ISSN: 2695-4621
La reutilización de la información del sector público; dónde estamos y hacia dónde vamos
Por Paula Paula Garralón, Servicios Jurídicos de Ecix Group; experta en protección de datos
Fuente: CONFILEGAL
Nos encontramos en un proceso de cambio, el volumen de información que se genera y trata es cada vez mayor y la Administración Pública no debe quedarse atrás.
En la Unión Europea, hace ya más de diez años se adoptó el primer conjunto de normas sobre Reutilización de la Información del Sector Público (RISP), que España transpuso a su legislación a través de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. Diez años más tarde se promulgó la Directiva 2013/37 por la que se modificó la Directiva 2003/98 relativa a la RISP, cuyo plazo de incorporación al derecho nacional concluye el próximo 18 de julio, lo que supone que en las próximas semanas se publicará una Ley que modifique la del año 2007.
La publicación de esta nueva Directiva se explica por el aumento exponencial del volumen de datos, la capacidad de almacenamiento y la evolución permanente de las tecnologías que permiten el análisis, la explotación y el tratamiento de los datos. La legislación, por tanto, ha quedado desfasada y Europa no quiere perder las oportunidades económicas y sociales que ofrece la reutilización de los datos públicos.
En nuestro país, el proceso de reutilización se ha visto favorecido por el impulso legislativo, por una lado desde el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica que prevé la interoperabilidad como capacidad de los sistemas de información para posibilitar el intercambio de la misma y, por otro lado, la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que recoge entre los principios generales la reutilización de la información pública.
Como en España, durante estos años el resto de Estados miembros han adoptado políticas de reutilización hasta llegar al momento actual, en el que encontramos una dispersión de políticas de reutilización europeas que necesitan ser armonizadas para que no supongan un obstáculo en sí mismas.
En este momento el objetivo de la Unión Europea es determinar los tipos de datos públicos que están disponibles para su reutilización en el mercado interior de la información y así, facilitar la creación de productos y servicios de información basados en documentos del sector público que cubran la totalidad de la Unión y facilitar la libre circulación de la información y la comunicación, en beneficio de los ciudadanos.
En concreto, la nueva Directiva pretende establecer la obligación inequívoca para los Estados miembros de autorizar la reutilización de todos los documentos, salvo excepción de aquellos cuyo acceso esté restringido o excluido en virtud del ordenamiento jurídico nacional.
EL OPEN DATA Y SU APLICACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN
Según el informe realizado por demosEuropa Big and open data in Europe: A growth engine or a missed opportunity?, la economía de Unión Europea crecerá en un 1,9% adicional en 2020 gracias al Big y Open data.
Los datos se han convertido en el oro de nuestro siglo y por ello hay que aprender a reutilizarlos. Determinada información cumple su ciclo económico original o el fin para la que fue creada pero ello no significa que todavía no pueda ser objeto de uso y reuso por parte de la sociedad civil con fines lucrativos o no lucrativos.
El Open Data es una filosofía y práctica que persigue la puesta en común de determinados datos e informaciones pertenecientes a las Administraciones Públicas para que otros usuarios, bien sean ciudadanos o profesionales los aprovechen para generar nuevos productos o servicios o simplemente para ser testigos de la ejecución de las entidades.
El borrador del anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 37/2007, recoge la definición de datos abiertos como aquellos que cualquiera es libre de utilizar, reutilizar y redistribuir, con el único límite, en su caso, del requisito de atribución de su fuente o reconocimiento de tu autoría. Por tanto este tipo de datos no requieren permisos específicos para su acceso y reutilización. No obstante, los tipos de reutilización pueden estar controlados mediante algún tipo de licencia como prevé la nueva Directiva.
Se excluye de esta definición la información que afecte al interés público como pueden ser las actuaciones políticas, la defensa nacional, la seguridad del Estado, la política monetaria o la investigación de delitos. Información que pueda afectar a terceros como son los datos de carácter personal o información protegida por el secreto comercial, propiedad intelectual o industrial.
Los partidarios de los datos abiertos argumentan que las limitaciones al acceso van en contra del bien común y que estos datos tienen que ser puestos a disposición del público sin limitaciones de acceso, dado que se trata de información que pertenece a la sociedad o que ha sido generada u obtenida por Administraciones Públicas financiadas por la ciudadanía.
