Publicadas las próximas pautas para la gestión del FIE y el Fondo de Ordenación

El próximo 10 de junio es la fecha límite para que los interventores de las Entidades Locales acogidos a los compartimentos Fondo de Ordenación y Fondo de Impulso Económico, del Fondo de Financiación a Entidades Locales, faciliten al Ministerio determinada información para continuar con el procedimiento de gestión de estos fondos.

Estas y otras pautas a seguir para completar el procedimiento ya iniciado para las Entidades Locales beneficiarias de los Fondos, varían en función del compartimento al que la Entidad Local se haya adherido, y se encuentran detalladas en la nota emitida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la que se puede acceder desde este enlace.

En la nota también se informa sobre la apertura de un nuevo procedimiento en el mes de julio en el que las Entidades Locales podrán solicitar para 2015 la adhesión al Fondo de Ordenación por no haber conseguido refinanciar préstamos formalizados en ejercicios anteriores en términos de prudencia financiera. En esa nueva fase se podrán incluir operaciones que no se hayan recogido en el proceso ya iniciado. Se abrirá también un nuevo procedimiento para adhesión al Fondo de Impulso Económico para 2016.

Finalmente, se da cuenta de determinadas modificaciones para la concertación de operaciones de crédito en el Fondo de Financiación a Entidades Locales a suscribir a partir de 2015 que afectan a los intereses de demora y a la posibilidad de amortización anticipada, acordados por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del pasado 7 de mayo.

Fuente: FEMP

PODEMOS, primer partido que asume las propuestas de COSITAL y la Fundación ¿Hay derecho? sobre regeneración municipal

Desde la Secretaria de Acción Institucional de Podemos han comunicado que hacen suyas las propuestas presentadas por COSITAL  y  la Fundación ¿Hay Derecho? el pasado 29 de abril en Madrid. Con la única salvedad de la propuesta  referente a los casos de privatización de bienes y servicios públicos, porque la formación política plantea la gestión directa de los mismos. Este hecho es el que justifica su abstención a esta propuesta, por motivos de coherencia política, en sus propias palabras. 

Hasta ahora PODEMOS ha sido la única formación que ha asumido estos compromisos. Esperamos y animamos al resto de las fuerzas políticas a que se sumen a esta iniciativa que consideramos beneficia fundamentalmente y sobre todo a la ciudadanía.

El pasado 29 de abril la Fundación ¿Hay Derecho? y el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL) presentaron en la Escuela de Técnica Jurídica las “Propuestas para la Regeneración Municipal”. Participaron en la presentación EULALIO ÁVILA, Presidente de COSITAL; SEGISMUNDO ÁLVAREZ y ELISA DE LA NUEZ ambos de la Fundación ¿Hay Derecho?; y MANUEL VILLORIA de Transparencia Internacional España. Ver la noticia sobre la presentación de las propuestas aquí 

Sin noticias de la reforma de la financiación autonómica y local

Las previsibles dificultades para crear mayorías tras el 24M podrían alejar la posibilidad de alcanzar acuerdos

El arduo camino para reformar la financiación autonómica y local continuará tras las elecciones autonómicas y municipales del próximo domingo ya que, si como todo apunta, no hay mayorías absolutas, será mucho más complicado llegar a acuerdos con gobiernos de coalición.

Los candidatos a las próximas elecciones autonómicas y municipales afrontan el reto de estos comicios sin haber logrado resolver la asignatura pendiente de la financiación autonómica y local, un compromiso electoral del PP que ha quedado aplazado por la falta de ingresos para incrementar el dinero que se destina a las autonomías.

La reforma de la financiación ha sido imposible abordarla en esta legislatura porque según decía el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, no había dinero y no era el momento de generar nuevos agravios entre comunidades.

Aunque Montoro aseguró hace tres meses que la nueva financiación autonómica llegaría tras las elecciones del 24M, todo hace pensar que va a ser complicado debido a que va a resultar muy difícil poner de acuerdo para este asunto a las distintas formaciones que surjan tras las elecciones del domingo.

