ISSN: 2695-4621
Por Víctor Almonacid Lamelas
Concluido ya el ingente trabajo que ha supuesto elaborar nuestra Agenda para la gestión municipal 2015-2109 – Manual para la gestión inteligente del Ayuntamiento II, solo puedo agradecer a mis compañeros de proyecto su esfuerzo y dedicación. Valga la presente como homenaje a los numerosos coautores de una obra que ha sido concebida como la Guía de gestión o el “Manual de instrucciones” para dirigir los Ayuntamientos en la recién estrenada legislatura 2015-2019. A continuación adjunto fragmentos escogidos de la Presentación que encabezará la obra. Informaremos puntualmente de su salida al mercado.
Ya están aquí las nuevas Corporaciones. Tal y como se intuía, la regeneración es mayor que la producida tras anteriores comicios. Esta notable renovación de cargos –que no es tanto ideológica o generacional, que también, como personal–, conlleva la irrupción de una gran cantidad de Alcaldes, Concejales y Diputados provinciales noveles, hecho por sí mismo que ya justificaría una obra como esta, destinada a ser el “manual de instrucciones” de los nuevos gestores municipales para esta legislatura 2015-2019. Por el mismo motivo puede resultar de gran utilidad para “los que ya estaban”, y nos referimos ahora principalmente a los funcionarios, ya que esta mezcla que se produce entre veteranos y novatos (dicho sea con todo el respeto) puede producir alguna situación de desconcierto para la que en realidad nadie está preparado. En este sentido, la inteligencia emocional y la capacidad de empatizar, comunicarse, liderar y resolver conflictos son sin duda habilidades necesarias en el moderno gestor público, tanto si su perfil es político como técnico, ya que todos remamos en el mismo barco.
El coordinador del presente manual, quien suscribe, se puede considerar aún una persona joven… Pero lo cierto es que entré en la administración en el siglo pasado. Yo vi y viví la tremenda ineficiencia de la administración de los papeles. Entonces era auxiliar administrativo y, llámenme pretencioso, me prometí que algún día cambiaría todo eso. Y ha cambiado, pero solo en parte. Quedan cosas por hacer. Y las debemos hacer, sí o sí, en la próxima legislatura, la cual concluye nada más y nada menos que en 2019, una fecha que parece extraída de un relato de ciencia ficción. En todo caso es una fecha que impresiona.
(…) En esta legislatura desaparecerá el papel, porque el procedimiento electrónico vendrá pronto impuesto por una ley non nata a la fecha del cierre de esta edición pero que se aprobará a finales de 2015 y deberá implantarse, a más tardar, dos años después (finales del 2017 o principios de 2018); y porque una Directiva de 2014, también en fase de transposición, impondrá la licitación electrónica aproximadamente para las mismas fechas, entendidas siempre como plazos máximos. Pero como todos sabemos que no desaparecerá del todo habrá que darle algún calificativo jurídico al expediente en papel, o simplemente a un documento físico que aparezca encima de nuestras mesas. Y nuestro calificativo (ya lo tenemos preparado) será “nulo de pleno derecho”, salvo las notificaciones por carta para las personas que expresamente se decanten por el formato físico en sus comunicaciones con la administración. Qué duda cabe de que el ciudadano siempre va a poder optar por “no ser electrónico” (a pesar de que se le darán infinidad de facilidades para el empleo de los nuevos medios y servicios). Pero la administración no puede elegir. Esta imposición está llena de matices (incluso la nueva Ley de Procedimiento tendrá “puertas traseras”), pero sus detractores deben cambiar su manido argumentario (“perjudica a las personas mayores”, “es un proceso caro y no tenemos dinero”, “nos falta formación”, “peligra la seguridad jurídica…”) y sustituirlo por otro que no haya sido absolutamente rebatido o simplemente subsanado en cuanto a los problemas que se planteaban. Entre los argumentos válidos para contravenir el proceso, personalmente el que más nos preocupa es la brecha digital, en el sentido más amplio de la expresión, motivo por el cual opinamos que la administración no solo debe implantar la gestión electrónica, sino que debe implantarla gratuitamente para el ciudadano. Y además informarle de los servicios disponibles, y explicarle cómo se utilizan. Esta idea es propia de un Gobierno abierto, otro de los temas estrella de la obra.
