ISSN: 2695-4621
El borrador del programa del PSOE quiere potenciar la existencia de áreas metropolitanas como entes locales que prestan determinados servicios públicos de forma más eficaz y eficiente.
En sus propuestas para el mundo local, reitera que derogará la reforma hecha por el PP y que aprobará una nueva ley que asegure a los ayuntamientos una mayor capacidad de gobierno, con nuevas garantías de control y de transparencia de la gestión pública y que defina las competencias de los entes locales.
Impulsará, desde el consenso, una nueva ley de Haciendas Locales que dote de estabilidad, rigor y recursos las competencias asumidas por las entidades locales, de forma coordinada con la de la financiación autonómica.
Quiere integrar a la FEMP, como observador, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Apuesta por modernizar las Diputaciones provinciales para convertirlas en instituciones "más racionales, más transparentes y más democráticas", para reformular su papel como espacio de encuentro entre los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.
Los socialistas pretenden dotar a éstas de competencias dotadoras de servicios que supongan una mejora de eficacia y eficiencia respecto a los mismos servicios prestados por los municipios.
Además, apuestan por clarificar el marco competencial de los Cabildos y Consejos insulares, para hacer de estas entidades unas administraciones más cercanas a los ciudadanos.
Buscan primar financieramente la cooperación en red supramunicipal para racionalizar los costes, la eficiencia y la eficacia de los servicios municipales.
El programa prevé aprobar un plan de acción para los pequeños municipios, que propicie su supervivencia, así como su evolución demográfica, social y económica y un nivel mínimo de recursos.
Apoya impulsar la intermunicipalidad a través de mancomunidades y consorcios adecuados a las necesidades reales del mundo rural, que permita el máximo ejercicio de competencias locales y la mejor respuesta a las demandas ciudadanas.
Fuente: EFE
Acuerdo entre PSOE-A, PP-A, IULV-CA, Ciudadanos y Partido Andalucista.
La Ejecutiva de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) se reunirá este martes en Sevilla para abordar la posible convocatoria de la asamblea general el 21 de noviembre para proceder a la constitución de los nuevos órganos de la federación de acuerdo con los resultados de las pasadas elecciones municipales.
Esta reunión es fruto del acuerdo verbal que han alcanzado PSOE-A, PP-A, IULV-CA, Ciudadanos (C's) y Partido Andalucista (PA) para la convocatoria de la asamblea y que, con toda probabilidad, será ratificado este martes, según ha informado en rueda de prensa el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo.
Según ha añadido, ese acuerdo también concretaría la representatividad de cada formación en la Ejecutiva de la FAMP, donde el PSOE-A ostentaría la presidencia y cada una de las demás formaciones tendría vicepresidencias.
Respecto a si Podemos también forma parte del acuerdo, ha señalado que debido a que esa fuerza no se presentó como tal a las elecciones municipales, se ha reservado un puesto para "plataforma ciudadana". Ha indicado que tendrán que designar al representante que deseen.
Para el dirigente socialista, se ha conseguido un "gran acuerdo" que va a permitir reactivar un instrumento que es fundamental para el municipalismo andaluz, sobre todo, tras la reforma local aprobada por el Gobierno del PP.
Preguntado sobre si el PSOE-A volverá a proponer como candidato a la Presidencia de la FAMP al presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha señalado que no sería descartable, aunque ha apuntado que es un asunto que tendrá que decidir la Comisión Ejecutiva Regional.
Fuente: Lainformación.com
Una plataforma on-line y una Guía de Buenas Prácticas facilitarán el trabajo de expertos y responsables municipales en esta materia.
La FEMP seguirá trabajando con las Entidades Locales en el diseño y desarrollo de políticas municipales de infancia, adolescencia y familia basadas en el enfoque de derechos para una ciudad integradora. Así se ha expresado el Secretario General de la FEMP, Juan Ávila, durante la presentación de la Guía de Buenas Prácticas en Parentalidad Positiva y de la Plataforma on-line Familias en Positivo.
