La FEMP pide un plan de choque para el refuerzo de la policía local en formación y efectivos

La FEMP e Interior sitúan a las Juntas Locales de Seguridad en el centro de la colaboración contra el terrorismo

El Presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha pedido esta mañana que, cuanto antes, se acometan las medidas de choque precisas para reforzar a las policías locales, tanto en formación como en efectivos, y ha subrayado la importancia de la cooperación de los cuerpos locales con los demás Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en la lucha contra el terrorismo.

Así lo ha señalado tras la reunión mantenida con el Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en el marco de la coordinación de todas las instituciones del Estado en materia de lucha contra el terrorismo yihadista, un encuentro en el que ambas partes han mostrado su plena disposición a la colaboración y la importancia de la acción conjunta.

Caballero ha subrayado que “los Alcaldes y Alcaldesas sabemos muy bien lo que significa la seguridad” y ha asegurado que “cuando la amenaza terrorista está ahí, hemos de estar todos juntos en la acción, en el marco de nuestras competencias, para transmitir a los ciudadanos sensación se seguridad”.

En esta línea, ha recordado que en España hay 70.000 policías locales que practican funciones de “policía de proximidad” y asumen la función de “seguridad en la cercanía”. “La Policía Local tiene información de cercanía –ha dicho-, pero necesitamos información de otros ámbitos” porque, ha añadido, la seguridad se refuerza desde el intercambio y la colaboración. “Así sumamos operativos”, señaló.

El Presidente de la FEMP y el Ministro anunciaron la celebración de próximas reuniones de trabajo. Desde el Ministerio del Interior se remitirá a la FEMP un borrador en el que quedarían definidas las líneas de colaboración con las policías locales. La FEMP revisará dicho borrador y realizará sus aportaciones para que, a la mayor brevedad, se pongan en marcha.

Juntas Locales de Seguridad, espacio idóneo

El lugar idóneo para el intercambio y la colaboración, destacado también por el Ministro, son las Juntas Locales de seguridad, “donde están todos los Cuerpos y Fuerzas” que, según Caballero, “son un factor de cohesión para la seguridad”. En este sentido, apostó por reunirlas con mayor frecuencia.

En materia de protocolos y actuaciones de prevención de atentados terroristas, el Presidente de la FEMP defendió los planes ad hoc porque “cada ciudad tiene sus propias características y eso no se puede planificar desde la lejanía, sino desde cada ciudad, incluso desde cada ambiente” de ésta. En este sentido, remarcó que son las Juntas Locales de Seguridad las que conocen mejor el mapa urbano y que, por tanto, son el espacio idóneo para establecer procedimientos concretos.

Frente a iniciativas como la colocación de bolardos o maceteros en determinados espacios, Caballero manifestó que “es importante infundir en la ciudadanía seguridad y sosiego”, pero garantizando la libertad de las personas y, sobre todo, teniendo presente en todo momento que “hay que combinar seguridad con accesibilidad”, e impedir que la instalación de esta barreras limite otras cuestiones fundamentales como, por ejemplo, la intervención de servicios de emergencia, cuestiones éstas que ya se toman en consideración de las Juntas Locales de Seguridad.

Reforzamiento de plantillas

El Presidente de la FEMP también se refirió a la necesidad de llegar, al menos, al 100% de tasa de reposición de efectivos en los cuerpos de policía local, una medida especialmente relevante si se tiene en cuenta la próxima prejubilación de parte de esos efectivos y, según puntualizó, el tiempo que exige la formación de nuevos agentes.

Así, apostó por abrir lo antes posible la convocatoria de plazas para policías locales, a fin de acortar tiempo para la entrada en activo de nuevos agentes. En este punto agradeció la colaboración ofrecida por el propio Ministerio y aseguró que para llevar adelante esta actuación los Consistorios no pedirán nueva financiación, sino que utilizarán recursos del Capítulo 1 de sus Presupuestos.

Fuente: FEMP

GALICIA: Convocatoria de cursos de lenguaje administrativo gallego y cursos preparatorios para los certificados de lengua gallega (Celga)

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2017, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se convocan, con carácter gratuito, cursos de lenguaje administrativo gallego y cursos preparatorios para los certificados de lengua gallega (Celga), que se realizarán en distintos períodos y en varias escuelas oficiales de idiomas de Galicia (DOGC 17/8/2017)

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Cuentas anuales del Fondo Estatal de Inversión Local del ejercicio 2016 y el informe de auditoría

Resolución de 16 de agosto de 2017, de la Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales, por la que se publican las cuentas anuales del Fondo Estatal de Inversión Local del ejercicio 2016 y el informe de auditoría (21/8/2017)

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Las autonomías aumentan sus funcionarios, con Navarra y Baleares a la cabeza

El Gobierno lanza la mayor Oferta de Empleo Público desde la crisis, con 28.249 plazas

El sector público vuelve a crecer tras varios años de descensos que se iniciaron con los ajustes de 2012. Navarra es la comunidad que más ha aumentado el número de funcionarios autonómicos en los últimos 10 años, con un incremento del 29,4%. Le siguen Baleares, donde crecen las plantillas un 26,3%, y Aragón con un 14,1%.

