La Cámara de Cuentas de Andalucía elabora una propuesta para facilitar la fiscalización del cumplimiento del principio de transparencia en el ámbito municipal

En la elaboración del estudio han participado la Fundación Centro de Estudios Andaluces y la Universidad de Granada. La Cámara de Cuentas de Andalucía, con la colaboración de la Fundación Centro de Estudios Andaluces y la Universidad de Granada, han elaborado un estudio en el que se desarrolla una propuesta metodológica para fiscalizar el cumplimiento del principio de transparencia en el ámbito municipal. Los autores de este trabajo, fruto del desarrollo de un convenio firmado entre las tres instituciones, son José Luis Zafra y Juan Carlos Garrido, profesores de la Universidad de Granada.

En los últimos tiempos la transparencia se ha convertido en un elemento clave de análisis por los organismos de fiscalización, como lo demuestra el hecho de que, a final de 2015, se modificó expresamente la ley del Tribunal de Cuentas para incluir entre sus funciones la fiscalización de la transparencia

El objetivo principal del estudio, que se puede consultar en la página web de la Cámara de Cuentas, es proporcionar un sistema que permita superar ciertas limitaciones de los índices existentes y mejorar la evaluación en materia de transparencia, presentando un nuevo índice que permita evaluar el cumplimiento de las vigentes leyes de transparencia y buen gobierno.

De la aplicación provisional de la metodología propuesta a las ciudades  andaluzas de más de 20.000 habitantes, se desprende que “tras la evaluación de la información publicada en las diferentes webs de los municipios andaluces, éstos están aún lejos de cumplir totalmente con la ley 19/2013, debiendo realizar diversas mejoras para llegar al cumplimiento de la misma”.

“Aunque la adaptación total a la ley andaluza de transparencia debe producirse antes de diciembre de 2016, actualmente, y tras la evaluación realizada con este nuevo índice, los municipios andaluces deben mejorar la información suministrada en sus portales webs para alcanzar los niveles de información que esta ley exige”.

El estudio también señala que se ha mejorado en los último años la publicación de la información de aquéllas actividades que realiza una administración pública, pero que “los municipios andaluces tienen un importante potencial de mejora en cuanto a la información que se debe de suministrar a la ciudadanía”.

Otra de las conclusiones del trabajo destaca que “La transparencia debe incorporar información actualizada, lo que implica el desarrollo de una actividad continuada en el tiempo y, por tanto, de su evaluación a lo largo del mismo. Esto implica que los ayuntamientos deben mejorar la información disponible a lo largo del tiempo para adecuarse a las exigencias establecidas, tanto en la normativa estatal como autonómica, manteniendo a lo largo de tiempo un mecanismo de evaluación como el propuesto en el desarrollo de este convenio para seguir evaluando el desarrollo de la transparencia”.

Acceso al estudio completo: http://www.ccuentas.es/files/download/doc/1485849750-informe_transparencia.pdf

¿Para cuándo la financiación local?

Por Concepción Campos Acuña

Doctora en Derecho y secretaria de Administración Local

Se acaba de celebrar la Conferencia de Presidentes Autonómicos, con una finalidad clara: abordar la reforma del sistema de financiación. Y a la luz de las declaraciones de unos y otros, todos, esperan ver satisfechas sus aspiraciones de lograr unas mejores condiciones para la prestación de los servicios públicos de su competencia, sin que en paralelo haya indicios de idénticos movimientos para la reforma para la financiación local.

El protagonismo y relevancia que se otorga a la financiación autonómica empequeñece todavía más la mínima atención que los sucesivos gobiernos han prestado al tema de la financiación local. Desde que en el año 1988 se aprobase la Ley Reguladora de Haciendas Locales, pocas han sido las modificaciones que ha experimentado y, desde luego, ninguna del calado suficiente que las necesidades del mundo local requieren. Máxime si se tiene en cuenta que el modelo fiscal de las entidades locales se basa en un sistema implantado en la década de los años cincuenta y sesenta, con algunos retoques, sin que se haya abordado en profundidad su revisión, con los déficits que ello provoca.