Ambos trabajos reflejan, según señaló Juan Ávila, la apuesta por la parentalidad positiva en seno de las Administraciones Locales, que parte de la cooperación entre instituciones públicas y, en concreto, en este caso, con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con quien la FEMP tiene suscrito un convenio de colaboración sobre esta materia.
Las dos herramientas presentadas en el acto celebrado en la sede de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad son, por un lado, la Plataforma on-line Familias en Positivo, creada como espacio de información e intercambio tanto para las familias como para las Entidades Locales; y por otro, la Guía de Buenas Prácticas en Parentalidad Positiva, que aspira a convertirse en un documento de referencia para apoyar la práctica profesional con las familias, tal y como explicó el Secretario General de la FEMP.
Tanto una como otra han sido posibles gracias al impulso y coordinación de un grupo de trabajo de expertos de Universidades españolas de referencia en la materia, en concreto de los centros de La Laguna, Barcelona, País Vasco, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo y de la Autónoma de Madrid.
En la presentación intervino, junto al Secretario General de la FEMP, la Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia, Salomé Adroher, que también subrayó la “fructífera” colaboración entre ambas partes, no sólo en la elaboración de la Guía y la Plataforma, sino en todos los pasos dados hasta ahora en la implantación de políticas de apoyo a la parentalidad positiva. Un camino en el que la Federación ha sido “un aliado imprescindible”, afirmó.
Plataforma
La Plataforma Familias en Positivo tiene la doble vocación de, por un lado, ofrecer recursos a las familias interesadas en el ejercicio de una parentalidad responsable y, por otro, servir como instrumento de trabajo a los profesionales y expertos en la materia.
Entre sus objetivos principales está promover el conocimiento sobre el concepto de parentalidad positiva entre las Entidades Locales, los profesionales y las familias, e introducir este este enfoque en los servicios locales de apoyo a las familias, a la infancia y a la adolescencia.
Además, pretende potenciar los procesos de innovación y de mejora de calidad en las prácticas profesionales de los servicios públicos locales destinadas a las familias y favorecer la difusión de buenas prácticas y experiencias exitosas entre las Entidades Locales.
Guía de buenas prácticas
La Guía contiene como instrumento principal un Protocolo de Buenas Prácticas que recoge aquellos aspectos que caracterizan el quehacer profesional y el servicio de apoyo a las familias que son relevantes desde el enfoque de la parentalidad positiva y que pueden ser objeto de mejora.
El Protocolo consiste en un cuestionario detallado que permite a quien lo aplique un mayor conocimiento de su propio servicio de apoyo a las familias y formularse nuevas preguntas. Se trata, por tanto, de una herramienta para la reflexión y la mejora, que no evalúa las competencias de un profesional en particular, sino que trata de encontrar formas de apoyar el progreso del servicio y el de sus profesionales.
Fuente: FEMP
El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha afirmado que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en su aplicación práctica a la gestión diaria, "no ha resuelto las cuestiones que se pretendían atajar con su redacción, e incluso ha generado, en algún caso, problemas que no existían".
Villalobos ha considerado esta norma, impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy hace casi un año, "desacertada", indicando que "las predicciones que muchos municipalistas habíamos hecho en este sentido, están más que confirmadas", según ha destacado en la apertura de las Jornadas sobre la Reforma Local, un foro de formación y análisis, que promueve la Caja Rural del Sur y la propia Diputación, y donde ha estado acompañado por el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y por el presidente de la entidad bancaria, José Luis García Palacios.
Según Villalobos, es una ley de "objetivos desenfocados, cuyos aspectos negativos predominan sobre los efectos deseados". "Sobre todo, en la medida en que la mayor parte de los ayuntamientos, se han ido adecuando al nuevo marco establecido por el Estado en materia de déficit público, simplemente con la puesta en marcha de la normativa de estabilidad presupuestaria y la de sostenibilidad financiera, formuladas por el propio Estado", señala.
