Comienza el Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos CNIS 2016, con participación de la FEMP

Comienza la sexta edición del Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos CNIS, bajo el título “Transformación digital al servicio de las personas”, con participación de la FEMP y de numerosos representantes de la Administración Local.

El Congreso, que tiene lugar en la sede de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre los días 2 y 3 de marzo, es una cita imprescindible para aquellas instituciones y responsables públicos que quieran estar al día de los avances realizados y los proyectos en marcha en materia de innovación, administración electrónica, tecnologías, normativas y nuevos servicios públicos.

El CNIS constituye el principal encuentro a nivel nacional sobre administración electrónica, reuniendo a los representantes de las distintas Administraciones Públicas, las principales empresas del sector y a muy diversos expertos relacionados con la materia. Será nuevamente un exclusivo marco de intercambio de experiencias y soluciones para “transformar la Administración”.

En esta sexta edición se hablará de las novedades legislativas, la transparencia o simplificación y reforma de las Administraciones. También sobre la identidad, firma, notificación, protección de datos, factura y licitación, así como de la colaboración público privada, la Compra Pública Innovadora – CPI o gestión de la Smart City. En definitiva, sobre todo aquello que afecta a la gestión de la Administración y su transformación a partir de las nuevas capacidades tecnológicas, al servicio de las personas, de las empresas y de las propias Administraciones.

La FEMP estará representada en este encuentro por su Secretario General, Juan Ávila, que participará en la entrega de los Premios CNIS 2016, que tendrá lugar en la segunda jornada del Congreso, en el marco de la sesión de clausura.

En la primera jornada la FEMP intervendrá en la sesión de presentación de  la Guía para la evaluación integral del Gobierno Local y el desarrollo como ciudad inteligente. Perspectiva Smart en la norma UNE 66182 (AENOR).

Numerosa participación local

Numerosos Ayuntamientos, en algunos casos con sus Alcaldes y Alcaldesas, participarán en las ponencias, mesas de debate y comunicaciones; en concreto los de Málaga, Estepona, Leganés, Ourense, Gijón, Alzira, Murcia, Oviedo, Córdoba, Parla, Alicante, Madrid, Ibiza, Pozuelo de Alarcón, San Feliú de Llobregat, Cambrils,  Riudarenes, Las Palmas, Alcalá de Guadaira, Vigo, Valls, Terrassa, Sant Antoni de Portmany (Ibiza) y Ronda, además de las Diputaciones Provinciales de Sevilla, Ourense y Castellón.

El Congreso CNIS se celebra desde 2011 con el apoyo de instituciones como la FNMT, el CCN-CERT, la FEMP y de los Ministerios de Economía y Competitividad, Industria Energía y Turismo y de Hacienda y Administraciones Públicas, entre otras.

Fuente: FEMP

Menos de un kilómetro cuadrado para 43.000 vecinos

La Florida, en L'Hospitalet, tiene el doble de densidad de población que Manhattan.

En torno a Barcelona, la mayor aglomeración urbana del país trata de combatir la desigualdad y la polución.

Salvador Martín iba cada mañana a trabajar a Barcelona y no se fijaba en lo que estaba ocurriendo en su barrio, La Florida, y en todo el municipio de L’Hospitalet. Pero un día —debía ser finales de los años sesenta, principios de los setenta—, subió paseando hasta lo alto del cerro y se quedó asustado de lo que se había construido. “Pero si todo eso era una montaña”, pensó. Martín, de 81 años, y su amigo Antonio García, de 84, vieron crecer su barriada hasta la desmesura desde que llegaron en los años cincuenta a las viviendas sociales de La Florida; en los setenta y ochenta lucharon desde la asociación de vecinos por unos servicios que se les resistían (colegios, ambulatorios…) y hoy siguen intentando mejorar la vida del barrio más atestado de la ciudad (de más de 50.000 habitantes) más densamente poblada de España.

