ISSN: 2695-4621
El Pleno del Tribunal Constitucional, mediante sentencia del 9 de julio, ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Popular contra la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de medidas para la vivienda protegida y suelo.
La sentencia declara inconstitucionales varios preceptos de la Ley porque modifican el nivel de autonomía de los ayuntamientos y, en consecuencia, invaden la competencia del Estado en materia de bases del régimen local (art. 149.1.18 CE).
Por otra parte se rechaza la pretensión del recurrente en cuanto a la vulneración de del derecho a la propiedad (art. 33 CE) y a la prohibición constitucional de aplicar de forma retroactiva medidas que restringen derechos individuales (art. 9.3 CE).
Ver nota de prensa del Tribunal Constitucional
Fuente: Tribunal Constitucional
El organismo recomienda a Hacienda objetivos flexibles para Cataluña, Murcia, Extremadura, Baleares y Comunidad Valenciana hasta 2018.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha abierto la puerta a que haya regiones con objetivos de déficit diferentes al resto de comunidades. El órgano encargado de velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas ha elaborado un informe para el Ministerio de Hacienda en el que recomienda que cinco comunidades autónomas tengan límites de déficit públicos flexibles para el próximo año. Según ha podido saber ABC, estas regiones serían Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Islas Baleares y Extremadura.
La Airef debe entregar por ley al ministerio un documento sobre los objetivos de déficit de las comunidades. Este era el primer año que elaboraba este análisis, ya que en 2014 aún no estaba en funcionamiento por estas fechas. El informe lo presenta hoy, un día antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera de mañana en el que Hacienda tratará con las comunidades sus objetivos de estabilidad de forma individualizada. Según la propuesta de la Airef, Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares y Extremadura deberían poder sobrepasar en 2016 el umbral del 0,3% del PIB que Hacienda tiene como objetivo global de déficit público para el conjunto de las comunidades autónomas.
Fuentes del ministerio señalan que, pese a las recomendaciones de la Airef, Hacienda establecerá el mismo objetivo de déficit público en 2016 para todas las regiones en el Consejo Fiscal de esta semana.
El objetivo de la Airef es que la senda de ajuste sea plurianual en el caso de Murcia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Baleares, de forma que se establezca como meta que las cinco regiones lleguen al equilibrio presupuestario en 2018, como establece el Programa de Estabilidad de 2016 a 2018. Hasta entonces el ritmo de ajuste será más flexible. El Gobierno había previsto objetivos del -0,1% del PIB en 2017 y del 0% en 2018. La Airef no ha querido hacer comentarios sobre esta posibilidad.
El Gobierno ya aprobó en 2013 déficit «a la carta» asimétricos para cada comunidad autónoma, tras las presiones de varias regiones como Cataluña y ante la oposición de Madrid. Sin embargo, en 2014, Hacienda volvió a fijar un objetivo homogéneo para todas, del -1%, que incumplieron trece comunidades autónomas.
Estas trece regiones deben remitir al Ministerio de Hacienda sus planes económicos y financieros, en los que incluirán sus ajustes para poder cumplir el objetivo de déficit de este año. Sin embargo, la formación de nuevos gobiernos autonómicos en muchas de ellas ha provocado que no hayan remitido aún sus planes a Hacienda, por lo que lo entregarán esta semana. Como adelantó ABC, Hacienda advirtió por carta a estas comunidades que si no remitían sus planes se enfrentaban a sanciones e, incluso, la intervención, como recoge la ley de Estabilidad.
La Autoridad Fiscal ya recomendó hace dos semanas que Cataluña, Baleares, Extremadura, Comunidad Valenciana y Murcia elaborasen sus planes de ajuste de forma plurianual, hasta 2018. Y pidió que para este año sólo entregaran unas líneas generales. El organismo de control también publicó entonces que Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana y Extremadura triplicarán el objetivo de déficit público para este año.
En el caso de Murcia, su déficit acabará en el 2,5% del PIB, según un informe que publicó ayer la Airef sobre los planes económico-financieros de Murcia, Asturias y Castilla y León. La región ya sobrepasó el pasado mes de abril el objetivo del 0,7% fijado para todo el año .
De hecho, en el informe sobre Murcia, la Airef llama a que la comunidad presente unos planes de ajuste que incluyan «la corrección del desequilibrio en un marco plurianual coincidente con el establecido en la Actualización del Programa de Estabilidad». Es decir, hasta 2018.
Inyección de recursos
Para el año que viene, las comunidades autónomas recibirán unos 10.000 millones de euros en transferencias del Estado, en liquidaciones y entregas a cuenta, unos 7.000 millones más que en 2015, como anunció el presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Por esta inyección de recursos, que Hacienda también abordará este miércoles, las regiones tendrán más fácil reducir su déficit público el próximo año.