Considera como un dato que ratifica su valoración sobre la Ley el hecho de que la mayoría de las comunidades autónomas hayan ido aprobando, en este periodo, normas de distinto rango "para neutralizarla y garantizar que los ayuntamientos hayan seguido prestando los mismos servicios, desarrollando iguales competencias y realizando las mismas funciones que antes de la puesta en vigor de la Ley".
En lo único que el presidente de la Diputación de Sevilla considera que la Ley ha tenido incidencia positiva es en hacer posible la homogeneización retributiva de los cargos públicos, en función de los criterios de población, así como la racionalización del personal de confianza y de la dedicación exclusiva en diputados y concejales.
"Aunque era algo por lo que los municipalistas ya abogábamos desde hace tiempo y, además, con un tenor que establece límites a los que la mayoría de las corporaciones locales no nos acercábamos ni por asomo, lo que, en definitiva, se ha traducido en un incremento del gasto corriente, cuando el objetivo inicial era su reducción", concluye Villalobos.
LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Según informa la Diputación en un comunicado, este seminario tiene por objeto la reflexión general sobre la situación actual de la Administración Local, desde un carácter formativo y con dos puntos fundamentales en el foco de interés. Por una parte, analiza cuál ha sido la incidencia de la normativa económica del Estado en la Administración Local y, por otra, avanza en el abordaje de los nuevos retos que las administraciones locales tienen pendientes, fundamentalmente en materia de transparencia y buen gobierno.
Durante todo el día se desarrollarán dos ponencias y dos mesas redondas, sobre temas como el control financiero y presupuestario de los municipios y diputaciones andaluzas, el nuevo marco jurídico para los cargos electos, personal eventual y directivos profesionales, buen gobierno y regeneración democrática en el ámbito local o evaluación de la ley, contenidos coordinados por los dos directores académicos de la jornada, Heriberto Asensio, magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, y Fernando Fernández-Figueroa, secretario general de la Diputación de Sevilla.
Así, recalca que la meta es conseguir unificar los criterios entre los operadores jurídicos, los técnicos que gestionan el día a día de la acción de los vecinos, y los revisores jurisdiccionales, que se encargan de controlar estas decisiones, un equilibrio fundamental para el desarrollo fluido y cotidiano de las administraciones locales y para mantener en los criterios razonables el nivel de satisfacción del ciudadano sobre eficiencia y eficacia de gestión.
Fuente: Lainformación.com
Transparencia Internacional España acaba de presentar un conjunto de sesenta propuestas de Medidas de transparencia y prevención de la corrupción en Subvenciones, Licitaciones y Contratos públicos, siendo éste uno de los principales focos actuales de la corrupción en España, después de haber sustituido en buena medida a la corrupción urbanística, principal ámbito de la corrupción hace unos años. Estas medidas se han enviado a los doce principales Partidos políticos para que las puedan tener en consideración e incorporar a sus Programas de las próximas Elecciones generales, como se han comprometido mayoritariamente a hacer con la generalidad de las medidas que TI-España les envió hace unos meses.
Estas medidas han sido propuestas pluralmente por una Comisión creada al efecto en TI-España, e integrada por veinticuatro miembros, pertenecientes a diversas instituciones (Magistrados, Fuerzas de seguridad, Órganos de control, Servicios antifraude, Instituciones públicas, Colegios profesionales, y Universidades, entre otros). Las medidas se dividen en dos grupos: El primero, integrado por 45 medidas, se refiere a las Licitaciones y Contratos públicos. El segundo grupo está formado por 15 medidas relacionadas con las Subvenciones públicas, estando unas y otras medidas dirigidas a aumentar la transparencia y prevenir la corrupción en los dos ámbitos citados.
Las sesenta medidas propuestas
Fuente: Transparencia.org.es