Los ayuntamientos debaten si dar wifi con la actual limitación

La presencia de las redes móviles 3G y 4G cuestiona las grandes inversiones públicas.

Los límites legales han hecho que se ceda el servicio a empresas privadas.

Si hace unos años dar servicio wifi en las ciudades formaba parte del programa electoral de cualquier candidato (Esperanza Aguirre lo incluyó incluso en su plan para el Ayuntamiento de Madrid el pasado mayo), el tiempo ha diluido los proyectos si no iban vinculados a necesidades municipales. En Madrid, por ejemplo, el metro invirtió 200 millones en mejorar el servicio de telecomunicaciones entre las estaciones y los trenes y de paso, se extendió a los ciudadanos. En Barcelona, el despliegue de la wifi pública ha ido ligado a la red municipal creada para satisfacer las necesidades de la smart city, y que utilizan servicios como la limpieza o los aparcamientos. El plan para aumentar la red desde los actuales 700 a los 2.400 puntos prometidos por el anterior equipo municipal, con un coste de 3,5 millones de euros, está de momento aparcado por el gobierno de Ada Colau.

Y aunque Industria estudia actualizar la ley de telecomunicaciones para reducir las trabas a las administraciones pensadas en principio para que no incurran en «competencia desleal con las operadoras» -ampliando sobre todo la restrictiva velocidad de descarga a 256 kbps-, algunas se plantean si dedicar esfuerzos a ello. «No tiene sentido dar wifi con 256 kbps, es casi innavegable porque cuesta descargar una web con imágenes y mucho más un mapa», afirma Ismael Bataller, coordinador del grupo de trabajo de redes del Col·legi d'Enginyers de Telecomunicació de Catalunya y especialista en redes wifi.

Desde la Administración también se ve distinto que hace unos años. «No tiene sentido poner wifi donde el mercado ya actúa, pero donde no hay alternativa las administraciones sí han de actuar. Hay que valorar bien la rentabilidad y la oportunidad de la inversión, porque no solo hay que construirla. Un servicio se tiene que poder dar en condiciones, y mantener una red wifi es caro», señala Jordi Pericàs, director de tecnologías de la Diputación de Barcelona y antiguo director de Localret, el organismo que agrupa las políticas de telecomunicaciones de los ayuntamientos catalanes.

FORMAS DE EXPLOTACIÓN

Los límites legales hace que algunos ayuntamientos cedan a empresas privadas la explotación y el nombre del servicio -que deja de ir firmado por la Administración- y que estas rentabilizan cobrando por más velocidad (el caso de Barcelona), poniendo publicidad o captando datos.

Pese a la presión de las operadoras para que los usuarios amplíen sus cuotas de datos tentándoles con más servicios y la promesa de «hacerlo en cualquier parte», los turistas especialmente se resisten a pagar los altos precios de la itinerancia y reclaman wifi.

ATASCOS EN LA RED

«La discusión entre técnicos sobre si wifi o 4G está abierta. Parece que la wifi está llamada a descargar la red 4G, tanto porque los usuarios prefieren no saturar su límite de datos como por necesidades de la red», explica Bataller. Sin embargo, los atascos de muchas wifis públicas hace que los usuarios se harten y busquen redes en cafeterías o comercios. Hay apps para localizarlas. Tampoco han beneficiado nada casos como el de Gowex, la operadora del wifi de Madrid o Nueva York, que presentó suspensión de pagos el pasado mayo tras hacerse público hace un año que había falseado sus cuentas en la bolsa. El día antes de estallar el caso, Gowex había anunciado que su red cubría el 40% de la capital de España. Una semana después, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid se veían obligados a cancelar los contratos y a suprimir casi todo el servicio de wifi ofrecido en la vía pública.

Fuente: El Periódico

El Supremo rechaza que se prohíba al público grabar las sesiones de los plenos municipales

Anula una norma del Ayuntamiento canario de Mogán, que fijaba lo contrario.

Impedía grabar sin autorización a los medios no autorizados, concejales y público.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado que se prohíba grabar al público las sesiones de los plenos municipales al considerar que impedir a los asistentes registrarlas podría constituir una censura previa.

Los magistrados del alto tribunal se pronuncian de este modo sobre una norma del Ayuntamiento canario de Mogán que establece en su reglamento orgánico municipal que los medios de comunicación no autorizados, los concejales y el público en general no pueden efectuar grabaciones de imagen y sonido sin la autorización de la presidencia del Pleno.

Esta disposición fue recurrida por un ciudadano que obtuvo en primera instancia la anulación del precepto. Ahora el Supremo le da también la razón y recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha determinado que el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información no tiene otros límites que los impuestos por la Carta Magna.