En el Manual para la gestión inteligente del Ayuntamiento (EC La Ley, 2014), de alguna manera el libro antecesor de este, ya dijimos que había una especie de orden natural en la implantación de los proyectos, que comenzaba con la gestión electrónica de los procedimientos, la cual tenía su culminación natural en la licitación electrónica –como parte de la contratación electrónica integral, uno de los grandes objetivos–; y que una vez finalizada o prácticamente implantada la administración electrónica en todos sus hitos –incluidos los tan olvidados Esquemas (ENS y ENI)–, esta entroncaba con los servicios inteligentes, pues de igual modo que la “plataforma de ciudad” es al mismo tiempo contratación electrónica y Smart City, el archivo electrónico es simultáneamente administración electrónica y transparencia. Ahora matizamos aquella opinión: en realidad el orden no es tan importante. Ni siquiera los plazos. Hacerlo todo sí.
(…) Evidentemente la gestión conjunta, casi simultánea, de todos estos hitos o subproyectos, es compleja. Dijimos que era importante hacerlo todo. Y debemos hacerlo de forma esencialmente planificada, y en mucho menor porcentaje –que nunca va a ser igual a cero– improvisada.
Y para ayudar a “hacerlo todo”, desde un planteamiento que podría considerarse original, hemos estructurado la obra en cuatro grandes partes o bloques que se corresponden con los cinco años o fracciones de año de la legislatura. Y lo hemos hecho atendiendo nuevamente a aquel orden temporal de implantación de los proyectos, políticas y medidas, pero en este caso ya no tanto según aquel criterio “lógico”, basado en fases naturales, que confesamos haber desmitificado, sino más bien en base a los plazos legales que imponen, o como mínimo aconsejan, la implantación de los siguientes proyectos con el siguiente cronograma. Esta es pues la estructura de nuestra Agenda 2015-2019:
BLOQUE PRIMERO – 2015. LAS NUEVAS CORPORACIONES
Evidentemente la primera tarea a abordar será la organización corporativa, pero en este mismo año se hace imprescindible articular los servicios públicos locales con arreglo a la polémica LRSAL (que parece haber quedado congelada hasta después de elecciones, pero ahora, a pesar de estar amenazada política y constitucionalmente, se reactiva), con especial atención a su coste efectivo. Unos servicios que desde luego deben estar enfocados a la ciudadanía. En cuanto a la administración electrónica (la única posible, después de todo), sería conveniente comprobar que se han realizado todas las tareas pendientes –expediente electrónico, factura electrónica, ENS, ENI…–, ya que de lo contrario nos va a resultar muy difícil implantar en 2016 la ley de procedimiento o la ley de transparencia. Finalmente, 2015 es un buen año para aprobar un Plan de Mejora e Innovación, o bien para renovar o al menos revisar el vigente, así como un Plan estratégico de los RRHH. En este 2015 me acompañan Lorenzo Pérez, Eduardo Balaguer, Jordi Vila, Julio García, Elena Martí, Fermín Cerezo, Javier Cuenca y Fernando Fariña.
BLOQUE SEGUNDO – 2016. TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
El plazo máximo para cumplir la Ley de transparencia estatal en los Ayuntamientos es el 10 de diciembre de 2015, por lo que 2016 debe comenzar, si es que no se ha hecho antes, con la implantación de medidas como la aprobación de una Ordenanza de transparencia; la publicación de un portal que sea accesible, reutilizable e interoperable; la articulación de nuevas formas de participación ciudadana (sin desprecio de las clásicas), dedicando especial atención a las RRSS e incluyendo el derecho de acceso a la información; y en definitiva la activación del Gobierno abierto como modelo de gobierno municipal. 2016 viene de la mano de Eva Altaver, Salma Cantos, Concepción Campos, Xavier Sancliment, Eduard Chaveli, Marta Pagán, Amalia López, Sabrina Díaz y un servidor.
