ISSN: 2695-4621
El consejo de Ministros ha recibido un informe preceptivo del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad, deuda y regla de gasto de las Administraciones Públicas, una vez completada la remisión a la Comisión Europea y a Eurostat de la información correspondiente al Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE).
- En el ejercicio de 2014 se ha registrado un déficit, a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad de 60.147 millones de euros, cifra que representa el 5,68% del PIB. Este importe no incluye las ayudas financieras ni los gastos originados por el terremoto de Lorca.
- La deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas ha alcanzado el 97,7 % del PIB, lo que supone 1,8 puntos porcentuales por debajo del objetivo fijado en el 99,5 % del PIB
- Tanto el conjunto de las CCAA como de las EELL han cumplido con la regla de gasto al presentar incrementos del gasto computable inferiores a la tasa de referencia del 1,5%
24 de abril de 2015.- El informe recoge que la previsión de crecimiento en 2014 era del 1,2 por 100 del PIB y, finalmente, fue del 1,4 por 100. En este sentido destaca la aportación de la demanda interna, tanto consumo como inversión, que se preveía que aportara un crecimiento del 0,7 por 100 y que, según los datos cerrados, ha registrado una cifra del 2,2 por 100.
Objetivo de estabilidad presupuestaria
- Déficit incluyendo ayuda financiera. En el ejercicio de 2014 se ha registrado un déficit, medido en términos de la Contabilidad Nacional y a efectos del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE), de 61.391 millones de euros, cifra que representa el 5,80 por 100 del PIB. No obstante, este importe recoge las ayudas concedidas a las entidades financieras, ayudas que no se tienen en cuenta para el análisis del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Además, a efectos de valoración de dicho objetivo, también debe excluirse el impacto en el déficit de los gastos ocasionados por el terremoto de Lorca en el ejercicio 2014.
- Déficit sin incluir ayuda financiera, cumplimiento objetivo. El déficit se sitúa en el 5,69 por 100 del PIB. Teniendo en cuenta, además, los gastos originados por el terremoto de Lorca en Murcia, el déficit del ejercicio 2014, se sitúa en 60.147 millones de euros, cifra que representa el 5,68 por 100 del PIB. Esta cifra cumple el compromiso fijado para España en el ECOFIN de junio de 2013, que fijó un déficit máximo del 5,8 por 100 del PIB en 2014. Sin embargo, supone una ligera desviación de 0,18 puntos respecto del objetivo fijado por el Gobierno, del 5,5 por 100 del PIB.
Este importe incluye el impacto de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a la devolución de los importes ingresados por el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos ("céntimo sanitario"). Esta sentencia tiene un impacto en el déficit de las Administraciones Públicas de 2014 que asciende a 2.011 millones de euros. Descontando el efecto de esta devolución, el déficit público se situaría en 58.138 millones, equivalente al 5,49% del PIB, cumpliendo el objetivo del Gobierno.
Subsectores
El objetivo de estabilidad del ejercicio 2014 fijado para la Administración Central fue de un déficit del 3,5 por 100 del PIB. En términos de Contabilidad Nacional, descontadas las ayudas financieras que han ascendido a 1.204 millones, el déficit es de 37.060 millones de euros y representa el 3,5 por 100 del PIB, lo que supone el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
En cuanto a las Comunidades Autónomas, el objetivo fijado para 2014 fue de un déficit del 1,0 por 100, aunque el déficit registrado finalmente ha sido de 17.501 millones de euros, el 1,65 por 100. De esta forma, cabe señalar que han cumplido su objetivo de estabilidad presupuestaria Galicia, Canarias, País Vasco y Navarra, mientras que no lo han hecho Andalucía, Aragón, Asturias, Las Illes Balears, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria, Murcia, Extremadura, Madrid, La Rioja y Valencia, que han registrado un déficit superior al objetivo fijado por el Consejo de Ministros.
El resultado registrado en 2014 por el conjunto de Entidades Locales ha sido de un superávit de 5.616 millones de euros, cifra que representa el 0,53 por 100 del PIB. Por lo tanto, se ha cumplido el objetivo previsto para el conjunto de las Entidades Locales.
Para el subsector de los Fondos de Seguridad Social se estableció un objetivo de déficit del 1,0 por 100. Dado que en 2014 se ha obtenido un déficit de 11.202 millones, equivalente al 1,06 por 100 del PIB, ha registrado una ligera desviación de 0,06 puntos del PIB respecto del objetivo fijado.
