La reforma clave para evitar la corrupción en la contratación pública, tramitada de urgencia y sin pasar por el pleno del Congreso

La Mesa del Congreso ha aprobado hoy la tramitación de urgencia y con competencia legislativa plena por la Comisión de Hacienda de la reforma de la Ley de Contratos

Una norma tan importante y compleja debería pasar por el pleno y debatirse en profundidad entre todos los grupos y con la participación de la sociedad civil

La Mesa del Congreso ha aprobado hoy la tramitación de urgencia y con competencia legislativa plena por la Comisión de Hacienda de la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Así, la reforma clave para evitar la corrupción en la contratación pública pasará, después de un año y medio de retraso en su aplicación, de forma exprés por las cámaras y sin el imprescindible debate en pleno.

La Fundación Civio se declara totalmente de acuerdo con que la trasposición de la directiva europea, que debía haberse producido antes de abril de 2016, es urgente. En abril de 2017 finaliza el plazo para enviar los primeros informes de su aplicación a Europa, una fecha que previsiblemente España tampoco cumplirá. Sin embargo, la urgencia y necesidad de estas medidas no justifican que se ignore la necesidad de un debate y una reflexión profundos, que permitan aprovechar esta oportunidad para aprobar una reforma que frene el constante goteo de casos de corrupción vinculados a la contratación pública. Civio considera que esta ley no puede aprobarse sin apenas cambios ni pasar sin pena ni gloria por Las Cortes.

El viernes 25 de noviembre se aprobaron dos proyectos de ley en Consejo de Ministros afectados por la directiva europea pero, hasta el momento de la emisión de este comunicado, ninguno de estos textos se ha hecho público. La Fundación Civio recuerda que, de nuevo, el Gobierno anuncia medidas adoptadas sin proporcionar a la opinión pública el texto completo de las mismas, una dinámica que consideramos como publicidad de la acción de gobierno y no como auténtica rendición de cuentas.

Para matizar esa publicidad, desde la Fundación Civio queremos aclarar dos puntos:

La reforma planteada por Europa mejora algunos aspectos vinculados con la transparencia de la contratación pública, como el veto a los negociados solo por motivos de precio. Pero es importante matizar que esas medidas de mejora vienen determinadas obligadamente por Bruselas, y no por el Gobierno de España. Además, el texto que se propuso como anteproyecto no aprovecha la oportunidad para incluir mejoras claras en la norma más allá de lo obligado por las directivas europeas: las últimas grandes reformas de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) han venido una vez más marcadas por Europa. La Fundación Civio lamenta esta oportunidad perdida de reformar, de forma consensuada y tras un debate profundo, un sector clave para la lucha contra la corrupción. Es un error.

El retraso en la aplicación de esta reforma no se debe únicamente al año que España ha pasado con un gobierno en funciones. Las directivas europeas se aprobaron en febrero de 2014. En abril de 2015, el Gobierno presentó el borrador del anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público a un periodo de observaciones, que se cerró en mayo de ese mismo año. Desde entonces, y hasta que el Gobierno pasó a estar en funciones (siete meses después), no se anunciaron avances en la aprobación de esta normativa: ni pasó por Consejo de Ministros para convertirse en proyecto de ley y ni mucho menos llegó a debatirse en Las Cortes para su aprobación. Y ahora se tramita de urgencia.

La Ley de Contratos del Sector Público es norma muy compleja, que lleva año y medio parada y de la que los ciudadanos aún desconocemos qué aportaciones al anteproyecto se han incluido y cuáles no: a día de hoy, no contamos con el proyecto de ley. Civio considera imprescindibles estas mejoras, sobre todo en aspectos clave como poner límite al uso masivo del procedimiento negociado o la inclusión de determinadas obligaciones a los partidos políticos en materia de contratación. No obstante, insistimos en la necesidad de un debate parlamentario. Una reforma exprés en comisión no es suficiente.

Por estos motivos, desde la Fundación Civio reclamamos que se traslade el debate al pleno y que se permita un debate amplio, en el que la sociedad civil pueda participar y donde todos los grupos tengan tiempo para analizar a fondo el proyecto de ley y para presentar enmiendas que permitan conseguir el mejor texto posible de una ley clave.

