ISSN: 2695-4621
El pasado 29 de abril la Fundación ¿Hay Derecho? y el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL) presentaron en la Escuela de Técnica Jurídica las “Propuestas para la Regeneración Municipal”. Participaron en la presentación EULALIO ÁVILA, Presidente de COSITAL; SEGISMUNDO ÁLVAREZ y ELISA DE LA NUEZ ambos de la Fundación ¿Hay Derecho?; y MANUEL VILLORIA de Transparencia Internacional España.
Los numerosos casos de corrupción y las dificultades financieras de los Ayuntamientos han puesto de manifiesto la necesidad de mejorar los controles y la gestión municipal en España, como destaca también el informe anti-corrupción de la Unión Europea de 2014.
La Fundación ¿Hay derecho? y COSITAL, partiendo de la experiencia de los Secretarios, Interventores y Tesoreros municipales y de los estudios internacionales sobre esta cuestión, han elaborado un catálogo de medidas para proponer su adopción a los partidos políticos y a los candidatos a las Alcaldías de las próximas elecciones municipales.
Para empezar Manuel Villoria, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Rey Juan Carlos, hizo una ponencia de contextualización mediante un breve análisis del Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA), y de la Evaluación de transparencia de Partidos Políticos recientemente presentada.
El ITA se viene elaborando desde 2008 y mide el nivel de transparencia de los 110 ayuntamientos mayores de España a través de la evaluación de los datos y la información que hacen pública en su página web, en relación con ochenta indicadores y áreas de transparencia de cada Índice. Destaca de la última edición (2014) que casi la totalidad de los Ayuntamientos han creado una página especial, dentro de su web, dedicada a un portal o apartado especial para la transparencia, y con una sección específica, en su gran mayoría, para los Indicadores del ITA, lo que viene a evidenciar la clara apuesta por la transparencia de estos Ayuntamientos, respondiendo así a la clara voluntad y demanda de los ciudadanos y la sociedad civil de una mayor información por parte de las instituciones públicas. Otra de las conclusiones más significativas del ITA 2014 radica en que las puntuaciones medias alcanzadas por el conjunto de los Ayuntamientos evaluados han sido claramente más altas a las de la edición precedente.
Por otro lado la Evaluación de Transparencia de los Partidos Políticos supone un medio para conseguir de una forma participativa que los Partidos aumenten su nivel de transparencia ante la sociedad, colaborando TIEspaña con ellos en el proceso de evaluación. En este sentido cabe destacar que en la valoración provisional que TI-E envió a finales de marzo a cada uno de los Partidos, la puntuación media global de los doce Partidos fue de 4´7, mientras que la puntuación media obtenida al finalizar el proceso de evaluación ha sido de 8´3, lo que viene a reflejar el interés que han mostrado las formaciones políticas durante este tiempo en aumentar su nivel de apertura informativa. Se trata de una evaluación de partida que se proyecta únicamente sobre diez indicadores, por tratarse de una información mínima fundamental que se ha pedido a los Partidos que hagan pública en sus páginas web. En posteriores evaluaciones TI-España ampliará el número de indicadores.
Manuel Villoria dijo que la transparencia no es un fin en sí mismo, sino que es medio para que haya más democracia y participación. Y apeló a la necesidad de que los ciudadanos se impliquen en la vida pública, necesitamos ciudadanos auditores, dijo.
Seguidamente, Eulalio Ávila, Secretario e Interventor-Tesorero de categoría superior, perfiló sucintamente las funciones de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, con el fin de acercar a los presentes los controles atribuidos a los mismos en los ayuntamientos. Así habló de la Fe pública y del asesoramiento legal, función que está atribuida a la Secretaría; y del Control y fiscalización interna de la gestión económica-financiera y presupuestaria, la contabilidad, la tesorería y la recaudación, que les corresponde a la Intervención y a la Tesorería. Y explicó como en la práctica, estas funciones se amplían a la gestión y dirección de los servicios de sus respectivos ámbitos de los entes locales, lo que los convierte en funcionarios directivos locales. Así mismo, motivó la participación de COSITAL en la iniciativa como un ejercicio de necesidad y de responsabilidad. Necesidad -dijo- porque a pesar del fortalecimiento de las funciones en la LRSAL y de la aprobación de la Ley de Transparencia, hay que ser ambiciosos y seguir dotando de independencia al colectivo de funcionarios que representa COSITAL, así como de cauces para que puedan ejercer su función de control con independencia y garantías, no se puede pretender que los funcionarios públicos sean héroes, o que se conviertan en mártires del Estado de Derecho, las instituciones se tienen que dotar de herramientas para el correcto cumplimiento del ordenamiento jurídico, dijo.