Regla de Gasto
La tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española se fijó en el 1,5 por 100. La variación del gasto computable no puede superar dicha tasa.
Los gastos de la Administración central en 2014 ascendieron a 98.627 millones, con un crecimiento del 2,2 por 100 respecto del año anterior. Esta variación viene determinada por la asunción de la devolución de los importes ingresados por el "céntimo sanitario" que se imputa como gasto en contabilidad nacional. Si no se hubiera producido esta circunstancia, la tasa de crecimiento del gasto sería del 0,2 por 100, muy por debajo de la tasa de referencia.
El gasto computable de las Comunidades Autónomas ha registrado una disminución del 0,5 por 100 con relación al año anterior, cumpliendo con creces de esta forma la regla de gasto. No obstante, las Comunidades de Extremadura, País Vasco, Las Illes Balears y Cataluña, con crecimientos del 5,1 por 100, 3,3 por 100, 2,1 por 100 y 1,7 por 100, respectivamente, habrían superado la tasa de referencia.
Por su parte, las Corporaciones Locales han registrado una disminución del 1,8 por 100 en el gasto computable en 2014, cumplimiento de esta forma la regla de gasto de dicho ejercicio.
Deuda Pública
La deuda pública para el ejercicio ha alcanzado el 97,7 por 100 del PIB, lo que supone 1,8 puntos porcentuales por debajo del objetivo fijado en el 99,5 por 100.
La Administración Central y los fondos de Seguridad Social han alcanzado una deuda conjunta del 71,7 por 100, frente al objetivo del 74,4 por 100, por tanto 2,7 puntos porcentuales por debajo del límite.
Las Corporaciones Locales, cuyo objetivo de deuda era del 4,0 por 100 del PIB, han alcanzado el 3,6 por 100. Por su parte, para las Comunidades Autónomas era del 21,1 por 100 mientras que la deuda registrada ha alcanzado el 22,4 por 100.
No obstante, el Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se fijaron los objetivos de estabilidad previó expresamente la posibilidad de exceptuar el incremento del endeudamiento derivado de los mecanismos adicionales de financiación, así como otras circunstancias que, sin afectar al cumplimiento del objetivo de déficit o de la regla de gasto, y previa conformidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, pudieran afectar a los límites de deuda y no derivasen de decisiones discrecionales de las Comunidades Autónomas.
Por tanto, considerando el objetivo tras los ajustes y la deuda publicada por el Banco de España, el conjunto de las Comunidades autónomas habrían cumplido su objetivo de deuda. No obstante, las Comunidades de Aragón, Castilla y León, Cataluña y La Rioja habrían incumplido su objetivo de deuda.
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas e INAP
CNIS 2015 se reafirma como referente en materia de innovación en el sector público.
Víctor Almonacid recibe el Premio al Innovador más destacado del último año.
Por quinto año consecutivo, CNIS 2015 cierra sus puertas pensando ya en una posible nueva edición. Bajo el lema “Gestionando el cambio, aplicando soluciones, el congreso ha acogido a cerca de 700 asistentes en la sede de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre durante los días 20 y 21 de abril. El éxito tanto de asistencia como de programa hacen que se reafirme como un referente dentro del sector público en materia de innovación.
La mesa de debate sobre ciudades inteligentes e innovadoras abrió la mañana de las ponencias llevadas a cabo en auditorio. Esta mesa, moderada por Fernando Abella, representante de Telefónica Digital España, contó con representantes de los Ayuntamientos de Málaga y Valencia, FUNDETEC-RECI y Red Innpulso.
Mario Alguacil, en representación del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, lideró la mesa sobre financiación de proyectos en las administraciones públicas. Por su parte, Miquel Quintanilla, Director General de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Las Palmas, realizó una ponencia sobre las tecnologías de la información para la gestión eficiente de los recursos humanos.
De la mano de José Luis García, Gerente de Desarrollo de Negocio de Gobierno de Microsoft España, pudimos comprobar la relación existente que tiene esta entidad con Linux. “Microsoft loves Linux” congregó a un gran número de asistentes en el auditorio.
El futuro inmediato de la contratación pública electrónica tuvo también su espacio en CNIS. Safwan Nassri, Director General de Pixelware, moderó una mesa que contó con la presencia de representantes de los Ministerios de Economía y Competitividad y de Educación Cultura y Deporte, de la Región de Murcia y de ANIMSA.
