TRANSPARENCIA INTERNACIONAL: Propuestas para la mejora del Proyecro de Ley de Contratos del sector Público

INTRODUCCIÓN

Dentro del actual contexto social, donde la percepción ciudadana de corrupción es muy elevada, la opción del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Consejo de Ministros el 25 de noviembre de 2016, supone un claro paso atrás desde la lógica de prevención de la corrupción.

Desde Transparencia Internacional España se proponen las siguientes medidas para mejorar el citado texto legal desde la perspectiva de una mayor transparencia, integridad en las actuaciones, y prevención de la corrupción, así como para combatir la posible evasión fiscal relacionada con las contrataciones públicas.

1.- Extensión del recurso especial en contratación pública al margen del importe: La no extensión del recurso especial a cualquier contrato con indiferencia de su importe y su limitación a los contratos de importe armonizado con carácter exclusivo, impide corregir las debilidades detectadas de nuestro modelo de contratación pública. Preservar la transparencia en la contratación pública es una necesidad, que debe “protegerse” con una estrategia del control preventivo que sea efectivamente útil, rápido, e independiente, vinculado al derecho a una buena administración y no a las prerrogativas de la Administración. Principio exigible en cualquier tipo de contrato público al margen de su importe sin que resulte admisible una interpretación “relajada” por tal circunstancia. Habilitar un escenario de no control eficaz en vía administrativa para los contratos no armonizados es un error desde la perspectiva del derecho a una buena administración. Y justificar la no extensión desde motivos presupuestarios es un error pues un buen y efectivo control es una inversión (y no un gasto). En cualquier caso, y para evitar una disfunción inicial del sistema, la extensión del recurso especial a todos los contratos se podría llevar a cabo de una forma gradual por importes de los contratos.

2.- Ampliación de la legitimación para impugnar. La legitimación debe ser amplia, para favorecer la propia función de depuración que se encomienda al sistema de recursos, e impulsar una doctrina clara que preserve los principios de seguridad jurídica y predictibilidad, de especial impacto en un sector tan sensible como el de los contratos públicos. En el recurso especial puede ser oportuna la acción pública pues la contratación pública guarda directa relación con el derecho a una buena administración.

3.- Estructura independiente y planta cerrada de los órganos administrativos de recursos contractuales. Debe diseñarse una planta de órganos de recursos contractuales cerrada, para evitar las actuales asimetrías (poco compatibles con el principio de seguridad jurídica). Y relativa al ámbito local debe ser eliminada ya que genera una indebida distorsión que cuestiona la esencia del modelo. En todo caso, debe recogerse la obligación de colegialidad, como elemento esencial de independencia. Es necesario determinar de forma clara el número de órganos de recursos contractuales, y las especialidades organizativas. Y si se integran en otros órganos –como Consejo Consultivos - deberá preverse o dotarse de una sección propia, a fin de evitar la “confusión” de funciones entre lo consultivo y lo resolutivo.

4.- Impulso de los medios electrónicos como herramienta de transparencia. La regla de la transparencia no es una formalidad y exige una implementación compatible con su finalidad. Son necesarios sistemas de información on line ágiles, accesibles, gratuitos y de alcance universal, que haganposible que cualquier licitador pueda obtener información sobre una licitación que corrijan la actual situación que desincentiva la presentación de ofertas por entender que el procedimiento puede estar ya orientado hacia determinados licitadores. Los medios electrónicos y la transición hacia la compra pública electrónica, se manifiestan, en este contexto, como un eje de reforma imprescindible. Debe preverse un plazo donde sea obligatoria la utilización de medios electrónicos.

5.- Nulidad por incumplimiento de publicidad. La obligación de publicar en la Plataforma de Contratos de Sector Público debe ir acompañada de la consecuencia de nulidad por su no cumplimiento. Solo así se puede corregir una situación como la actual donde, pese al carácter obligatorio, no se cumple esta obligación legal. Esta solución ya se aplica en el ámbito de las subvenciones públicas y de los convenios de colaboración, donde recientemente los artículos 20.8 a) de la LGS y 48.8 de la Ley 40/2015, respectivamente, condicionan la validez o eficacia de la subvención o convenio a su previa publicación, sin que exista justificación para que ello no resulte de aplicación al ámbito de los contratos públicos

6.- Introducción de transparencia en el contrato menor. Es un acierto la supresión del procedimiento negociado sin publicidad por la cuantía. Sin embargo, se mantiene en el Proyecto la figura del contrato menor y sus cuantías, cuando su práctica y abusiva utilización (en muchas ocasiones como contratación directa) aconseja, cuando menos, cierta exigencia de publicidad para que exista competencia así como la fijación de un importe global máximo a favor de un mismo licitador.