Montoro aseguró que "con la recuperación económica encarrilada", habrá una financiación autonómica que garantice la igualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos, ya que como ha reconocido el ministro en numerosas ocasiones algunas comunidades como la Comunitat Valenciana, Murcia o Baleares están infrafinanciadas por el modelo de financiación que aprobó el Gobierno socialista con el voto en contra del PP.

En el caso de la financiación local, el Gobierno se ha mostrado partidario de abordarla "de forma simultánea" a la autonómica, ya que de este modo se evitarán solapamientos entre los diversos tributos.

Aunque Montoro situó la reforma cuando se constituyan los nuevos gobiernos autonómicos y municipales, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho que se llevará a cabo en la próxima legislatura.

En declaraciones a Efe, el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, ha destacado que con el futuro mapa político que se avecina, la reforma va a ser "más complicada" al tener que poner "a más gente de acuerdo".

De la Fuente ha criticado que a pesar de que el Gobierno dijera en reiteradas ocasiones que no había dinero para llevar a cabo la reforma del sistema, "si lo ha habido para regalar a las comunidades los intereses del FLA". Un dinero que "hubiera estado mejor gastado en engrasar la reforma", ha dicho.

Impuestos

El economista considera que en el nuevo modelo de financiación deberá haber un "reparto equitativo del dinero" y habrá que ser "más duros" con las autonomías que están acostumbradas a ir a Madrid a pedir más, porque si siempre se "les regala el dinero, la tentación de gastar más es enorme".

En opinión de De la Fuente, las comunidades "deberían dar la cara y subir los impuestos si realmente necesitan más recursos".

En el caso del IVA y los Impuestos Especiales, puesto que la UE no admite que cada comunidad fije los tipos por su cuenta, el economista sostiene que se debería establecer un "instrumento colegiado" que permita al conjunto de las comunidades modificar el tramo autonómico de tales impuestos "de común acuerdo".

Al igual que De la Fuente, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha señalado a Efe que la situación tras las elecciones no va a ayudar a la reforma de la financiación porque para ello debería haber "cierto consenso" y ha considerado que "con un ambiente electoral tan complejo no hay tranquilidad" para abordarlo.

Pich, que ha explicado que la revisión del modelo no se ha llevado a cabo hasta ahora porque los recursos eran "escuálidos", ha señalado que es posible que después de las elecciones comience un "debate" en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y se cree una comisión para empezar a estudiar la reforma.

En cualquier caso, Pich ha subrayado que hay que concienciar a la sociedad española de que "el nivel de asistencia pública actual sólo podrá mantenerse si se gestiona mucho más eficientemente porque no va a haber más dinero".

A falta de financiación, el Gobierno ha puesto en marcha esta legislatura diversos mecanismos de financiación en el marco de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para aportar liquidez a las comunidades y a las entidades locales para que pudieran financiar servicios públicos esenciales como la Sanidad, la Educación o los servicios sociales.

Fondo de Liquidez Autonómico

Durante tres años, el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) habrá aportado a las comunidades 62.800 millones de euros, y el Fondo de Proveedores 41.814 millones, de los que 30.219 fueron asignados a las autonomías y 11.595 a las entidades locales.

A estos dos mecanismos, se sumaba, gracias a la mejora de la economía, un tercero a finales de 2014, por el que se permitía a las autonomías y entidades locales pagar al 0 % de interés la deuda acumulada con el Estado o los bancos y la financiación del déficit.

Según los cálculos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, las comunidades y entidades locales ahorrarán hasta 2015 un total de 7.432 millones euros con las nuevas medidas.

Fuente: EFE - Por Marta Lázaro

Regeneración municipal

Hay que cambiar las piezas del sistema que han favorecido el despilfarro y la corrupción

De los casos de corrupción que casi a diario van apareciendo en las noticias, es llamativa la frecuencia con la que afectan a escala municipal, cosa que destaca el informe anticorrupción de la Unión Europea de 2014. Sin embargo, a pesar del escándalo que esto produce y de la cercanía de las elecciones municipales, no parece que nadie esté analizando las causas del problema. Pensar que la solución es que los tribunales vayan resolviendo los casos, o que las listas estén libres de imputados, es como querer acabar con la mítica hidra cortando sus mil cabezas: cambiarán las caras, pero seguirán saliéndole cada vez más cabezas al monstruo, que ya ha demostrado su capacidad de adaptación al medio tras la crisis inmobiliaria, pasando de alimentarse del urbanismo a asolar las subvenciones y la contratación pública.