Este escenario favorable no podrá evitar, según la Airef, que Cataluña, Murcia, Baleares, Extremadura y Valencia vuelvan a incumplir sus límites de déficit el próximo año.
Tres de estas cinco regiones -Cataluña, Valencia y Baleares- son, junto a Madrid, las únicas que contribuyen a la solidaridad autonómica, según las balanzas fiscales de 2012 que el Ministerio de Hacienda publicó la semana pasada. Entre las tres contribuyeron 10.222 millones de euros en 2012. Por su parte, Murcia se encuentra casi en equilibrio con el Estado, ya que sólo recibe 66 millones, según el estudio.
Sistema de financiación
«Hay comunidades que incumplen el déficit, en parte, por el sistema de financiación. Hay regiones infrafinanciadas. Eso dificulta desplegar medidas coercitivas», apuntó el presidente de la Airef, José Luis Escrivá, en una entrevista a este periódico el pasado sábado.
El propio consejero de Economía catalán, Andreu Màs-Colell, planteó a Madrid ir de la mano en el próximo Consejo de Política Fiscal para pedir un nuevo modelo de financiación. El Ministerio de Hacienda pidió por carta a las comunidades autónomas que le remitan el impacto y las críticas al actual sistema antes del próximo 31 de julio, ya que cuenta con un grupo de trabajo para revisar el modelo de financiación. Esta comisión comenzará sus reuniones en septiembre. Sin embargo, la reforma se afrontaría en la próxima legislatura.
Con esta banda sonora, el próximo miércoles se celebrará el Consejo de Política Fiscal y Financiera entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y las comunidades. La última reunión mostró el escenario que se abre tras las elecciones autonómicas del pasado 24 de mayo. Si antes de esa fecha el PP gobernaba 13 regiones, ahora sólo lo hace en cinco.
Por ello, en el último consejo se hizo patente la oposición de los nuevos barones autonómicos a las propuestas de déficit del Gobierno, del 0,3% del PIB en 2016, 0,1% en 2017 y 0% en 2018. Nueve comunidades votaron en contra de esos objetivos y son partidarias de que el Gobierno los suavice dada la actual coyuntura económica. El PSOE gobierna en seis de estas regiones. La batalla del déficit que se puede desencadenar en el consejo de este miércoles será presupuestaria, territorial y política.
Fuente: ABC
Los populares proponen primar a la lista más votada y establecer una segunda vuelta.
La oposición rechaza la iniciativa, que en principio no se aprobará en esta legislatura.
El PP ha activado este miércoles en el Congreso su anunciada reforma electoral para primar a la lista más votada en las elecciones locales. Los populares han solicitado la creación de una subcomisión parlamentaria para que estudie su propuesta, que pasaría por celebrar una segunda vuelta en determinados supuestos. Toda la oposición rechaza esta iniciativa.
La propuesta del PP consiste en una reforma del artículo 180 de la ley orgánica de régimen electoral general. En aquellos casos en los que la candidatura ganadora en un municipio obtuviese más de un 35% de apoyos y cinco puntos de diferencia sobre el segundo, o bien más de un 30% de apoyos y diez puntos de distancia respecto a su inmediato competidor, obtendría automáticamente la mitad más uno de los puestos en el Ayuntamiento. Si no se dieran estas condiciones, se celebraría una segunda vuelta a la que se podrían presentar todas las fuerzas que hubiesen obtenido más de un 15% de apoyos. La prima de mayoría se aplicaría esta vez a la lista que consiguiera un 40% de los votos o bien siete puntos de diferencia sobre la segunda.
DEMOCRACIA Y DESPACHOS
El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha relacionado su iniciativa con lo ocurrido tras las elecciones del pasado 24 de mayo, que desalojaron al PP, pese a ser la lista más votada, de multitud de ciudades gracias a los pactos en la izquierda. “Se han producido en muchos casos acuerdos ajenos a la voluntad expresada por los propios vecinos. Hay alcaldes que han sido elegidos mediante pactos forjados en los despachos. Quien está gobernando no es quien ha ganado, sino quien ha perdido. El objetivo es reforzar la voluntad popular y la democracia directa en contra de la voluntad de los despachos, donde se han hecho coaliciones de espaldas a los vecinos”, ha señalado.
Pero el PP da por hecho que, pese a su mayoría absoluta, no tendrá tiempo para aprobar esta reforma, ya que las elecciones generales se celebrarán en noviembre o diciembre. Su objetivo es otro. “Vamos a comprobar la posición de cada uno de los grupos”, ha dicho Hernando.
En especial la del PSOE, beneficiado de estas alianzas con otros partidos o candidaturas de izquierda. Los socialistas llevaron una propuesta similar hace más de 10 años, en su programa electoral del 2004, y la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, propuso a finales de abril un sistema parecido al que abandera el PP, pero aplicado no solo a los alcaldes sino también a los presidentes autonómicos. El PSOE, sin embargo, dice que un debate de esta envergadura no se puede abordar a “tres meses de las generales” y reclama aparcarlo hasta después de esos comicios y ampliar el foco para que las posibles modificaciones no solo afecten a la lista más votada en las elecciones locales.
