Ampliado el plazo para solicitar la compensación de deudas con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas ha ampliado hasta el 29 de marzo el plazo para que las Entidades Locales que, hasta ahora, vienen compensando sus deudas mediante retenciones en su Participación en los Tributos del Estado, puedan sustituir este sistema por la formalización de operaciones de préstamo con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores.

Esta posibilidad, abierta en febrero pasado, exigirá a las Entidades Locales que presenten sus solicitudes de formalización en los términos exigibles de prudencia financiera y junto con los planes de ajuste correspondientes (click aquí).

Con la ampliación de plazo se da respuesta a las demandas planteadas al respecto por parte de las Entidades Locales que consideraban insuficientes para elaborar y aprobar sus planes de ajuste los 20 días naturales previstos en el Acuerdo adoptado al respecto por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y publicado en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, el pasado 27 de febrero.

Fuente: FEMP

Una invitación a romper la 'omertà'

Estreno de 'Corrupción: el organismo nocivo', financiado por 451 donantes.

Fernando Urruticoechea ha trabajado en numerosos consistorios. Es interventor, quien supervisa si las contrataciones y el gasto de dinero público se ajustan a la ley, un eslabón frágil en la renqueante cadena de control de la Administración. Y lo evidencia con un tipo de soborno que no deja de ser de libro: «Siempre que llego a un ayuntamiento, empiezo a recibir botellas de vino». En alguna ocasión ha pagado para devolver el obsequio al remitente que pretendía ser favorecido.

A Urruticoechea se le quiebra la voz al dolerse por no haber olisqueado antes una perversión de sus superiores. Su compromiso es minucioso y severo con él mismo porque, en realidad, sus informes han servido para enjuiciar irregularidades. Es uno de los testimonios de Corrupción: el organismo nocivo, un documental que se estrena este viernes en el cine Girona de Barcelona y se ha sufragado con algo más de 20.000 euros aportados por 451 donantes.

Antes de llegar a las salas, no ha sido poco el esfuerzo de los directores, Albert Sanfeliu y Teresa Soler, para ajustar los costes y no abandonar un proyecto que califican de «pedagógico», con el que encomian a quienes se han enfrentado a ser depurados de una institución por señalar su podredumbre.

«Hablamos de la corrupción de proximidad», comenta Sanfeliu, «la ciudadanía percibe un exceso de información sobre Bárcenas y miles de cifras que no sabe cómo abordar, pero hay herramientas potentes para encarar al problema». Para el director, la respuesta pasa por que la sociedad «se active» y menciona los observatorios ciudadanos que han brotado para desmenuzar en qué consumen las alcaldías el dinero de los vecinos.

«Queremos hacer concienciar de que, como se dice en el documental, no hay que ser un héroe para denunciar la corrupción. Es de sentido común y cada vez se hace más», resalta Sanfeliu, que pretende que la película propicie el debate y aliente el activismo contra un mal que se cita entre las mayores preocupaciones. Además de las seis proyecciones programadas en Barcelona, se difundirá en abril en Girona, Reus, Santa Perpètua y Madrid.

En el filme, se alude a los casos Palau y Pretoria. Sin embargo, la intención no es relatar investigaciones mediáticas, sino ojear la estulticia y la crueldad que aflora cuando se perpetúa la omertà y, sobre todo, predicar con el ejemplo de los protagonistas. Combinadas con expertos como la catedrática Victoria Camps o el ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo, las vivencias de Itziar González (la ex concejal de Barcelona que se negó a facilitar la operación del hotel del Palau de la Música), Albert Gadea y Maite Carol (el ex directivo y la ex interventora de Santa Coloma de Gramenet que colaboraron con la Guardia Civil en el caso Pretoria) o Carlos Martínez (inspector que informó de fraudes en las subvenciones de cursos para parados en Cataluña) hilvanan un tratado de las malas artes. Desde el urbanismo regado con comisiones a los agujeros en la financiación de los partidos, del desamparo de quien descubre las cartas ocultas del juego a la falta de transparencia real en los gobiernos. «Es importante que un espectador, sea de un pueblo u otro, se diga que, si eso mismo pasa en su municipio, se debe denunciar», concluye Sanfeliu.