Borja Adsuara llevó las directrices de la mesa de debate dedicada a al papel de las diputaciones innovando en los servicios públicos. En esta ocasión, representantes de la Diputación de Barcelona, Málaga, Tenerife, esPublico.
¿Archivos para el futuro? archivos, gobierno abierto y continuidad digital tuvo también su espacio en el auditorio del congreso. Marta Hernández Sánchez, en nombre del Ayuntamiento de Coslada, moderó un interesante debate que contó con la presencia de representantes de la Asociación de Archiveros de Castilla y León y del Ayuntamiento de Arganda del Rey.
CNIS quiso destacar el papel que actualmente juegan las redes sociales en las administraciones públicas. Por ello, Antonio Díaz, encargado de la estrategia, gestión pública 2.0. y administración inteligente del Ayuntamiento de Alcobendas, moderó un interesante debate sobre la materia en el que participaron representantes de ASTIC, COSITAL y UAM además del Ayuntamiento de Picanya.
Alberto Zapico, representante de la AEAT, dedicó su intervención a hablar de Cl@ve, la identidad electrónica para las administraciones públicas.
La última mesa de debate dedicada a las mujeres innovadoras sorprendió a todos los asistentes a la misma. El vídeo de presentación realizado por las ponentes dio paso a la intervención de cada una de las innovadoras. De esta forma, Encarnación Rivero, alcaldesa de Soto del Real, Laura Martínez, consultora AA.PP., Manuela Piqueras, Directora General de Organización y Calidad del Ayuntamiento de Alcobendas, Marta de Miguel, Analista de la Unidad de Calidad y Racionalización de la Universidad de Zaragoza, Pilar Aranzazu Herráez, investigadora de la UC3M, Trinidad Yera, IESE, Virginia Moreno, Asesora y consultora de Administración Pública y escritora, cautivaron a los asistentes.
La entrega de premios y el concurso de selfies cerraron con éxito este congreso.
Nuestro compañero Víctor Almonacid fue premiado por partida doble en un Congreso que por primera vez contó con un importante número de habilitados nacionales, como Juan Marquina (Diputación de Ourense), Eduardo Pozo (Ayuntamiento de Castellón) o José Manuel Martínez (Ayuntamiento de Valladolid), dato relevante en un evento cuya temática es esencialmente la administración electrónica.
Por un lado, el Jurado tuvo a bien considerar el Proyecto del Ayuntamiento de Alzira "Contratación Pública Electrónica 360º", que recibió el Premio al mejor proyecto consolidado en Interoperabilidad, y en el que están involucrados todos los Departamentos del Ayuntamiento. El reconocimiento individual de la gala fue para Víctor Almonacid, quien recibió el "Premio Club de Innovadores Públicos al Innovad@r más destacado" por votación popular realizada entre empleados y colaboradores de las AAPP de toda España. Desde aquí felicitamos a Víctor, y valoramos el premio como un hecho importante de cara a la nueva imagen de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, un colectivo implicado en la tan necesaria modernización de nuestros Ayuntamientos.

La Federación Española de Entidades Locales Menores (FEEM) ha rechazado, una vez más, la propuesta que Ciudadanos ha hecho pública de suprimir todos los ayuntamientos de municipios y entidades locales menores de 5.000 habitantes del país.
En un comunicado público, el presidente de la FEEM, Antonio Martín, ha lamentado que "es una propuesta tan brutal como la que se realizaba en el Anteproyecto de la Reforma Local".
"Pretender que se solucionen los problemas económicos y de eficiencia local de todo el país suprimiendo los ayuntamientos más pequeños es como querer matar moscas a cañonazos", ha criticado Martín, "un error de bulto, un sinsentido y un ataque frontal a la autonomía local y a la idiosincrasia y riqueza de nuestros pueblos".
"Además, no existe una razón económica que avale esta tesis, como lo demuestra el que el 98 % de los entes locales menores han rendido cuentas con superávit", ha reforzado Martín, en alusión a datos del Ministerio de Hacienda.
Para Martín, "resulta desalentador que la excusa de la supresión sea, por ejemplo, la de compartir la gestión de cementerios o del alumbrado público, cuando eso ya se hace desde hace dos décadas con las mancomunidades de servicios, consorcios o empresas públicas provinciales".
