ISSN: 2695-4621
La sentencia contra la decisión que adoptó Bildu en vísperas de la consulta catalana puede crear jurisprudencia.
Un Juzgado de San Sebastián ha condenado a la Diputación de Gipuzkoa cuando estaba gobernada por Bildu por colocar en su fachada en noviembre de 2014 una estelada para reivindicar la consulta catalana. Esta sentencia reprueba esta conducta por parte de una institución por su falta de neutralidad y podría crear jurisprudencia por ser la primera que se dicta en España.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de San Sebastián ha dictado una sentencia en la que estima el recurso presentado por la Abogacía del Estado y da la razón a la Delegación del Gobierno del País Vasco que consideró que la colocación de esa enseña "no oficial" que utilizan habitualmente quienes reivindican la independencia de Cataluña incumple la legislación sobre banderas.
La Diputación de Gipuzkoa, gobernada por Bildu, colocó el día 7 de noviembre de 2014 la bandera independentista catalana como señal de apoyo al proceso independentista catalán. Días después, el diputado general Martin Garitano acudió a Cataluña para seguir la consulta del 9-N.
La institución foral escribió ese día en catalán en su cuenta oficial de Twitter: "La estelada en la Plaza de Gipuzkoa. El pueblo catalán decidirá su futuro. El pueblo vasco también".
La Abogacía del Estado recurrió aquella decisión del gabinete de Garitano al considerar que la colocación de esa enseña vulneró el principio de neutralidad y objetividad que debe regir la actividad de las administraciones públicas e infringió el principio de lealtad institucional.
La sentencia, primera que se dicta en España sobre la colocación de la estelada podría crear jurisprudencia y podría afectar a los municipios catalanes que la exhiben en sus edificios públicos. De hecho ha sido retirada en varias localidades de Cataluña, ayer mismo en Cambrils (Tarragona), por denuncias de la Junta Electoral, del PP, de Ciutadans o de la propia Delegación del Gobierno.
En la resolución, el juzgado considera que esta actuación de la Diputación guipuzcoana no fue ajustada a derecho e impone el pago de las costas a la institución foral, que puede recurrir este fallo en un plazo de 15 días. La decisión judicial se conoce la víspera de la celebración de la Diada, día nacional de Cataluña.
En otras sentencias, la Diputación guipuzcoana gobernada por Bildu fue condenada por ocultar la bandera española de la balconada del palacio foral, hasta que en mayo de este año, cuando finalizaba la pasada legislatura, tomó la decisión de exhibirla junto a la ikurriña en un lugar más visible, como le ordenó el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
EH Bildu ha reaccionado con una nota en la que censura la "inaceptable persecución" que "las fuerzas estatales están sometiendo a las instituciones públicas que reivindican el derecho a decidir de los pueblos". El portavoz de esta formación en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Xabier Olano, ha pedido a la actual Diputación de Gipuzkoa, en manos del PNV, que "se posicione claramente en favor de este derecho y presente un recurso contra la citada sentencia".
Fuente: El País
Los Alcaldes de Guadalajara, Antonio Román, Presidente de las Comisión de Trabajo de Bienestar Social, y de La Solana, Luis Díaz-Cacho, Presidente de la Comisión de Integración y Cohesión Social, han presidido hoy en la sede de la FEMP la reunión en la que se han abordado la coordinación del papel de los municipios españoles en la acogida de refugiados, a fin de dar una respuesta unitaria a este drama humanitario.
En el transcurso de la reunión se ha puesto de manifiesto la cifra de casi 15.000 personas a acoger por nuestro país, comprometida ayer en Bruselas, y se ha acordado solicitar a la Junta de Portavoces de la FEMP –que se reúne mañana viernes 11 de septiembre- que realice un pronunciamiento en el que quede constancia de la solidaridad de los municipios españoles y el consenso con el que se está afrontando este drama humanitario.
Asimismo, se ha acordado mantener reuniones con las entidades del Tercer Sector que ayudan a refugiados de cara a estar coordinados al objeto de ofrecer una respuesta lo más eficaz posible.
También se ha enfatizado que la FEMP es el interlocutor con el Gobierno de España de la ayuda municipal a los refugiados, circunstancia que se volvió a poner de manifiesto en el día de ayer con la participación de los representantes de la FEMP en la reunión convocada por la Secretaria General de Inmigración, las CCAA y las EELL. Así, los miembros de ambas Comisiones de la FEMP han analizado en el marco de este encuentro multisectorial las diversas medidas emprendidas desde la Federación a estos efectos, con especial interés en la Oficina de Coordinación Municipal de Ayuda al Refugiado (OCMAR), recientemente puesta en marcha por la Federación.
Será en el marco de esta Oficina, ubicada en la Federación, desde donde se articulen las medidas a adoptar a lo largo del proceso de acogida, articulando las iniciativas que adopte el Ejecutivo con las propuestas y disponibilidades presentadas por los municipios, que quedarán recogidas en este servicio de la FEMP.
La Oficina tiene una función operativa, en la medida que articula y canaliza las iniciativas locales, y también coordinadora, ya que permite armonizar dichas iniciativas con las líneas de trabajo a emprender por el Ejecutivo en el proceso de acogida de refugiados desplazados por los conflictos bélicos, e informadora, trasladando a las EELL lo que desde el Gobierno se está trasladando a través de la FEMP.
Los participantes en la reunión, todos ellos miembros de las Comisiones de Trabajo mencionadas, realizaron una valoración positiva de la puesta en marcha de la citada Oficina, en la que ya se encuentran disponibles las comunicaciones emitidas por la Federación, tanto las circulares como las notas de prensa emitidas al efecto.
