ISSN: 2695-4621
El plazo para que la administración abone el importe de sus facturas no debe superar "en ningún caso" los 60 días naturales.
La Comisión Europea (CE) investigará si las administraciones públicas españolas respetan los plazos de pago de facturas recogidos en las normas europeas de control de la morosidad, que están establecidos en los 30 días naturales.
"La Comisión tiene la intención de investigar si, en la práctica, se respetan los plazos establecidos por ley", afirma el Ejecutivo comunitario en respuesta a una preguntar parlamentaria del eurodiputado de Convergència Ramón Tremosa.
En la misma, Tremosa planteó que la metodología de cálculo de plazo medio de pago de las administraciones desarrollada por el Gobierno en 2014 "retrasa en 30 días la fecha de inicio del cómputo" y "permite alargar 'sine die' el período de certificación de las factura".
"La distorsión de los datos publicados por el Ministerio de Hacienda puede ser elevada", apuntó el parlamentario catalán, quien preguntó a la CE si prevé "requerir al Gobierno de España que cambie ambos aspectos de manera que se consiga obtener un resultado real de plazo medio de pago".
En su respuesta, la CE afirma que "no tiene intención de requerir al Gobierno español cambios en este ámbito", aunque "está investigando la conformidad" de la legislación española con la directiva sobre la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
La directiva europea sobre morosidad, que entró en vigor en 2013, establece que el pago de las facturas por parte de poderes públicos a empresas que les hayan suministrado bienes o prestado servicios no debe superar los treinta días "salvo acuerdo expreso" recogido en el contrato y "siempre que esté objetivamente justificado".
El plazo no debe superar "en ningún caso" los sesenta días naturales, añade el texto.
Según los últimos datos disponibles en el Ministerio de Hacienda, relativos al mes de mayo, las comunidades autónomas tardan una media de más de 43 días en pagar a sus proveedores y Extremadura y Aragón las que más se demoran, con 105 y 88 días, respectivamente.
Fuente: Expansión
Las ayudas están destinadas a 547 proyectos de obra de Entidades Locales de 24 provincias, que tendrán tres meses de plazo para remitir los certificados de adjudicación.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha resuelto la convocatoria de ayudas, previstas en el Real Decreto-ley de 6 de marzo de 2015, para reparar los daños causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de dicho año.
La resolución se ha publicado en el BOE con fecha 3 de agosto y recoge ayudas por un importe total de 15.078.740,92 euros, que se dirigen a paliar los daños en las infraestructuras municipales.
Estas ayudas están destinadas a Entidades Locales de las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Huesca, Teruel, Zaragoza, Asturias, Cantabria, Burgos, León, Palencia, Barcelona, Lleida, Tarragona, Castellón, Valencia, Islas Baleares, A Coruña, Lugo, Navarra, Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y La Rioja.
La Administración General del Estado financia el 50% del coste de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios de titularidad municipal, comarcal y de las mancomunidades, así como de la red viaria de las diputaciones provinciales y forales, consejos insulares y comunidades autónomas uniprovinciales, que hubieran resultado dañados.
Se han resuelto favorablemente 547 solicitudes, según el siguiente reparto:
|
Provincia |
Nº solicitudes |
Importe de la ayuda |
|
Almería |
8 |
74.598,67 |
|
Cádiz |
3 |
134.248,25 |
|
Granada |
2 |
11.110,89 |
|
Huesca |
25 |
1.182.663,66 |
|
Teruel |
21 |
600.620,46 |
|
Zaragoza |
34 |
1.116.987,23 |
|
Islas Baleares |
1 |
44.623,33 |
|
Cantabria |
80 |
2.198.509,66 |
|
Burgos |
48 |
1.740.476,77 |
|
León |
30 |
1.126.484,25 |
|
Palencia |
15 |
296.683,18 |
|
Barcelona |
1 |
5.232,64 |
|
Lleida |
1 |
25.789,92 |
|
Tarragona |
14 |
294.413,84 |
|
Castellón |
23 |
789.080,80 |
|
Valencia |
9 |
249.714,20 |
|
A Coruña |
1 |
10.590,22 |
|
Lugo |
3 |
77.492,67 |
|
Navarra |
43 |
683.558,50 |
|
Álava |
30 |
743.694,66 |
|
Bizkaia |
37 |
331.180,26 |
|
Gipuzkoa |
3 |
305.006,81 |
|
La Rioja |
108 |
2.781.719,56 |
|
TOTAL |
547 |
15.078.740,92 |
Las entidades beneficiarias tienen un plazo de tres meses, a partir de la fecha de publicación en el BOE (3 de agosto) para remitir certificado de adjudicación de cada uno de los proyectos de obra a los que les ha sido asignada subvención.