En L’Hospitalet de Llobregat (252.000 habitantes) viven 18.514 personas por km². Pero en el distrito IV, en La Florida y Les Planes, 43.000 vecinos se reparten 0,8 km², lo que significa que su densidad de población es el doble que la de Manhattan y que está por encima de casi todos los distritos de Manila (Filipinas), la ciudad más atestada del mundo. Son los más apretados entre los apretados: de los 20 municipios de más de 5.000 habitantes más densamente poblados de España, nueve están en el área metropolitana de Barcelona (L’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Badia del Vallès, Cornellà de Llobregat, Badalona, Esplugues de Llobregat, Sant Adrià de Besòs y Ripollet) y otro justo a continuación (Premià de Mar). Y, si se fija la lupa en las ciudades de más de 50.000 habitantes, las cinco primeras están en el llamado cinturón rojo, desde Santa Coloma de Gramenet y Badalona hasta Cornellà. Unas ciudades que forman un gran continuo urbano (conurbación) donde el asfalto se extiende sin interrupción, aunque cambie el nombre del Ayuntamiento, y que suponen una de las mayores concentraciones poblacionales de Europa.

¿Cómo se nota eso en La Florida? Salvador y Antonio hablan de lo difícil que es aparcar, de lo lleno que va el metro por la mañana (las tres líneas del barrio registran 9,1 millones de viajeros mensuales), pero sobre todo de problemas de convivencia en un barrio tan superpoblado como humilde: en 2014 había más de un tercio de paro registrado (seis puntos sobre la media municipal), un 39% de vecinos nacidos en el extranjero (frente a la media del 27%) y casi un tercio sin estudios (frente al 26% de L’Hospitalet y al 10% de Cataluña). “Lo peor es en verano, que salen grupos de gente a la calle y se están hasta las tantas. Conozco a alguno que se ha tenido que ir a dormir a casa de los abuelos para poder dormir”, explica Martín.

La historia de este barrio es el vivo reflejo de toda la zona: la inmigración interior de los años cincuenta en busca de trabajo rompió las costuras de la ciudad de Barcelona y se repartió por los pueblos de alrededor; estos, sin demasiado espacio, aprisionados entre el mar y la sierra de la Collserola, multiplicaron exponencialmente su población de una forma desordenada y con importantes dosis de especulación, lo que resultó en unas altas densidades; unas densidades que se han mantenido, más o menos, hasta hoy gracias a nuevas oleadas de inmigrantes, esta vez, extranjeros, y a pesar del ligero descenso poblacional de los últimos años.

La Florida, insisten Antonio y Salvador, ha mejorado una “barbaridad” desde que llegaron hace seis décadas, cuando se jugaban la vida caminando por la vía del tren para ir al metro que les llevaba al trabajo y dos fábricas de pieles atufaban el barrio. Señalan el mercado que se está construyendo —“va a ser una pasada”— y un sinfín de líneas de autobuses y de metro... “Ahora, como vecinos tenemos algunas quejas”, añade Antonio: “Necesitamos más seguridad, más limpieza y el nuevo ambulatorio, que el que tenemos está completamente saturado”.

“Muchas veces, cuando llega el equipamiento ya hace falta otro nuevo”, admite Antoni Nogués, director de la Agencia de Desarrollo Urbano de L'Hospitalet. “Por mucho que te esfuerces, en la planificación, a veces hay más avatares que certezas”, añade.

En La Florida, un claro ejemplo es el centro cívico inaugurado hace tres años con el nombre de Ana Díaz Rico, la difunta esposa de Salvador: “Era una mujer muy especial, todo el mundo la quería y luchó mucho por el barrio”, dice Martín. Con clases de manualidades o de iniciación al catalán, actividades de música para jóvenes o de cine, el espacio público trata hoy de ser un punto de encuentro, de convivencia para todas las edades y todas las procedencias del distrito. “Pero las necesidades son muchas y nosotros estamos ya desbordados”, explica en coordinador del centro, Raúl Rubio.

La Florida se incluyó en la Ley de Barrios de Cataluña de 2004 entre los barrios degradadas que debían recibir fondos europeos. Y la crisis ha empeorado la situación: es uno de los vecindarios identificados en el proyecto La segregación espacial de la pobreza en Cataluña como uno de los que más se ha concentrado la pobreza desde 2008, explica el investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Sergio Porcel. “Las rentas más bajas suelen vivir en zonas más densas”, añade.

Eduard Saurina, coordinador del Área Metropolitana de Barcelona —AMB, un organismo que ofrece servicios comunes como transporte o limpieza a los 36 municipios de la zona— admite que las desigualdades son uno de los principales problemas de toda esa inmensa aglomeración urbana: de 2006 a 2011, las familias con renta altas pasaron del 20,3% al 24,1%; y las bajas, del 10,8% al 12,9%, según un trabajo del Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona de la UAB. Por eso, continua, una de sus principales misiones es tratar de compensar esas desigualdades con planes de mejora y nuevos equipamientos; la AMB cuenta con un presupuesto de 1.500 millones de euros que proceden, sobre todo, de impuestos propios salidos del IBI o la tasa de basuras. Pero Saurina asegura, por otro lado, que vivir apretados también tiene algunas ventajas, como el ahorro de costes (por ejemplo, los transportes públicos se rentabilizan rápido) o la atracción de actividades económicas que, entre tanta gente, siempre tienen más posibilidades de encontrar su público.