Tener acceso a los datos de la Administración garantiza la transparencia porque se tiene acceso a datos que proceden directamente de fuentes oficiales. También se fomenta la eficiencia y la igualdad de oportunidades, ya que los ciudadanos y las empresas pueden crear servicios que resuelvan sus necesidades en colaboración con la Administración y todo el mundo puede acceder a los datos en igualdad de condiciones.
Actualmente, los ciudadanos, las empresas y la Administración se encuentran mucho más conectados, tienen una relación directa y gran parte de las actuaciones cotidianas se llevan a cabo mediante el comercio y la administración electrónica. Esta situación es posible gracias a todas las políticas adoptadas en materia de reutilización de información, transparencia y administración electrónica.
Una vez se han obtenido los datos adoptando políticas de Open Data, el siguiente paso lógico es volver a utilizar esa información para otros fines.
El documento 2.4 de la Directiva 2003/98/CE define la reutilización como el uso de documentos que obran en poder de organismos del sector público por personas físicas o jurídicas con fines comerciales o no comerciales distintos del propósito inicial que tenían esos documentos en la misión de servicio público para la que se produjeron. Es decir, la información de sector público se hace disponible, en bruto y en formatos estándar abiertos, facilitando su acceso y permitiendo su reutilización tanto a particulares como a empresas para fines comerciales o no.
La información generada por el sector público es potencialmente reutilizable y resulta muy atractiva para su reutilización por ser completa, fiable y de calidad: la información social, económica, geográfica y estadística por ejemplo.
BENEFICIOS PARA CIUDADANOS
La posibilidad de que los ciudadanos puedan acceder a información del sector público permite mejorar su conocimiento acerca de las actividades de las instituciones públicas (más transparentes, abiertas y cercanas) además de facilitar la realización de las tareas más cotidianas a través de la Administración electrónica. Una sociedad mejor informada asegura un ejercicio más responsable de sus actividades de participación política, lo que en último término deriva en enriquecimiento democrático.
BENEFICIOS PARA EL SECTOR PRIVADO
La nueva Directiva en su primer considerando dispone que los documentos elaborados por los organismos del sector público de los Estados miembros constituyen un conjunto amplio, diverso y valioso de recursos que pueden beneficiar a la economía del conocimiento.
Se pretende lograr que la reutilización y redistribución de la información pública repercuta en beneficio tanto de las administraciones públicas que sacan a la luz sus datos, como de los ciudadanos y empresas que ven cubiertas algunas de sus necesidades. Así, se establece como principio general en la nueva Directiva que los Estados miembros velarán por que los documentos a los que se aplique la misma, puedan ser reutilizados para fines comerciales o no comerciales.
La liberación de datos estadísticos, de turismo, de tráfico o de subvenciones constituye una base esencial para muchos productos de información digital y, por tanto, un potencial económico. Es imprescindible asegurar la reutilización eficiente de la información pública para poder aprovechar todo su potencial y desarrollar nuevos productos, servicios y mercados que logren un mayor desarrollo económico y mayor creación de puestos de trabajo.
PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
La abertura y puesta a disposición de la información en manos del sector público choca con el derecho a la protección de los datos personales de cada persona. Es necesario encontrar el equilibrio entre el derecho a la intimidad y el derecho al acceso público.
La difusión de la información por parte de la Administración ha de llevarse a cabo con especial observancia de los criterios establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos y en su normativa de desarrollo. La aplicación de la normativa en materia de protección de datos implica un control y exige una protección de la información personal que se maneja en el desarrollo de toda actividad pública o privada. En concreto, el titular de los datos ha de otorgar su consentimiento al tratamiento de sus datos y ha de ser informado de quién está tratando sus datos, con qué finalidad y cuáles son sus derechos en la materia.
El hecho de que la información prestada por el ciudadano sea cedida a un tercero por parte de la Administración, requiere el consentimiento del mismo para que conozca el destinatario de sus datos y la finalidad que cumple dicha cesión.
En mi opinión, la apertura de los datos en poder de la Administración es un proceso beneficioso para el ciudadano y una oportunidad para muchas empresas pero en la práctica resulta incompatible con la protección de los datos personales.
En este sentido, la Agencia Española de Protección de Datos ya ha anunciado la elaboración de una guía con orientaciones prácticas para minimizar los riesgos que pueda implicar para los ciudadanos la reutilización de la información en el sector público.
El mayor riesgo en este sentido es que las personas puedan ser reidentificadas a partir de la información entregada por los poderes públicos.
