ISSN: 2695-4621
Las autonomías casi duplican el plazo legal de pago a los proveedores.
Pese a la financiación estatal con créditos a tipos del cero, las autonomías incrementaron en septiembre en siete días el periodo medio de pago a los proveedores de bienes y servicios. Se trata de un 14% de aumento. De esta forma, el periodo de abono se sitúa en los 56 días, casi el doble de los 30 días que fija la Ley.
En realidad el periodo es aún mayor ya que la metodología que se aplica en su medición contempla una media entre las operaciones pagadas y las que quedan pendiente de liquidar. En ambos casos, sólo se tienen en cuenta los días transcurridos desde los 30 posteriores a la fecha de entrada en el registro público o a la fecha de anotación de la factura. Lo que significa que ese plazo de 56 días puede llegar hasta los 86.
En cuanto al periodo medio, frente a esos 56 días fijados oficialmente en el conjunto de las CCAA, Extremadura alcanza los 113. Mientras, Aragón se sitúa en los 91; la Comunidad Valenciana en 71; Baleares en 70; y Cataluña y Andalucía en los 62 días. Navarra, que no tiene operaciones pendientes de pago, País Vasco y Canarias son las regiones que mejor pagan ya que se encuentran muy por debajo del periodo medio de liquidación.
Para financiar estos abonos, así como los relativos a vencimientos y amortizaciones de la deuda, el Gobierno aprobó la semana pasada la asignación de 7.889 millones para las 15 regiones adheridas al fondo creado. Hacienda ha vuelto a recordar por carta a las CCAA que deben cumplir el objetivo de déficit y de deuda.
Y aunque en el consolidado los ayuntamientos registraran este año superávit de sus cuentas por tercer año consecutivo, el periodo medio de pago a proveedores se ha incrementado en septiembre a 48 días frente a los 36 del mes anterior. De las principales ciudades, Valencia acumula 60 días de retraso mientras que La Coruña alcanza los 48. Por su parte, Zaragoza y Palma de Mallorca llegan a 43. Barcelona (2 días) y Madrid (5 días) son las corporaciones que mejor pagan.
Fuente: El Mundo
El importante papel que juegan las Administraciones Locales en la gestión de residuos es el tema principal de las Jornada que ha tenido lugar en Fuenlabrada, organizada por la FEMP, en colaboración con el Ayuntamiento de esta localidad y la empresa Ecoembes.
Los participantes han destacado la importancia de la celebración de este evento, coincidiendo con la cumbre que tiene lugar estos días en París, por la urgencia en la adopción de medidas que contribuyan a luchar contra el cambio climático y han resaltado el papel que tienen los Ayuntamientos en este sentido.
Ha sido inaugurada por el Alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles; la Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, Guillermina Yanguas; la Directora General de Políticas Locales de la FEMP, Eli Fernández; y el Director General de Ecoembes, Oscar Martín.
Manuel Robles, en su doble papel de anfitrión y miembro de la Junta de Gobierno de la FEMP, ha explicado en su intervención la importancia que el Gobierno municipal da al medio ambiente y a la recogida de residuos. De ahí que iniciara la puesta en marcha de medidas a mediados de los años ochenta. "Por eso ahora Fuenlabrada es la segunda ciudad española de más de 100.000 habitantes donde más se recicla. El modelo que tenemos de islas ecológicas propicia que el reciclado no llegue contaminado".
Estos buenos resultados han provocado varios reconocimientos para el trabajo que se hace en la ciudad, "el pasado año estuvimos en Francia explicando nuestro modelo y sus resultados", ha señalado Robles.
Por su parte la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermina Yanguas, puso el acento en la importancia del avance en Europa de la aplicación de la economía circular, en la que todos los recursos se utilizan, para lograr mayor eficiencia y competitividad.
El responsable de Ecoembes, Oscar Martín, apuntó que en España se recicla el 73,7% "y así hemos evitado la emisión a la atmósfera de más de quince millones de toneladas de CO2".
En el transcurso de la jornada se ha abordado el papel de las Entidades Locales en el objetivo de mitigación del cambio climático, en concreto en lo relativo a la gestión de residuos, y el estado actual de desarrollo del Plan Marco de Residuos.
Asimismo, fue presentado el informe de la FEMP sobre la apuesta municipal para el cumplimiento del objetivo 2020 de reciclado y el Manual para el diseño de páginas web sobre residuos, realizado también por la Federación, así como otro informe de la OCU relativo a páginas web sobre información de residuos.
Fuente: FEMP
Todas han activado ya los portales para ofrecer información y cuatro delegarán las reclamaciones en organismos ya existentes.
A 20 días de que las comunidades autónomas tengan que cumplir las obligaciones de transparencia que rigen para la administración central desde hace un año, la mayoría de las autonomías no tiene creado los órganos que han de velar por la correcta aplicación de todos los preceptos de la Ley de Transparencia y que deberán gestionar las reclamaciones de los ciudadanos en esta materia.
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno se aprobó a finales 2013, pero aquel año, concretamente el 10 de diciembre, sólo entró en vigor la parte correspondiente al Buen Gobierno, en la que se detallan una serie de principios y sanciones para los funcionarios públicos.