En Civio hemos analizado a fondo las directivas, el anteproyecto que se presentó hace año y medio y la última proposición de ley del PP sobre este asunto, y haremos lo mismo con el texto del proyecto. Queremos trasladar a todos los partidos nuestras propuestas de mejora, basadas principalmente en dos puntos, y que ampliaremos una vez hayamos analizado a fondo el proyecto de ley:

CONTROL Y VIGILANCIA: es imprescindible que exista un organismo independiente y con capacidad sancionadora, que no dependa de un ministerio, que vigile la contratación pública de forma avanzada, sistemática y con los medios suficientes para ejercer esta importante tarea. Además, ese organismo debe permitir denuncias de cualquier ciudadano, incluso anónimas, que ayuden a investigar irregularidades. No podemos depender solo de que sean las propias empresas que participan en esos procesos de contratación las que denuncien irregularidades para destapar casos de corrupción, como ha pasado en muchos casos hasta la fecha.

TRANSPARENCIA EFECTIVA ORIENTADA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS: la trasposición es tibia en cuanto a las necesidades de transparencia. Es imprescindible que aprovechemos esta reforma para que la transparencia de la contratación no se limite a las posibles empresas participantes, a permitir la concurrencia, sino que se transforme en una auténtica rendición de cuentas ante los ciudadanos que incluya publicidad efectiva sobre todo el proceso (composición de las mesas de adjudicación, actas completas, ofertas de los participantes, participación de las empresas en cada UTE…) sin aplicar trabas basadas en intereses comerciales a bloques enteros de información. Y esa información debe estar en, unificada en una única web y estar disponible de forma permanente. La transparencia y el escrutinio público no pueden tener fecha de caducidad.

La Fundación Civio demanda, en suma, un debate serio, basado en datos y en hechos probados, con la importancia que esta reforma se merece. Y no un procedimiento urgente y sigiloso. Deseamos poder analizar el documento a fondo y que la oposición también pueda tener esa oportunidad.

Fuente: Fundación Civio

¿La corrupción es cosa de políticos o de funcionarios?

En España, la corrupción es política y no administrativa. Eso parece desprenderse del mapa adjunto que representa el porcentaje de hogares que pagaron sobornos al acceder a servicios básicos, en Europa y Asia central, del informe titulado “Ciudadanos y Corrupción: Europa y Asia Central”, de la serie de 2016 del Barómetro Global de la Corrupción, publicado durante la semana pasada por Transparency International. Los servicios públicos funcionan dignamente y ahí estamos en el lado bueno: un 2% (similar a Francia o Alemania) de los ciudadanos pagaron un soborno a un funcionario. Sin embargo, la cosa cambia cuando preguntamos por los problemas graves para la ciudadanía. Un tercio de los ciudadanos de Europa y Asia Central cree que la corrupción es uno de los problemas más graves que afronta su país. Sin embargo (¡aquí viene el martillo pilón!) esta proporción aumenta a dos de cada tres en Moldavia, España y Kosovo. Es duro llevar estos compañeros de viaje.

Transparency International encuestó a 60.000 ciudadanos en 42 países en Europa y Asia Central sobre sus experiencias cotidianas con la corrupción. En España, constata que se ha instalado un alto nivel de desafección social respecto a los representantes políticos y gobernantes así como ese altísimo grado de preocupación por la corrupción.

Del caso español, he seleccionado algunos datos. El primero, muy preocupante, es que sólo un 15% de los encuestados piensan que la corrupción ha disminuido, frente a un 47% que creen ha aumentado y el resto (37%) que opina sigue constante. El segundo, lo representa este cuadro:

Como puede verse, la opinión unánime es que la mayoría de los ciudadanos no informan sobre hechos de corrupción, lo que para un 35% de los ciudadanos se explica porque tienen miedo a las consecuencias y para otro 19% porque todo el mundo está envuelto.

Sin embargo, podemos encontrar alguna buena lectura de la encuesta. Por ejemplo que a la pregunta “¿informaría de un caso de corrupción incluso si tuviera que gastar un día en el juzgado para aportar testimonio?” el 88% responde afirmativamente. Entonces ¿Por qué sobrevive este monstruo?

Transparencia Internacional formula cuatro recomendaciones para reducir la corrupción política y contribuir a que las personas puedan hablar libremente sobre el tema sin temor a represalias. Los gobiernos de Europa y Asia Central deberían:

Adoptar normas transparentes sobre los lobbies y establecer un registro público de actividades de lobbies, a fin de posibilitar un mejor escrutinio y control de las decisiones políticas.

