Las Entidades Locales estarán en el Consejo Español de drogodependencias

Así lo ha anunciado el Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas en una jornada en la que se han presentado los resultados de la colaboración con la FEMP.

El Consejo Español de Drogodependencias y Otras Adiciones, cuya composición se está confeccionando en estos momentos, tras la aprobación de la Ley de Racionalización del Sector Público, contará con la participación de las Entidades Locales, según ha anunciado el Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín.

Babín ha afirmado que la presencia local en este Consejo “estará absolutamente garantizada” para que las Entidades Locales puedan sentarse y marcar sus prioridades y expectativas en las políticas que tengan que desarrollarse en su ámbito de actuación en materia de prevención de las drogodependencias. 

El Delegado del Gobierno, que ha participado junto con la FEMP en una jornada sobre colaboración en las políticas de drogas entre la Administración Central y las Entidades Locales, ha explicado que el Real Decreto que dará configuración a este órgano colegiado de colaboración interadministrativa está en fase de elaboración y que espera que el Consejo pueda quedar constituido en 2015, incluso antes de que se celebren las elecciones municipales y autonómicas.

El máximo responsable en materia de lucha con las drogas ha mostrado además su intención de seguir colaborando y cooperando con la FEMP y las Corporaciones Locales, cuyo papel es esencial en el desarrollo y logros del Plan Nacional, según ha manifestado.

En otro momento de su intervención, Babín señaló que la reciente reforma del régimen local no anula las competencias locales en materia de seguridad, ni en lo que les atañe respecto a la gestión de las actividades de ocio en los municipios, sino que en algunos casos, como los relativos a servicios de carácter asistencial, las implementa.

El responsable del Plan Nacional sobre Drogas elogió la labor de las Corporaciones Locales y de la FEMP en la aplicación del convenio de colaboración y explicó las líneas de ayuda que desde el Ministerio se destinan a los municipios. Al respecto, apuntó que desde 1999 se han dedicado más de 45 millones de euros a los programas locales, todos ellos procedentes del Fondo de Bienes Decomisados.

Colaboración en políticas sobre drogas

El Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Balbín, y el Secretario General de la FEMP, