El Consejo de Europa avisa a España de que incumple nueve de las recomendaciones fijadas para luchar contra la corrupción

El informe, aprobado en Estrasburgo en octubre, se ha hecho público hoy

Son las conclusiones de Grupo de Estados contra la Corrupción

Reclama 'garantías' para que las fundaciones no sean una vía para financiar partidos

El Gobierno responde que la nueva ley de control de partidos corregirá las deficiencias

El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), uno de los cuerpos del Consejo de Europa, denuncia en un informe sobre la penalización de la corrupción y la transparencia de la financiación política publicado hoy que España "ha cumplido íntegramente seis recomendaciones" al respecto formuladas en escritos anteriores, pero que "otras nueve recomendaciones han sido aplicadas parcialmente, en gran medida debido a que aún no se han aprobado las reformas previstas en el Código Penal y en la ley de Control de la Actividad Económica de los Partidos Políticos".

El Greco da ahora al Gobierno cinco meses, hasta finales de julio, para que presente un lista con las medidas que ya ha puesto en marcha para poder cumplir satisfactoriamente con las recomendaciones pendientes. Y pide acciones decisivas y muy concretas para lo que, destaca, es un serio problema en nuestro país.

El Informe, que el Grupo insta a España a publicar lo antes posible para que los ciudadanos puedan tener acceso, reconoce los avances en algunas áreas y destaca que el Proyecto de Ley sobre las Actividades Económicas de los Partidos Políticos "introduce algunos cambios positivos con respecto a la transparencia, el control interno y la rendición de cuentas de los partidos".

Pero no lo suficiente, por lo que insta a "las autoridades a perseverar en sus esfuerzos por mejorar la transparencia de las cuentas políticas y las fuentes de los ingresos y los gastos correspondientes (incluidos los de sus ramas locales), el seguimiento de la situación de endeudamiento de los partidos, y la garantía de que cualquier infracción de la normas se traducirá, no sólo en la ley, sino también en la práctica, en sanciones efectivas".

Y en un lenguaje directo, aborda de lleno el principal problema. "Debe garantizarse que las fundaciones y asociaciones políticas no se utilizan como una vía paralela para la financiación y las actividades de campaña de los partidos políticos, a pesar de las restricciones y límites establecidos por la ley".

No se trata de una generalidad. "Dado el número de escándalos en materia de financiación irregular de partidos políticos que han sacudido el sistema político español en los últimos años, es de vital importancia para la credibilidad y la eficacia del sistema que las autoridades españolas tomen medidas inmediatas en este ámbito y logren mejoras tangibles sin demora", afirma.

El informe fue aprobado por el Grupo en su reunión plenaria del 10 de octubre del año pasado en Estrasburgo, pero ha sido publicado hoy. Los autores destacan que una serie de aspectos han sido "resueltos satisfactoriamente", pero lamenta que otros muchos no.

Sobornos y abuso de poder

La mayoría de las cuestiones son de carácter técnico, sobre el alcance de la legislación actual o qué artículos del Código Penal son los más adecuados, y si son suficientes, para castigar sobornos, corrupción de jurados o abuso de poder. Pero también hay recomendaciones específicas sobre partidos políticos en las que el Greco y las autoridades españolas, en continua comunicación, no acaban de encontrar el punto medio.

Así, por ejemplo, el Grupo "recomienda tomar las acciones apropiadas para asegurar que los préstamos concedidos a partidos políticos no sean usados para esquivar las regulaciones sobre financiación política". El Gobierno ha replicado que el nuevo proyecto de Ley sobre el Control de Actividades Económicas de los Partidos Políticos aborda con rotundidad este punto prohibiendo la cancelación de las deudas.

Pero el cuerpo del Consejo Europeo, aunque "da la bienvenida a las novedades", recuerda que "ese proyecto debe de materializarse en la práctica", puesto que "el endeudamiento de los partidos, y la vulnerabilidad potencial de los mismos" derivada de su relación con las entidades de crédito "han sido una importante fuente de preocupación en España".