Si de verdad queremos llegar al corazón del problema, tendremos que modificar los elementos del sistema que han favorecido el despilfarro y la corrupción. El citado informe de la UE habla de falta de mecanismos de control en el nivel local, pero lo que no dice es que estos mecanismos se han ido desarticulando. Como relata Muñoz Molina en Todo lo que era sólido, cuando llegó la democracia todos los partidos políticos consideraron que el control por parte de los funcionarios era un obstáculo para la realización de la voluntad popular, que ellos representaban. Particularmente molestos eran los secretarios e interventores de Ayuntamiento, funcionarios por oposición a escala nacional que tenían encargado el control de la legalidad jurídica y económica de los municipios. Por ello se fueron modificando las leyes para limitar sus competencias, reduciendo los casos en que era necesario su informe y sustrayéndoles todas las funciones de gestión, que se fueron concentrando en el alcalde.

Al mismo tiempo, se trató de menoscabar su independencia, permitiendo en determinados casos su nombramiento directo y no por concurso. Como siempre es bueno tener el palo y la zanahoria, se atribuyó a los Ayuntamientos tanto la capacidad de fijar sus retribuciones como la competencia para sancionarles (solo recientemente esto último ha sido parcialmente corregido). También se ha recurrido a vías de hecho, como no convocar plazas para poder nombrar para el cargo a un funcionario municipal afín, abusar del nombramiento de personal eventual de confianza o incluso presionar a los funcionarios. La mayoría de los expedientes iniciados contra secretarios e interventores son por emitir informes en materias que no eran de su competencia, es decir, por intentar hacer su trabajo. Eso sí, cuando al final algo sale mal —y a la luz—, el político apunta siempre al funcionario.

Muchos alcaldes,  sin controles previos internos ni supervisión  efectiva han acometido obras y proyectos innecesarios o absurdos

Así las cosas, no nos debería extrañar que muchos alcaldes, convertidos en pequeños presidentes, rodeados solo de leales que dependen de él, sin controles previos internos ni supervisión supramunicipal efectiva, acometan obras y proyectos innecesarios o absurdos, o desarrollen prácticas corruptas, abusando de unas desproporcionadas competencias urbanísticas o infringiendo la letra o el espíritu de la legislación sobre contratos públicos. Cambiar el sistema no es imposible. La fundación ¿Hay derecho? y el Colegio Profesional de Secretarios e Interventores (Cosital), partiendo de la experiencia y de las recomendaciones de organismos internacionales, proponen una modificación de las reglas del juego. Las medidas presentadas persiguen devolver a estos funcionarios su independencia y sus competencias, y a que tengan apoyo —y supervisión— desde un nivel superior al municipal. También reducen la discrecionalidad y aumentan la transparencia en los procesos de contratación pública, y proponen facilitar la denuncia de actuaciones sospechosas y proteger a los denunciantes.

El cambio es necesario, y puede que ahora sea incluso posible, pues la sociedad española ha reducido su tolerancia con la corrupción, y los tribunales y la policía parecen ser ahora más capaces de desentrañar y juzgar las tramas corruptas. Quizás ahora los políticos comprendan que un control profesional e independiente no es solo una garantía para el interés común, sino para su propia seguridad, y que la transparencia no es una amenaza, sino una oportunidad para demostrar que no tienen nada que ocultar. Al final nos corresponderá a cada uno de nosotros estar atentos, utilizar nuestros derechos de información, y ejercer nuestro derecho de voto en las próximas municipales, teniendo en cuenta lo que cada partido dice y hace en relación con la corrupción.

Fuente: El País. Autor: Segismundo Álvarez Royo-Villanova, jurista.