Una solución a este problema son las técnicas de anonimización, o procedimiento de disociación, como lo llama la LOPD, consistente en el tratamiento de datos personales de modo que la información que se obtenga no pueda asociarse a persona identificada o identificable.
El grupo del Artículo 29 en su opinión 05/2014 sobre Técnicas de Anonimización de Datos Personales, ya advirtió que en la práctica, la creación de un conjunto de datos verdaderamente anónimos no es un propuesta sencilla ya que es muy difícil asegurar la anonimización irreversible. En cualquier caso, sería deseable asegurar un mínimo de seguridad en cuanto a la cesión de los datos en este sector.
CONCLUSIONES
Analizada la situación normativa y práctica actual relativa a la RISP, el siguiente paso necesario a nivel nacional consiste en trabajar con la dispersión de la información, por ejemplo, mediante la creación de un portal de reutilización que agrupe y ordene toda la información reutilizable y facilite el acceso a la misma.
Por otro lado se echa de menos una cultura de reutilización; la adopción de leyes en este sentido ya no es suficiente. Es necesaria una política activa de difusión y comunicación de la reutilización de la información y el convencimiento de las posibilidades de desarrollo de este mercado; medidas que lo estimulen pueden convertirlo en una fuente de financiación y sostenimiento del sector público y motor de la economía española y europea.
Fuente: Confilegal
Presentación resultados evaluación Transparencia de los Partidos, contenidos del INFUT, y estudio sobre los Lobbies en Europa
El pasado 29 de Abril ha tenido lugar la presentación de tres estudios o informaciones de Transparencia Internacional España:
a) Los Resultados de la Evaluación del nivel de transparencia de los Partidos Políticos, que constituye una actualización de la evaluación que TI-España realizó el pasado año de los principales Partidos políticos españoles. b) El Índice de Transparencia de los Clubs de Fútbol (INFUT), con el que se va a evaluar el nivel de transparencia de los 42 Clubs de fútbol/SAD que integran la 1ª y 2ª División del fútbol español, a través de un conjunto de 60 indicadores. c) Los resultados del estudio sobre la Situación de los Lobbies en Europa, en el cual se analizan y comparan los resultados de los estudios realizados en 19 países europeos y 3 instituciones de la UE. En este Acto de presentación han participado cuatro representantes de Transparencia Internacional España: Jesús Lizcano, Dña. Ana Revuelta, D. Jesús Sánchez-Lambás, y D. Manuel Villoria.
Información más detallada: Informes TI
La FEMP y el MINHAP, comprometidos con la transparencia y buen gobierno en las Entidades Locales
El Presidente de la Federación, Íñigo de la Serna, y el Secretario de Estado, Antonio Beteta, han suscrito un convenio que busca facilitar a la Administración Local el cumplimiento de la Ley 19/2013. El MINHAP ha dado hoy a conocer la distribución de los casi 684 millones de euros del Fondo Social con el que ocho Comunidades Autónomas liquidarán, a partir de mañana, sus deudas con 2.647 municipios por gasto social
El Presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, y el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, han firmado esta mañana en la sede del Ministerio un acuerdo marco de colaboración destinado a promover y facilitar a las Corporaciones Locales el desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
El objetivo de este convenio es hacer más sencillo a las Entidades Locales que se adhieran el cumplimiento de las obligaciones previstas en ley, mediante el uso de la tecnología desarrollada en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado. Para ello, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pondrá a disposición de las Entidades adheridas, y sin costes, una plataforma técnica habilitada en el citado Portal que se denominará “Portal de la Transparencia Local”.
La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DTIC) será la encargada de ejecutar este proyecto piloto, que servirá como experiencia y prueba práctica de la viabilidad del servicio, a los efectos del funcionamiento de cada portal de transparencia de las Entidades Locales. El MINHAP se compromete a que el Portal esté disponible en el plazo máximo de un mes desde que la adhesión de la Entidad Local al convenio marco. Antes, en los primeros quince días desde la firma, habrá una etapa de “preproducción” para realizar las pruebas previas necesarias que habiliten un entorno real de trabajo.
Características del Portal
El Portal de la Transparencia Local dispondrá de diversos componentes, entre otros, la gestión de solicitudes de acceso, el buscador e indexador de la información y el gestor de contenidos del Portal.