Finalmente, en la reunión se ha dejado claro que todos los recursos que las Entidades Locales están poniendo a disposición de los refugiados vienen a complementar, no sustituir, las ayudas ya existentes para otros colectivos.
Fuente: FEMP
RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2015 de la Escuela Gallega de Administración Pública por la que se convoca un curso de contratación administrativa en el sector público para personal de la Administración local de Galicia (DOG 10/9/2015)
La Federación hará un inventario de los recursos y la capacidad de acogida e integración de los Gobiernos Locales y dará traslado de ello al Ejecutivo De esta forma la FEMP cumple con el objetivo de coordinar a los Ayuntamientos con el resto de Administraciones para ser más eficaces en la respuesta global que debe darse a esta crisis humanitaria
La Federación Española de Municipios y Provincias ha hecho hoy un llamamiento a todas las Entidades Locales que quieran contribuir a sumar esfuerzos en esta crisis para que ofrezcan sus recursos de acogida e integración a través de la Oficina de Coordinación Municipal de Ayuda al Refugiado.
La FEMP, con el fin de contribuir a articular la respuesta coordinada de las EELL a la crisis humanitaria que están sufriendo los refugiados, ha creado la Oficina de Coordinación Municipal de Ayuda al Refugiado, que nace con vocación de resultar útil a las Entidades Locales en su respuesta solidaria a quienes la están padeciendo.
En esta Oficina, que cuenta ya con un espacio en la propia página web de la FEMP al que se accede a través del banner “Oficina de Coordinación Municipal de Ayuda al Refugiado”, se facilita un “Buzón para ofrecimiento de recursos por parte de las Entidades Locales” en el que los Ayuntamientos que lo deseen pueden enviar los recursos de que disponen para la acogida e integración de refugiados.
Se pretende así actuar de la forma más coordinada posible entre las distintas administraciones, recogiendo en un único inventario de recursos toda la ayuda que las Administraciones Públicas, y en este caso concreto las Entidades Locales, estén en disposición de proporcionar.
El ofrecimiento a través de la oficina por parte de los Gobiernos Locales pueden incluir todo aquello que consideren oportuno, tanto para la fase de acogida como la de apoyo a la integración, y, entre otros: alojamiento; manutención; asistencia jurídica; asistencia psicológica; atención social y asesoramiento; acompañamiento a centros escolares, sanitarios y sociales públicos; aprendizaje del idioma y habilidades sociales básicas; asistencia en trámites administrativos; orientación e intermediación para la formación profesional y la inserción laboral y ayudas económicas directas para ayudarles a afrontar sus gastos de primera necesidad.
Fuente: FEMP
Arremete contra la norma que permite al Estado detraer dinero del presupuesto destinado a las CC AA para saldar deudas de estas con ayuntamientos.
El Gobierno andaluz acordó ayer en su reunión semanal interponer un recurso contra dos preceptos de la Ley Orgánica del 12 de junio pasado que modifica las leyes reguladoras de la financiación autonómica y de la estabilidad financiera. Estas dos modificaciones permiten al Estado detraer recursos de las regiones para saldar deudas en materia de gasto social con las entidades locales; y habilitan al Ministerio de Sanidad para modificar lo dispuesto en la Ley General de Sanidad sobre delimitación del gasto farmacéutico en función del PIB de las regiones.
El portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, justificó el recurso porque altera las determinaciones de la Constitución y vulnera el principio de autonomía financiera y de gestión recogido también en el Estatuto andaluz. Vázquez señaló que la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, solicitó la reunión de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales para evitar el recurso y «buscar una solución negociada», si bien recibió una negativa por parte del Gobierno central.
La pasada semana el Consejo de Gobierno autorizó otro recurso de inconstitucionalidad contra la ley de parques nacionales también modificada por el ejecutivo del PP, si bien en esta ocasión hubo acuerdo entre la Junta y el Gobierno central para suavizar algunos aspectos de la reforma y la administración andaluza desistió del recurso.
Junta y Gobierno central se han cruzado cerca de una veintena de recursos ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias desde que Mariano Rajoy llegó a la Moncloa. El presidente ha recurrido la subasta de medicamentos, oposiciones de enseñanza secundaria, la reforma de la ley electoral por la que se dejaba fuera del Parlamento a los alcaldes y presidentes de diputaciones y la ley antidesahucios. El Constitucional dio la razón a la Junta en el recurso de los alcaldes, pero se la quitó, por ahora, en el decreto antidesahucios.
Andalucía ha recurrido los decretos leyes de medidas urgentes en Educación y Sanidad que el PP aprobó en 2012; el decreto ley de estabilidad presupuestaria que liberalizaba los horarios comerciales; el decreto ley sobre las tasas judiciales. Entre las leyes, además de la Lomce, aprobó recurrir la de la reforma local y la modificación de la ley de Costas y protección del litoral.
Sobre el recurso planteado ahora, el Gobierno andaluz considera que la incorporación de las obligaciones contraídas con las entidades locales al concepto de deuda pública vulnera el artículo 135 de la Constitución, que no recoge expresamente este concepto.
Según explicó Vázquez, al abrir la posibilidad de que el Estado salde de forma directa con los ayuntamientos las deudas de las comunidades autónomas en materia de gasto social (transferencias pendientes por convenios sobre estos servicios), la ley «otorga una prioridad indebida a este pago sobre las demás obligaciones autonómicas», refiriéndose a los primordiales de la sanidad, educación y sociales.
La vicesecretaria de Política Municipal del PP, Ana Mestre, criticó el recurso de la Junta contra el Gobierno en un comunicado. Dijo que es la Junta la que ha estado «hasta ahora atacando el principio de autonomía local», mientras que el Gobierno de Rajoy lo que pretende es salvaguardar la financiación de los ayuntamientos.
Fuente: Sur