Financiación local

Lo mismo ocurre con la financiación de los partidos a nivel local, otra de las recomendaciones que sólo han sido resueltas parcialmente. Así, Greco tiene la convicción de que "una acción más determinante sería apropiada" para garantizar "la transparencia y el control" de las cuentas de los partidos.

El Grupo "reitera su preocupación" por los mecanismos que, pese a la nueva Ley en la que se trabaja, podrían permitir que los partidos recibieran financiación a través de donativos de empresas a entidades cercanas. Y recuerda que "el Tribunal de Cuentas ha abogado reiteradamente para la consolidación de las cuentas de los partidos, incluyendo no sólo las ramificaciones nacional y subnacional, sino también las entidades vinculadas". Algo que el Gobierno no ha subsanado de momento, por lo que "se le urge" a ello.

El grupo de Estados contra la Corrupción es uno de los cuerpo del Consejo de Europa dedicado a mejorar la capacidad de sus miembros para luchar contra la corrupción.

El Gobierno responde de inmediato

La reacción del Ejecutivo no se ha hecho esperar. Esta misma mañana, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, envió al embajador de España ante el Consejo de Europa una carta en la que le insta a comunicar al Grupo que en la ley que entrará en vigor en unas pocas semanas "se prohíben las condonaciones de deuda a los partidos así como la concesión de préstamos a un tipo de interés que sea más preferente que el determinado por las condiciones de mercado" y que "se ha tipificado en el Código Penal un nuevo delito de financiación ilegal de partidos para ofrecer una respuesta contundente a los supuestos más graves que sirva además como elemento de prevención".

Ayllón solicita al embajador permanente que haga llegar la información a los responsables del Consejo de Europa, aunque su departamento hará llegar "formalmente al GRECO antes del mes de julio todos los avances que hemos hecho en esta materia desde marzo de 2014".

Para el secretario de Estado, que es responsable del Plan de Regeneración Democrática del Gobierno de España, la batería de reformas legales será suficiente también para satisfacer el resto de recomendaciones pendientes "en materia de transparencia y publicidad de información de naturaleza contable y económica de los partidos" o de los "plazos de prescripción de las infracciones".

Fuente: El Mundo

La función pública como salvavidas

El pasado 22 de febrero se publicó en el Diario El Mundo un artículo, en la sección Tribuna política, de Joaquin Leguina titulado “La función pública como salvavidas”, en el que se reivindica el papel de los secretarios e interventores de las corporaciones locales.

Leguina reconoce el alto grado de preocupación de la sociedad española por la corrupción política y considera necesario para combatirla una función pública de calidad. Esto exige un elevado nivel técnico de los funcionarios, que solo puede garantizarse por la estricta aplicación de los principios de mérito y capacidad.

El problema de nuestra Administración pública, según el autor, es que ámbitos que deberían estar reservados a la función pública han sido invadidos por los “cargos de confianza” , desplazando los principios de mérito y capacidad por los de confianza política.

Un caso sintomático es el de la libre designación de secretarios e interventores en los grandes municipios, lo que implica una cuasi-eliminación de los controles efectivos. Leguina propone unos secretarios e interventores con funciones ejecutivas similares a las de un consejero delegado en una empresa privada (los chief executive officers).

Sin perjuicio de que se compartan o no sus juicios sobre la extensión de las funciones de los habilitados nacionales, no cabe duda que va calando la idea de que nuestro papel es esencial para tener una Administración pública de calidad y que somos un instrumento fundamental para luchar contra la corrupción:

Por Joaquín Leguina

Miembro permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid

El autor sostiene que, para atajar la corrupción, los políticos no pueden asumir ciertas decisiones a la hora de contratar obras o servicios públicos: hay que acabar con la "invasión de los partidos".

Con la corrupción pasa como con el fútbol, que todo el mundo cree saberlo todo de ambos asuntos. La corrupción es un abuso de poder del cual se derivan beneficios privados mediante el incumplimiento de normas legales, lo cual no incluye la corrupción entre particulares y se limita al incumplimiento normativo. Según los barómetros del CIS, «la corrupción y el fraude» fue citado como uno de los tres problemas más importantes de España por el 7% de los encuestados en junio de 2008 y no ha dejado de subir de forma exponencial hasta el 41,5% en el barómetro de julio de 2014 y al 55,5% en el de enero de 2015. Ahora bien, una cosa es la corrupción que realmente existe y otra muy distinta la percepción que los ciudadanos tienen de esa corrupción. ¿Cómo medir la corrupción?