“El PP ha entrado en modo pánico, con muy poco rigor. Una iniciativa de este tipo debe ir siempre acompañada del consenso”, ha señalado el secretario de Política Federal de los socialistas, Antonio Pradas, quien ha reconocido que “abrir este debate es abrir también el debate de la legitimidad de los gobiernos municipales recién constituidos”. Desde la Izquierda Plural, su portavoz, José Luis Centella, ha calificado la propuesta de “tropelía parlamentaria”.
“Si el PSOE ha cambiado de opinión, tiene que decir por qué. Entiendo que al PSOE no le guste, porque ha obtenido el peor resultado de su historia y dice que ha ganado. Al PSOE no le gusta este debate porque pone en evidencia que han favorecido una coalición de perdedores y que la democracia ha sido la última de sus prioridades”, ha argumentado Hernando.
Fuente: El Periódico
El Presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, y la Directora Ejecutiva de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife), Asunción Ruiz, firmaron en Santander un convenio que sella el compromiso de ambos organismos para fomentar la conservación y mejora del patrimonio natural y la biodiversidad urbana en los municipios.
El acuerdo contempla actuaciones de comunicación e intercambio de información y experiencias; cooperación en temas de formación, divulgación y transferencia de conocimiento y asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con la actividad de FEMP y SEO/BirdLife.
Los beneficiarios de las acciones serán las Entidades Locales asociadas a la Red de Gobiernos Locales+Biodiversidad. La duración del acuerdo es, inicialmente, de un año, aunque se prevén prórrogas automáticas por periodos similares.
En la rueda de Prensa posterior a la firma, Asunción Ruiz ha subrayado la relevancia de firmar este acuerdo en la capital cántabra y ha recordado que se trata de una ciudad pionera en la que SEO/Birdlife dio sus primeros pasos en materia de conservación de la biodiversidad.
De la Serna, por su parte, ha repasado algunos de los planes y acciones llevados a cabo en la ciudad, y ha incidido en el Plan de Eliminación de especies invasoras, en la plantación de arbolado y en el acondicionamiento de espacios para anfibios.
Fuente: FEMP
El PSOE de Huesca ha denunciado hoy que la medida acordada por la mayoría del PP en el Congreso y en el Senado de impedir que concejales y personal laboral de los pequeños municipios sean tesoreros constituye un "nuevo ataque" al mundo local en la provincia altoaragonesa.
Según ha explicado en rueda de prensa la secretaria de Organización del PSOE en Huesca, Elisa Sancho, la iniciativa, que exige que los tesoreros sean funcionarios de carrera, es un "nuevo golpe" a los municipios de menos de 20.000 habitantes que se suma al impacto causado por la reforma local impulsada por el PP.
Para Sancho, la decisión adoptada evidencia un "gran desconocimiento" del mundo local ya que en la provincia de Huesca sólo la capital altoaragonesa, con más de 20.000 habitantes censados, quedará fuera de la aplicación de la referida normativa.
Ha añadido que las dificultades de financiación de estos municipios obliga a que en muchos de ellos ni siquiera el secretario de la corporación sea funcionario de carrera al no existir la posibilidad de cubrir todas las plazas.
Según la responsable socialista, en la mayor parte de los pequeños municipios de la provincia un concejal o un trabajador laboral desarrolla las labores de tesorería.
Sancho ha asegurado que la reforma del PP incrementará los costes de los municipios, restará agilidad a la gestión y dificultará cumplir con la normativa de pago a los proveedores municipales en un plazo de 30 días.
Ha anunciado que tras la aprobación de este proyecto de ley, la Diputación de Huesca "se ha puesto a trabajar" a fin de garantizar la seguridad jurídica de todas las entidades locales de la provincia altoaragonesa.
A este respecto, el secretario de Política Institucional del PSOE en el Alto Aragón, Fernando Sabés, ha apostillado que es la Diputación de Huesca quien debe resolver los "problemas" generados por el Gobierno del PP "con estas decisiones absurdas, incoherentes y fuera de contexto".
Elisa Sancho ha defendido la labor de los concejales y trabajadores que ejercen las funciones de tesorería con "honestidad y responsabilidad", y ha recordado que hasta el momento no se ha producido ningún problema legal con sus actuaciones.
Ha subrayado que esta medida se suma a otras "dañinas" para los pequeños ayuntamientos como la imposibilidad de utilizar los remanentes para generar dinamismo económico o la negativa del gobierno del PP a que los municipios de menos de 20.000 habitantes estén incluidos en el nuevo programa de los fondos Feder.
Fuente: El Periódico de Aragón