La resolución avala que las sesiones plenarias de los ayuntamientos deben ser públicas y que no puede restringirse el derecho de la ciudadanía a su directo e inmediato conocimiento salvo en aquellos casos puntuales en los que las sesiones sean declaradas reservadas de forma excepcional y siempre que existan motivos para ello.

El alto tribunal también recuerda de las dos libertades señaladas son de interés general para asegurar la existencia de una sociedad democrática, que no es posible sin una opinión pública libre.

La sentencia destaca que la restricción impuesta por el Ayuntamiento de Mogán puede suponer un distinto trato para sus vecinos en comparación con el que disfrutan los residentes de otros municipios.

"Los límites a la publicidad, si están legalmente establecidos, autorizan restricciones excepcionales cuando concurran singulares circunstancias que las justifiquen, pero no reglas generales prohibitivas", agrega.

Fuente: El Mundo

El Ayuntamiento de Madrid duplica la conexión Wifi gratuita en espacios públicos

Madrid ofrece en 200 espacios municipales de todos los distritos la conexión a internet sin coste.

El Ayuntamiento de Madrid ha duplicado la conexión gratuita a la red en los espacio municipales de todos los distritos. Si el año pasado eran 100 los centros que disponían de WiFi, actualmente son 199 los inmuebles en los que se puede acceder a Internet sin pagar ni un euro.

El acceso gratuito a la red está implantado en 77 centros culturales, 32 bibliotecas, 38 centros de mayores, 25 oficinas de atención al ciudadano, 9 centros de servicios sociales, 4 oficinas de atención al contribuyente y otros 14 espacios públicos.

De esta manera, entre 17.000 y 27.000 usuarios de bibliotecas -dependiendo de la época del año- utilizan a la semana la red WiFi municipal. En el resto de los espacios, son alrededor de 9.100 las personas que usan este servicio semanalmente.

La intensidad de uso de la red varía en función del tipo de usuarios y de centro. Por ejemplo, en las bibliotecas, los picos de consumo se producen a las 12 y a las 18 horas, con una bajada alrededor de las 15 horas.

Además, todos los APs están conectados a una red global específica de 1Gbps que da servicio a todos los puntos WiFi y a los PCs al público en bibliotecas. No obstante, se monitoriza el tráfico de cada centro para detectar si las líneas individuales de cada punto pueden llegar a saturarse.

Fuente: ABC

Financiación Autonómica y Local

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públlicas convocará a las Comunidades Autónomas en septiembre.

Busca poner en común los análisis de todas ellas sobre el sistema de financiación y sus "disfunciones".

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas convocará en septiembre a las Comunidades Autónomas para poner en común los análisis de todas ellas sobre el actual sistema de financiación y las "disfunciones" que encuentran en el modelo, de cara a su reforma en 2016.

Según ha indicado el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, cumplidos los cinco años de la aplicación del sistema "se puede hacer una valoración objetiva" de sus resultados y el Gobierno quiere escuchar a los ejecutivos autonómicos, para lo cual se les convocará a una reunión en septiembre.

Beteta ha asegurado que el Ejecutivo tiene "la firme intención de iniciar contactos para proceder en 2016 a la revisión" del sistema, que provoca desequilibrios de financiación entre las comunidades, ha señalado. La reforma, ya en 2016, irá acompañada de la modificación también del sistema de financiación local, ha añadido.

En concreto, se reunirá el grupo técnico que trabaja en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar el asunto. Beteta ha explicado que se ha pedido a cada autonomía un documento con su evaluación del actual sistema una vez liquidado en julio el quinquenio de aplicación del modelo (2009-2013). Hasta el momento, diez gobiernos regionales han enviado ya su análisis.

"Haremos una síntesis para buscar posiciones comunes sobre los fallos en la evolución del sistema y en qué medida o no el funcionamiento del mismo no ha sido armónico con las necesidades, independientemente de unas bases fiscales reducidas que hemos tenido estos últimos años, que han tenido como consecuencia que la financiación haya sido menor", ha afirmado el secretario de Estado.

Más financiación

El secretario de Estado ha comparecido en el Congreso de los Diputados para repasar las grandes cifras de su departamento en el proyecto de Presupuestos de 2016, que incluyen 92.795 millones de euros para financiar las Comunidades Autónomas, un 8 por ciento más que este año (7.400 millones más que en 2015).

Beteta ha reiterado que la mejora de la situación económica va a permitir una ampliación de los ingresos y por tanto, una mejora de la financiación de los entes territoriales, a lo que se suma la bajada de las cargas financieras por reducción de tipos de interés, ha dicho Todo ello, ha asegurado, permitirá reducir el déficit público.

"Pasamos de un tipo del 8 por ciento de los bonos patrióticos al cero por ciento ahora. Lo que se ahorra es dinero que revierte en financiación de los servicios públicos", ha dicho.

Fuente: Europa Press