7. Uniformidad de reglas jurídicas para todos los poderes adjudicadores. El actual sistema dual normativo español en función de que se trate de contratos armonizados o no armonizados (en función de superar o no el importe fijado como “armonización” en la Unión Europea), junto con la distinción entre entes que son Administración pública, frente a quienes adoptan formas privadas aunque se financien con fondos públicos o estén sometidos a control público (fundaciones, empresas públicas, etc.), a los que se dota de un régimen de contratación “flexible” para estas últimas, siempre que no sea contratos con sujeción europea –lo que ha llevado a la proliferación de entes público con forma privada para poder contratar con “comodidad”–, ha derivado en la práctica en la inaplicación de las previsiones y principios de la contratación pública. La publicidad, en un contexto de «dispersión de normas jurídicas», no puede cumplir su función. Urge, por tanto, una reforma que unifique el régimen normativo de todas las entidades contratantes en lo relativo a los procedimientos de adjudicación y de control, con indiferencia de su naturaleza o no de Administración pública y del importe del contrato.

8. Regulación y límite de los modificados contractuales. La posibilidad de libre modificación en los contratos no armonizados para los poderes adjudicadores no Administración pública -frente a la actual situación que obliga con indiferencia del importe- aventura una nueva etapa de descontrol en los sobrecostes y, también, un incentivo a crear entes instrumentales para alejarse del control y reglas públicas. La decisión del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público de “facilitar” la modificación contractual en contratos no armonizados de poderes adjudicadores no Administración pública -aun con los límites de control cuando se supera el veinte por ciento en los supuestos no previstos- supone un claro “retroceso” en la lógica de la regeneración democrática y la prevención de la corrupción. Por ello, debería ser objeto de replanteamiento, optando por las mismas reglas y régimen de control para cualquier tipo de modificación contractual, pues lo que esta en juego es la eficiencia y el derecho a una buena administración.

9.- Creación de un organismo independiente de control y supervisión de la contratación pública y de prevención de la corrupción. El proyecto prevé un nuevo sistema de gobernanza, del que deriva un nuevo rol de la Junta Consultiva de Contratación Pública. Sin embargo, parece más oportuno una estructura más ambiciosa y con más competencias ejecutivas para poder corregir las disfunciones en la contratación pública. El modelo italiano de Agencia Nacional para prevención de la corrupción puede ser de interés. Obviamente la agencia de integridad en la contratación pública debería tener carácter independiente. En todo caso, a efectos de evitar que una multiplicidad de órganos y entidades con competencias de control y supervisión de la contratación pública, y la fragmentación y dispersión que ello generaría en dicho ámbito, podría valorarse la posibilidad de proponer como alternativa la reforma del estatuto jurídico y de las facultades de los órganos y entidades con competencias de control de la contratación pública que ya existen en la actualidad (Tribunal de Cuentas, , etc.), atribuyéndoles incluso competencias ejecutivas

10.- Impulso a la profesionalización. Debe quedar claro que la composición de la mesa de contratación, como órgano de asesoramiento técnico, impide que participen cargos políticos. Y en todo expediente de licitación, en especial los de concesión o de importe elevado, debe existir con carácter habilitante un informe detallado de conveniencia financiera suscrito por funcionarios.