Dado que se trata de una actividad clandestina, no se pueden utilizar los mismos mecanismos que se usan en otros fenómenos sociales. Por ejemplo, no se puede hacer una encuesta preguntando a los funcionarios o a los políticos si alguna vez se han corrompido o no, pero la distinción entre funcionarios y políticos sí es pertinente. Porque ambos pueden corromperse pero los efectos de ambas corrupciones son muy distintos. La corrupción de los funcionarios se denomina corrupción administrativa y la de los políticos corrupción política en sentido estricto.

Para medir la corrupción administrativa se recurre a encuestas en las cuales se pregunta a los ciudadanos por sus experiencias en el pago de sobornos a funcionarios (estas encuestas se denominan «de victimización»).

Los datos de «victimización» en España son muy parecidos a los de países europeos que tienen niveles de percepción de la corrupción menores que en España. Según los encuestados, en 2009 y 2010 los sobornos a la policía eran prácticamente inexistentes en España (1%-2%). Los sobornos en el área educativa, sanitaria, tributaria y judicial apenas llegan al 2%-3% y los sobornos en el área urbanística y de permisos de construcción suben hasta el 3%-6%. Es decir, que, como era de prever, aparece el área urbanística como el espacio privilegiado para la corrupción en España, también en la corrupción administrativa.

La calidad de la función pública depende en buena parte del nivel técnico de los funcionarios, y ese nivel técnico depende, a su vez, de los métodos objetivos para medir el mérito y la capacidad a la hora de entrar al servicio de la Administración, que en el caso de España son una exigencia constitucional. No se entrará aquí a discutir la eficiencia del sistema de oposiciones que se usa en España, pero fueron éstas las que permitieron en su día modernizar la función pública española.

Benito Pérez Galdós mostró en su novela Miau los destrozos morales, económicos y políticos que traía consigo el sistema de cesantías que reinó en España durante la Restauración. En un sistema de alternancia como lo era aquél no sólo se sustituían los ministros, los subsecretarios y los directores generales, también cesaban hasta los ujieres de los ministerios.

¿Qué es una función pública moderna? Es aquella en la que sus miembros son inamovibles y sus carreras sólo dependen del mérito y la capacidad de cada persona. En los países más avanzados las carreras profesionales pueden llegar hasta el nivel de subsecretario.

Desgraciadamente, en España durante los últimos años han reaparecido los Miau, en forma de lo que se denomina «cargos de confianza». Pero no sólo vienen proliferando esos cargos en los niveles directivos sino también en los niveles administrativos, e incluso inferiores, politizándose así, de mala manera, los servicios públicos y también las empresas públicas, provocando un desfile deplorable de «cesantes» cada vez que se produce un cambio de gobierno en cualquiera de los tres niveles del Estado.

Los españoles ya se han acostumbrado a ver que cada vez que cambia el Gobierno se sustituyen direcciones enteras de organismos como la Agencia Tributaria (nada menos). Por otra parte, es en los lugares con peor puntuación en calidad de gobierno donde los expertos advierten un nivel más alto de politización de la función pública.

Cuando están en el candelero -como ahora lo están- peligros tan graves, los líderes políticos suelen anunciar, como primera reacción, leyes nuevas. Pero el catedrático Santiago Muñoz Machado nos ha recordado que existen en nuestro Código Penal muchos tipos aplicables a la corrupción. La legislación con que contamos es más que suficiente. Como en otros graves problemas del país, bastaría con hacer cumplir las leyes ya vigentes y también atenerse al «espíritu de las leyes», aunque la profusa, difusa, confusa y superabundante legislación que existe en España es, en sí misma, un grave problema.