Fuente: FEMP
RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2016, del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que se convocan diversos cursos de formación correspondientes al año 2016 (BOA 5/8/2016)
El Presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha pedido explicaciones al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, sobre las cartas que este Ministerio está enviando a numerosos Ayuntamientos, instándoles al cierre de empresas de titularidad municipal que están en situación de desequilibrio financiero, según la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL).
El Alcalde de Vigo, en declaraciones a los medios de comunicación, ha calificado estas cartas de “temerarias” y de “imprudentes” y le pide a Montoro que dé explicaciones inmediatas sobre lo que pretende, por tratarse de sociedades que prestan servicios públicos como depuración de agua, tratamiento de residuos o transporte urbano.
Abel Caballero ha manifestado que hay muchos Alcaldes y Alcaldesas que están muy preocupados porque “ven venir el cierre de servicios públicos fundamentales” y que por ello, desde la FEMP le piden también por escrito explicaciones sobre las medidas que quiere aplicar en estos municipios a los que les ha llegado el requerimiento de Hacienda.
El Presidente de la FEMP ha señalado, al respecto, que si la amenaza implica el cierre de estos servicios, “que nos diga quién los va a prestar”.
También ha exigido al Ministro Montoro que reflexione y empiece a considerar una moratoria de la aplicación de la LRSAL que, además en estos aspectos, está recurrida en el Tribunal Constitucional y pendiente de resolución.
Abel Caballero ha añadido que la exigencia del Ministerio es además injusta por cuanto la Local es la Administración que mejor está cumpliendo con todas las exigencias financieras de Europa, “por no decir la única que supera todos los objetivos”. “No solamente no tenemos déficit, sino un superávit de 5.000 millones”, ha afirmado.
Fuente: FEMP
La secretaria de Política Municipal del PSOE, Adriana Lastra, ha rechazado hoy la pretensión del ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, de "disolver multitud de empresas públicas y fundaciones municipales que prestan servicios diversos a la ciudadanía" y ha pedido la paralización de la medida.
En una nota de prensa, Lastra ha respondido así a las cartas que el Ministerio de Hacienda está enviando a muchos ayuntamientos para que procedan a la disolución de las empresas municipales deficitarias, en cumplimiento de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
La dirigente socialista ha exigido al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que paralice "inmediatamente" esta medida que reprueba "la inmensa mayoría de los ayuntamientos españoles de todos los colores políticos".
Ha denunciado el "ataque directo a la autonomía municipal, a las empresas públicas y a miles de españoles y españolas que están recibiendo sus servicios" y de pretender hacerlo "con premeditación y alevosía, en pleno mes de agosto y con un gobierno en funciones".
Adriana Lastra ha insistido en que "no se está actuando con respeto al principio de autonomía local recogido en la Constitución y demás garantías del ordenamiento jurídico".
Ha recordado asimismo que la Reforma Local impulsada por el PP está recurrida en el Tribunal Constitucional por más de 3.000 ayuntamientos y ha añadido que de hecho en los cuatro últimos meses se han producido dos sentencias del TC que modifica aspectos sustanciales de esta norma.
Fuente: La Vanguardia