11.- Equidad y transparencia fiscal en la ejecución de los contratos. En el artículo 200, que regula las Condiciones especiales de ejecución del contrato, se propone adicionar un nuevo párrafo tercero (de manera que el actual párrafo tercero pase al cuarto) con el siguiente texto: “Los órganos de contratación establecerán condiciones especiales de ejecución que obliguen a la empresa adjudicataria a ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, sin incurrir en blanqueo de capitales, fraude fiscal, delito contra la Hacienda Pública o utilización de paraísos fiscales. Igualmente se exigirá a la empresa adjudicataria que los ingresos o beneficios procedentes del contrato público no podrán en ningún caso destinarse a realizar operaciones en ningún país considerado paraíso fiscal ya sea de forma directa o a través de empresas filiales. Las empresas licitadoras realizarán una declaración responsable asumiendo el compromiso de cumplimiento de la citada condición especial de ejecución. Dichas declaraciones responsables serán públicas, y tendrán carácter de obligación contractual esencial, lo que facultará al órgano de contratación a la imposición de sanciones o a la rescisión del contrato”. El concepto de "paraíso fiscal" vendrá determinado por los territorios incluidos en las listas de la OCDE, la Unión Europea y por la legislación española.

CONCLUSIÓN

Transparencia Internacional España entiende que las anteriores medidas son ineludibles si se pretende una nueva arquitectura jurídica de la contratación pública cimentada sobre los principios de integridad, de transparencia y de prevención de la corrupción y la evasión fiscal. Una gestión transparente de los contratos públicos, como política horizontal, permite explicar a la ciudadanía la gestión de los recursos públicos de acuerdo con su derecho a saber, y bien practicada, se convierte en la principal herramienta para una gestión íntegra y profesionalizada de la contratación pública.

Fuente: transparencia.org.es

El Congreso vota hoy la moción para permitir a los ayuntamientos invertir su superávit de 4.500 millones

El Pleno del Congreso de los Diputados votará este jueves una moción del PSOE en la que reclama al Gobierno una revisión de la regla de gasto de las entidades locales para que los ayuntamientos puedan destinar su superávit total de 4.500 millones de euros a inversiones y planes de empleo.

La moción del PSOE es consecuencia de una interpelación al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, del pasado mes de diciembre, en la que Montoro ya mostró la voluntad del Gobierno de revisar la regla de gasto durante los primeros meses de este año para acomodar el contenido de esa norma a la nueva situación financiera de las administraciones públicas.

La iniciativa del Grupo Socialista podría salir adelante gracias al apoyo mostrado durante el debate de la misma por el PNV, PDECat, ERC y Coalición Canaria, frente a la abstención anunciada por Ciudadanos o el apoyo de algunos puntos de Compromís.

Conforme a la regla de gasto, los ayuntamientos no pueden gastar el superávit que acumulan ya que la norma limita el incremento del gasto público al crecimiento potencial de la economía con el fin de evitar desequilibrios financieros en las cuentas de los consistorios.

Al mejorar el crecimiento, con un alza del 3,2% en el conjunto de la economía en 2016, el margen de gasto para las corporaciones locales es mayor.

Según las cuentas del PSOE, los 4.500 millones de superávit de las entidades locales españolas podría traducirse en unos 70.000 puestos de trabajo, pero los ayuntamientos no pueden poner en marcha por ejemplo planes de empleo con ese dinero sobrante.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Función Pública, el socialista Antonio Pradas, ha anunciado que el Grupo Socialista buscará la complicidad del resto de grupos parlamentarios para derogar la "contrarreforma local del PP".

En su defensa de la moción socialista sobre la aplicación de la regla de gasto a las entidades locales, Pradas ha criticado que la ley se sacó adelante "sin escuchar a la mayoría de los alcaldes y no ha aportado nada bueno a las corporaciones locales", sino que ha colocado a los ayuntamientos "en una situación de desigualdad y servidumbre en relación al resto de las administraciones de Estado".

De esta forma, se ha comprometido a impulsar una nueva ley de bases de régimen local, que defina claramente las competencias municipales, y una nueva ley de haciendas locales que asegure su financiación, así como a abordar simultáneamente "el marco político y el horizonte de lo que debe de ser la financiación local y la financiación autonómica".

Por el contrario, el diputado de Ciudadanos, Francisco de la Torre, ha defendido que la regla de gasto es "la misma" para todas las administraciones y limita el crecimiento del gasto, por lo que considera que se trata de una norma "básica" por ser "la única forma de mantener la sostenibilidad de las administraciones".

No obstante, ha indicado que se puede redefinir la regla de gasto, si bien ha insistido en que el dinero se destina a reducir y amortizar la deuda, ya que cuando se dispone de él con frecuencia se invierte "mal". "Estamos hartos de ver aeropuertos vacíos", ha apuntado.

