Ciudadanos plantea premiar a los funcionarios que desvelen importantes casos de corrupción

Combatir al enemigo desde dentro. En el programa que Ciudadanos prepara para las elecciones generales está subrayado en rojo la lucha contra el fraude. El partido de Albert Rivera considera que la corrupción ligada al ejercicio de cargos públicos y a la financiación de los partidos políticos supone "el problema más grave de desconfianza entre la ciudadanía y los partidos", como recoge su propuesta de pacto anticorrupción. Y quiere solucionarlo.

Ciudadanos quiere que los funcionarios de la Administración sean una pieza clave en la denuncia y la persecución de prácticas corruptas. Por esta razón, el equipo económico del partido propone que se premie a los trabajadores públicos que destapen grandes tramas fraudulentas. Es una de las ideas que expondrá la formación el próximo miércoles, en la quinta presentación de sus propuestas económicas y sociales, que tiene el sugerente título Lucha contra la corrupción y contra el capitalismo de amiguetes.

Será una de las iniciativas clave de esta nueva entrega [Consulte todas las propuestas económicas y sociales]. La idea es incentivar y promover desde dentro de la Administración la denuncia de aquello que vaya contra la legalidad vigente y cause un trastorno a las arcas públicas. "En muchas ocasiones, los funcionarios son quienes mejor conocen lo que está pasando, porque acontece en su ámbito", explican fuentes del partido. "El problema de la corrupción y el fraude con dinero público es que se articula entre dos personas que guardan el secreto y es difícil atajarlo a tiempo".

Dentro del paquete de medidas que recogerá su propuesta para las generales, se contempla que en aquellas situaciones que conciernan a grandes operaciones, con millones de por medio, el funcionario que haya destapado la liebre pueda disfrutar de ciertos incentivos positivos o recompensas a la americana. Por ejemplo, en Estados Unidos se concede un porcentaje del daño económico que habría supuesto ese fraude. Es una de las posibilidades que estudia el equipo de Ciudadanos.

Asimismo, el equipo que coordina Luis Garicano, que además es miembro de la Ejecutiva, quiere que a estos trabajadores públicos se les proteja, que su delación no suponga represalias. Esta idea, la de blindar a estos trabajadores, ya la ha anunciado esta semana Ciudadanos en Castilla y León. Manuel Mitadiel, procurador de la formación, anunció en las Cortes una iniciativa para la creación de un sistema de garantías al que puedan acogerse los empleados públicos que destapen irregularidades en la Administración. Desde el partido explican que esta acción no responde a una estrategia nacional, sino que, en este caso, sale del grupo de esta comunidad.

"Es un tema importante, clave, en la lucha contra el fraude y la corrupción. Los empleados públicos son los que mejor conocen lo que ocurre en la Administración y quienes pueden denunciarlo", cuenta a esta diario Pablo Yáñez, portavoz del partido en Castilla y León. Considera que no es necesario despedir o cesar a un trabajador, sino que "hay muchas maneras de hacerle la vida imposible". Por ello, una idea sería que la Inspección de la Administración Autonómica velara porque no haya represalias de ningún tipo tras la denuncia.

Ciudadanos se reunirá con el resto de grupos de Castilla y León la próxima semana y espera poder sacar adelante algún tipo de iniciativa antes de que finalice septiembre. Entre los aspectos a concretar está el como articular este blindaje de los funcionarios, si bien modificar la Ley de Función Pública [consulte aquí la normativa] o crear un organismo específico.

Los responsables de Ciudadanos en esta comunidad están estudiando la legislación británica y canadiense, para recopilar información y armar su propuesta. Como plantea la formación a nivel nacional, también están considerando el premiar e incentivar la colaboración de los funcionarios. "Es necesario eliminar el miedo, que la coacción no sea un mecanismo de defensa para los corruptos", apunta Yáñez.

El propósito de la iniciativa que se incluirá en el programa para las generales es asegurar la confidencialidad de la declaración del funcionario, así como impedir cualquier mecanismo de rastreo que pueda delatar su identidad.