A mi juicio, la corrupción política -más allá de la financiación irregular de los partidos con unos gastos (electorales o no) a todas luces exagerados- es una consecuencia más de un fenómeno más general al que se puede denominar «invasión ilegítima de los partidos políticos». Una «invasión» que afecta a otros poderes del Estado, como la Judicatura, a instituciones como los medios de comunicación social de propiedad pública y, en general, a la sociedad civil. Un caso paradigmático de esa «invasión» partidaria lo han constituido las cajas de ahorros, cuya gestión, politizada hasta el tuétano, ha terminado en desastre. También -como se ha dicho ya- han invadido la función pública.

Desde hace bastantes años (Mouritzen y Svara, 2002) se ha detectado que en España «el buen gobierno» municipal se ha visto seriamente deteriorado tras la cuasi-eliminación de los controles personificados en los funcionarios de habilitación nacional (secretarios e interventores, principalmente). En efecto, ahora a los secretarios e interventores los nombra el alcalde y así aparece, una vez más, la perversión de poner la zorra a cuidar del gallinero, de colocar al vigilado en el papel de vigilante.

Los funcionarios de habilitación nacional deberían ser seleccionados a nivel nacional para jugar el papel que juegan los consejeros delegados en las empresas privadas (chief executive officers, CEO en sus siglas inglesas), participando en las políticas públicas y velando también por los principios de mérito y capacidad a la hora de la selección y promoción de los empleados públicos.

Existe en Europa consenso en torno a una recomendación según la cual los CEO y los políticos electos se deberían repartir el poder de decisión en un 50% cada uno, pero en España, y no sólo en el nivel local, el desequilibrio es más que notable: el poder de decisión en los cargos electos es del 80% y tan sólo el 20% es de los CEO.

Si de verdad se quiere atacar la corrupción política es preciso que los políticos no puedan tomar cierto tipo de decisiones. Lo explicaré brevemente. Las decisiones sobre recalificaciones urbanísticas, contratación de obras y servicios públicos o concesiones administrativas pasan por tres momentos diferentes: primero se decide qué hacer, en segundo lugar se decide cómo hacerlo (proyecto) y en tercer lugar se decide quién lo va a hacer (mediante concursos, subastas, designación, etc.).

Pues bien, el qué hacer debe quedar en manos de los políticos, pero el cómo y el quién han de quedar en manos de comisiones ad hoc compuestas por funcionarios de carrera. Por otro lado, la subasta debería sustituir cuanto se pueda al concurso, evitándose así interpretaciones subjetivas que a lo único que conducen es a la arbitrariedad.

¿Evitará eso la corrupción? Quizá no del todo, porque siempre que existan seres humanos -y los funcionarios lo son- existirán tentaciones y algunos caerán en ellas, pero la corrupción se alejará de la política porque ya se sabe que quien evita la tentación evita el pecado y, precisamente, por ahí hay que cortar este nudo gordiano.

Fuente: El Mundo

La FEMP constituye la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana

En su apuesta por la transparencia, ha suscrito un convenio de colaboración al efecto. La Federación ha expresado su solidaridad con el Alcalde de Caracas. En la Junta se ha aprobado un modelo de Ordenanza de Rehabilitación y un documento sobre incentivos a la rehabilitación, y firmará con el Ministerio de Fomento un Convenio destinado a favorecer la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, así como a impulsar el alquiler

La FEMP ha constituido esta mañana la Red de Ciudades por la Transparencia y Participación Ciudadana, una iniciativa que marca la apuesta de la Federación por la transparencia y que tiene como objetivo promover la innovación y mejora permanente de la relación entre los Gobiernos Locales y los ciudadanos bajo los principios del Gobierno Abierto y mediante el intercambio de experiencias y desarrollo de proyectos. Integridad, voluntad de búsqueda de soluciones, colaboración e intercambio, aprendizaje y apuesta por la innovación social, son los valores inspiradores de esta nueva Red.

En esta misma línea, la FEMP ha suscrito un convenio de colaboración con AENOR con el cual, en palabras del Presidente, “la Federación pretende dar un paso más en la apuesta de las Entidades Locales por la transparencia y el buen gobierno, demostrando con ello su compromiso con la honradez y la integridad en la gestión pública, y adaptando al ámbito público mecanismos que cada vez son más habituales en el ámbito privado”.

A juicio de De la Serna, “desgraciadamente, la experiencia demuestra que el incremento y la mejora de la regulación no constituyen un antídoto suficiente para la prevención de prácticas corruptas. Se hace necesario potenciar medidas de autorregulación, que incrementen los controles internos de cada organización.”

Es fundamental evitar mediante la prevención la realización de comportamientos ilícitos, ahorrando con ello los costes reputacionales y de otro tipo que la iniciación de un proceso penal implica.

El compromiso con la transparencia y el buen gobierno es un avance en el concepto de ética pública, y lleva por primera vez a la Administración Pública en España, como ya se viene haciendo en otros países europeos, el cumplimiento público como objetivo, al tiempo que establece un sistema de controles internos para alcanzarlo.

El acuerdo firmado prevé en la elaboración un Referencial, en el que queden identificados los requisitos y objetivos que permitan a las Entidades Locales implantar un sistema de gestión basado en los principios de buen gobierno, proporcionalidad, transparencia y sostenibilidad. Dicho Referencial permitirá implantar un estándar de calidad en las Entidades Locales, por medio de parámetros que coadyuven al cumplimiento normativo, la observancia de los procedimientos internos y el fomento de conductas adecuadas.

En definitiva, se trata de establecer mecanismos de prevención que permitan controlar riesgos de incumplimiento normativo, inobservancia de procedimientos internos o conductas indebidas. A través de programas de cumplimiento, las Entidades Locales que lo implementen en su funcionamiento, podrán recibir la certificación por parte de AENOR, lo que les conferirá un plus de reconocimiento en esta materia.

Solidaridad de la FEMP con el Alcalde de Caracas

La FEMP ha manifestado públicamente su solidaridad con Antonio Ledezma, Alcalde metropolitano de Caracas, y ha solicitado su inmediata liberación “así como la de todos los Alcaldes detenidos por manifestar libremente sus ideas”, en Venezuela. Con esta Resolución, ratificada en la Junta de Gobierno que ha celebrado esta mañana, la FEMP se ha sumado a la preocupación de la comunidad internacional y de las instituciones de Derechos Humanos ante el “aumento creciente de la práctica de la detención y privación arbitraria de la libertad Alcaldes y de dirigentes políticos opositores en Venezuela”. Y en consecuencia, ha solicitado al Gobierno de ese país un comportamiento acorde a lo que se entiende por un Estado de Derecho.

Asimismo, ha anunciado que dará de esta resolución al Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa (CPLRE), al Comité de las Regiones y al Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), solicitando que estos órganos europeístas manifiesten públicamente su apoyo a los  Alcaldes venezolanos detenidos por expresar públicamente sus ideas.

Al respecto, el Presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, ha recordado que, además del líder de la oposición, Leopoldo López, ex Alcalde de Chacao, se encuentran detenidos otros ex Alcaldes opositores, como el de San Diego o el de San Cristóbal, y ha incidido en la arbitrariedad con la que ahora se ha llevado a cabo la detención de Antonio Ledezma.

Ordenanza de Rehabilitación

La Junta de Gobierno ha dado su aprobación a un modelo de Ordenanza de Rehabilitación planteado para resolver las dudas que los técnicos municipales podrían verse obligados a afrontar en esta materia. El Modelo propuesto recoge todos los aspectos que afectan a la rehabilitación (conservación, accesibilidad y eficiencia energética) e incluye la regulación de las actuaciones más comunes para cada uno de estos aspectos.

Además de esta propuesta, elaborada en colaboración con la Fundación La Casa que Ahorra, la Junta de Gobierno también informó el documento de recomendaciones sobre incentivos a la rehabilitación con criterios de eficiencia energética desde la perspectiva municipal. El documento analiza los diferentes tipos de ayudas que, a estos efectos, están disponibles a nivel europeo, estatal y comunitario.

El Documento recoge también buenas prácticas de aplicación para la Administración Local sobre acciones de fomento de la actividad rehabilitadora, detalla programas y líneas de financiación dispuestas por la Administración General del Estado y revisa la situación de las Comunidades Autónomas en la materia.

Asimismo, la Junta ha aprobado en su reunión de hoy, la firma de un convenio con el Ministerio de Fomento en el que quede definido un marco de colaboración para facilitar a las Entidades Locales la puesta en marcha de políticas de vivienda y urbanismo que se apoyen en actuaciones dentro de esos ámbitos y que, además, fomenten el alquiler de viviendas rehabilitadas.

“Es el momento de impulsar una nueva política de vivienda, basada en la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbanas, que vaya más allá del anterior modelo expansivo que llevó a una burbuja de terribles consecuencias”. Según manifestó, los problemas que afectan actualmente a la vivienda y al urbanismo presentan en nuestro país una serie de características derivadas de la aplicación de políticas tradicionales. La calidad de las viviendas y de los barrios, el progreso social y el crecimiento económico, la mejora de la eficiencia energética o el equilibrio social, son algunos de los ámbitos afectados que han llevado a apostar de manera decidida por una política urbanística que se apoye en esas 3R: Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas, para favorecer el desarrollo de las ciudades.

En el marco del convenio, el Ministerio y la FEMP favorecerán estas líneas e impulsarán, entre otras actuaciones, políticas coordinadas para la rehabilitación urbana de los centros históricos y barrios más desfavorecidos; el alquiler de viviendas rehabilitadas y energéticamente eficientes y colaborarán en la elaboración de documentos normativos o explicativos destinados a la capacitación y sensibilización de los responsables municipales en este tema.

Fuente: FEMP

Montoro pide consenso para reformar la financiación local en “un futuro inmediato”

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha considerado hoy que la reforma de la financiación local deberá abordarse en "un futuro inmediato" y ha apelado al consenso para ello entre las administraciones y los grupos políticos.

Montoro ha defendido esa futura reforma en respuesta a la interpelación planteada ante el pleno del Senado por el parlamentario de CiU y alcalde de Tortosa, Ferrán Bel, quien ha lamentado que la reforma de la financiación local se haya convertido en un "problema endémico".

El titular de Hacienda ha asegurado que la presente legislatura está siendo "profundamente municipalista" y ha defendido y justificado las medidas que se han ido aprobando para facilitar esa financiación como las relativas al pago a proveedores de los entes locales.

El pago directo para ello a estas entidades ha recordado que ha sido de 11.600 millones para abonar dos millones de facturas de unos 140.000 proveedores.

Ha recordado igualmente el control que se ha ejercido en el gasto de estas administraciones y la supresión de 1.244 entidades públicas que formaban parte de las mismas, y ha elogiado la gestión de los alcaldes y concejales para hacer posible la superación del déficit local y contribuir al crecimiento económico de España y la creación de empleo.

Tras reconocer que muchas de las decisiones adoptadas son transitorias, ha abogado por la reforma de la financiación local y la autonómica.

Pero ha señalado que no se pueden afrontar ahora mismo, con las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo tan cerca, y que "el tiempo se ha echado encima".

Por ello, ha considerado que es una cuestión pendiente que cree que deberá abordarse "en un futuro inmediato" y en la que deben implicarse todas las administraciones y grupos políticos para lograr hacerlo por consenso.

Montoro ha admitido asimismo que debe ir adaptándose la normativa a las nuevas realidades existentes.

El senador Bel ha considerado que el problema de la financiación local se lleva arrastrando desde hace veinticinco años y ha pedido abordar su reforma después de los comicios del 24 de mayo.

Para el alcalde de Tortosa, durante la presente legislatura se han ido aprobando "parches" como el pago a proveedores que han dado resultado, pero ha dicho que hay que solventar los problemas estructurales de la financiación.

Tras considerar que la administración local es la que mejor entendió la situación económica de España y actuó en consecuencia, ha pedido que las corporaciones que cumplan tengan mayor flexibilidad en su capacidad de actuación a la hora de decidir cuánto gastar y cómo se puede endeudar.

Ha lamentado que esas limitaciones a los alcaldes no se hayan aplicado a comunidades que han incumplido sus obligaciones y ha pedido a Montoro que no se haga de forma paralela la reforma de la financiación autonómica y la local porque cree que eso siempre perjudica a las corporaciones locales.

Fuente: ABC