Los Ayuntamientos acumulan 20.000 millones en efectivo, el mayor saldo de su historia

Las corporaciones locales disparan sus depósitos en 9.000 millones desde la entrada en vigor de la ley de estabilidad presupuestaria

Los Ayuntamientos sumaron al cierre de 2016 unos 19.700 millones en depósitos, el mayor saldo de efectivo anotado en su historia. Este dato obedece a dos hechos: por un lado, el corsé que supone la ley de estabilidad, que les impide gastar. Y por otro, una gran capacidad recaudatoria y un sistema de financiación que les favorece sobre otras Administraciones. Según se desprende de un informe de la Autoridad Fiscal, parece contradictorio que la Seguridad Social tenga que recurrir a un préstamo de 10.000 millones mientras los municipios amasan liquidez.

Las corporaciones locales exhibieron a finales de 2016 unos 7.000 millones de superávit presupuestario. Llevan cinco años acumulando excedentes que según la ley tienen que destinar a amortizar deuda, inversiones sostenibles muy controladas por Hacienda o permanecer en depósitos. Y eso se ha traducido en que los municipios han alcanzado una cifra récord de efectivo: al cierre de 2016, acumularon 19.700 millones, unos 9.000 millones más que en 2011 según datos del Banco de España. Nunca antes habían arrojado una cifra semejante guardada en las entidades financieras. Solo se acercaron en pleno 2007, cuando los consistorios hacían caja como nunca con los ingresos de la burbuja inmobiliaria. Y entonces se tocaron los 18.000 millones. Pero a partir de ahí las cantidades se desplomaron hasta los 10.000 millones que se contabilizaron en 2011.

Semejante incremento desde finales de 2011 se explica por dos razones. De una parte, se corresponde con la aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria aprobada en abril de 2012. Esta obligaba a las Administraciones a sanear las cuentas. Y los consistorios fueron la rama que más rápido se ajustó: pudieron aplicar tasas allá donde lo precisaron, tuvieron más facilidad para ajustar sus plantillas porque muchos no eran funcionarios y recortaron numerosos servicios que habían brindado fuera de sus competencias. Además, la ley de reforma local les limitó los salarios y la capacidad para contratar. Y en cuanto lograron suprimir el déficit, se les aplicó la regla de gasto, por la cual un órgano de la Administración nunca puede aumentar sus desembolsos más allá del crecimiento a medio plazo de la economía.

Por último, los poderes de los interventores se reforzaron para que pudiesen denunciar el incumplimiento de los municipios. De no hacerlo, con arreglo a la ley de transparencia, estos interventores estarían incurriendo en falsedad de datos públicos y se enfrentarían incluso a responsabilidades penales. El engranaje orquestado por Hacienda fue tal que ató en corto a los consistorios. “Yo entiendo que a uno lo nombran alcalde para gastar. Pero para eso estoy yo: que no he venido a gastar”, repite el ministro Montoro allá donde va.

Por otra parte, los Ayuntamientos han gozado de una mayor potencia recaudatoria que otras Administraciones. Incluso si con la crisis perdieron sus ingresos por suelo, consiguieron compensar ese desplome aumentando el IBI y otras figuras. El IBI es el único tributo que nunca ha visto reducidos sus ingresos: al estar asociado a una vivienda, el contribuyente tiene difícil escaparse. Y eso explica que incluso en medio de la crisis su recaudación se haya duplicado en una década hasta cerca de los 14.000 millones. La caja del impuesto de circulación también es más estable que otras rúbricas.

Además, como señala la Autoridad Fiscal, las entidades locales reciben unos 17.000 de la recaudación general, que supone algo más del 20% de sus ingresos.

La Seguridad Social

El año pasado, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) publicó un informe en el que señalaba el contraste entre lo que ocurría en las corporaciones locales y la Seguridad Social. Respecto a los Ayuntamientos, la Airef indicaba que son un sector “muy saneado” y “con una amplia capacidad tributaria”.

“Por el contrario, la naturaleza de los gastos de la Seguridad Social depende en gran medida de factores demográficos, cuya modificación requiere consenso y un margen de tiempo para su aplicación. Y los ingresos están muy condicionados por el nivel de empleo y los salarios, pero además las cotizaciones determinan los costes laborales de las empresas. Estas características dificultan la adopción de medidas a corto”, concluía el informe comparando una administración con otra.