De su lado, el portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Hacienda, Alberto Garzón, ha criticado la "ideología de la austeridad y la consolación fiscal" implantada por el PP como "única opción" en sus sucesivas legislaciones. Garzón ha denunciado que los ayuntamientos tengan una "camisa de fuerza" cuando "tendrían que ser los que más ayudas tuvieran".

CRÍTICAS DE LOS NACIONALISTAS

Por su parte, desde ERC Teresa Jordá también ha avanzado el apoyo a la moción criticando que la regla de gasto "condena a más sacrificios y austeridad" y ha denunciado la "injusticia" de que la Administración estatal acumule la mayoría de la deuda mientras se obliga a mayores restricciones a comunidades autónomas y corporaciones locales. "Se producen alarmantes desequilibrio", ha advertido.

En este sentido, Idoia Sagastizabal, del PNV, ha lamentado la imposibilidad de utilizar los remanentes para inversiones y políticas sociales, así como el "poco margen" de los ayuntamientos para aumentar sus ingresos ante la "poca" capacidad normativa para regular los impuestos.

Entre tanto, el PDECat, Compromís, Coalicion Canaria y Nueva Canarias también han mostrado su apoyo a la iniciativa. Antoni Postius, del PDECat, ha reprobado que con la regla de gasto el superávait no sirva para contar con más recursos; Joan Baldoví de Compromís ha indicado que su formación votará algunos puntos al ver la moción "absolutamente insuficiente", y ha denunciado la "camisa de fuerza que maniata a los ayuntamientos".

Entre tanto, Desde Nueva Canarias y Coalición Canaria, los diputados Pedro Quevedo y Ana Oramas, respectivamente, han señalado que "no tiene sentido" tratar por igual a los incumplidores y a los cumplidores, y han reclamado que se pueda utilizar el superávit en un contexto en el que hay ayuntamientos que agotan las ayudas de emergencia.

Por el contrario, el diputado 'popular' José Vicente Marí ha recordado que en el seno de la Comisión Nacional de las Administraciones Locales (CNAL) ya se acordó crear un grupo de trabajo para revisar la regla de gasto en el primer semestre del año, y ha indicado que su grupo parlamentario ha propuesto enmiendas y una enmienda transaccional.

Marí ha abogado por revisar la regla este año y estudiar los costes de fondo de proveedores, si bien ha dicho no coincidir en la propuesta socialista de volver a la modificación de la Ley de Estabilidad de los socialistas de 2006.

Fuente: El Economista

La FEMP pide al Gobierno que se implique en la regulación del alquiler de viviendas de uso turístico

Los Ayuntamientos quieren que se elabore un estudio sobre la situación actual del alquiler de este tipo de viviendas

La FEMP ha trasladado a la Secretaria de Estado de Turismo la demanda de las Administraciones Locales de que el Gobierno se implique en la regulación del alquiler de viviendas de uso turístico. El objetivo es que haya una norma a nivel nacional que regule la actividad económica de este sector y que, al mismo tiempo, contribuya a garantizar la sostenibilidad y competitividad de la oferta turística en España.

El Presidente de la Comisión de Turismo de la FEMP y Alcalde de Palma, José Hila, junto con el Secretario General de esta Federación, Juan Ávila, han mantenido hoy una reunión con la Secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asían, con el fin de estudiar estrategias conjuntas en los temas que afectan a las Entidades Locales y definir la colaboración entre ambas instituciones, entre ellas, y como tema prioritario, el alquiler de pisos turísticos.

En concreto, la FEMP pide dos cuestiones básicas: la elaboración de un estudio sobre la situación actual del alquiler de vivienda de uso turístico en España –algunos Ayuntamientos ya están elaborando censos-; y que se implique en la regulación de este tipo de actividad.

El Alcalde de Palma ha explicado la necesidad de esta regulación a nivel nacional porque afecta a la seguridad y “es necesario que haya un registro de personas alojadas, al igual que ocurre en la oferta reglada”.  También por la inexistencia de un control fiscal, dado que el alquiler de estos pisos no tributa como una actividad económica.