Asegurar la independencia del Poder Judicial, disminuyendo la influencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial y la Fiscalía e incorporando sistemas transparentes y objetivos para la designación, el traslado y la destitución de jueces y fiscales.

Adoptar leyes integrales para la protección de denunciantes y asegurar su aplicación.

Apoyar a denunciantes y a quienes informan sobre actos de corrupción y asegurar que se tomen medidas en función de los hechos que divulgaron.

¿Qué se puede hacer?

Delante de los diputados, los académicos Ignacio Villaverde, Jesús García y Manuel Villoria, que iniciaron el turno de expertos.

Hoy hemos tenido en el parlamento asturiano una interesante comparecencia parlamentaria, dentro de la Comisión de Presidencia y Participación Ciudadana. Se trataba de establecer una opinión y debate con los diputados, junto a media docena de expertos, sobre la Proposición de Ley del Principado de Asturias de Unidad Anticorrupción del Principado de Asturias.

En efecto, estamos en unos momentos de gran actividad legislativa, donde confluyen en esta cámara, por ejemplo, el Proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias o la proposición de Ley de la Inspección General de Servicios del Principado de Asturias.

Este tipo de ponencias técnicas comienzan a ser habituales en los parlamentos españoles. Así, los expertos en el caso velenciano entendieron que el papel de las Agencias Antifraude debía reconducirse únicamente al inicio de la actividad investigadora, a instar a la apertura de los procedimientos correspondientes ante el órgano competente (disciplinario, administrativo o penal) y a prestar la colaboración necesaria a estos órganos.

Con independencia del contenido puntual de cada proyecto, estas iniciativas en todas las CCAA y los diversos partidos, tienen la virtud del Cumplimiento de multitud de recomendaciones internacionales. Así, agrupando 25 países de la Unión Europea, el trabajo en 2012 de Transparencia Internacional “Dinero, política y poder. Los riesgos de la corrupción en Europa” incluía entre su decálogo de recomendaciones “aprobar una Ley de Protección al denunciante de corrupción tanto en el ámbito público como en el sector empresarial”.

Para afrontarlo hay dos modelos. Se puede crear una Agencia independiente (Modelo OLAF) como han hecho Cataluña y la Comunidad Valenciana. O bien integrarlo dentro de otro órgano de control interno o externo. Portugal optó por un departamento “dentro” de su Tribunal de Cuentas. Sin embargo, se puede llevar a cabo con el modelo de la Ley 8/2015, de reforma del Consello de Contas de Galicia, integrado en su seno que crea una nueva Sección de Prevención de la Corrupción aunque no atribuyen las tareas de investigación y persecución sino colaborar con las administraciones sujetas a su ámbito de actuación para elaborar manuales de gestión de riesgos, comprobar los sistemas de prevención de la corrupción que se pongan en marcha, asesorar sobre normas para prevenir y reprimir la corrupción así como fomentar la transparencia y la ética de las relaciones empresariales con el sector público. Sin embargo, es imposible acometer la tarea sin el acceso a las bases de datos de la AEAT, como reconoció la Declaración de Toledo 2016 que en su apartado séptimo pedía acceso a la “relevante información tributaria, presupuestaria, contable o financiera, respetando siempre las debidas garantías de confidencialidad”.

El delicado tema de la denuncia

Otra de las virtudes de estos proyectos reside en la regulación de la Denuncia y la protección denunciante. Necesario a todas luces e imprescindible, que ya está articulado otras CCAA. Así la Ley 2/2016 de Castilla y León por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes. Un texto sencillo que se estructura en apenas tres artículos, dos disposiciones adicionales y tres disposiciones finales, pivotando sobre la Inspección General de Servicios y la información reservada, que “omitirá los datos relativos a la identidad del informante y cuantos pudieran conducir a su identificación” (art. 2.2).

También está presente en la recién creada Agencia Valenciana (pendiente de publicación en el diario Oficial). En ésta última el estatuto de la persona denunciante es bastante exhaustivo y crea una oficina virtual del empleado público, que permitirá a este personal señalar de forma confidencial los expedientes administrativos que juzguen irregulares.

Una interesante alternativa sería garantizar la recogida de esas denuncias en los órganos de control externo, como acaba de anunciarse en Cataluña, cuyo  anteproyecto de ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para el 2017, va a regularlo para su Sindicatura de comptes .

¿Caben denuncias anónimas?