Otra de las iniciativas que Luis Garicano y Albert Rivera desglosarán el próximo miércoles es la independencia de secretarios, interventores y tesoreros. Según fuentes del partido, la idea es que dejen de depender de sus superiores locales, sean puestos que se cubran por concurso nacional y no por libre designación, con el objetivo de facilitar su labor de control e independencia de los políticos.

Además de Garicano, en las propuestas Lucha contra la corrupción y contra el capitalismo de amiguetes han colaborado Antonio Roldán, Manuel Conthe y Elisa de la Nuez, abogada del Estado y con una larga trayectoria en la Administración.

Fuente: El Mundo

La FEMP liderará junto al Gobierno la respuesta del municipalismo a la crisis migratoria

Para Iñigo de la Serna la crisis migratoria es un asunto de gran trascendencia que “necesita de una respuesta urgente”. La FEMP, interlocutor con el Ejecutivo para tratar todos aquellos asuntos que afectan al municipalismo, va a coordinar la respuesta municipal a un asunto de esta trascendencia social, haciéndolo globalmente y siempre tomando acuerdos basados en el diálogo y la lealtad institucional

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que aglutina a la práctica totalidad de los 8.122 Ayuntamientos españoles, coordinará, en colaboración estrecha con el Gobierno, la respuesta del municipalismo a la crisis migratoria.

La FEMP, interlocutor con el Ejecutivo para tratar todos aquellos asuntos que afectan al municipalismo, va a coordinar la respuesta municipal a un asunto de esta trascendencia social, haciéndolo globalmente y siempre tomando acuerdos basados en el diálogo y la lealtad institucional.

Para su Presidente, Iñigo de la Serna, la crisis europea migratoria es un asunto de gran trascendencia que “necesita de una respuesta urgente”. De ahí su disposición a trabajar codo con codo con el Gobierno para así poder adoptar decisiones que sirvan para ayudar en este drama social.

En su opinión “no tendría sentido que hubiera descoordinación entre las acciones promovidas por los distintos municipios ni que se produjeran desequilibrios territoriales como consecuencia de una falta de coordinación. Ello sería perjudicial para los municipios, pero muy especialmente para los inmigrantes”.

Al hilo de esto, De la Serna considera “imprescindible que la FEMP, como representante del municipalismo, articule con el resto de Administraciones Públicas las medidas oportunas para hacer frente a esta crisis”. Y es que, a su juicio, “sería un grave error para la eficacia de las medidas que desde grupos de Ayuntamientos se propiciara la desunión del municipalismo, cuando precisamente nuestra fortaleza es la unidad”.

La FEMP, única organización municipal que se ha dirigido al Gobierno para tratar sobre esta cuestión, ha acordado, según indica su Presidente, “mantener una reunión de coordinación con el Gobierno la próxima semana”.

Por último, De la Serna ha enfatizado que las decisiones en el municipalismo se adoptan por consenso y más aún cuando, como en este caso, se trata de dar respuesta a una crisis humanitaria.

Fuente: FEMP

Modificación del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (BOE 5/9/2015)

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Siete Ayuntamientos crean el primer ‘macromunicipio’ de España

Los alcaldes firmaron un documento cuyo objetivo es compartir las instalaciones y los servicios deportivos y culturales de todos.

Siete Ayuntamientos se unieron el martes para formar el primer macromunicipio de España. Los alcaldes de Brunete, Sevilla la Nueva, Quijorna, Villanueva de Perales, Villamantilla, Valdemorillo y Navalagamella firmaron un convenio que permitirá a todos sus vecinos utilizar las instalaciones deportivas y culturales a precio de empadronado, independientemente de donde vivan. En un futuro, los municipios integrarán también servicios administrativos y policiales.

El conjunto de los siete municipios se extiende por 281,1 kilómetros cuadrados, en un radio de 14, y alcanza una población de 40.100 habitantes. Este martes, sus alcaldes firmaron un documento cuyo objetivo es compartir las instalaciones y los servicios deportivos y culturales de todos, aunque el plan es mucho más ambicioso. De hecho, el documento rubricado especifica que se trata solo de un primer paso.

