Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE 2/10/2015)

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Castilla y León exhorta al Gobierno a impulsar la reforma de la financiación local

El consejero de la Presidencia de Castilla y León, José Antonio de Santiago Juárez, ha exhortado hoy al Gobierno a reformar "de forma urgente" la reforma de la financiación local (Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

"Llevamos en ello ocho años y no se ha dado ningún paso", ha lamentado el consejero, durante una rueda de prensa, después de presentar el calendario para la tramitación y aprobación de la nueva ordenación y los servicios del territorio de Castilla y León.

Esta reordenación, a partir de 191 agrupaciones de municipios, pretende garantizar y mejorar la prestación de servicios básicos esenciales por parte de la administración autonómica y de los entes locales, lo cual exige una financiación adecuada también por parte del Estado.

"Muchas veces, cuando hablamos con los municipios, comprobamos que no rechazan las competencias por considerarlas impropias, sino porque están mal financiadas", ha justificado.

Fuente: ABC

Abel Caballero insiste en el reconocimiento constitucional de las competencias municipales

El Presidente de la FEMP, Abel Caballero, se ha reunido on cargos directivos de la Federación y ha avanzado en la preparación de cuestiones como la derogación de la reforma local o el planteamiento de las bases para un nuevo modelo de financiación local. Además hizo especial mención a la importancia del acogimiento de refugiados, para que la FEMP se transforme en una gran red de acogida en toda España.

El nuevo Presidente de la FEMP y Alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha acudido esta mañana a la FEMP para avanzar en las líneas de actuación acordadas en el XI Pleno de la organización, que se celebró el pasado 19 de septiembre.

Abel Caballero planteó que éstos tienen que ser los cuatro años en los que los municipios alcancen el nivel de Administración que ya tienen en la actualidad. Planteó que hay que volcar en leyes la realidad municipal, la importancia capital de los municipios en la vida de los ciudadanos. Por tanto, insistió en que es preciso acometer todas las reformas legales que permitan a los Ayuntamientos mantener su capacidad competencial y financiera para atender a los ciudadanos como éstos demandan.

“La FEMP, a través de Alcaldes y Alcaldesas, tiene que volcarse en los ciudadanos que en estos momentos reclaman más acción y más presencia. La voluntad de Alcaldes y Gobiernos municipales manifestada en el último Pleno fue comprometerse con los ciudadanos como ya viene haciendo hasta ahora”, ha dicho.

Abel Caballero incide en que los Ayuntamientos tienen que estar recogidos en la reforma de la Constitución, con su autonomía y competencias. Reitera que es imprescindible una nueva ley de financiación local que proporcione a los municipios recursos para atender los servicios que prestan en un mundo en el que cada vez los Consistorios juegan un papel más importante.

El Presidente de la FEMP terminó destacando la necesidad de que ésta tenga presencia en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en igualdad de condiciones que las Comunidades Autónomas.

En su primera visita, Caballero también se ha presentado al personal de la Federación, ante el que ha perfilado los principales ejes de trabajo de la Presidencia, al tiempo que pidió cooperación activa en estos cuatro años tan importantes.

Asimismo, informó al equipo directivo de su renuncia al uso del vehículo oficial de la Federación.

Fuente: FEMP

Abandono de destino por funcionario para no perseguir delitos y participación omisiva en delitos cometido por otros.

Javier Muñoz Cuesta. De la Carrera Fiscal.

El delito de abandono de destino y la omisión del deber de perseguir delitos se encuentran regulados en los arts. 407.1 y 408 CP, castigando el incumplimiento de los deberes esenciales de un funcionario que tiene por obligación, entre sus cometidos regulados legalmente, la de perseguir delitos, estando ambos enclavados en los delitos contra la Administración Pública, por tanto con su tipificación se pretende, no sólo el buen funcionamiento de ésta al servicio del ciudadano, sino que especialmente se quiere proteger el que determinados funcionarios públicos asuman, bajo los principios de legalidad y oficialidad, la persecución de los delitos de los que tengan conocimiento.

En concreto el delito de abandono de destino regulado en el art. 407.1 citado, no alterado por la reforma del CP llevada a cabo por LO 1/2015, castiga a la autoridad y los funcionarios públicos que abandonaren su destino con el propósito de no impedir o no perseguir delitos, variando la pena a imponer en atención a la relevancia del delito no impedido o no perseguido.

