ISSN: 2695-4621
Proyecto de Orden Ministerial para desarrollar su organización y funciones
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha remitido para informe a las comunidades autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el proyecto de Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas por el que se regulará la composición, organización y funcionamiento de la Oficina Nacional de Evaluación.
Se trata de un órgano creado el pasado mes de octubre y que tiene como objetivo mejorar la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, una necesidad especialmente relevante en un contexto como el actual de déficit y endeudamiento públicos.
Efectivamente, uno de los motivos del desfase presupuestario y del exceso de endeudamiento de las Administraciones Públicas españolas en años anteriores fue la realización de inversiones de dudosa viabilidad y sostenibilidad financiera. Controlar el gasto de las distintas Administraciones para rebajar el elevado déficit público llevó al Gobierno a aprobar, en abril de 2012, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ha sido el marco legal al que han tenido que ceñirse todas las Administraciones Públicas estos años para avanzar por la senda de la consolidación presupuestaria.
En un nuevo escenario, en el que se vuelve a recuperar en parte la inversión pública para impulsar el crecimiento a través de la colaboración público-privada en sectores relevantes para la competitividad de la economía y pensando en la creación de empleo, se hace necesaria la creación de un órgano de análisis de esas inversiones. El cometido de ese órgano será garantizar que los proyectos que se financian son eficientes, viables y sostenibles, en el marco de la citada Ley de Estabilidad Presupuestaria.
En el pasado, se han puesto en marcha muchos proyectos de colaboración público-privada en ámbitos como la gestión del agua y sus infraestructuras, la construcción, conservación y explotación de carreteras, el transporte ferroviario, la educación o la sanidad. Sin embargo, no se ha dispuesto de una información completa y rigurosa ni de unos criterios comunes de análisis de la sostenibilidad y eficiencia de estos proyectos que permitieran acometerlos con garantías.
En cambio, a partir de su puesta en marcha, la Oficina Nacional de Evaluación analizará la sostenibilidad financiera de contratos de concesiones de obras y de servicios públicos, tanto del Estado como de corporaciones locales, así como de aquellas comunidades autónomas que decidan adherirse a la misma, mediante la emisión de informes preceptivos previos a la aprobación de los proyectos que sirvan de base a los procedimientos de licitación.
A partir de su entrada en vigor, la Orden Ministerial regulará la documentación que habrá que remitir a la Oficina Nacional de Evaluación como órgano de coordinación y seguimiento de esos proyectos de inversión. También establecerá el contenido y plazos para la emisión de los informes y su publicación en la central de información económico-financiera de las Administraciones Públicas, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
En el proyecto, la Oficina se configura como un órgano colegiado interministerial adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Formarán parte de la misma los ministerios más directamente implicados en este tipo de proyectos de inversión; además, podrá contar con la participación tanto del sector privado como de las Administraciones autonómicas y locales.
El proyecto de orden ministerial, que ha sido remitido para informe a las comunidades autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias, se encuentra también sometido a información pública en la web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que, además de las Administraciones Públicas, también las empresas y ciudadanos interesados que lo deseen puedan formular cuantas observaciones estimen convenientes para mejorar el proyecto.
Fuente: lamoncloa.gob.es
ORDEN PRE/555/2016, de 13 de junio, por la que se efectúa la segunda convocatoria de actividades formativas dirigidas a empleados públicos de las Entidades Locales de la Comunidad de Castilla y León, dentro del marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (AFEDAP) (BOCYL 20/6/2016)
El Secretario General de la Federación, Juan Avila, ha defendido la incorporación del concepto de sostenibilidad a todas las facetas de la gestión urbana en el marco del Foro de las Ciudades.
El Secretario General de la FEMP, Juan Ávila, ha defendido esta mañana que la sostenibilidad dará un nuevo impulso a las ciudades: “cuando adquirimos conciencia de que tenemos que modificar nuestro estilo de vida porque si no el planeta colapsará, e introducimos el concepto se sostenibilidad en todo lo que hacemos, la ciudad adquiere una importancia determinante”.
Así lo ha manifestado en el acto de apertura del Foro de las Ciudades, Espacios Urbanos para el bienestar y la sostenibilidad, que se celebra en Madrid los días 15, 16 y 17 de junio. Juan Avila ha recordado las palabras del Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, en París, cuando subrayó que los Objetivos de Desarrollo del Milenio sólo se alcanzarán si las estrategias de desarrollo de las ciudades son un éxito.
Y en este sentido, añadió la importancia que, a estos efectos, cobra el uso de las nuevas tecnologías: “Podemos gestionar el tráfico, el transporte público, dar más eficiencia a la gestión del agua o de la recogida de residuos”. Es necesario, añadió “apostar por la descarbonización” o reducción del CO2. “En función de cómo nos desplacemos, nos calentemos o actuemos en nuestra vida diaria, conseguiremos reducir las emisiones de CO2 en las ciudades”.
También se refirió a la eficencia, “eficiente también es sostenible”, dijo, y más allá de criterios económicos, subrayó que “hemos de introducir criterios sociales y criterios ambientales al referirnos a la eficiencia”.
Para la sostenibilidad también es fundamental la participación ciudadana. Y es en las ciudades donde, gracias a las nuevas tecnologías, es posible dar a los ciudadanos la opción de participar, “de que digan qué quieren que se haga con sus ciudades”.
Juan Avila hizo igualmente referencia a la transparencia para asegurar que la ciudad es “el espacio idóneo” para informar a los ciudadanos sobre lo que se hace y cómo se hace, como también lo es para luchar contra la exclusión social.