Un macromunicipio se diferencia de una mancomunidad (de las que existen varias en la región) en que el primero trata a todos los residentes, con independencia de donde vivan, como iguales cuando utilizan los servicios municipales que paga cada Ayuntamiento, mientras que la mancomunidad es una unión de pueblos que comparten gastos a la hora de financiar un servicio. Por ejemplo, pagar la recogida de basuras.

El convenio firmado este martes contempla, además, “la constitución de una agrupación de municipios para el posible sostenimiento en común del personal” municipal de todos los pueblos para agrupar y distribuir los costes de los servicios de seguridad y policiales, así como “la elaboración de un plan de mejora de las comunicaciones interurbanas entre los firmantes”.

Los alcaldes, pues, planean poder sacar a concurso, como una única entidad, los servicios básicos para mejorar el nivel de las ofertas recibidas y reducir así costes. Aspiran también a compartir estructuras y personal administrativo como, por ejemplo, arquitectos o tesoreros que puedan trabajar de manera transversal en todos los Consistorios del macromunicipio.

El alcalde de Brunete e impulsor del proyecto, Borja Gutiérrez (PP), admite que tanto la armonización del servicio de las fuerzas de seguridad como el potenciamiento de la red de transporte que conecta los pueblos son competencia autonómica, pero añade que la unión está comprometida a trabajar con la Comunidad para impulsar esos cambios. El documento que firmaron los siete regidores evoca “el principio de autonomía municipal reconocido por la Constitución española”, y explica que se puede alcanzar solo si se obtienen “los medios económicos necesarios para el cumplimiento de sus fines”.

La cercanía entre esos pueblos, que permite desplazarse entre ellos en un tiempo que oscila entre 15 y 20 minutos, fue el origen de la idea de Gutiérrez. “Me metí en el coche y me fui de mi pueblo a Villanueva de Perales. Tardé 20 minutos, mucho menos de los que, por ejemplo, se necesitan para desplazarse de un barrio a otro de Madrid. Así que se me ocurrió que nuestros vecinos podían hacer lo mismo para aprovechar instalaciones en muchos casos infrautilizadas”. La intuición se convirtió hace cuatro años en un acuerdo inicial entre Brunete, Sevilla la Nueva (PP), Quijorna (entonces PP), Villanueva de Perales (PSOE) y Villamantilla (PP).

El experimento funcionó: el polideportivo municipal de Brunete, por ejemplo, incrementó un 12% el número de usuarios. En la piscina municipal cubierta esta subida ha llegado hasta el 25%, con un aumento del 8% del número de inscritos en el club deportivo de natación.

Más usuarios, más ingresos

El beneficio de la piscina, además, se incrementó un 13,5%. “El aumento del número de usuarios ha implicado poner en marcha nuevos cursos de natación. Por ello, la empresa que gestiona la piscina ha podido contratar a dos nuevos monitores”, explica Gutiérrez. En 2014, los ingresos de las instalaciones deportivas y culturales de Brunete subieron 60.000 euros, un 19% más que el año anterior. Fue el éxito de este primer acuerdo el motor en la base del convenio que se firmó este martes. Al núcleo original se han unido Valdemorillo y Navalagamella, ambos gobernados por listas locales.

César Muñoz, alcalde socialista de Villanueva de Perales, subraya que la diferencia de color político no es un obstáculo: “Lo que tratamos de hacer es colaborar para garantizar más servicios a nuestros ciudadanos y una mejora general. Hemos conseguido rentabilizar instalaciones que no estaban utilizadas al 100% y activar indirectamente la economía gracias al consumo de vecinos de otros pueblos”.

El Ministerio de Administraciones Públicas explicó este martes que este es el primer convenio de estas características, aunque explican que el término “macromunicipio” no está recogido en ninguna ley.

Fuente: El País