De igual modo, ha recordado que la filosofía de la UE es acercar la democracia a los ciudadanos que "es justo lo contrario de lo que propone" Ciudadanos, ha añadido.
A su juicio, "una cosa son las propuestas lanzadas al aire y otra muy distinta la realidad de las entidades locales, desconocida totalmente para Ciudadanos que, según está demostrando, debería cambiarse el nombre".
El presidente de la FEEM ha creído que "el problema de eficiencia no está en los pequeños ayuntamientos, ni en las entidades locales menores que, en su mayoría, no reciben las transferencias económicas que les corresponden, por lo que tampoco se les puede arrogar una responsabilidad así" y si en el Estado, Autonomías "y la cantidad de instituciones de gestión intermedia que se han creado absurdamente".
"Lo que no se puede hacer es eliminar la administración que está más cerca del ciudadano y que vela, además, por la riqueza de la historia y las tradiciones locales, y en el caso de las zonas rurales por el arraigo de la población a ellas".
Por ello, ha pedido que "los ciudadanos de estos municipios y entidades locales no voten" a esa formación como tampoco a UPyD que "plantea una media similar".
Fuente: ABC
Se incorpora a la legislación española el paquete de Directivas Comunitarias de Contratación Pública y tiene como objetivos primordiales mejorar la transparencia y la competencia en la contratación, así como agilizar los procedimientos fomentando la utilización de medios telemáticos.
El Consejo de Ministros ha recibido dos informes del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre los Anteproyectos de Ley de Contratos del Sector Público y de Contratos en los sectores específicos del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Los Anteproyectos se someterán a diversos trámites e informes preceptivos antes de su remisión por el Consejo de Ministros a las Cortes Generales.
Estos dos Anteproyectos incorporan a la legislación española las tres Directivas Comunitarias sobre contratación pública que fueron publicadas el mes de marzo de 2014 y algunas de sus principales novedades son las siguientes:
- Se introduce un nuevo procedimiento de adjudicación denominado de "asociación para la innovación", para aquellos casos en que resulte necesario realizar actividades de I+D en obras, servicios y productos, para su posterior adquisición por la Administración. Los candidatos seleccionados realizarían las actividades de I+D requeridas y se adjudicará finalmente el contrato al que ofrezca la mejor relación calidad-precio.
- Se amplía el ámbito subjetivo de la Ley que, en determinadas circunstancias y supuestos, se aplicará a partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, cuando su financiación sea mayoritariamente pública.
- Se apuesta decididamente por la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos contemplados en la Ley.
- Con el objetivo de reducir las cargas administrativas se generaliza el uso de las llamadas "declaraciones responsables", en las que el empresario simplemente manifiesta que cumple los requisitos para acceder a la licitación, sin necesidad de presentar documentación justificativa hasta el momento en que resulte adjudicatario del contrato.
- Para conseguir una mayor transparencia, se restringe notablemente el denominado "procedimiento negociado" (que no tiene publicidad), eliminando el motivo de la pequeña cuantía del contrato dentro de los supuestos que hoy día permiten su utilización. Sin embargo, para no perder las ventajas de agilidad que tiene este procedimiento, se crea uno nuevo, el Procedimiento Abierto Simplificado, en el que la duración del proceso de contratación será muy breve (alrededor de un mes), pero que, sin embargo, será totalmente transparente, con publicación obligatoria en Internet.
- Se fomenta e impulsa la competencia a través de diversos mecanismos tales como:
La introducción de un incentivo para que los contratos se dividan en lotes. Hasta este momento, la normativa vigente exige que se motive y justifique la existencia de diversos lotes en un contrato. A partir de la nueva Ley, el principio será justamente el contrario y se deberá justificar como excepcional el hecho de que no existan lotes. Esta división en lotes favorece especialmente el acceso de las PYMEs a los contratos públicos.
La restricción en la utilización de los llamados "medios propios" (entidades creadas por una Administración o poder adjudicador para la realización de determinadas actividades sin someterse a un procedimiento de contratación). En la nueva Ley aumentan las exigencias para garantizar que la utilización de estos medios propios está suficientemente justificada y no es un modo de eludir la publicidad y concurrencia características de la contratación pública.
