El período medio de pago (PMP) de las CCAA se situó en diciembre pasado en 50,83 días, y el de las EELL en 19,22 días

El conjunto de las Comunidades Autónomas reduce su período medio de pago en 7,32 días, un 12, 59%, con respecto al mes de noviembre. Las Entidades Locales lo reducen en 5,62 días, un 22,6%, con respecto al mes de septiembre, último mes con datos del conjunto de EELL.

El período medio de pago (PMP) de las Comunidades Autónomas se situó en diciembre pasado en 50,83 días, y el de las Corporaciones Locales en 19,22 días.

En relación al mes anterior, noviembre, las CCAA  han reducido su PMP en  7,32 días, un 12,59%. Las EELL ha reducido su PMP en 5,62 días, un 22,6%, respecto a septiembre, último mes con datos del conjunto de Entidades Locales.

Los datos se han publicado hoy en la Central de Información Económico-Financiera del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Acceso a la información de las AAPP

Acceso a la información de CCAA - Informe mensual sobre plazos de pago a proveedores y deuda comercial de las CCAA

Acceso a la información de las EELL - Informe mensual sobre plazos de pago a proveedores y deuda comercial de las EELL

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

El Tribunal de Cuentas cuestiona la retirada de las competencias sanitarias a los ayuntamientos en sus informes de fiscalización de 2011 y 2012

Destaca “la importancia del gasto asumido” por las Administraciones locales en esta materia

Las Cortes Generales han asumido como propias las fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas (TC) sobre las administraciones locales durante los ejercicios 2011 y 2012 y, en dichos informes, el órgano invita a cuestionar, directamente, las medidas del Ejecutivo sobre la reforma local.

La resolución de la comisión mixta del ramo sobre el Informe de fiscalización del sector público local de los dos años referidos señala, en ambos casos, un punto clave relacionado con la sanidad. El texto “destaca la importancia del gasto asumido por los ayuntamientos” en áreas como la sanidad, así como en otras (cita la educación, la protección y promoción social o fomento del empleo).

Y el TC va a más e indica que los Ayuntamientos, referente a dichas partidas de gasto, “en el futuro no lo van a poder prestar”. “O bien las prestarán con grandes limitaciones”, indica justo antes de hacer su interpretación, sin margen de dudas: “Lo cual de nuevo invita a cuestionar el cambio de modelo de gestión de los servicios por parte de las entidades locales, a partir de la reciente reforma local”.

Servicios “impropios”, pero muy presentes

El tribunal fiscalizador elogia la labor “más cercana al ciudadano” de los ayuntamientos que se plasma tanto en sus competencias como en la prestación de servicios “impropios”, es decir, “que o no están atribuidos expresamente a los municipios”, o incluso, son competencia de otras administraciones, fundamentalmente de la autonómica (como es el caso de la sanidad), con el consiguiente coste que han ido financiando con los propios recursos locales.

El TC cita expresamente en este tipo de servicios a los relacionados con la sanidad y servicios sociales. Y eso que, tal y como reza el informe, se parte “de una mínima competencia municipal”, la recogida en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, y, a pesar de ello, los municipios “han ido ampliando las prestaciones derivadas de las necesidades surgidas”.

La última reforma local, a la que hace alusión el texto recién publicado en el BOE, arrebató casi por completo todas las competencias locales en materia sanitaria, salvo contadas excepciones, y es por ello que tiene mayor relevancia el cuestionamiento formulado que se hace en estas asunciones fiscalizadoras.

Fuente: Redacción Médica

El Senado rechaza la petición de CiU de reformar la financiación local

El pleno del Senado ha rechazado, con los votos del PP, una moción por la que CiU pretendía instar al Gobierno a acometer la reforma de la financiación local en la actual legislatura.

La iniciativa del grupo catalán, defendida por el senador Ferran Bel, ha contado con el apoyo de los grupos de la oposición, pero no del mayoritario, cuyo portavoz, Francisco Javier Pagola, ha argumentado que, aunque todos los grupos comparten el espíritu de la moción, no es momento de afrontar la reforma por estar "en plena campaña electoral".

Pagola ha añadido que, si la propuesta proviniera del PP, se le acusaría de "electoralista".

Asimismo ha subrayado la acción del Gobierno en defensa de los ayuntamientos y los mecanismos arbitrados para dotarles de liquidez y permitirles el acceso a la financiación, lo que se ha traducido en que ahora paguen a 28 días.

CiU aspiraba a modificar la ley de financiación local para mejorar la eficiencia de las corporaciones locales y dotarles de un sistema de ingresos "suficientes y adecuados a las competencias que desarrollan y que a su vez sea equilibrado en relación a la presión fiscal que sufren los contribuyentes".

