ISSN: 2695-4621

Nace un laboratorio de ideas sobre el municipalismo gallego con un documento "cero" que fija 10 retos hasta 2019
El grupo de investigación GEN de la Universidade de Vigo (Governance and Economics research Network) ha creado la Red 'Localis', un laboratorio de ideas sobre el municipalismo gallego que, en su presentación, ha lanzado su primer documento, un texto "de base" en el que fija una decena de retos para el periodo 2015-2019.
"El inicio de un nuevo mandato constituye el momento oportuno para diagnosticar los principales problemas existentes en el ámbito local gallego y aportar las claves para resolver los mayores retos a los que tendrán que enfrentarse los gobiernos locales en los próximos cuatro años", expone la red en el informe.
Ante los medios de comunicación, el director del grupo GEN, Santiago Lago, ha resaltado que la intención de este punto de encuentro y reflexión, un nuevo proyecto en la línea del Foro Económico de Galicia, es plantear "propuestas aplicables y factibles" en el ámbito local, de modo que configuren políticas "estructurales" que sirvan "a unos y otros" gobernantes.
Para ello, la red aúna a investigadores del mundo del derecho, la economía y la geografía con técnicos de la administración local (desde secretarios a tesoreros, pasando por interventores, entre otros).
Antes de que termine el año pretende haber publicado dos estudios, uno sobre transparencia y otro sobre financiación, mientras que para el ejercicio que viene prevé al menos otro sobre fusión de ayuntamientos.
DECÁLOGO
Los directores de esta iniciativa, el investigador de la Uvigo Alberto Vaquero y la secretaria municipal Concepción Campos se han encargado de explicar, uno por uno, los 10 puntos del decálogo que conforma el documento "cero" de 'Localis'.
Así, en primer lugar Vaquero, especialista en hacienda, ha abordado las cuestiones con un cariz más económico, empezando por el redimensionamiento de la planta local y los retos frente al minifundismo.
A este respecto, el texto sostiene que la nueva legislatura "debería ser un punto de inflexión" que lleve a replantearse "el futuro de la planta local". Algunas de las preguntas que formula es si es posible "un gran pacto autonómico o estatal" sobre este tema y qué elementos deben tenerse en cuenta "a la hora del nuevo diseño".
Respeto a la autonomía local
La redefinición del sistema competencial y la garantía de calidad de los servicios públicos locales es un segundo epígrafe, al respecto de las cuales, a preguntas de los periodistas sobre la reforma local, Concepción Campos se ha pronunciado, para opinar que lo que hay que buscar es un "nivel óptimo" para la prestación de servicios pero que la solución "sea respetuosa con la autonomía local". Sobre esto, ha constatado que la actual reforma refuerza el papel de las diputaciones en su relación con ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, y que les otorga competencias directas en materia de administración electrónica y transparencia. "No se está ejerciendo demasiado", ha señalado.
RAQUITISMO
El tercer ámbito que aborda el primer estudio de 'Localis' es el de la reforma del sistema de financiación local, acerca de la cual Vaquero ha citado cuestiones como las mejoras en la capacidad fiscal, el combate del raquitismo fiscal, el tratamiento de las subvenciones y la autonomía en endeudamiento.
En este extremo, Santiago Lago ha respondido sobre el raquitismo que se da "sobre todo" en los ayuntamientos "más pequeños" de Galicia y que en las siete grandes ciudades la presión fiscal está "más normalizada". Los problemas, ha apuntado, van "de ahí para abajo", en municipios en los que la solución, a su juicio, sería "una política clara".
Sin embargo, ha considerado que los responsables se encuentran con que es "difícil" subir impuestos "sin que los demás" del entorno "hagan nada", en un escenario en el que existe el riesgo de "respuesta ciudadana".
"La transparencia no es una moda"
La mejora de la gestión económica-financiera, con especial atención a la búsqueda de la transparencia, constituye el cuarto punto del decálogo, y el quinto es el referido a la ordenación del marco jurídico general y local en particular, con el propósito de posibilitar una administración más "ágil".
Precisamente la implantación definitiva de la transparencia y el gobierno abierto es el asunto tratado en el sexto apartado del documento. "La transparencia ha venido para quedarse, y no es una pose ni es una moda. Debe conseguirse que sea real y efectiva", ha destacado Campos.
COOPERACIÓN
"Espina dorsal"
A continuación, analiza el urbanismo "como medio y no como fin", en un contexto en el que el Parlamento autonómico avanza en la nueva ley del suelo y antes de estudiar la innovación y la modernización y las conocidas como ciudades inteligentes, con el condicionante de la brecha digital existente en la comunidad gallega.
El noveno reto, la colaboración como principio rector de una administración local en red, debe ser "espina dorsal", para la codirectora de este proyecto, quien, por último, ha apuntado al factor humano y a los recursos personales disponibles para la administración local.
Fuente: Europa Press
Los dos proyectos de ley que acabarán con el papel en la relación de los ciudadanos con la Administración, la ley del procedimiento administrativo común y la ley de régimen jurídico del sector público, pasarán este jueves su primer trámite en el pleno del Congreso. Ambos proyectos, enmarcado en la reforma de las administración emprendida durante la actual legislatura, tratan de consolidar, según el Gobierno, los esfuerzos que se han realizado en los últimos años para reducir y racionalizar el sector público.
El primero de los dos proyectos de ley -régimen jurídico del sector público- regula las relaciones externas entre las distintas administraciones y los administrados, es decir, los ciudadanos, mientras que la ley de procedimiento administrativo común se centra en la regulación sistemática de las relaciones internas entre administraciones.