Para la entrada en vigor de las obligaciones de transparencia y acceso a la información se fijaron dos plazos distintos: mientras que los organismos estatales tuvieron que aplicar la ley en su totalidad a partir del 10 de diciembre del año pasado, a las administraciones locales y autonómicas se les dio un año más de margen y estarán obligadas a cumplir la norma dentro de 20 días.
A día de hoy, todas las autonomías cuentan ya con su propio portal de transparencia para ofrecer la información a la que están obligados(contratos públicos, retribuciones de altos cargos, subvenciones, etc...). La última en hacerlo, esta misma semana, ha sido la Comunidad de Madrid.
Todos estos portales ofrecen el mismo tipo de información con más o menos facilidades para encontrarla. El de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, ha puesto muy a la vista, el listado de regalos que reciben sus altos cargos y también va a informar de lo que cuestan los viajes que realizan.
Pero además de ofrecer la denominada 'publicidad activa' a través de estos portales, la ley establece que debe haber un órgano que resuelva las reclamaciones que los ciudadanos presentan cuando entienden que una administración no ha cumplido con las obligaciones que marca la legislación sobre transparencia.
MURCIA, CATALUÑA Y CANARIAS YA LOS TIENEN
A nivel estatal este órgano es el Consejo de la Transparencia, que debe tener sus equivalentes autonómicos. Y en el caso de que una comunidad renuncie a crear ese órgano nuevo, la tarea de gestionar las reclamaciones puede delegarse en otra institución autonómica o bien dejarse recaer en el consejo estatal previa firma del convenio correspondiente.
De momento, únicamente tres de las 17 comunidades han creado los equivalentes autonómicos al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal: Murcia, Cataluña y Canarias.
Otras cuatro han decidido delegar esta labor en organismos ya existentes. En concreto, la Comunidad de Madrid ha pasado la tarea al Consejo Consultivo, que está en pleno desmantelamiento, mientras que Galicia y Navarra se la han encargado a su correspondiente Defensor del Pueblo, al igual que Castilla y León que, no obstante, creará también un Comisionado de Transparencia.
ANDALUCÍA, ARAGÓN Y COMUNIDAD VALENCIANA ESTÁN EN ELLO
Por su parte, Andalucía, Aragón y la Comunidad Valenciana aseguran haber decidido qué organismo se encargará de velar por el cumplimiento de la ley, pero aún no lo han activado.
Y las siete comunidades restantes ni siquiera han definido qué organismo se ocupará de garantizar la transparencia y no han aprobado ningún procedimiento al respecto. Se trata de Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares, País Vasco, Asturias, La Rioja y Cantabria, comunidad esta última que no tiene aprobada ni una sola norma sobre transparencia.
Para evaluar el cumplimiento de la ley, el Consejo de Transparencia va a crear un grupo de trabajo para acordar un sistema de medición único, basado criterios homogéneos, que sirva para analizar cómo se comportan las tres administraciones en todos los territorios.
GALICIA, PIONERA EN LEGISLACIÓN
En cuanto a la existencia de normas autonómicas en materia de transparencia, la más antigua es la Ley de Transparencia y Buenas Prácticas gallega, que fue aprobada en 2006 bajo el mandato del socialista Emilio Pérez Touriño. En la actualidad el gobierno de Nuñéz Feijoó tiene en proyecto una nueva norma sobre el particular, al igual que el Ejecutivo vasco y el asturiano. El Gobierno del Principado aprobó sendos textos sobre transparencia y buen gobierno en 2014, pero no llegaron a aprobarse.
Castilla-La Mancha, por su parte acaba de aprobar un anteproyecto sobre transparencia y participación ciudadana; Cantabria carece de legislación específica y la Comunidad de Madrid se rige en este ámbito por la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de diciembre de 2014.
En cuanto a las entidades locales, las quejas o reclamaciones relacionadas en su ámbito de actuación tendrán que ser resueltas, bien por el órgano autonómico del territorio al que pertenezcan, si fuese creado, o bien por el propio Consejo de la Transparencia.
En el Consejo de Transparencia hay, entre otros, representantes de las comunidades autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que han venido colaborando con las entidades locales para ayudarles a cumplir las obligaciones que marca la ley.
Desde la página web del Consejo de Transparencia actualmente se puede acceder a un total de 16 portales de transparencia de otros tantos ayuntamientos de capitales de provincia (el 30% del total), como los de Madrid, Barcelona, A Coruña, Valencia, Toledo o las Palmas de Gran Canaria. Igualmente, el organismo estatal facilita enlaces a nueve webs de otras tantas diputaciones provinciales y de dos cabildos insulares.
Fuente: eldiario.es
RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2015 de la Escuela Gallega de Administración Pública por la que se convoca una jornada sobre elegibilidad, simplificación y evaluación de los fondos estructurales y de inversión europeos 2014-2020 (DOG 27/11/2015)
La FEMP cuenta en este mandato con 26 Comisiones, de las cuales ya han sido nombradas las presidencias de 24 de ellas.
En estas Comisiones se llevarán a cabo las actuaciones encaminadas a dar cumplimiento a las Resoluciones adoptadas en el último Pleno.
Tanto estas Resoluciones como otros asuntos que surjan en el devenir del presente mandato 2015-2019, se pondrán sobre la mesa de las Comisiones para su análisis.
Cada Comisión estará integrada por 25 miembros, todos ellos electos locales de municipios españoles. A lo largo de las próximas semanas se irán celebrando las correspondientes reuniones constitutivas.
Fuente: FEMP