- Se incorpora una nueva regulación, más equilibrada, de la regulación de laresponsabilidad patrimonial aplicable a las concesiones. En la normativa actual, si hay un resolución de la concesión, sea cual sea su causa, la Administración debe abonar al concesionario las inversiones que ha realizado. Con la nueva normativa, si la resolución se produce por una causa imputable al contratista, como ocurre en los casos de insolvencia o concurso de acreedores, la indemnización se determina por el valor de mercado de la concesión. Este nuevo régimen incentivará que se produzca un cálculo riguroso de las inversiones necesarias en la concesión y una mejor gestión, ya que el concesionario, si la resolución le es imputable, ya no tendrá garantizada la recuperación de la inversión.
- Para mejorar la gobernanza en esta materia, se crea en el seno de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado un Comité de Cooperación, en el que participarán Comunidades Autónomas y Entidades Locales, que será un órgano de encuentro, cooperación y unificación de criterio, así como de recopilación de información para elaborar el informe de supervisión que debe remitirse cada tres años a la Comisión Europea.
Fuente: lamoncloa.es
Es algo que los científicos han perseguido desde hace mucho tiempo. Una búsqueda controvertida. En España podría ocurrir este año. El detonante sería la victoria en las elecciones de Ciudadanos. La formación de Albert Rivera ultima su programa marco para las elecciones autonómicas, que incluye la fusión fría de ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes. La propuesta consiste en centralizar la gestión de servicios públicos en los municipios con mayor población.
"Alrededor de los pueblos más pequeños siempre suele haber una capital comarcal, más poblada, en la que se centralizaría la gestión de los servicios públicos municipales", explica a este diario Antonio Espinosa, secretario de acción política. Ciudadanos define esta propuesta como "gestión agrupada de servicios públicos municipales", que en términos técnicos se califica de fusión fría.
Esta gestión compartida afectaría, entre otras facetas, a la recogida de basuras, la recaudación de multas, el alumbrado, el mantenimiento de los cementerios... "El objetivo es que los ciudadanos tengan servicios de primera, pero agrupándolos", desarrolla Espinosa.
Esta medida del programa marco supondría la fusión de los ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes, aunque no en todos los casos. "No supondría la desaparición de todos. Hay que racionalizar la medida, tener en cuenta la realidad española. Hay provincias donde si se eliminan prácticamente no habría consistorios. Comunidades como Castilla y León y Castilla-La Mancha no son comparables a, por ejemplo, Cataluña", expone el político.
En España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) hay 8.117 municipios. De ellos, 6.813 cuentan con menos de 5.000 habitantes, lo que supone el 84%. Hay lugares donde suprimir estos ayuntamientos haría inviable la gestión. Por ejemplo, en Soria, 180 municipios de 183 no llegan a ese umbral. En Teruel son 233 de 236; en Navarra 250 de 272; en Burgos 366 de 371. "La supresión puede ser razonable en determinadas regiones, pero en otras no. Hay que hacer un estudio y adaptar la decisión", desgrana Espinosa.
Aquellos ayuntamientos que no alcancen los 5.000 habitantes pero que no se eliminen, podrían ver mermado su personal. Reducción de concejales, secretarios... Asimismo, fijará el sueldo de los alcaldes en función del presupuesto del pueblo. "Tiene que ser un sueldo adecuado. No pueden autoimponerse los sueldos que quieran".
Ciudadanos se ha inspirado para tomar esta medida en el informe emitido por el Consejo de Europa a principios de 2012, en el que consideraba que sólo a partir de 10.400 vecinos las finanzas locales podrían estar saneadas. Para garantizar una ordenada planificación urbanística, el umbral se sitúa en los 11.600; mientras que serían necesarios 9.800 personas para una gestión eficaz de los organismos de control y 8.200 para garantizar la calidad de los servicios sociales. "Es una medida que no nos inventamos. Ya la recomendaba Europa. El objetivo es lograr más eficiencia y racionalidad", dice el dirigente.
Aunque se ha estudiado la posibilidad de situar el corte en los 10.000 habitantes, de momento en Ciudadanos se habla de los 5.000.
El foco de Ciudadanos no sólo apunta a los ayuntamientos. También a las diputaciones y los consejos comarcales, ya que aboga por su eliminación. "No tienen razón de ser. Tienen carácter de gestión, pero se han convertido en una red de colocación. Hay que terminar con ello y con las duplicidades". En España hay 41 diputaciones, siete cabildos y cuatro consejeros insulares.
Fuente: El Mundo