Fuente: El País

Abrir a las pymes el coto de los contratos públicos

Por Auxiliadora Honorato y Fernando Acuña 

Siete de cada diez euros adjudicados en obra pública van a las mismas diez grandes firmas

Las pequeñas empresas tienen muchas menos posibilidades de bajar los precios

La contratación pública es un terreno vedado al que tienen acceso preferente las grandes empresas. De hecho, hace poco, la Fundación Civio concluía en un estudio que siete de cada diez euros que se adjudican en obra pública acaban en las mismas diez grandes firmas. Y eso a pesar de que, según el INE, estas solo representan el 0,01% de las empresas del sector. La nueva ley de contratos del sector público es una oportunidad de oro para equilibrar la situación.

Según el último informe del Banco Central Europeo sobre las empresas de la zona euro (abril-septiembre 2016), el principal problema que tienen las pequeñas y medianas empresas en España es la falta de ventas. Consciente de esta disfunción, la UE, en su directiva sobre compras públicas ya empuja a los Estados miembro a fomentar la “contratación estratégica”; es decir a emplear la contratación como herramienta para corregir estos desequilibrios y ponerla al servicio del interés general, lo cual pasa, indefectiblemente, por abrir la veda a las pymes, micropymes y autónomos.

Se nos llena la boca afirmando que este colectivo es la pieza clave del tejido productivo de nuestro país, pues representan el 99,99% de las empresas registradas en la Seguridad Social y generan el 69% del empleo, pero lo cierto es que llevan mucho tiempo esperando medidas concretas, directas y reales que les quiten los palos de las ruedas y las conviertan en las protagonistas verdaderas de nuestra economía.

Actualmente nos encontramos en el Congreso reformando la nueva la ley de contratos del sector público, y merece la pena destacar cuatro propuestas esenciales que hemos impulsado y que, de salir adelante, supondrían un antes y un después en la participación de pymes y autónomos en la contratación.

-Contratos separados. Es una práctica habitual en las administraciones englobar, dentro de un mismo contrato, tareas que se encuentran de algún modo relacionadas pero que no siempre tienen objetos similares. Ello les permite convocar un solo concurso, y no dos ni tres, lo que simplifica el proceso administrativo y presuntamente supone un ahorro para las arcas públicas. Sin embargo, las consecuencias de este modus operandi simplificador están lejos de ser beneficiosas: intrusismo empresarial, obras defectuosas y peores servicios para la ciudadanía y, a la larga, resoluciones de contratos, modificaciones irregulares y sobrecostes que pagamos todos y todas.

La solución es fácil y pasa por clasificar en lotes obras o servicios similares con objetos diferentes. Las ventajas son evidentes: especialización, innovación, modernización y, sobre todo, apertura a las pymes de nuevas posibilidades de negocio de las que se veían excluidas no poder acceder a contratos demasiado amplios, económica o temáticamente. Por ello, hemos propuesto que la división en lotes de los contratos sea norma general y obligatoria en los procesos de contratación pública.

-El muro de los criterios de solvencia. La gran muralla que encuentran nuestras pymes y autónomos para acceder a la contratación son los exigentes criterios de solvencia que generalmente les imponen las administraciones públicas. Como se exige una experiencia desproporcionada para contratar, las pymes nunca la adquieren y por tanto raras veces consiguen trabajar para la administración. Es la pescadilla que se muerde la cola. Se pide a voces flexibilizar estos criterios de acceso, de manera que hemos propuesto derribar este muro para que, al menos, no se las deje fuera a las primeras de cambio, se les permita competir en igualdad de condiciones y demostrar que están preparadas para prestar servicios de calidad. ¿Cómo? Abriendo la posibilidad a que las pymes puedan demostrar su experiencia por otros medios de acreditación, eximiendo a las empresas de nueva creación de acreditar su solvencia o flexibilizando las condiciones de clasificación profesional.