Así mismo, dijo que afortunadamente la crisis no sólo ha traído cosas malas, ha despertado el interés de la ciudadanía por lo público, por lo que es responsabilidad de los funcionarios públicos, que también somos ciudadanos, apoyar y participar en iniciativas como esta, tenemos que cumplir con un plus de ejemplaridad, dijo.
Elisa de la Nuez, Abogada del Estado, comentó abrumada que desde que han creado la Fundación ¿Hay Derecho? han conocido casos muy duros de acoso y corrupción. Las propuestas que ahora presentamos se pondrán a disposición de todos a través de la web, para que se hagan propuestas y se cree conocimiento, y el documento final por supuesto será remitido a todos los partidos, pero no se trata de que las propuestas de Regeneración se queden en los programas de los partidos, a modo de buenas intenciones, queremos que se cumplan, dijo.
Segismundo Álvarez, Notario de profesión, fue el encargado de presentar las propuestas concretas, que se organiza en tres ejes: Funcionarios municipales; contratación; y rendición de cuentas, protección de denunciantes y transparencia.
Álvarez dijo que a pesar de que la contratación municipal representa sólo el 13% del volumen económico de la contratación total nacional, es donde más casos de corrupción se dan, por eso la contratación es un fulcro fundamental de las propuestas que ahora presentamos. También dijo que es imprescindible que el control se pueda ejercer sin presiones, y que el controlador no pueda ser sancionado por aquel a quien tiene que controlar, hay que mejorar los controles internos reforzando la independencia, competencias, y eficiencia de los Secretarios, Interventores, y Tesoreros y demás funcionarios municipales. Finalmente -y en relación con el tercer eje de propuestas- dijo que es imprescindible abrir cauces para que la ciudadanía pueda controlar y participar en la regeneración municipal, poniendo a su alcance instrumentos y garantías para la denuncia y evaluación. Hay esperanza y en este proceso de regeneración y hay que mirar alto, dijo.
COMPROMISOS PARA LA REGENERACIÓN MUNICIPAL.
Se propone la asunción de los siguientes compromisos:
A) ADOPTAR MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA Y EFICACIA DE LOS CONTROLES QUE EJERCEN LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, EN PARTICULAR LOS PERTENECIENTES A LOS CUERPOS DE HABILITACIÓN NACIONAL (SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE AYUNTAMIENTO).
En particular a:
1) No utilizar el procedimiento de libre designación – sino el concurso de méritos- para los cargos de Secretarios, Interventores o Tesoreros de Ayuntamiento (SIT), y para los demás cargos que ejerzan funciones de control jurídico, económico o técnico.
2) El nombramiento de personal eventual será exclusivamente para puestos no directivos y que no puedan ser cubiertos por los funcionarios municipales. Su necesidad se justificará mediante informe específico que se hará público.
3) Ampliar el ámbito de actuación de los SIT al control de la transparencia, y solicitar la emisión de informes para los temas de mayor complejidad jurídica o económica.
4) Promover que el apoyo, la unificación de criterios, y la supervisión de los SIT esté encomendada a un órgano técnico e independiente.
B) ADOPTAR MEDIDAS PARA GARANTIZAR QUE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SEA NEUTRAL, TRANSPARENTE, PROFESIONAL Y QUE SIRVA A LOS INTERESES MUNICIPALES.
En particular:
5) Composición exclusivamente técnica de las Mesas de Contratación, evitando que figuren cargos electos en las mismas.
6) No utilizar la adjudicación directa y sin publicidad para contratos de obras superiores a 15.000 euros u otros contratos superiores a 3.000 euros.
7) No utilizar el procedimiento negociado solo por razón de la cuantía del contrato, e introducir elementos de transparencia en la negociación.
8) Antes de cualquier contratación se realizará una evaluación de las necesidades que se someterá a información pública cuando sea relevante por su importe o duración.
9) Los criterios de adjudicación de contratos se fijarán por un técnico independiente, y distinto del que realice la propuesta de adjudicación. Se dará publicidad a los pliegos y a los informes de adjudicación.
10) Los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor no podrán superar el 30% de de la valoración total de la propuesta
C) OTRAS MEDIDAS SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS, PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES Y TRANSPARENCIA
11) Fomentar la evaluación de la adecuación de las obras y servicios a los presupuestos y objetivos iniciales, mediante la información al público y la rendición de cuentas.
12) Habilitar un cauce directo y reservado para poner en conocimiento de las autoridades competentes, particularmente de la fiscalía, actuaciones sospechosas.
13) Establecer responsabilidades penales para el que revele o trate de averiguar la identidad del denunciante.
14) Abrir trámite de información pública -aunque no sea preceptivo- para todos los casos de privatización de servicios públicos, creación o supresión de entidades u organismos municipales, y concesiones o disposición de bienes inmuebles.
