracional con valentía y para preservar el valor de lo público". Los propios técnicos de la administración han presentado propuestas para modernizarla y preservar la sostenibilidad intergeneracional de la misma. "Nadie escucha y es un suicidio que abre las puertas a la privatización. Nos jugamos el futuro", alerta Ramió. "Necesitamos líderes valientes y generosos, capaces de afrontar el conflicto aún a riesgo de quemarse (a corto plazo) con el proceso de cambio..., que no piensen solo en las elecciones. El futuro se lo agradecerá", concluye Salvador.

Fuente: lainformacion.com

Hacienda da un ultimátum a los 13 Ayuntamientos más morosos: quiere un plan de ajuste en 10 días

Les exige un plan de ajuste antes del 20 de abril o activará el procedimiento para retener sus ingresos y pagar directamente a los proveedores

El Ministerio de Hacienda ha enviado cartas a 14 entidades locales advirtiéndoles de que, o corrigen el elevado nivel de morosidad en que incurrieron en 2017, o intervendrá sus ingresos para pagar directamente a los proveedores. Son 13 Ayuntamientos y a la Diputación de Cádiz que arrastran un largo historial de incumplimientos por su delicada situación financiera. Están altamente endeudados y durante todo el año pasado han tardado en pagar a sus proveedores más de 60 días —30 días que empiezan a contar al mes de recibir la factura—. Hacienda les exige antes del 20 de abril un nuevo plan de ajuste.

Se trata de nueve entidades locales andaluzas: Jaén, Jerez, Granada, Huelva, Puerto de Santa María, Chiclana de la Frontera, Algeciras, Vélez-Málaga y la Diputación de Cádiz. Y otros tres Ayuntamientos madrileños: Alcorcón, Leganés y Parla. También han recibido el ultimátum Gandía y Teide (Las Palmas).

Son Ayuntamientos con una población conjunta de 1,75 millones de habitantes y una deuda acumulada de casi 3.000 millones de euros.

Jerez, Jaén y Parla son el paradigma de la mala gestión. Sus alcaldes se embarcaron en proyectos megalómanos durante los años previos a la crisis y no lograron sortearla cuando todo se vino abajo en 2008. Los gobernantes dejaron unas ciudades endeudadas y tardaron varios años en acometer los ajustes necesarios. Una década después se les siguen atragantando sus finanzas. La mayoría de los actuales alcaldes no tienen nada que ver con el origen del problema, pero siguen incumpliendo los límites de deuda y morosidad.

Jaén es víctima de un tranvía que nunca llegó a circular por las calles de la ciudad. El tranvía de Parla sí funciona pero su construcción dejó seca las arcas municipales. Los problemas de Jerez vienen de lejos. Estas tres ciudades arrastraban plantillas sobredimensionadas, crearon empresas públicas para ofrecer servicios que se escapaban de sus competencias y proyectos disparatados. Tras años de severa dieta y duros ajustes han mejorado algo su situación pero las heridas siguen sin cicatrizar.

Por eso, Hacienda ha enviado cartas esta semana a 14 entidades locales que incumplieron durante todo el año pasado el plazo legal de pago. Tanto la Ley de Estabilidad —una norma creada en 2012 para consagrar la austeridad en las cuentas públicas— como la Ley contra la morosidad establecen que las administraciones públicas deben pagar en un plazo inferior a 30 días, que empieza a contar al mes de recibir las facturas. Si incumplen ese plazo legal durante más de dos meses, las administraciones infractoras tienen que elaborar un plan de tesorería con ajustes para enderezar la situación.

Hacienda recuerda en la misiva, enviada a los alcaldes e interventores, como estos Ayuntamientos ya tuvieron que presentar un plan de ajuste en el tercer trimestre del año pasado. Y aún así no han enmendado su situación. Jerez, Gandía, Parla, Algeciras, Telde o Jaén tardan más de nueve meses en pagar a sus proveedores. El periodo medio de pago de Jaén asciende, incluso, a 540 días: más de un año y medio, según los datos de Hacienda.

"A pesar de la actualización de su plan de tesorería y de su aplicación durante noviembre y diciembre de 2017 (publicado en marzo) el periodo medio de pago siguió incurso en el supuesto de morosidad de la Ley de Estabilidad al ser superior en más de 30 días", explica Belén Navarro la secretaria general de financiación autonómica y local en la carta remitida por Hacienda.

El ministerio obliga al interventor a que en el plazo de 15 días envíe una alerta al órgano de tutela competente —la Junta de Andalucía para los Ayuntamientos andaluces y Hacienda para los Consistorios madrileños y canarios—. Se trata de un paso imprescindible para obligar a estos municipios que presenten otro plan de ajuste para corregir su morosidad. Los alcaldes tendrán de plazo hasta el próximo 20 de abril. En caso de que no lo hagan, advierte el ministerio, se procederá a la intervención de sus recursos para que Hacienda pague directamente a los proveedores a cuenta de los fondos que les correspondan a esas ciudades por la financiación local. Además, se les obligará a adherirse al fondo de ordenación, unas líneas de crédito del Gobierno que exigen unos requisitos de información y ajustes adicionales.

Fuente: El País

GALICIA: Convocatoria de una jornada sobre la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2018 de la Academia Gallega de Seguridad Pública por la que se convoca una jornada sobre la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia (DOG 4/4/2018)

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