Se caracteriza este ilícito penal por la acción del funcionario de abandonar físicamente el puesto de trabajo que ostenta o por no incorporarse a éste cuando debía de hacerlo, no hallándose aquél en el lugar que legalmente debía estar. Debe concurrir en el sujeto la intención de no impedir o no perseguir el delito que conoce, por tanto subjetivamente es preciso que conozca el delito que se va a cometer o el ya perpetrado y por otra parte, como elemento subjetivo concreto, el decidir no realizar la conducta que se le exige.

Es esencial en este tipo delictivo el concretar si la obligación de no impedir o no perseguir delitos abarca a todas las autoridades o funcionaros públicos o sólo a aquellos que tienen entre sus atribuciones específicas impedir o perseguir delitos. La respuesta a esta cuestión a nuestro juicio es clara, el no realizar las conductas está en relación directa con lo que se quiere conseguir con su tipificación, cual es que el funcionario asuma las tareas de impedir o perseguir delitos, lo que exclusivamente pueden hacerlo los que conocen esas funciones y están capacitados para ello.

En este sentido la STS de 28 de octubre de 2014 se refiere a los funcionarios que profesionalmente asumen la tarea de impedir la comisión de ilícitos y, en su caso, promover su persecución, es decir los que legalmente tienen asignada tal misión, no cualquier funcionario público. En igual sentido en el art. 408 CP referido a la omisión de perseguir delitos, el sujeto será la autoridad o funcionario que faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de los que tenga noticia o de sus responsables, diferenciándose del art. 407.1 CP en que en este delito no hay abandono del servicio, con la perturbación que ello lleva consigo dentro de cualquier administración en la que esté integrado la autoridad o funcionario.

Así, se ha concretado el sujeto activo en estos delitos en los Jueces y Magistrados, Secretarios judiciales, Fiscales, autoridades y funcionarios integrados en Fuerzas y Cuerpos de seguridad, vigilancia aduanera y también a los Inspectores de Hacienda en cuanto a delitos fiscales se refiere, quedando de esta forma excluidos todos los funcionarios que su actividad profesional sea ajena a la persecución de delitos dentro de la Administración del Estado, Autonómica o Local.

Cuestión diferente a la anterior es la participación de la autoridad o funcionario público a título de autor por omisión en delitos que consisten en la producción de un resultado, entre los que incluimos los de resultado cortado, como los que citamos a continuación,  cometido por otro funcionario público en los que el omitente tiene el deber de garante conforme al art. 11 CP, es decir tiene la obligación jurídica el funcionario omítete de controlar, supervisar o dirigir la conducta de otros funcionarios.

En este supuesto si una autoridad o funcionario público no encargado de la persecución de delitos, tienen conocimiento, sin haber concierto de voluntades, que otro funcionario del que de él depende o tiene la obligación legal de supervisar su trabajo, dentro de esa actividad laboral está perpetrando un delito de cohecho, malversación de caudales públicos u otros que conlleven un enriquecimiento y no actúa, consintiendo alguno de esos delitos, el funcionario que omite toda actuación para paralizarlos, al tener conocimiento de la actividad delictiva  y no impide el resultado propio de ellos, su conducta se enclavará como coautor del delito de cohecho o malversación perpetrado por el funcionario que está recibiendo la dádiva, o administrando deslealmente o apropiándose del patrimonio público, tal y como se define la malversación después de la reforma del CP por LO 1/2015.

La responsabilidad del funcionario omitente se sustenta en primer lugar en el conocimiento del delito que se está cometiendo por otro funcionario y en segundo lugar, sobre todo, en el deber legal de actuar ante la conducta delictiva de tercero, deber que procede de esa obligación jurídica de control, supervisión o incluso responsabilidad del buen funcionamiento del servicio público que se ve alterado por la conducta delictiva de otro funcionario.

Queda excluida de la responsabilidad criminal la conducta negligente del funcionario que omite su deber de actuar, que en los delitos citados sólo se pueden cometer por dolo, nunca por imprudencia, la que si no es posible apreciar en el sujeto que comete directamente el delito, menos aún en los que teniendo la obligación de actuar no lo hacen por su conducta negligente, lo que motiva la no comisión igualmente del delito por tercero.

Por último la participación en el delito como coautor, en concierto de voluntades con el funcionario que realiza la conducta delictiva, facilitándola al no cumplir las obligaciones de control, no admite duda de que se trata el funcionario omitente de un coautor, o en su caso un cooperador necesario, en el delito del funcionario que lleva a cabo directamente el cohecho o la malversación, esta omisión concertada no es más que una forma de participación en un delito propio pero con una conducta calificada de omisión.