Porque un simple vistazo a las calles de pueblos y ciudades de toda España permite advertir la transformación que unos y otros han experimentado como consecuencia de la acción (y los presupuestos) de los gobiernos y administraciones locales. Más allá de fenómenos de desarrollo puntual, como las smart city, se ha pasado de los tradicionales servicios básicos a incrementar exponencialmente su cartera de servicios no solo a los de carácter tecnológico, sino también acogiendo las demandas derivadas de la evolución de la sociedad y ofreciendo mayores estándares de calidad de vida a sus vecinos.

Pero la reforma debería de tomar en consideración, además de este escenario, las peculiaridades de cada territorio. En particular, en Galicia, donde el problema tiene también sus rasgos propios y diferenciales. Como hemos señalado reiteradamente desde Red Localis (http://redlocalis.com/) el minifundismo local que caracteriza a la administración local gallega condiciona la capacidad de captación de recursos y la utilidad eficiente de los presupuestos de las EE LL. Galicia está fuertemente marcada por el envejecimiento poblacional y la dispersión poblacional, en un grado tan elevado que supone un fuerte inconveniente a la hora de que los municipios puedan garantizar servicios de naturaleza universal.

Y sin embargo, en los momentos más duros de la crisis, las entidades locales han respondido como la administración más cumplidora en materia de gestión del gasto y déficit público, frente a las desviaciones de las comunidades autónomas y del propio Estado. Cumplimiento que se producía al tiempo que iban asumiendo mayores costes en materia de servicios sociales y bienestar, demostrando su tradicional capacidad de reacción frente a la inmediatez de los problemas, como administración más cercana a los ciudadanos.

Aunque en su génesis la reforma local de 2013 formulaba como uno de sus objetivos aprobar un nuevo sistema de financiación, hasta el punto de que se llegaron a condicionar normativamente gran parte de sus previsiones más controvertidas, como las relativas a los servicios sociales o educación, a ese hipotético nuevo marco, el tiempo transcurrido y el elocuente silencio alrededor de este tema no permiten albergar esperanzas de que sea, en estos momentos, una prioridad de legislatura.

¿Qué se puede hacer? Tanto desde la FEMP como desde la FEGAMP se ha demandado y se demanda continuamente que se aborde sin dilación, con rigor y desde un reconocimiento de la posición institucional que ocupan las EE LL un sistema de financiación adecuado a las competencias que se ejercen y al amplio catálogo de servicios públicos que se prestan desde el ámbito local. Toca ahora mover ficha al Estado para dar respuesta a una deuda endémica ya con el mundo local. ¿Para cuándo la financiación local?

Fuente: Faro de Vigo

El Presidente de la FEMP reclama al Gobierno que retire la norma que exige tener un tesorero a todos los Ayuntamientos

La FEMP ya advirtió de que este requisito era de imposible cumplimiento, por falta de recursos y porque no hay suficientes funcionarios habilitados para cubrir las plazas

El Presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha pedido al Gobierno la inmediata derogación de la norma que obliga a partir de este año a todos los Ayuntamientos a disponer de un tesorero. “Los municipios medianos y pequeños no tienen para pagarlos y aunque lo tuvieran, no hay habilitados nacionales suficientes para cubrir las plazas, porque no se han convocado”, ha señalado.

Abel Caballero ha explicado que este problema, al que ha calificado como de “muy serio”, viene provocado por un Decreto enmarcado en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), que obliga a todos los Ayuntamientos a tener un tesorero, no sólo a los mayores de 20.000 habitantes, como hasta ahora.