Fuente: El Mundo

INAP: Convocatoria de acciones formativas descentralizadas, incluidas en el plan de formación en colaboración con las entidades locales para el año 2015

Resolución de 18 de marzo de 2015, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas descentralizadas, incluidas en el plan de formación en colaboración con las entidades locales para el año 2015 (BOE 21/3/2015)

Ver aquí

La Junta de Castilla y León sólo disolverá las pedanías de León por no rendir cuentas si lo solicita el Gobierno central

El Consejo de Cuentas recomienda la supresión de las pedanías sin competencias.

La Junta de Castilla y León no iniciará los trámites para la disolución de las juntas vecinales que no rindieron las cuentas del ejercicio del 2013 antes del 31 de diciembre pasado, como contempla la reforma de la Administración local, mientras no lo inste el Gobierno, según informó la Consejería de Presidencia.

Según el Ejecutivo autonómico, corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas promover el proceso, que finaliza con la resolución correspondiente de la Consejería de Presidencia, que asume las competencias en materia de ordenación del territorio. Por el momento, el ministerio de Cristóbal Montoro no ha dado el paso que requiere el Ejecutivo de la Comunidad.

La entrada en vigor de la reforma local obligaba por primera vez a rendir las cuentas del último ejercicio cerrado a las entidades locales menores, advirtiendo que no cumplir este requisito suponía incurrir en causa de disolución. De esta manera, podrían suprimirse las juntas vecinales que no hubieran cumplido a 31 de diciembre, si bien el plazo legal para la rendición expira en octubre, tanto para entidades locales menores (ELM), como para ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades.

Pese a todo, pasados los plazos de octubre y fin de año, el Consejo de Cuentas de Castilla y León recibió las cuentas de diez pedanías leonesas, según datos registrados hasta el 8 de marzo. Las dos últimas figuran con fecha del 28 de febrero —dos meses de retraso—.

Este es así, indicaron fuentes del Consejo de Cuentas, porque el entorno digital de rendición de cuentas «no cierra la ventanilla». De hecho, muchas juntas vecinales presentaron el año pasado las cuentas de varios ejercicios ya que en un principio no estaba claro el periodo de rendición obligatorio que debía registrarse antes del 31 de diciembre de 2014 —finalmente se ciñó al último posible: el de 2013—.

Con las últimas diez rezagadas, son 1.217 las juntas vecinales de la provincia que a 8 de marzo han rendido cuentas y sólo se contabilizan 15 incumplidoras. Si finalmente el Ministerio de Hacienda opta por remitir a la Junta de Castilla y León la lista de pedanías díscolas habrá que ver si se ciñe al 31 de diciembre o si bien amplía el margen y admite las de los pueblos menos diligentes.

Modernización

En cualquier caso el nivel de rendición de cuentas se sitúa en León en el 98,78%, muy superior al 59,9% del ejercicio anterior, según los datos del Plan Anual de Fiscalizaciones del Consejo de Cuentas, presentado a principios de este mes.

Tras desglosar la fiscalización realizada a lo largo del 2014 por las entidades locales menores, el consejo recomienda a la Comunidad Autónoma la adopción de medidas normativas para el mantenimiento, organización y modernización de las juntas vecinales, que establecen «unos estándares económicos y administrativos mínimos de obligado cumplimiento.

El organismo aboga por disolver las ELM que «durante varios años consecutivos» no aprueben el presupuesto o incumplan la rendición de cuentas e indica la procedencia de disolver aquellas en las que concurren las causas de disolución contempladas en la Ley de Régimen Local de Castilla y León, de 1998, e igualmente, la de las que no ejerzan competencia alguna.

Gestión

La autonomía debe dotar a las ELM «de los medios administrativos adecuados, que les permitan cumplir sus obligaciones» como administraciones públicas.

También señala que las Cortes «deberían instar a la Administración del Estado la revisión del actual régimen jurídico relacionado con el desempeño [...] de las funciones públicas necesarias de secretaría, control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, contabilidad y tesorería», así como regular esta materia de forma específica en el ámbito de Castilla y León.

Por otra parte, debería registrarse competencias que ejercen, tanto delegadas por los municipios como las asumidas.

Fuente: Diario de León