La FEMP ha constituido un Grupo de Trabajo, en el que está previsto que participe la Secretaría de Estado de Turismo, para analizar las implicaciones que tiene para los Ayuntamientos, dependiendo de la tipología de municipios, el alquiler de viviendas de uso turístico y los intereses afectados por esta actividad en el territorio.

Convenio FEMP – Secretaría de Estado

En el transcurso de la reunión, los representantes de la FEMP han propuesto a Matilde Asían que se firme un Acuerdo de colaboración con esta Secretaría de Estado, para llevar a cabo actividades conjuntas, tanto con la propia Secretaría como con Turespaña.

En este nuevo Acuerdo Marco de colaboración se contemplarían las líneas generales y actuaciones a desarrollar en los diferentes ámbitos de actuación en los que se mueve la FEMP, a través de sus Secciones del Spain Convention Bureau (SCB) y de Villas Termales.

Asimismo, han expuesto la necesidad de que esta Federación continúe estando presente tanto en la Conferencia Sectorial de Turismo como en la Comisión Sectorial de Turismo.

La FEMP mantiene su reivindicación al Gobierno para que los municipios turísticos puedan tener una financiación suficiente que les permita hacer frente a los gastos por prestación de servicios que tienen este tipo de entidades por el hecho de tener actividad turística. Al mismo tiempo, reclama que se les permita ampliar la plantilla de la policía local con el fin de garantizar la seguridad tanto de los ciudadanos como de los turistas.

José Hila ha destacado la necesidad de reformar impuestos municipales para que los Ayuntamientos tengan mejor financiación y que, en el caso de los municipios turísticos, se tenga en cuenta a la población flotante. Un ejemplo sería poder aplicar un IBI especial a los pisos de alquiler turísticos. “Se trata de disponer de herramientas para que el IBI se pueda adaptar a la actividad económica del municipio y los Ayuntamientos no estén abocados a vivir de la construcción”, ha comentado.

La Secretaria de Estado ha expresado en la reunión con la FEMP la voluntad de su departamento de seguir profundizando en la colaboración mutua y su acuerdo en la apertura de una nueva línea de trabajo sobre la sostenibilidad en los destinos turísticos.

Fuente: FEMP

Los alcaldes advierten al Gobierno de que se movilizarán si no mejora la financiación

La FEMP amenaza con una movilización si no se incrementan sus recursos

Un aviso, pero ni uno más. El Gobierno tiene que escuchar las demandas de los Ayuntamientos, “los grandes olvidados de la democracia”. Esta es la actitud con la que el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Abel Caballero, afronta la reunión que el próximo lunes mantendrá con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La financiación de los municipios es el tema que les ocupará con reivindicaciones concretas. Si no hay una respuesta satisfactoria, Caballero aseguró que “miles de alcaldes se movilizarán en una concentración sin precedentes”.

Los Ayuntamientos cumplen sus obligaciones a rajatabla y no solo no incurren en déficit, lo que tienen prohibido por ley, sino que presentan superávit. “Vamos a pedir al Gobierno que nos deje gastar ese superávit y también la flexibilización del techo de gasto”, señaló este martes Caballero, alcalde de Vigo, en un encuentro en Madrid con medios de comunicación. Solo con el superávit que han generado podrían contar con 5.000 millones de euros más, recalcó. El alcalde socialista anticipó ante el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la línea reivindicativa que llevará el próximo lunes a Moncloa, que será el reflejo del sentir de los alcaldes de España, reunidos en torno a la FEMP. Rajoy y Caballero coincidieron en el homenaje que este órgano rindió a Rita Barberá, la fallecida exalcaldesa de Valencia. “Tenemos que dejar de ser los grandes olvidados de la política española”, señaló Caballero ante el presidente del Gobierno. En el encuentro con los periodistas recalcó la coincidencia de planteamientos de los alcaldes, sea cual sea su adscripción política. Por eso afirmó que, si la respuesta del Ejecutivo a un nuevo plan de financiación no es satisfactoria, “habrá una gran movilización de alcaldes en Madrid”.

A pesar de sus reivindicaciones y de los problemas de financiación, añadió Caballero, los Ayuntamientos no quieren renunciar a las competencias que ahora asumen.

Fuente: FEMP