Al acto acudieron más de cincuenta personas, entre las que había periodistas, empresarios, cargos electos y empleados públicos.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha defendido este miércoles en el Pleno del Congreso la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y ha asegurado que el Gobierno no pretende controlar a los ayuntamientos.
"El Gobierno no busca controlar" a las corporaciones locales, que "tienen toda su autonomía reconocida en la Constitución", ha asegurado Montoro en respuesta a una pregunta formulada por la diputada del PSOE Pilar Alegría, quien ha advertido de que el Ejecutivo ha "recortado todos los recursos" de los ayuntamientos y eso les impide atender adecuadamente a los ciudadanos.
Así, ha acusado al ministro de no tener en cuenta el papel "imprescindible" de las entidades locales en la atención a las personas que se encuentran en situación de dificultad. "Usted no quiere dar la cara, prefiere que la den los alcaldes" mientras "cierra los ojos frnte el dolor de los ciudadanos", ha añadido.
Además, Alegría ha afirmado que Montoro "no confía" en los ayuntamientos, sino que ejerce de "gran hermano vigilante", excepto con sus "compañeros y amigos que hicieron negocio" en gobiernos municipales.
En su opinión, el ministro ha demostrado una "ceguera preocupante" ante la trama Púnica y la actuación de cargos del PP como Francisco Granados, Salvador Victoria o Alfonso Rus, y en particular los negocios de Madrid Network, empresa pública que firmó contratos con un despacho fundado por Montoro.
REFORMA LOCAL
Montoro ha enmarcado esas críticas en una intervención "preelectoral" y se ha limitado a defender la reforma local, que "define las competencias de los ayuntamientos y garantiza la prestación de los servicios", así como los cambios introducidos para garantizar que las comunidades autónomas paguen a las entidades locales los convenios pendientes sobre políticas sociales.
Igualmente, ha elogiado la "gestión formidable" de la mayoría de los ayuntamientos que ha contribuido a la reducción del déficit en esta legislatura, ayudado así a garantizar la prestación de los servicios municipales.
Fuente: El Economista
Los datos ofrecidos por la agencia de calificación subrayan la solvencia del 94% de los municipios españoles. El 75% tiene un perfil crediticio de categoría “a”. Para Standard & Poor’s, la solvencia de los municipios españoles tenderá a fortalecerse en los próximos años. El esfuerzo y la buena gestión municipal está, a juicio del Presidente de la FEMP, detrás de estos resultados favorables
El Presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, ha llamado la atención sobre el buen trabajo realizado por los municipios españoles durante los ejercicios trascurridos entre 2011 y 2013, a la vista de las consideraciones dadas a conocer esta mañana por la agencia de calificación Standard & Poor’s, un trabajo que, a su juicio, queda avalado por ese 94% (7.346 municipios) que se encuentra en grado de inversión, “incluso, la mayor parte de ellos, con mejores valores que las Comunidades Autónomas y que el conjunto del Estado”, ha subrayado.
Para De la Serna, la gestión desarrollada por los Consistorios a lo largo de estos ejercicios, la aplicación de soluciones para mantener el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera durante los “duros años” de crisis, ha dado sus frutos. Por ello, y con el respaldo de otros datos, como el del superávit que registra el 97% de las Entidades Locales españolas, se ve reforzada la perspectiva de mantener el equilibrio presupuestario hasta 2016.
El Presidente de la Federación también se ha mostrado satisfecho con lo afirmado por Standar & Poor’s en relación con el previsible reforzamiento de la solvencia de los municipios españoles en los próximos años, así como con que la Local sea la única Administración Pública que contribuirá con superávits a la reducción del déficit público en 2015-2016, “una cuestión que llevamos mucho tiempo defendiendo desde la FEMP y que ahora viene a corroborar la agencia de calificación”.
Al respecto ha señalado que la relajación de las Entidades Locales en sus procesos de estabilización presupuestaria, contemplada como riesgo por la agencia calificadora, no representa tal riesgo porque los Ayuntamientos son conscientes de que “no pueden bajar nunca la guardia, ni en su gestión económica ni en los servicios a los ciudadanos”.
Fuente: FEMP
El Congreso de los Diputados ha rechazado con el voto del PP una proposición no de ley del PSOE que pedía una reforma de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local para devolver a los ayuntamientos las competencias en servicios sociales y reinserción social.
La iniciativa de los socialistas reclamaba también una profundización de la autonomía municipal constitucionalmente garantizada y recuerda que la ley ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por cuatro grupos parlamentarios, varias comunidades autónomas y más de 3.000 ayuntamientos.