Bel ha reconocido que antes de las elecciones de mayo sería inapropiado haber acometido la reforma, pero ha advertido de que desde esa fecha hasta las elecciones generales hay tiempo para acometer una reforma con la que -ha dicho- están de acuerdo todos los alcaldes, también los del PP.

La moción es consecuencia de una interpelación en la que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, pidió consenso a los partidos para acometer esta reforma "en un futuro inmediato".

Asimismo, el senador Bel ha defendido la idoneidad de flexibilizar o suprimir la aplicación de la regla de gasto establecida en la reforma local para aquellas entidades locales que cumplan con los diferentes parámetros de estabilidad presupuestaria, en materia de déficit, endeudamiento y periodo medio de pago a proveedores.

Fuente: La Vanguardia

UPyD aboga por fusionar municipios para crear núcleos de al menos 20.000 habitantes y ahorrar casi 200 millones anuales

La formación magenta rechaza los recortes sanidad, educación y servicios sociales mientras se mantienen las diputaciones y casi 4.000 políticos en Galicia

UPyD ha elaborado una propuesta para "racionalizar" el mapa municipal en Galicia a través de la supresión de los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes, de modo que los 314 actuales se convertirían en 70 y el ahorro logrado con esta medida alcanzaría los 196 millones de euros al año.

Este estudio, que, como han recalcado los dirigentes de la formación magenta en Galicia, no se trata de un documento "cerrado" sino que debe servir de base para el "debate" en vísperas de las elecciones locales, ha sido presentado este lunes en rueda de prensa en Santiago.

Según ha detallado el coordinador del informe y candidato a la Alcaldía de Narón (A Coruña), Hugo Rodríguez Boo, Galicia padece "un sobredimensionamiento administrativo" que se concreta en la existencia de diputaciones, mancomunidades y multitud de ayuntamientos sin apenas presupuesto.

Por ello, y teniendo en cuenta que la reforma local deja en manos de las diputaciones las competencias de los municipios de menos de 20.000 habitantes, su planteamiento pasa por suprimir estas instituciones provinciales y también las mancomunidades y agrupar los ayuntamientos hasta lograr, como mínimo, la citada cantidad de vecinos.

Reducción y ahorro

Con su "simulación", el número de localidades bajaría de 314 a 70 y se reduciría "un 70 por ciento" el número actual de políticos, que se sitúa actualmente —ha dicho Rodríguez Boo— en torno a los 3.800. Eso sí, ha puntualizado que no contempla el despido de ningún funcionario, sino su reubicación; y que con la progresiva jubilación de los que no sean necesarios se lograría un ahorro adicional de 70 millones de euros anuales.

"Galicia no necesita 314 ALCALDES"

Por su parte, el coordinador del partido que lidera Rosa Díez en Galicia, José Antonio de Lorenzo, ha defendido que "Galicia no necesita 314 alcaldes", al tiempo que ha señalado que "todo el mundo" está de acuerdo en que se deben acometer fusiones hasta que el debate toca a "su" ayuntamiento.

No obstante, ha incidido en que no se puede hacer "recortes" en materia de sanidad, educación o servicios sociales pero mantener "las diputaciones" y "los 3.800 concejales" que actualmente existen en la Comunidad gallega. "Se recorta lo fundamental y se mantiene lo superfluo", ha lamentado.

En esta idea ha justificado su informe sobre "racionalización". "La administración tiene que estar al servicio de los vecinos y no los vecinos al servicio de la administración", ha razonado, y ha juzgado que "los vecinos necesitan una administración próxima y eficaz" pero "no 4.000 políticos".

Cercanía del ayuntamiento

Al respecto, Rodríguez Boo ha matizado —a preguntas de los periodistas— que no se perdería la cercanía de la Administración local con su propuesta de fusiones, pues podrían mantenerse "oficinas de atención al público o registros".

Y, tras observar que en muchos casos las gestiones de los vecinos ya se hacen "a cientos de kilómetros" de su domicilio, por parte de las diputaciones, ha esgrimido que los municipios resultantes de su documento sobre fusiones podrían no superar un área geográfica de 10 kilómetros cuadrados.

Al margen de la unión de pequeños ayuntamientos, ha abogado también por que las ciudades absorban los municipios de su área metropolitana, a fin de "eliminar duplicidades". Sería el caso, por ejemplo, de Ferrol y Narón y de Santiago y Ames.

Datos "espeluznantes"

Finalmente, De Lorenzo ha aportado un dato, desde su punto de vista, "espeluznante": los alcaldes de municipios con menos de 10.000 habitantes en Galicia cobran "casi seis millones de euros".

Sobre estos regidores, ha apuntado que suponen "el 80 por ciento" del total y representan "al 25 por ciento de la población" gallega, mientras perciben "el 70 por ciento" de las nóminas de los ayuntamientos.

Fuente: Europa Press