Cada uno de los portales será personalizados, al menos parcialmente, para adaptarlos a las características de cada Entidad Local, adecuando el diseño de la página principal, insertando el logo particular y el nombre correspondiente, entre otros elementos.
El MINHAP gestionará con los organismos de la Administración General del Estado que posean fuentes de información (publicidad activa) en modo centralizado, el establecimiento de modelos de intercambio de datos que posibiliten la incorporación automática de la información existente respecto a la Administración adherida.
El Ministerio también pondrá a disposición de las Entidades Locales interesadas un curso-guía en soporte electrónico sobre el uso de las utilidades y herramientas propias del Portal de Transparencia Local.
Compromiso con la transparencia
Con esta iniciativa conjunta con el MINHAP, y según ha destacado el Presidente, Íñigo de la Serna, “la FEMP da un paso más en su compromiso de aplicación y desarrollo de la Ley de Transparencia en el mundo local”.
Muestra de ese compromiso, recordó, “es también la constitución en el seno de la Federación, de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana, cuyo objetivo es promover la innovación y mejora permanente de la relación entre los Gobiernos Locales y los ciudadanos bajo los principios del Gobierno Abierto, mediante el intercambio de experiencias, el aprendizaje permanente, trabajo en red y desarrollo de proyectos”. Esta Red ya cuenta con más de 82 miembros adheridos.
FLA Social
Hoy también se ha dado a conocer el importe y distribución del Fondo Social de Financiación de las Comunidades Autónomas, uno de los compartimentos destinados a las CCAA que aparecen contemplados en el Real Decreto Ley 17/2014, y que está destinado a financiar las deudas de las Administraciones Regionales con las Entidades Locales por gasto social.
Con la liberación mañana mismo de los importes de este Fondo, un total de 2.647 Entidades Locales podrán recibir un total de 683,40 millones de euros, cantidad pendiente de cobro, reconocida por las Comunidades Autónomas adheridas al Fondo, y confirmadas por los municipios mediante el procedimiento abierto a principios de año que, entre otras cuestiones, previó plazos para consulta y confirmación o corrección en la relación de deudas pendientes.
Las Comunidades Autónomas que se han adherido a este Fondo son Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia y Valencia.
Para el Presidente de la FEMP, se trata de “uno de los grandes logros de la Federación, no sólo porque implica el efectivo cobro de una deuda, a veces muy onerosa, sino porque supone el reconocimiento de la obligación que una Administración contrae con otra cuando, mediante convenios o acuerdos, delega en la segunda la prestación de un servicio que es competencia de la primera, cuestiones en las que la FEMP viene insistiendo desde hace mucho tiempo”.
A juicio de Íñigo de la Serna, se trata de un paso decisivo, que viene a dar respuesta una demanda de la Federación “manifestada ante el Gobierno y expresada en numerosos foros” y que abre el camino para evitar que en las Entidades sigan quedando deudas pendientes por impagos de estos servicios desde la Administración que los delega.
Para De la Serna, con estas cifras “se pone de manifiesto que las Entidades Locales están desempeñando un papel esencial en materia social”.
Los importes asignados a cada Entidad Local por este concepto aparecen publicados en la web del Ministerio (ver)
Fuente: FEMP
Las CCAA recibirán 683,40 millones del Fondo Social 2015 para el pago de la deuda social con las Entidades Locales
El Fondo servirá para que las Comunidades Autónomas adheridas puedan financiar las deudas con las Entidades Locales, a 31 de diciembre de 2014, que se deriven de materias de gasto social
Cerca de 3.000 Entidades Locales se beneficiarán del Fondo Social y algo más de 100 percibirán más de un millón de euros
Las Comunidades Autónomas percibirán 683,40 millones de euros, entre las ocho Comunidades Autónomas adheridas (Andalucía, Aragón, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Región de Murcia y Comunitat Valenciana) cuyo pago se realizará a finales de este mes de abril, según un acuerdo aprobado por La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
El Fondo Social se destinará al pago de las deudas derivadas de gasto social, relativas a sanidad, educación, servicios sociales y fomento del empleo, que dichas CCAA mantienen con las Entidades Locales, anteriores al ejercicio 2015, es decir ya registradas en el déficit correspondiente a años anteriores, según lo establecido en el Real Decreto- Ley 17/2014, de 26 de diciembre de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.
2.647 Entidades Locales se van a beneficiar de este Fondo Social y más de un centenar recibirán cantidades superiores al millón de euros.