BLOQUE TERCERO – 2017. RECURSOS HUMANOS
Cuando hayamos organizado el Ayuntamiento, articulado los procedimientos y enfocado todos nuestros servicios hacia el ciudadano, será el momento de respirar hondo ante el buen cumplimiento de lo urgente y abordar aquellas tareas importantes que sin embargo nunca hicimos por lo abrumador del día a día. El Estatuto Básico del Empleado Público habla de evaluación del desempeño desde 2007. En 2017 habrá transcurrido una década, pero más que lamentarse por el hecho, que será cierto en casi todos los casos, de no haber movido un dedo en tal sentido, debemos entender que unas Entidades tan innovadoras como las que hemos diseñado deben estar compuestas por empleados públicos innovadores: bien formados, motivados y, por qué no decirlo, felices en su trabajo. Para ello será necesario desarrollar nuevas aptitudes, siempre desde luego a partir de nuevas actitudes. Será por tanto el momento de desarrollar la inteligencia emocional, las habilidades de comunicación –entre compañeros y con el ciudadano–, y en algunos casos las habilidades directivas, todo ello a través de planes y fórmulas de formación originales que reactiven ese interés por aprender, ya que el aprendizaje continuo es la base del moderno empleo público. En 2017 les verán las caras por primera vez a Mila Ortiz, Amparo Mateu, Vicente Molina, Ignacio Martínez, César Herrero, Fernando Monar y Rodrigo Martín; y se volverán a encontrar con Fermín Cerezo, Eva Altaver, Javier Cuenca, Lorenzo Pérez y un servidor.
BLOQUE CUARTO – 2018. EL AÑO DE LA LICITACIÓN ELECTRÓNICA
Independientemente de lo que establezca la nueva Ley de contratos, ahora en gestación, después de 2018 no será legal la tramitación en papel de los procedimientos de licitación pública: si quieren por las Directivas de 2014, o si quieren por la Ley de Procedimiento, que directamente impone las comunicaciones electrónicas a las personas jurídicas. Mucho tendrán que decir las Diputaciones, el Estado y por supuesto las empresas en esta travesía por del desierto que intuimos –o sabemos– va a ser la implantación total de la licitación electrónica en los Ayuntamientos. No obstante, sabiendo ya hoy que es más legal, eficiente y transparente parece poco ético (la ética es uno de los conceptos subyacentes a lo largo de esta obra) dejarlo para 2018. En este caso hablamos de un “plazo máximo” más que en ningún otro. En 2018 coincidiremos con Jaime Domínguez, Borja Colón, Pilar Batet, José Luis Arístegui, Siricio Ramírez, Esther González e Israel Rodríguez. Repetimos Xavier Sancliment y yo mismo.
BLOQUE QUINTO – 2019. PROYECTOS SMART CITY Y DE GESTIÓN INTELIGENTE
Si hemos hecho todo lo anterior podemos adentrarnos, por qué no, en el maravilloso mundo de las ciudades inteligentes. Nos gustan más las expresiones “servicios inteligentes” o “gestión inteligente”, ya que el término internacional Smart City realmente se refiere a ciudades de cierto tamaño, las cuales en España representan un porcentaje muy bajo del total de los municipios. Este apartado de la obra consistirá básicamente en la exposición, por parte de sus responsables, de los proyectos consolidados de Smart City, incluyendo los de ciudades “no tan grandes”, que pensamos que son buenos modelos a seguir por municipios al menos medianos. Si llega usted al futuro, se encontrará en Málaga con David Bueno, en Valencia con Ramón Ferri e Hilario Llavador, en Gijón con Fernando Álvarez, en Santander con José Antonio Teixeira y en Sant Feliu con Mario Alguacil. A Xavier Sancliment y a mí no sé dónde nos encontrarán, pero también intervenimos en este bloque. Sobre lo que ocurrirá a partir de 2020 –un año por cierto, estratégico en las políticas europeas– es algo que no se sabe a ciencia cierta pero sobre lo que me permito especular en el Epílogo.
En resumen, tiene usted entre sus manos –o en su pantalla–, una guía básica para la correcta gestión corporativa, política y técnica, de la legislatura 2015-2019. Los destinatarios serán, por un lado, el Alcalde y los concejales, tanto del equipo de gobierno como por supuesto de la oposición, máxime en un escenario político tan equilibrado; y por otro lado, evidentemente, los funcionarios, ya que se plantean cuestiones técnicas a desarrollar necesariamente por parte de algunos empleados públicos, interesando en este sentido sobre todo a los que desarrollan o están llamados a desarrollar funciones directivas, tanto desde el ámbito jurídico como técnico. En cuanto al estilo, es coherente con el título de “Agenda” y aunque trata todos los temas relevantes más o menos como cualquier otra obra, los ubica temporalmente, a modo de cronograma o pasos a seguir, en relación con los años de la legislatura y los hitos legales fijados para cada fecha. La LRSAL marca algunos plazos, las diferentes normas de administración electrónica marcan a su vez infinidad de plazos, muchos de ellos rebasados e incumplidos impunemente. También existen plazos oficiosos de medidas de muy oportuna (de momento no obligatoria) adopción, como la evaluación del desempeño. Sin perjuicio de ello, se insistirá a lo largo de la obra en la posibilidad, e incluso la conveniencia, de adelantar en el tiempo la implantación de alguno estos hitos, pero sobre todo de simultanear varios de estos proyectos a través de su encuadre en un Plan de Mejora de Innovación o Plan de Gestión que los reúna.
Por último debo agradecer a todos y cada uno de los autores, ya citados, su titánico esfuerzo por dedicar un tiempo que no tienen a escribir los Capítulos de extraordinaria calidad y valor práctico que esta obra contiene. Detrás de cada página hay horas de trabajo, algo que la mayoría de las personas que no escriben desconocen. Algunos de ellos, medio retirados, ocupadísimos, o simplemente poco dados a escribir, lo hacen solo porque yo se lo he pedido. Mil gracias. Agradezco de forma específica a mi maestro Manuel Ballesteros, quien ha tenido el enorme detalle de escribir el Prólogo pese a no sentirse bien. Y no mil gracias, sino un millón, a mi familia por aguantarme. Ya concluyo, pero si me lo permiten lo hago una dedicatoria especial, que es para mis padres. Si soy un profesional comprometido y trabajador es porque he sacado un poco de ellos. Si tengo valores, algo tan necesario en la gestión pública actual, es porque me los transmitieron.
Los gobiernos locales tendrán que dar contenido real a conceptos hoy devaluados, como sostenibilidad, transparencia o buen gobierno, y al propio tiempo impulsar una nueva agenda de innovaciones democráticas y de regeneración donde la integridad institucional, los códigos éticos y de conducta y el control ciudadano sean la norma.
Los resultados electorales del pasado domingo han supuesto un enorme cambio en el mapa municipal español. Los ciudadanos hemos optado por gobiernos plurales en la escala local y regional. Hemos decidido situar en el centro conceptos fundamentales como pacto, coordinación, cooperación, gobierno multinivel, transparencia, participación, inclusión y justicia social, ética pública y decencia. En definitiva, otra forma de entender el gobierno y la democracia. Una clara señal de querer dejar atrás patologías institucionales, actitudes prepotentes y episodios reiterados de corrupción política. Y el mejor antídoto, así lo hemos entendido de forma mayoritaria, es impedir mayorías absolutas.
El cambio ha sido de tal profundidad que en muchas grandes ciudades y en centenares de municipios los ciudadanos han otorgado la responsabilidad de gobernar a nuevas plataformas ciudadanas surgidas de movimientos sociales durante estos últimos años. Este nuevo panorama no sólo afecta a las mayorías, sino que también tiene que ver con las demandas de los ciudadanos y sus exigencias de una nueva representatividad. Frente a la constatación, cada vez sentida por más gente, de que «no nos representan», las elecciones han permitido elegir a personas nuevas más en sintonía con las preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos. Unas preocupaciones que han de centrar el quehacer de los nuevos ayuntamientos como habrían de haberlo hecho también en el pasado, lo que desgraciadamente no ha sido el caso.
Las ayuntamientos son las administraciones más próximas a los ciudadanos y son por ello esenciales para garantizar un nivel de servicios públicos que asegure la equidad social y aspire a lograr una efectiva igualdad de oportunidades para todos, con independencia de su origen social, de su situación económica o de si vive en un entorno rural o urbano, más o menos poblado.
Su nivel competencial, más bien poco generoso en España, algo que debería ser revisado, se ve superado con mucho en su acción ordinaria, pues es desde los entes locales desde donde, en primer término, se garantizan desde los servicios a las personas mayores hasta la escolarización de los niños más pequeños, por mencionar sólo dos ejemplos que recientemente hay quien pretende poner en cuestión retirando este tipo de atribuciones a las administraciones de más proximidad al ciudadano.
La actual crisis económica, que se prolonga ya casi una década, ha dejado a muchísimos ciudadanos en una situación de práctica indefensión enormemente grave. Como suele ser habitual, además, son los ya de por sí más desfavorecidos quienes más lo están sufriendo, pero la intensidad y duración de la situación, unidas a una política de recortes que puede calificarse en algunos casos de sociópata por su tendencia a reducir únicamente el gasto público destinado a servicios públicos y sociales, ha hecho que las capas de la población que sufren sean a día de hoy inusitadamente amplias.
Frente a esta situación, los ayuntamientos han de desarrollar todas las herramientas a su alcance, con imaginación y osadía, para poder paliar esta emergencia social, en primer término y, a más medio y largo plazo, construir un modelo de convivencia más justo y, por ello, más sólido. Necesitamos ayuntamientos que asuman que sus tareas tienen que ver con lo que necesitan y demandan los ciudadanos y que desarrollen políticas que den estas respuestas de primera mano.
Respuestas sobre la promoción económica a escala local, amparando y sentando las bases para que la actividad privada pueda florecer y apoyando las iniciativas que garanticen la autonomía económica y personal de cuantas más personas, mejor.
Respuestas en materia de educación o sanidad, donde el protagonismo autonómico no es excusa para no desarrollar una intensísima labor complementaria que marque la diferencia entre sistemas públicos inclusivos y de calidad y lo que tenemos en la actualidad.
Respuestas en materia de servicios sociales, donde los ayuntamientos, por definición, o están en primera línea con vocación de garantizarlos o la situación se degrada inevitablemente hacia la idea de «beneficiencia».
Respuestas, en definitiva, en materia de transporte y movilidad urbana, reparto del espacio público, gestión territorial y urbanística, promoción cultural…
Los ayuntamientos son la primera línea del Estado del bienestar y de cómo interpreten su cometido depende nuestro futuro como sociedad de cara a tratar de salir de esta crisis cuanto antes y de la mejor manera posible.
Para poder acometer todas estas políticas los ayuntamientos cuentan con una serie de instrumentos: un marco legal, una financiación, unas ciertas tradiciones en la gestión… que son parte de los límites en los que se mueven para desarrollar estas políticas. Pero estos límites son menos importantes de lo que en ocasiones se piensa. Tanto o más importantes son la falta de imaginación, de valentía o de originalidad a la hora de decidir aplicar ciertas políticas, por muchas dificultades que haya.
Contando con el dinero con el que se cuenta, por mucho que ojalá fuera más, y con el marco legal actual, por mucho que la reforma local de 2013 se haya empeñado en ir en contra de la tendencia general europea y haya restringido las competencias municipales, siempre se pueden hacer cosas. Por esta razón, desde el Institut Interuniversitari de Desenvolupament de la Universitat de València hemos hecho una especie de «guía práctica» con la idea de aportar propuestas de cambio y de transformación a escala local. El planteamiento es sencillo: identificar qué cosas convendría hacer a todos los niveles antes reseñados, a partir de la identificación de las necesidades de los ciudadanos y fomentando su participación, así como del análisis de lo que se hace en otros países del mundo o de las mejores prácticas españolas, y proponer ideas para su despliegue así como dar pistas sobre cómo podrían articularse y por medio de qué base legal.
El resultado es una verdadera nueva Agenda Local para el cambio desde abajo, un cambio que ha de poner nuestras Administraciones públicas al servicio de los ciudadanos y a nuestros Ayuntamientos a disposición de sus vecinos. Porque los Ayuntamientos han de tener ante todo una prioridad: mejorar a toda costa las condiciones de vida de la gente.
Pero las ciudades serán también motores del cambio y la innovación política. Y en muchos casos, tras un formidable trabajo de desescombro para restaurar la confianza en las instituciones, los gobiernos locales tendrán que dar contenido real a conceptos hoy devaluados, como sostenibilidad, transparencia o buen gobierno, y al propio tiempo impulsar una nueva agenda de innovaciones democráticas y de regeneración donde la integridad institucional, los códigos éticos y de conducta y el control ciudadano sean la norma.
La necesidad de cambio que latía en España y que los resultados electorales han visualizado con tanta claridad tiene mucho que ver con la insuficiencia de los mecanismos que hasta la fecha hemos construido para obligar a que la gestión pública mire hacia donde debe: a los ciudadanos. Tiene también mucho que ver con las insuficiencias objetivas de las políticas públicas que han estado desplegando los ayuntamientos estos últimos años. Es un deber de las nuevas corporaciones municipales atender cuanto antes, con toda la voluntad y recursos disponibles, con competencia y profesionalidad y con el soporte técnico de sus fantásticos trabajadores, a estas necesidades.
El cambio electoral refleja que no podemos esperar mucho más. Necesitamos ya mejores servicios sociales, ayuntamientos que intervengan intensamente en asegurar la educación y atención sanitaria de calidad para todos, políticas de cooperación económica y de despliegue territorial colaborativas que tengan en cuenta las necesidad económicas y sociales… Y lo necesitamos cuanto antes.
Joan Romero y Andrés Boix han coordinado la obra Democracia desde abajo. Nueva agenda para el gobierno local (PUV, 2015) donde una veintena de expertos en políticas locales diseccionan los diversos ámbitos de competencia municipal para hacer propuestas de gestión a partir del ejemplo comparado y del marco legal existente. El resultado es de libre acceso y puede descargarse (en PDF) desde aquí.
Fuente: eldiario
El presidente del Gobierno y el líder del PSOE han mantenido su primer cara a cara en la Cámara Baja tras las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha rechazado hoy la propuesta que le ha plantado ante el pleno del Congreso el líder del PSOE, Pedro Sánchez, de que retire la reforma de la administración local tras las elecciones municipales del pasado domingo.
Rajoy y Sánchez han mantenido su primer cara a cara en la Cámara Baja tras las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo y han mostrado su desacuerdo respecto al nivel de servicios sociales que están prestando los ayuntamientos.
Si el secretario general del PSOE ha lamentado la reducción de los mismos y ha advertido de que si el Gobierno no retira la reforma local lo harán los socialistas cuando lleguen al Ejecutivo, Rajoy ha defendido todas las iniciativas que ha puesto en marcha en el ámbito municipal y que considera que, precisamente, han garantizado la viabilidad de los servicios sociales.
Fuente: La Voz de Galicia
El portavoz del PSOE en el Congreso acusa al Gobierno de querer "liquidar" los servicios sociales "como si nada hubiera pasado" en las elecciones, que ha calificado de "debacle municipal" de los populares
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha defendido este miércoles el reparto de las competencias de servicios sociales incluido en la reforma local y ha rechazado la exigencia del PSOE de que esta ley sea retirada tras la "debacle" del PP en las elecciones municipales de este domingo.
Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, Montoro ha sostenido que la reforma local aprobada por el Ejecutivo esta legislatura garantiza la financiación de los servicios sociales, competencia de las comunidades autónomas que puede ser delegada en los ayuntamientos mediante convenios.
"No ha habido ninguna restricción -ha defendido aludiendo además a las ayudas destinadas por el Gobierno a los ayuntamientos-. ¿Qué hubiera sucedido en los ayuntamientos si no se hubiera hecho el plan de pago a proveedores? ¿Quién hubiera pagado las facturas a las ONG que estaban prestando esos servicios sociales?".
Hernando pide su dimisión
El ministro ha respondido así al portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, que ha acusado al Gobierno de querer "liquidar" los servicios sociales y se ha preguntado si el Ejecutivo "tiene fuerza" para "liquidar" competencias "como si nada hubiera pasado" en las elecciones y no se hubiera producido la "debacle municipal" de los 'populares'.
En este punto, ha vuelto a exigir a Montoro que deje el Ejecutivo y no haga como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "que dice que sigue siendo el mejor candidato" para las próximas elecciones. Para ayudarle, le ha recordado que el PP "está en desbandada".
Así, ha puesto el ejemplo de algunos miembros del Ejecutivo: la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, "que ni siquiera acude a las sesiones de control"; el ministro de Economía, Luis de Guindos, que ha anunciado su intención de no seguir en el Gobierno; o el ministro de Educación, José Ignacio Wert, que quiere ser embajador ante la OCDE.
Fuente: El Diario Vasco
RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2015 por la que se convoca una jornada sobre sostenibilidad financiera y reforma de las entidades locales (DOG 27/5/2015)