Pues no. La razón de no aceptarlas se encuentra en la reciente Ley 39/2015 cuyo artículo 62.2 (básico) cercenó de raíz esa posibilidad, salvo ley especial (Vg.: Tributaria o de Seguridad) al establecer: “Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración”. En este sentido se entiende por denuncia, el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. El resto son informaciones relevantes que no tienen obligación de perseguirse.

Fuente: Fiscalización.es

GALICIA: Curso de análisis del coste efectivo de los servicios públicos municipales para personal de la Administración local

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2016 por la que se convoca un curso de análisis del coste efectivo de los servicios públicos municipales para personal de la Administración local de Galicia (DOG 25/11/2016)

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El Presidente de la FEMP pide al Gobierno que tome medidas para evitar las consecuencias de la pobreza energética

Las Entidades Locales informarán detalladamente de la situación en cada uno de sus ámbitos a través de los trabajadores sociales

El Presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha pedido al Gobierno que “legisle de inmediato para evitar las consecuencias de la pobreza energética, que tome medidas cuanto antes para que bajo ningún concepto se corte el suministro energético a todas aquellas familias en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente al pago de ese suministro”. Entiende Caballero, y así lo ha manifestado, que es “urgente, vitalmente hablando, que se eviten situaciones como la que todos hemos lamentado por el fallecimiento de una mujer en Reus”.

El presidente de la FEMP, y también alcalde de Vigo, ha recordado, “con estremecimiento”, el dato facilitado por la Asociación de Ciencias Ambientales según el cual en España hay más de 5 millones de personas, el 11% de los hogares, que ante la llegada del invierno no pueden mantener sus viviendas a una temperatura adecuada: “Es intolerable que nuestra sociedad tenga que convivir con esta injusticia social y humana, no es admisible que ante esta tremenda situación no se haga nada”.

En tal sentido, Caballero, para facilitar que se agilice al máximo la actuación, “urgente”, del Gobierno, ha anunciado que “los Ayuntamientos informarán sobre la situación socioeconómica de aquellas personas o familias que no pueden hacer frente al pago de los suministros energéticos para mantener unas condiciones de vida dignas”. Caballero ha recordado que a título particular hay ayuntamientos, “como el de Vigo, que yo presido”, que llevan tiempo “ayudando en la medida de sus posibilidades a esas familias que lo están pasando mal. Pero el problema es de tal magnitud y nos preocupa tanto que creemos que la solución debe tomarse cuanto antes a nivel global, que el gobierno de la nación debe ponerse de inmediato a tomar medidas. Sabe el Gobierno –ha añadido Caballero- que cuenta con nosotros porque somos nosotros los que más cerca estamos de los ciudadanos y por tanto los que conocemos de primera mano y al detalle los problemas que están pasando”. “Desde los ayuntamientos ofrecemos nuestra cooperación para resolver este enorme problema pero es el Gobierno de España el que debe actuar, y de forma inmediata”.

Caballero, finalmente, ha subrayado, a modo de ejemplo, que “esto que está pasando con el suministro energético no sucede con el abastecimiento de agua, que es una competencia netamente municipal, de tal modo que no se le corta el agua a nadie que no pueda pagarla”.

El Presidente de la FEMP ha realizado esta petición al Gobierno al comienzo de la segunda Conferencia de Presidentes de Gobiernos Provinciales que ha comenzado en la Diputación de Badajoz. Un encuentro, que inauguró Caballero con una conferencia magistral sobre “El futuro de los Gobiernos Provinciales”, en la que también ha destacado el papel de estos entes como administraciones modernas adaptadas a los retos del siglo XXI, así como reivindicar el ámbito municipal, y en especial la prestación de servicios en el medio rural, y poner en valor la labor que desarrollan los gobiernos provinciales.

En su intervención el presidente de la FEMP se ha referido a las entidades locales como legitimadoras de la política y ha añadido la necesidad de reformar la Constitución para blindar un marco competencial y de financiación. Caballero ha insistido en las dificultades que atraviesan los municipios con el techo de gasto ante la imposibilidad de atender a los ciudadanos con recursos propios.

Así, ha reclamado financiación para los ciudadanos a través de los Ayuntamientos y de las Diputaciones para poder implementar políticas sociales, educativas, de empleo o de infraestructuras. Por último, el Presidente de la FEMP ha incidido en la importancia de la coordinación entre organismos provinciales y entes locales, como sucede en Vigo, porque cuando las Administraciones trabajan de forma coordinada se logran los objetivos.

Fuente: FEMP