-Que gane el mejor, no el más barato. La preponderancia del precio más bajo como criterio de principal valoración no solo ha tenido como consecuencia unos servicios de ínfima calidad y un aluvión de contratos modificados irregularmente en la que los corruptos han campado a sus anchas, sino que ha propiciado comportamientos anticompetitivos, llevando a muchas empresas –sobre todo a las grandes– a presentar ofertas económicas por debajo de precios de coste.

Las que más han sufrido estas consecuencias han sido las pymes, con muchas menos posibilidades de bajar los precios que sus hermanas mayores, quedando excluidas de los contratos. Para solucionar el problema, hemos propuesto que los pliegos de condiciones de los contratos recojan una pluralidad de criterios a valorar donde la calidad y la especialización tengan un justo peso, cuya puntuación sea siempre superior a las ofertas económicas de los licitadores.

-Hay cantera en la segunda división. Como ha constatado la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, el 68% de los proveedores ha tenido en 2016 contratos con empresas privadas que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la ley, superando las grandes empresas los 126 días según el barómetro de la Plataforma, mientras que las Administraciones pagan a 36, 24 y 60 días según sea estatal, autonómica o local.

Las perjudicadas son las de siempre... Y aunque las pymes no siempre podrán jugar en la primera división de los grandes contratos públicos, al menos debemos facilitar las mismas reglas de juego para ambas divisiones, de manera que cuando actúen como subcontratistas, puedan desarrollar su actividad sin verse estranguladas por las malas prácticas empresariales. Para eso hemos propuesto que, en caso de impago por parte del contratista principal, el subcontratista pueda solicitar el pago directo a la Administración. Así, no se establece una relación de esclavitud que a veces las aboca a la desesperación y a la quiebra.

Necesitamos una norma de contratación que, como dice la directiva, impulse “la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública”.

Y la necesitamos ahora, que estamos a punto de adoptar una nueva ley de contratos del sector público. Nosotros hemos empujado el cambio, pero solo será posible si las demás fuerzas políticas acompañan para conseguir este objetivo, pasando de las palabras a los hechos.

Auxiliadora Honorato es ponente del proyecto de Ley de Contratos del Sector Público y Secretaria Estatal de Administraciones Públicas en Podemos

Fernando Acuña es asesor en Derecho Público y Derecho de la Contratación Pública

Fuente: Cinco Días

DISPONIBLE EL NÚMERO 202 (JUNIO)

Este mes ENTREVISTAMOS a Daniel Carrasco, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Málaga (UMA).

Y el número cuenta con las siguientes COLABORACIONES:

HABEMUS... REAL DECRETO. JOSÉ FERNANDO CHICANO JÁVEGA. Interventor General Ayuntamiento de Tarragona

ACTUACIONES EXIGIBLES A LOS AYUNTAMIENTOS TRAS LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. DIEGO MARÍN-BARNUEVO FABO Y FÉLIX ALBERTO VEGA BORREGO. Profesores de Derecho Financiero y Tributario Universidad Autónoma de Madrid

INSTRUCCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID RELATIVA A LA INCORPORACIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES EN LOS CONTRATOS A CELEBRAR: UNA REFERENCIA OBLIGADA. SOLEDAD MERLOS ROMERO. Técnico de Administración General del Aytuntamiento de Majadahonda

LA EVIDENCIA DIGITAL COMO PRUEBA DE INCUMPLIMIENTOS LABORALES. RAÚL ROJAS. Socio de ECIJA

MARGEN DE ACTUACIÓN ANTE LA EXISTENCIA DE INDICIOS DE PRÁCTICAS COLUSORIAS EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

GRUPO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. Gómez-Acebo & Pombo Abogados S.L.P.

PLANES URBANÍSTICOS E INFORME DE GÉNERO. JOSÉ  MARÍA BAÑO LEÓN.  Abogados, S.L.P.

