Hacienda endurece la vigilancia a las Comunidades Autónomas y a los ayuntamientos

Reclama información a Cataluña, Baleares, País Vasco, Cantabria y Aragón y a 4.618 municipios por la Ley de Estabilidad

El Ministerio de Hacienda ha estrechado el control que ejerce sobre las comunidades autónomas para cumplir con las exigencias de Bruselas. Ha remitido cartas a Cataluña, Aragón, Cantabria, País Vasco y Baleares, con precisos requerimientos de información para completar los planes de ajuste presupuestarios. La Comisión Europea reclama a España mano dura contra las administraciones regionales por los incumplimientos reiterados del déficit. El ministerio está aplicando la Ley de Estabilidad que recoge un arsenal de medidas correctivas y coercitivas.

El Gobierno en funciones de España mantiene un complicado juego con Bruselas: Trata de convencer a la Comisión Europea que está dispuesta a meter en cintura a las comunidades autónomas, señaladas como las grandes responsables de la desviación del déficit público, pero al mismo tiempo intenta esquivar grandes ajustes para no perjudicar el crecimiento.

Por eso, el Ministerio de Hacienda envió el pasado viernes cartas a cinco comunidades autónomas (Cataluña, Baleares, Aragón, País Vasco, Cantabria) requerimientos de información en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el armazón legal que obliga a las administraciones a reducir el déficit y la deuda pública. Hacienda estrecha de este modo la vigilancia presupuestaria sobre las comunidades más incumplidoras el año pasado con los objetivos de déficit. Y les amenaza con iniciar “el procedimiento corrector”, una de las armas de la citada Ley de Estabilidad para reconducir los excesos autonómicos. “En caso de no atender en plazo y de forma completa e idónea el presente requerimiento se adoptarán las medidas automáticas de corrección previstas” en la Ley de Estabilidad, señala en cada una de las cartas.

Requerimientos de información

A Cataluña le reclamaba el detalle de todos los avales para 2016 de cualquier ente perteneciente al sector público y el stock de pasivos que tenía en diciembre de 2014. A Aragon, le reclama, en virtud del principio de prudencia financiera, información sobre el stock de activos financieros a 31 de diciembre de 2014. Cantabria tendrá que aportar información sobre determinados aspectos del gasto sanitario; Baleares deberá informar sobre todas las autorizaciones de avales para 2016 y el País Vasco sobre su plan de Tesorería, los pasivos contingentes, avales concedidos, deuda no financiera pendiente a fin de mes y detalle de su gasto saniario.

Proceso correctivo

El procedimiento correctivo supone que el Estado tendría que autorizar todas las operaciones de endeudamiento y las subvenciones o convenios de las comunidades inmersas en este proceso. Es, además, el paso previo a la aplicación de las medidas más duras, como una sanción del 0,2% del presupuesto o la intervención de las comunidad incumplidora.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, reconoció el domingo en una entrevista en ABC que “Bruselas lo que nos pide es aplicar la fase preventiva y la correctiva, no la coercitiva”. De hecho, la Comisión en su carta a España dijo: “Debe adoptar medidas para garantizar una corrección duradera del déficit excesivo, en particular utilizando plenamente los instrumentos preventivos y correctivos previstos en la Ley de Estabilidad”. Y en eso está el Gobierno. Por eso, también ha enviado cartas a 4.618 Ayuntamientos, donde les pide que detallen las cifras de ejecución de su presupuestos del año pasado y las líneas maestras de las cuentas de 2016.

Fuente: El País

Iñigo de la Serna dice que no hay alternativa a las diputaciones y que la reforma del PP ya limitó los cargos eventuales

El alcalde de Santander y vicepresidente 'popular' de la FEMP, Iñigo de la Serna ha asegurado este miércoles que no hay "ninguna" alternativa a las diputaciones y ha defendido que la reforma local del PP ya limitó los cargos eventuales y los sueldos en estas instituciones.

El alcalde de Santander y vicepresidente 'popular' de la FEMP, Iñigo de la Serna ha asegurado este miércoles que no hay "ninguna" alternativa a las diputaciones y ha defendido que la reforma local del PP ya limitó los cargos eventuales y los sueldos en estas instituciones.

"La situación de las entidades locales y diputaciones ha cambiado muchísimo para bien en muy poco tiempo" ha reivindicado de la Serna en una entrevista a Cadena Cope, recogida por Europa Press, al ser preguntado por la necesidad de reformar las diputaciones para evitar los posibles excesos que se estén dando en su seno.

El dirigente 'popular' ha criticado así el punto del acuerdo entre PSOE y Ciudadanos que propone sustituir las diputaciones por Consejos de alcaldes y ha cargado contra el líder socialista, Pedro Sánchez, por haber decidido que va a "cargarse" las diputaciones, sin ofrecer una alternativa.

A su juicio, los consejos de alcaldes no son un sustituto adecuado para las diputaciones. En este sentido, ha subrayado que el que se reúnan varios alcaldes no va a conseguir los medios y recursos necesarios para los municipios.

De la Serna tampoco está de acuerdo con las formas en las que se ha tomado la decisión de suprimir las diputaciones y ha instado a Sánchez a ser "un poco más serio". Ha lamentado así que el alcalde de Vigo y Presidente de la FEMP, el socialista Abel caballero, dijese a la Junta de la FEMP un día a las 12.00 que "en ningún caso" se iban a suprimir las diputaciones, que eso era una cosa del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y que, a las 14.00, Sánchez anunciase lo contrario. "Hay que ser un poco más serios", ha dicho.