En defensa de la proposición, la diputada del PSOE María Luisa Carcedo ha alertado de que la red de servicios sociales prestada por los ayuntamientos "ha saltado por los aires" y ha acusado al PP de tener una "obsesión" contra los ayuntamientos.
Ha negado que existieran duplicidades o que existiera una administración local mastodóntica como aseguró el Gobierno del PP, ha dicho, para justificar la ley de sostenibilidad local.
"Desconocemos la razón oculta por la que se pone en marcha esta reforma, pero sí sabemos que va a producir una brecha social y un aumento del índice de pobreza", ha alertado Carcedo, que ha avisado de que supone también una "amenaza laboral" para decenas de miles de trabajadores municipales que prestan estos servicios.
Ha apoyado la iniciativa la Izquierda Plural, que ha acusado al PP de pretender sustituir los derechos sociales de ciudadanía por caridad o políticas meramente asistenciales.
Por su parte, el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, ha afirmado que para el PP los servicios sociales son un problema y por eso aspira a privatizarlos, mientras que Teresa Jorquera, de ERC, ha dicho que la ley de sostenibilidad local supone un ataque contra la autonomía municipal que nació de la desconfianza en las corporaciones locales.
También el portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha dado su apoyo a la propuesta del PSOE, porque considera que son precisamente los ayuntamientos la administración más adecuada para prestar los servicios sociales.
Además, cree que la ley aprobada por el PP potencia las diputaciones, una institución "anacrónica" que su formación propone eliminar.
En contra de la iniciativa, el diputado del PP Juan José Matarí ha acusado al PSOE de decir "falacias" y "mentiras" sobre la reforma local y ha subrayado que ninguna de las cosas que pronosticaron cuando entró en vigor ha ocurrido.
Ha recordado que, pese a los vaticinios del PSOE, no ha desaparecido ningún municipio, que ahora el 97 por ciento tienen superávit cuando hace cuatro años tenían una situación financiera "insostenible" o que el pago a proveedores es ahora de 19 días.
Todo ello, según Matarí, manteniendo los servicios públicos esenciales y los servicios sociales y sin destruir puestos de trabajo.
"¿Dónde están las privatizaciones masivas que anunciaban como consecuencia de la reforma local?", ha denunciado Matarí, que ha añadido: "como profetas no tienen precio, confunden sus deseos con la realidad".
Fuente: La Vanguardia

El catedrático de Hacienda Pública, Luis Caramés, aboga por la cooperación como paso previo para la fusión de ayuntamientos y admite que «se podría prescindir» de las diputaciones.
El Consejo General de Economistas apostó este lunes por afrontar una reforma de la Administración local, que gestiona el 13% del Producto Interior Bruto nacional, para aumentar la eficiencia a través de la colaboración entre municipios como paso previo a la fusión de muchos de ellos. El 95,5% de los ayuntamientos españoles tienen menos de 20.000 habitantes y el 83%, no llega a 5.000, pero concentran sólo al 12% de la población.
El catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Santiago de Compostela y coautor del informe del consejo, «El futuro de los municipios», Luis Caramés, admitió sobre las diputaciones que «podría prescindirse de ellas con naturalidad» y ha lamentado la escasa eficiencia de su gasto público.
Sobre los municipios, el académico señaló que es preferible apostar por la colaboración que por las fusiones, ya que si se fomentan de forma abrupta suelen deshacerse en el medio plazo. Por ello, recordó que desde 1980 el número de municipios ha aumentado y que muchas de las fusiones que se plantearon durante los años 40 y 50 se deshacieron posteriormente.
«La colaboración y las mancomunidades no han tenido éxito en España», sostuvo la otra autora del informe y profesora de Hacienda Pública en la Universidad de Santiago de Compostela, María Cadaval, quien recordó que los problemas de régimen de base local son antiguos, y ya se reflejaban en la ley del ramo de 1877, que fomentaba los servicios comunes de municipios.
Algo parecido ha ocurrido con las áreas metropolitanas. «Las áreas metropolitanas nacen en los años 50. Sin embargo con la transición se desactivan porque las comunidades autónomas las ven como una amenaza. En unos casos se suprimieron. En otros, como en Valencia, se descafeinaron», aseguró Cadaval. Los autores lamentaron la oportunidad perdida para afrontar medidas más ambiciosas con la crisis y la última reforma local de 2013.
El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, reclamó un sistema transparente en el que el ciudadano pueda identificar dónde y quién gestiona sus impuestos. Y puso como ejemplo el de la capital condal. «En Barcelona un ciudadano paga hasta seis niveles administrativos: ayuntamiento, el consell, el área metropolitana, la diputación, la comunidad autónoma y el Estado».
Fuente: ABC