Ver nota de prensa del Ministerio
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Estudio de limpieza urbana 2015: Oviedo, Bilbao, Gijón, Getxo, Vigo, Pamplona y Logroño las ciudades con mejor limpieza urbana. Madrid, a la cola
Un estudio de OCU sobre los servicios municipales de limpieza en 60 municipios revela que la limpieza urbana ha empeorado en los últimos 4 años. La valoración media que dan los usuarios ha descendido desde los 58 a los 54 puntos. Además, en el 30% de las ciudades objeto del estudio los vecinos suspenden la gestión de la limpieza de su ayuntamiento. Los datos de este estudio se recogen en la revista OCU-Compra Maestra del mes de mayo.
Para su elaboración OCU ha recurrido a dos fuentes de información. Por una parte se ha consultado a los ayuntamientos de todas las capitales de provincia y de algunas grandes ciudades, sobre el presupuesto, la gestión y los medios que destinan a la limpieza de la ciudad. Por otra parte OCU ha realizado una encuesta a sus socios durante el pasado mes de febrero en la que han participado más de 5.825 usuarios que ha permitido evaluar la percepción que los vecinos tienen sobre la limpieza en su ciudad. Para analizar su evolución los datos han sido comparados con un estudio similar realizado en 2011.
En el estudio de OCU, se han medido diferentes parámetros como son el presupuesto anual por habitante y los medios municipales a través de distintos indicadores (papeleras, medios mecánicos y número de empleados). También se ha tenido en cuenta la satisfacción de los vecinos con la limpieza en distintos aspectos. Los excrementos de perros, las pintadas y carteles y el empeoramiento producido por casas y locales abandonados son los aspectos peor valorados. A estos hay que añadir la distancia que se produce en la limpieza de las zonas más emblemáticas de las ciudades con barrios o zonas más alejadas señaladas como puntos negros por muchos de los entrevistados.
Una vez más Oviedo repite como la ciudad donde los ciudadanos están más satisfechos con su limpieza según el estudio de OCU. Le siguen Bilbao, Gijón, Getxo y Vigo, con una satisfacción por encima del notable. En el extremo opuesto se sitúan Jaén, Valencia, Alicante y especialmente Madrid y Alcalá de Henares como las ciudades peor valoradas por sus vecinos en lo que a limpieza se refiere.
OCU afirma, que según los datos de este estudio, la limpieza de las ciudades ha empeorado en los últimos 4 años. La valoración media ha caído cuatro puntos hasta los 54, un aprobado raspado. Los vecinos suspenden la limpieza de su ciudad en un 30% de las ciudades analizadas, una cifra claramente superior a la del último estudio de OCU en 2011 donde solo lo hicieron el 18% de las ciudades.
Badajoz y Valencia son la cara y la cruz de este estudio. Badajoz fue la ciudad peor valorada del anterior estudio. Sin embargo, un cambio en la gestión del servicio y el aumento del presupuesto han logrado que sea la localidad donde más ha mejorado la valoración (25 puntos), superando el aprobado. También han mejorado de forma sensible, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, Soria, Vigo y Santa Cruz de Tenerife. Por el contrario las ciudades donde más ha empeorado la limpieza en los últimos 4 años han sido Granada, Murcia, Madrid, Alicante, Elche y especialmente Valencia, que sufre la mayor caída de todas las ciudades del estudio de OCU (20 puntos).
A juicio de OCU los recortes sufridos en los presupuestos de muchos ayuntamientos han influido en la caída de la satisfacción de los ciudadanos respecto a la limpieza de su ciudad. El gasto medio anual es de 54 euros por habitante y año, aunque con grandes diferencias según la ciudad. Son precisamente las ciudades en las que el presupuesto municipal se ha reducido donde más ha caído esa valoración, caso de Cuenca, Valencia y Zaragoza. Por el contrario, un incremento de los presupuestos ha aumentado la satisfacción de los usuarios como en Gijón, Sevilla y Santa Cruz de Tenerife.
La insatisfacción de los vecinos en algunas ciudades es patente, lo que ha producido un aumento del número de quejas. Un 20% de los encuestados por OCU se ha quejado en los últimos 4 años por la limpieza, especialmente en Málaga, Palma de Mallorca, Gerona y Jerez de la Frontera. La respuesta por parte de los ayuntamientos no ha sido buena, a juzgar por la baja valoración que hacen los usuarios en este apartado.
Fuente: OCU.org
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