Al ser preguntado por las diferentes posturas entre Rivera y Sánchez en torno a las diputaciones, el dirigente 'popular' ha recalcado que lo firmado es común para ambos --suprimirlas-- y ha asegurado que otra cosa distinta es que el líder socialista "tenga un problema gordo" porque no llevaba la supresión de las diputaciones en su programa ni tiene apoyo en su partido para ello.

"Tiene un problema interno de tamaño mayúsculo", ha dicho de la Serna, quien ha argumentado que Sánchez ha tomado "una decisión de la noche a la mañana" sin tener en cuenta ni a sus bases ni a la gente que trabaja en las diputaciones. En cualquier caso, de la Serna sí se ha mostrado partidario de modernizar las diputaciones. "¿Nosotros no estamos a favor de modernizarlos? Por supuesto", ha concluido.

Fuente: La Vanguardia

Informes de Percepción de la Calidad de los Servicios Públicos

"Estabilidad y mejoría en los servicios públicos", título del más reciente Informe anual sobre la percepción de la Calidad de los Servicios Públicos en España

La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad  de los Servicios (AEVAL) publica la última entrega de su Informe sobre la percepción de la Calidad de los Servicios Públicos, donde se manifiesta que mejora ligeramente la percepción de los españoles acerca del funcionamiento de los servicios públicos y aumenta el volumen de ciudadanos que acuden a las oficinas de la Administración Pública.

En el presente informe, AEVAL dedica un capítulo especial al análisis de la implementación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, fundamentalmente el grado de conocimiento de las medidas recogidas en el texto legislativo y la valoración de los ciudadanos sobre su puesta en funcionamiento.

Fuente: AEVAL.es

La reforma local, la primera ley del PP repudiada en el Congreso

El PSOE aprueba, con el resto de partidos, una iniciativa que insta a dotar de recursos a los municipios

La soledad del Partido Popular y su incapacidad para alcanzar acuerdos con el resto de fuerzas políticas ha quedado patente en el rechazo de todas las formaciones, salvo UPN, aliada de los populares, a la reforma local. El PSOE ha obtenido el respaldo de la mayoría de partidos a la proposición no de ley (PNL) que ha presentado este miércoles en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas en la que aboga por la derogación de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. En privado, alcaldes y presidentes autonómicos del PP comparten los argumentos de Ferraz frente a los de Génova. E incluso aprueban que el PSOE presentase un recurso de inconstitucionalidad contra la legislación.

Aunque el resultado de la votación no es vinculante y, por tanto, no obliga a su cumplimiento, sí adquiere una trascendencia simbólica, pues supone un revés político a algunas de las leyes más controvertidas que el actual Gobierno en funciones tomó la legislatura pasada. El PSOE y Podemos pretenden derogar otras leyes polémicas de la legislatura pasada, como la ley de educación (Lomce), la ley de seguridad ciudadana o ley mordaza, la prisión permanente revisable o la reforma laboral. "Toda la gestión municipal, de facto, desaparece. Esta ley priva a las entidades locales de las competencias en materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, así como de otras competencias como sanidad, consumo, igualdad o políticas activas de empleo", asevera Adriana Lastra, portavoz en la comisión y secretaria federal de Política Municipal del PSOE.

José Antonio Nieto, portavoz del PP, ha calificado de "tópicos" los argumentos de la oposición. Sin embargo, la semana pasada el Constitucional estimó parcialmente el recurso del Parlamento de Extremadura contra la reforma local, contra la que también recurrieron más de 3.000 ayuntamientos, y gobiernos autonómicos como el de Andalucía, Cataluña y Canarias. La justicia, de hecho, anula los puntos que impedían a los ayuntamientos asumir competencias en sanidad y servicios sociales.

El Ejecutivo de Rajoy aprobó en 2013 la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que restringía al mínimo las competencias de los municipios. Por ejemplo, les prohibía realizar servicios que en algunos casos llevaban años ofreciendo a los ciudadanos. Dentro del "reordenamiento de funciones", según lo definió el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la legislación obligaba a las comunidades autónomas a asumir la financiación de todas aquellas funciones que hasta entonces prestaban indebidamente los Ayuntamientos. Por poner un ejemplo, la Comunidad de Madrid estimó en unos mil millones de euros el coste adicional que le supondría el nuevo reparto de competencias. La conclusión es que, bajo esas nuevas condiciones, el mantenimiento público era inviable.

Lastra no se ha andado con rodeos: "El objetivo de esta ley no era otro que traspasar servicios locales a manos privadas". Josep Vendrell, portavoz de En Comú Podem, se ha pronunciado prácticamente igual. La visión de la portavoz socialista coincide además con la de alcaldes del PP que también tienen un escaño en el Congreso. Para garantizar los recursos a los municipios, el PSOE propone impulsar, "desde el consenso", una nueva Ley de Haciendas Locales "que dote de estabilidad, rigor y recursos las competencias asumidas por las entidades locales", de forma coordinada con la de la financiación autonómica y definiendo "con claridad" la participación de las haciendas locales en los tributos del Estado y en los de las comunidades autónomas.

Los socialistas consideran que la normativa vigente consagra "una visión exclusivamente economicista" de las funciones del Estado y de las entidades locales, "al citar la estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las administraciones públicas en vez de situar la atención en los ciudadanos y la calidad en la prestación de servicios". Paradójicamente, el conjunto de los Ayuntamientos se mantiene sin déficit público en 2015. Las previsiones hasta 2019 se sitúan en el 0,0%.

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Vicente Ten, ha defendido el acuerdo de su partido con el PSOE, en el que ya se prevé la derogación de la reforma local. El portavoz de Democràcia i Llibertat, Ferrán Be, ha recordado que la ley fue recurrida el 90% de municipios catalanes.

Fuente: El País