Ambas normas buscan una administración electrónica, interconectada y transparente, así como facilitar las relaciones de los ciudadanos con las distintas administraciones del Estado.
Pero el objetivo principal es facilitar las relaciones de los ciudadanos con la administración, con una clara apuesta por la relación electrónica.
Así, por ejemplo, está previsto que la administración pueda avisar mediante un mensaje al teléfono móvil del ciudadano que lo haya solicitado, de que tienen una notificación que pueden consultar a través de internet.
Como regla general, se establece la no solicitud de documentos originales, como la declaración de la Renta o el certificado de empadronamiento, si obran en poder de la administración.
Se eliminan también las fotocopias. La administración no las pedirá si se trata de documentos que ya están registrados, y corresponderá al organismo en cuestión, y no al ciudadano, aportarlo.
Para los trámites en los que estén implicadas distintas administraciones, se está trabajando en la puesta en marcha de una "plataforma de intermediación de datos".
De esta forma, si en un procedimiento con una administración se requieren papeles que obren en poder de otra, se podrán conseguir a través de esta plataforma.
Además, se habilita un procedimiento administrativo exprés para casos de menor complejidad y se generalizan, en todos los procedimientos administrativos, la reducción del importe de las sanciones por pronto pago o reconocimiento de la responsabilidad.
Entre otras medidas, se pondrá en marcha un inventario "único y público" de todos los organismos que dependen de las distintas administraciones del Estado, así como un registro de todos los organismos que colaboran con la administración y los convenios firmados por el Estado.
Todas las comunicaciones entre administraciones serán, además, por la vía digital, y se refuerza el control y la disciplina de las administraciones públicas para lograr la consolidación fiscal.
Las nuevas normas introducen también importantes novedades para las empresas, que se relacionarán "obligatoriamente" de forma electrónica con todas las administraciones, como ya hacen con Hacienda y la Seguridad Social.
Se reducen también las cargas administrativas, al no exigirse documentos que ya tiene la administración o que puede elaborar, y se fija una fecha común -los meses de abril y junio- para la entrada en vigor de normas que puedan afectar a las empresas, de forma que sólo tengan que adaptarse en dos momentos del año y puedan planificar su actividad.
Fuente: INAP – La Vanguardia
A diferencia del resto de las Administraciones Públicas, la deuda local continúa la tendencia descendente, según los datos del Banco de España.
La Administración Local cerró el primer trimestre de este año con una deuda neta de 38.302 millones de euros, un 3,66% de la deuda total del conjunto de las Administraciones Públicas y Seguridad Social, y más de 3.600 millones de euros por debajo de las cifras correspondientes al mismo periodo de 2014 (un 8,61% menos).
Así queda recogido en el último informe trimestral publicado por el Banco de España en su Boletín Estadístico, en el que también se aprecia que la deuda local tiene un peso del 3,6% sobre el PIB –similar al del trimestre pasado-, a mucha distancia del 74,1% que supone la deuda de la Administración Central y del 22,5 % de la Autonómica.
El comportamiento de la Administración Local contrasta con el de las Administraciones Central y Autonómica, que incrementan sus cifras en casi 10 millones de euros y algo más de cuatro millones, respectivamente.La Administración Local rebajó sus valores en un 0,21% respecto a las cifras del cuarto trimestre de 2014 (unos 80 millones de euros en términos absolutos) y un 8,61% en relación con el primer trimestre ese mismo año (3.609 millones). Por sectores, y salvo alguna excepción puntual en grandes ciudades y capitales de provincia, los Ayuntamientos disminuyeron sus valores; también lo hicieron las Diputaciones Forales y los Cabildos y Consejos Insulares.
Fuente: FEMP
Resolución de 8 de junio de 2015, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se dispone la publicación conjunta de las clasificaciones de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional (BOE 22/6/2015)
El líder del PSOE se abre a introducir una segunda vuelta en la elección de alcaldes, pero no en presidentes autonómicos o del Gobierno.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, está dispuesto a abordar una reforma electoral que introduzca una segunda vuelta en la elección de alcaldes, tal y como propone el PP, pero no para elegir a presidentes autonómicos ni al jefe del Ejecutivo.
Según avanza ABC, el PP pretende impulsar la reforma electoral que metió en el cajón cuando la propuso por primera vez hace ahora un año. La formación que preside Mariano Rajoy está abierta a acordar la fórmula: primar a la mayoría ganadora o bien instaurar una segunda vuelta electoral, para que los ciudadanos puedan elegir entre las opcione que pasen un listón determinado de votos.
Al preguntarle por esta cuestión en Antena 3, Sánchez se ha mostrado partidario de poner en marcha una reforma de la ley para abrir las listas, introducir las primarias en todos los partidos, limitar los mandatos y garantizar la transparencia en las cuentas públicas de los partidos, porque cree que es lo que necesitan los españoles, informa Ep.
A juicio del líder de los socialistas, éstas son las «prioridades» de una reforma electoral que debe servir para «reforzar la ejemplaridad» de la política en el país. Dicho esto, y cuestionado por la posibilidad de introducir la elección a segunda vuelta, que ha defendido la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, incluso para designar al presidente del Gobierno, Sánchez ha explicado que lo ve «posible» sólo en el ámbito municipal.
«Podemos hablar de ello», ha señalado Sánchez, que se ha mostrado dispuesto a «abrir el debate» pero exclusivamente para la política local, porque no ve compatible este modo de elección con el sistema parlamentario en las comunidades autonómicas y en el ámbito estatal.
Fuente: ABC