Han pasado ya diez años del estallido de la crisis, que dejó a España batallando contra el déficit público y con una deuda superior a su Producto Interior Bruto (PIB). Ello se tradujo en una oleada de recortes que, en el caso del funcionariado, llegó a sus máximos niveles en 2012, cuando el Gobierno reformó la reposición de las plantillas para disminuir el gasto. Entonces se encadenaron cuatro años de reducciones en el cuerpo de las Administraciones, que han terminado a comienzos de 2017, con un escaso incremento de las plantillas del 0,1% con respecto a enero de 2016. Y sin embargo, el número de empleados públicos todavía hoy es superior al que se registraba en 2007.

En enero de este año las plantillas de funcionarios se elevaron hasta los 2,52 millones de empleados, por lo que se cuenta con 11.129 más que en los albores de la crisis. A pesar de que en ese tiempo instituciones como las diputaciones y las empresas públicas han rebajado sus efectivos, el aumento de trabajadores en la Administración autonómica, de 46.783 personas, es una de las razones principales que explica este ascenso. La otra es el incremento en 19.852 empleados de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Administración que más crece porcentualmente desde 2007 con un ascenso del 16,7%.

Así se desprende del último Boletín estadístico sobre el funcionariado elaborado por el Ministerio de Hacienda, en el que se ofrecen datos sobre las Administraciones estatal, autonómica y local además de las universidades. Del informe se extrae igualmente que la región donde más han crecido los trabajadores públicos que se desempeñan en los organismos autonómicos es Navarra, con un incremento más que llamativo del 29,4% desde 2007.

De esta forma, se ha pasado allí de los 19.978 funcionarios iniciales a los 25.860 actuales, una situación que para el presidente del sindicato de funcionarios local Afapna, Juan Carlos Laboreo, podría tener su origen en los años previos a la crisis. Según cuenta, entonces se generó "un gran flujo de plazas en el ámbito público" porque Navarra tenía una tasa de interinidad del 30%" en sus Administraciones.

Muy cerca de Navarra se encuentra Baleares, la segunda de las comunidades donde el incremento en el trabajo público en los últimos diez años se sitúa por encima del 20%. Las islas mediterráneas han engrosado así sus plantillas en 5.910 empleados, lo que supone un ascenso del 26,3% desde antes del comienzo de la crisis.

Ello las ubica lejos de Aragón, la siguiente región con un mayor crecimiento en sus empleados públicos al ascender un 14,1%; y también de Cataluña (13%) y País Vasco (10,9%). Otros territorios destacados son La Rioja (9,9%) y Madrid, donde el aumento en el número de funcionarios es del 4,2%, hasta los 155.004 efectivos. Desde 2007 la Administración autonómica madrileña ha crecido en 6.215 trabajadores, todavía por encima de la evolución media nacional que se sitúa en el 3,74%.

En total, hasta 13 comunidades han sumado funcionarios a sus organismos autonómicos desde 2007, pero también hay algunas que han perdido fuerza laboral en ese mismo periodo. Destaca sobre todo el caso de Andalucía, que se deja casi un 5,5% al disminuir su plantilla en 13.689 empleados y cuenta con 237.471 asalariados públicos. Además, el número de funcionarios desciende en la Comunidad Valenciana (-4%), Castilla y León (-1,3%) y Castilla-La Mancha (-0,1%).

Población ocupada

Por otro lado, tras el último ascenso del funcionariado, la proporción de trabajadores públicos sobre el total de asalariados se sitúa en España en el 13,6%, aunque la cifra oscila de manera notable en función de la comunidad autónoma.

De esta manera, la región que presenta el mayor porcentaje de ellos sobre el total de ocupados es Extremadura, donde casi uno de cada cuatro empleados, el 24,8%, está al servicio de alguna administración.

Es un dato elevado, más de 11 puntos superior a la media nacional, pero para el presidente del sindicato de funcionarios CSI-F de Extremadura, Benito Román, la clave está en la dispersión poblacional, que obliga a la Administración Pública a prestar asistencia básica en las zonas más disgregadas de la región. En total, la autonomía cuenta con 88.886 trabajadores públicos.

Este argumento podría explicar en parte por qué Castilla y León sigue a Extremadura en afluencia de funcionarios, puesto que es una de las regiones con menor densidad de población en España. El porcentaje de trabajadores al servicio de las Administraciones se ubica allí en el 16,6%, unas décimas por encima de Andalucía (16,1%), que ha reducido su personal en los últimos años, y también de Aragón (16%).

En el lado opuesto, las autonomías que registran las menores ratios de empleados públicos son las del este de la Península, con Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana a la cabeza. Especialmente relevante es el caso de Cataluña, la única región en la que el número de funcionarios se sitúa por debajo del 10% de su tejido laboral. La situación no se ha revertido pese a que el número de empleados públicos ha crecido allí un 9,5% en los últimos diez años, hasta los 303.000 trabajadores públicos por más de 3,2 millones de ocupados. Uno de los representantes de UGT en esa comunidad, Carles Díaz, denuncia que los sucesivos gobiernos nunca han apostado por los servicios públicos.

Fuente: Expansión