“La densidad en sí no es ni buena ni mala”, sostiene la profesora del Departamento de Geografía de la UAB Antònia Casellas, en referencia a que cuando es muy baja puede acarrear unos problemas y cuando es muy alta, otros. Desde hace años, muchos especialistas critican que las ciudades dispersas (ese modelo anglosajón de viviendas unifamiliares con jardín) son más caras y menos sostenibles, así que defienden que la opción razonable es la de las ciudades concentradas con altas densidades de población. Pero, según Casellas, la ciudad compacta solo puede ser positiva si no genera grandes continuos metropolitanos con movilidad inducida para ir a trabajar, acceder a los servicios y al ocio. En estos casos, como ocurre en Barcelona y prácticamente en todas las regiones metropolitanas, los problemas superan las ventajas, empezando por los más acuciantes: la desigualdad y la contaminación.

Desde la AMB, Saurina asegura que también están haciendo los deberes: "Impulsamos planes de restricción del tráfico en el centro de la ciudad, de movilidad con vehículos eléctricos, reclicamos el 80% de la basura...”. Casellas, sin embrago, cree que el problema no se está tomando realmente en serio: "Se habla mucho de hacer más y más transporte público, pero probablemente no mejora las cosas seguir fomentando la movilidad", dice la profesora, quien apuesta por ciudades medianas compactas (de unos 200.000 a 400.000 habitantes), sin suburbios y con todos los usos en su interior (residencial, de ocio, de trabajo).

Ni Salvador Martín ni Antonio García mencionan la polución entre los problemas de La Florida. Quizá, metidos en la escala del día a día, les pasa tan desapercibida como hace 40 años la desmesurada construcción. “Si un loco asesinara con una escopeta a la misma gente que mata cada año la contaminación [en España, 25.000 fallecimientos prematuros se pueden atribuir a la mala calidad del aire, según la Agencia Europea de Medio Ambiente], nadie lo toleraría”, opina con crudeza Casellas.

Fuente: El País

CASTILLA Y LEÓN: Convocatoria de actividades formativas dirigidas a empleados públicos de las Entidades Locales de la Comunidad de Castilla y León

ORDEN PRE/126/2016, de 24 de febrero, por la que se convocan actividades formativas dirigidas a empleados públicos de las Entidades Locales de la Comunidad de Castilla y León, dentro del marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (AFEDAP) (BOCYL 2/3/2016)

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¿Cuánto cuestan las diputaciones provinciales?

Para 2016, las diputaciones cuentan con un presupuesto aproximado de casi 6.400 millones de euros.

Su gestión opaca y las críticas de ser agencias de colocación de los partidos han puesto en tela de juicio su misión original: ahorrar dinero.

Las diputaciones provinciales llevan tiempo en el punto de mira, pero, ahora, el acuerdo de investidura entre PSOE y Ciudadanos les da la puntilla definitiva. El pacto de Pedro Sánchez y Albert Rivera incluye la supresión de estos organismos para transformarlos en consejos provinciales de alcaldes.

Las diputaciones son los organismos que controlan el poder territorial en España y cuentan con un presupuesto de casi 6.400 millones de euros, que alcanzaría los 22.000 millones si se incluyen las diputaciones forales (13.200) y las Islas Baleares y Canarias (2.100). No sólo controlan los presupuestos más potentes a nivel territorial, sino que suman un total de 60.696 empleados, 7.000 más que el Banco Santander y el BBVA juntos en España.

En la actualidad, España cuenta con 38 diputaciones de régimen común, a las que hay que sumar las tres diputaciones forales del País Vasco, que cuentan con un régimen especial al tratarse de territorios históricos. De hecho, las diputaciones vascas son órganos de elección directa y tienen competencias para gestionar los impuestos.