FALSOS MITOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO. MARIALETIZIA LOCASPI. Fundación Musol

JURISPRUDENCIA COMENTADA: Se incluyen en este número resoluciones del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

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La Autoridad Fiscal advierte de que hay 32 Ayuntamientos en riesgo de insolvencia

La autonomía con más municipios que sufren dificultades financieras es Andalucía, sobre todo en la provincia de Cádiz

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el organismo que vela por el estado de las cuentas públicas, alertó este miércoles de que 32 Ayuntamientos se encuentran “en riesgo de sostenibilidad financiera”. Entre ellos cuatro capitales de provincia: Granada, Cádiz, Cuenca y Jaén. Buena parte de los municipios en riesgo están en Andalucía, sobre todo en la provincia de Cádiz. Todos ellos presentan una ratio de deuda mayor del 75% de sus ingresos corrientes, es decir, necesitan del permiso del Ministerio de Hacienda para poder emitir más deuda.

Estos municipios, añade la Autoridad Fiscal, también arrojan resultados negativos en al menos dos de cuatro indicadores: el saldo presupuestario no financiero (esto es, el déficit); el remanente de tesorería; el periodo medio de pago a proveedores y el cumplimiento de las obligaciones de suministro de información a Hacienda. Fuentes de la Airef matizan que no se trata de que estos Ayuntamientos vayan a dejar de pagar de un día para otro, sino más bien de localidades cuyas cuentas a medio y largo plazo no parecen sostenibles según las dinámicas observadas.

El conjunto de las entidades locales está muy saneado, con un superávit del 0,6% del PIB y una deuda del 2,6% del PIB. Pero existen grandes diferencias. A partir de este primer análisis, la Autoridad Fiscal estudiará las razones por las que estos consistorios no cumplen y qué están haciendo los órganos de tutela, que son las comunidades autónomas. Es decir, los datos retratan el bajo grado de control de la Junta de Andalucía, si bien algunas fuentes de la Administración apuntan que esta ha endurecido los requerimientos para que corrijan en un año la desviación presupuestaria.

De estas entidades locales, “cinco se han calificado con un riesgo muy alto por presentar déficits reiterados en los últimos años, niveles de deuda elevados y previsiones futuras de no reconducir la situación”, sostiene el informe de la institución que preside José Luis Escrivá. Esos cinco consistorios son Gandía (Valencia), Jerez de la Frontera (Cádiz), Parla (Madrid), La Línea de la Concepción (Cádiz) y Jaén. Estos dos últimos además han remitido información incompleta y/o incongruente, según señala la Airef.

Dentro de la franja de riesgo alto se hallan Granada, Algeciras (Cádiz), Aranjuez (Madrid), Navalcarnero (Madrid), San Andrés del Rabanedo (León), Almonte (Huelva), Torrejón de la Calzada (Madrid) y Villa de Otura (Granada). Y entre los de riesgo bajo o moderado se coloca a Cádiz, Cuenca, Los Barrios (Cádiz), Algete (Madrid), Dúrcal (Granada), Macael (Almería), Vilanova de Arousa (Pontevedra), Salas (Asturias), Villamartín (Cádiz), Albox (Almería), Nerva (Huelva), Ceutí (Murcia) y El Álamo (Madrid). Otros cinco no han enviado información: Almadén (Ciudad Real), Ayamonte (Huelva), Moratalla (Murcia), Los Palacios y Villafranca (Sevilla) y Valsequillo de Gran Canaria. Y Maracena (Granada) ha brindado una información que imposibilita la calificación.

Esta situación contrasta con la de los Ayuntamientos grandes, también analizados por la Airef y que exhiben más de la mitad de los más de 6.000 millones de superávit conseguido por el conjunto. Sin embargo, la Autoridad alerta de que las 21 principales entidades locales están reduciendo de media un 40% su superávit, sobre todo Madrid.

Casi la mitad de ellos está gastando por encima del tope que impone la regla de gasto, una norma que obliga a no gastar más de lo que crece la economía. Por eso, la Airef pide reforzar esta regla y evaluar mejor el reparto que se hace entre administraciones.

En el fondo, esto implica que el sistema de financiación no está bien y que las competencias y los ingresos no casan. Por lo tanto, habría que redistribuir los esfuerzos entre administraciones. De lo contrario, “podría generar problemas cuando la economía sea menos favorable y resulte más necesaria la disciplina individual de cada Administración”, afirma la Airef. Aun así, prevé que el superávit siga en el 0,6% del PIB porque el resto de municipios compensará el mayor gasto de los grandes.

Fuente: El País