La FEMP ya advirtió hace más de un año de lo que pasaría con ese Decreto –ha recordado Caballero-, concretamente en una de las Resoluciones aprobadas en el Pleno de esta Federación, celebrado el 19 de septiembre de 2015. Un mes después, se enviaron las alegaciones oportunas al Ministro de Hacienda para que se derogara esa parte de la LRSAL que obliga a dicha provisión de tesoreros.

“El Gobierno no hizo caso y, por tanto, que respondan de esto”, afirma el Presidente de la FEMP, “como tampoco hizo caso la Xunta de Galicia y su Presidente, que tampoco atendió esta petición”, añade.

El Presidente de la FEMP ha anunciado que en la siguiente entrevista que tenga con el Ministro, “que será pronto”, le volverá a decir que tiene que resolver este problema de forma inmediata. También ha manifestado que se lo dirá a Feijóo, “porque es el Presidente de la Xunta y tiene capacidad sobre los Ayuntamientos”.

Fuente: FEMP

La mitad de los municipios españoles están en riesgo de extinción

El Presidente de la Comisión de Despoblación de la FEMP reclama «políticas de Estado urgentes» ante la sangría demográfica

La mitad de los municipios españoles se encuentran ya en riesgo de extinción. En estos momentos, subsisten con menos de mil habitantes 4.995 de los 8.125 municipios que tiene España en total. La inmensa mayoría de esas casi cinco mil localidades sufren el continuo envejecimiento de su censo demográfico y un mínimo o nulo relevo generacional, con escasas o nulas cifras de natalidad.

Este es uno de los datos que aporta el informe «Población y despoblación en España 2016», que ha sido presentado a la Comisión de Despoblación de la FEMP por su Presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, que también es Presidente de la Diputación de Zaragoza, en una reunión celebrada este mediodía a la que han asistido también, en calidad de invitados, varios miembros de la Comisión de Diputaciones, entre ellos su Presidente y de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes. El estudio ha sido realizado a partir del análisis del último padrón de habitantes publicado hace escasas semanas por el INE, en el que se detallan las cifras de población de todos y cada uno de los municipios españoles.

2.652 localidades con menos de 500 habitantes

El informe presentado por Sánchez Quero alerta de que sigue agravándose la crisis demográfica y de que sus efectos comprometen el futuro de cada vez más municipios españoles.  Así, ya son 2.652 las localidades que subsisten con censos de menos de 500 habitantes. De ellas, 1.286 (casi dos de cada diez municipios españoles) ni siquiera pasan de los cien vecinos empadronados: son 48 más que en 2015 y 358 municipios más de los que había en el año 2000 con menos de 100 empadronados.

Entre 2015 y 2016, España ha perdido 67.374 habitantes, pero esa sangría poblacional se ha concentrado mayoritariamente en las áreas rurales, ya que la suma de población de las capitales de provincia españolas ha ganado unos 14.000 habitantes durante el último año.

«Urge pasar de las palabras a la acción»

Con los datos que aporta este informe, el Presidente de la Comisión de Despoblación de la FEMP ha reclamado «la aplicación de urgentes políticas de Estado» ante el severo retroceso demográfico que se está produciendo y la amenaza que supone para las áreas rurales, algo que ha calificado como «un problema sociopolítico de primer orden» para España.

Sánchez Quero ha subrayado que la crisis demográfica está azotando con especial crudeza a los pequeños y medianos municipios, lo que hace que cada vez más localidades se encuentren «tras la línea roja del peligro de extinción».

Por ello, considera «imprescindible la adopción inmediata de medidas concretas para sostener e incrementar la población de los pequeños y medianos municipios, no solo por una cuestión de interés social sino también económico».

En concreto, ha apelado a la «coordinación de un plan nacional contra la despoblación entre Estado, Comunidades Autónomas y FEMP, que se elabore y desarrolle con la voz protagonista de las Diputaciones y de los Ayuntamientos, “que conocen de primera mano la crisis demográfica y son, en su día a día, la ‘punta de lanza’ en la lucha contra la despoblación rural”.

Fuente: FEMP