Las seis comunidades autónomas uniprovinciales, Asturias, Madrid, Cantabria, La Rioja, Murcia y Navarra, no cuentan con diputaciones provinciales, ya que sus competencias fueron absorbidas en su día por los gobiernos autonómicos. En el caso de Navarra, el Gobierno foral se denomina Diputación foral. Por su parte, las islas tampoco cuentan con diputaciones, sino que tienen siete cabildos insulares en Canarias y tres consejos en Baleares.

El acuerdo firmado entre PSOE y Ciudadanos afectaría, en principio, sólo a las 38 diputaciones de régimen común.

¿Para qué sirven?

La pregunta del millón es: ¿a qué se dedican realmente las diputaciones? Curiosamente, en su origen, estos organismos deberían servir para ahorrar dinero, ya que su función consiste en prestar servicios comunes para municipios distintos de menos de 20.000 habitantes. Se encargan así de gestionar recursos como el agua, los residuos o los bomberos y de distribuir los fondos estatales para las infraestructuras.

Sin embargo, su gestión opaca y las críticas por haberse convertido en agencias de colocación de los partidos han puesto en tela de juicio su misión original. Otro de los problemas que plantean es su déficit democrático, ya que sus diputados no se escogen por elección directa, sino a través de los comicios municipales.

Cada provincia está dividida en partidos judiciales, que agrupan a varios municipios y, según los sufragios obtenidos, se les asigna un número de diputados. En total hay 1.040 diputados provinciales a los que hay que sumar 155 consejeros de los Cabildos insulares, según los datos del Ministerio del Interior.

¿Quién las gobierna?

Si durante varios años el PP tuvo la hegemonía del poder en las diputaciones, tras las últimas elecciones municipales del 24 de mayo de 2015, se produjo un vuelco y los socialistas arrebataron el primer puesto a los 'populares'. En la actualidad, el PSOE gobierna en 18 diputaciones, lo que equivale a un presupuesto aproximado de 3.317 millones de euros; el PP en 15, unos 1.763 millones; CiU en 4, 1.181 millones; y el Partido Aragonés, en 1, con un presupuesto de 54 millones (ver el gráfico de arriba).

Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana son las comunidades cuyas diputaciones manejan un presupuesto más abultado. Las diputaciones andaluzas gestionan 2.000 millones de euros, por lo que parece lógico que el acuerdo entre Sánchez y Rivera no haya sentado nada bien en las filas del PSOE andaluz.

¿Quién las defiende?

Desde que estalló la crisis, son muchas las voces que han pedido la supresión de las diputaciones como una manera de reducir la Administración y de evitar duplicidades. Sin embargo, el PP se ha opuesto frontalmente a su desaparición. No olvidemos que Mariano Rajoy fue presidente de la Diputación de Pontevedra. A su juicio, sin diputaciones los pequeños municipios se quedarán sin servicios y en una situación muy complicada.

Cuando era líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba ya intentó en 2011 introducir en su programa electoral la supresión de estos entes, pero tuvo que recular por la presión de los poderes regionales y locales de su partido.

UPyD también defendió en su día la desaparición de estos organismos. Los últimos en apuntarse a esta demanda han sido Podemos y Ciudadanos, quien finalmente ha logrado que el PSOE incluya la supresión de las diputaciones en su pacto de investidura.

¿Qué escándalos han sufrido?

Aunque no se encuentran en la primera línea de los escándalos, cada cierto tiempo salta un caso de corrupción que afecta a las diputaciones provinciales. Las críticas y acusaciones por los contratos a familiares y amigos en el seno de estos entes se repiten periódicamente.

Especialmente llamativo fue el caso de José Luis Baltar, condenado por haber colocado a 104 personas en la Diputación de Orense durante los dos años que estuvo al frente de la institución. La Justicia inhabilitó a Baltar, que se autodenominaba 'cacique bueno', por este enchufe masivo. Ahora, su hijo José Manuel, actual presidente de la Diputación, ha sido denunciado por acoso sexual y está siendo investigado por un presunto delito de cohecho.

En la Comunidad Valenciana, los tres ex responsables de sus diputaciones se encuentran imputados o encarcelados. Alfonso Rus, ex presidente de la Diputación de Valencia, fue detenido por estar implicado en una trama de corrupción municipal y regional; Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación de Castellón, está en la cárcel por fraude fiscal y el ex presidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll se encuentra procesado por el 'caso Brugal', que investiga la manipulación de la gestión de las basuras.

La Diputación de León también saltó a la crónica negra de las noticias por el asesinato de su presidenta, Isabel Carrasco, a manos de Montserrat González.

Fuente: El Mundo