En la inauguración, junto a él, intervinieron entre otros la Concejala de Madrid, Inés Sabanés, que explicó las iniciativas medioambientales impulsadas desde el Consistorio, y la Secretaria de Medio Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, Verónica Arias, que se refirió al papel de las ciudades y asociaciones internacionales de Entidades Locales en el trabajo global para favorecer la sostenibilidad y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.
Foro de las Ciudades
El Foro de las Ciudades se desarrollará a lo largo de tres días y será cita obligada de Alcaldes y responsables locales, expertos, organizaciones y empresas especializadas en materia de sostenibilidad y estrategias urbanas de desarrollo sostenible. Entre otros ediles, participan Carlos Martínez, Alcalde de Soria y Vicepresidente del CMRE; el Alcalde de Ourense, y Presidente de la Comisión de Modernización, Participación Ciudadana y Calidad de la FEMP, Jesús Vázquez; la Alcaldesa de Logroño, Vocal de la Junta de Gobierno de la Federación, Concepción Gamarra; Alfonso Villares, o el Alcalde de Cervo y Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Federación.
Cuestiones como el diseño urbano y la edificación, las ciudades emisiones cero frente al cambio climático, la participación y el compromiso ciudadano con la sostenibilidad, las posibilidades de la TIC, o la hoja de ruta para una gestión de residuos que consolide la economía circular se encuentran en la lista de contenidos que van a abordarse en este foro
Fuente: FEMP
Las administraciones se quedan fuera de la creación de empleo y se dispara la temporalidad: los contratos de menos de 6 meses se multiplican por dos en 2015, señala un informe de CSIF.
La Administración Local ha perdidio 81228 efectivos en este período.
Las administraciones públicas han perdido un total de 155.841 trabajadores desde enero de 2010, cuando se empezó a destruir empleo en este sector, según los últimos datos correspondientes al Registro Central de Personal hechos difundidos hoy por CSIF, lo que supone una pérdida de 78 puestos de trabajo al día. Esta cifra es equivalente a la población de ciudades como Logroño, Badajoz o Salamanca.
Menos profesores, sanitarios, militares y carteros
Por categorías de personal, destaca el descenso registrado en el colectivo de profesores (-22.366); profesionales de la sanidad (-9.355); las Fuerzas Armadas (-12.257); o el sector de Correos (-11.385). O lo que es lo mismo, se han perdido 11 profesores al día, 5 sanitarios; 6 militares o 6 carteros.
Asimismo, según los mismos datos, "se ha producido una merma de 3.224 efectivos en los ámbitos de la Seguridad Social y de 1.351 en la Agencia Tributaria, un personal fundamental para la concesión de prestaciones sociales a los españoles, en un periodo muy grave de crisis económica, y para la lucha contra el fraude fiscal".
Los datos del registro de personal están afectados por la congelación de empleo público de los últimos años. Así, en el sector de la justicia, los números indican que se ha producido un incremento de 5.000 efectivos, señala CSIF en un comunicado.
"No obstante, desde 2010, no se han vuelto a crear nuevos Órganos Judiciales por lo que las plazas ofertadas y convocadas desde ese año no han engrosado la plantilla. Únicamente se han convertido plazas ocupadas por interinos en plazas ocupadas por personal titular, pero plazas todas ellas, ya existentes".
Pérdida por administraciones
Por administraciones, en este periodo, se han perdido un total de 60.235 efectivos en la Administración Pública Estatal; 63.673 en las administraciones de las comunidades autónomas y 81.228 en Ayuntamientos.
En la Administración General del Estado destaca además el progresivo envejecimiento de las plantillas. Si en 2010, el 44% de la plantilla tenía más de 50 años, esta proporción se ha elevado al 60 por ciento (más de 16 puntos en cinco años), hasta un total de 119.518 personas que se jubilarán en menos de 15 años.
De estos, 26.000 tienen más de 60 años (edad a la que los funcionarios pueden acogerse a la jubilación), por lo que dejarán de trabajar de manera inminente, agravando aún más el problema de las plantillas, el incremento de la carga de trabajo y los niveles de calidad en la asistencia a los ciudadanos.
Empleo más precario
Asimismo, destaca "el deterioro de la calidad en el empleo". Según la EPA, la tasa de temporalidad en la administración se ha disparado hasta alcanzar el 22 por ciento, con 658.000 trabajadores temporales, mientras que hace dos años y medio esta cifra se situaba en 559.000.
El último Boletín Estadístico muestra como el personal con contrato de duración inferior a seis meses en ministerios y agencias estatales se ha más que doblado en los últimos seis meses, pasando de 805 a 1.860.
La destrucción de empleo ha sido generalizada en todas las comunidades autónomas, independientemente del signo político, siendo las reducciones más significativas en Andalucía (-35.736); Madrid (-37.205) y Castilla-La Mancha (-21.542).
Fuente: Expansión
El día 22 de junio de 2016 se celebrará, en el Aula Magna del Instituto Nacional de Administración Pública, el Seminario de Expertos “La Reforma de la Administración Electrónica”.
Este seminario forma parte del plan de actividades vinculado al proyecto de investigación La Reforma de la Administración electrónica: una oportunidad para la innovación desde el Derecho, financiado por el INAP en el marco de su Convocatoria Permanente para Proyectos de Investigación.
Inscripciones y más información cde@uclm.es
Fuente:INAP.es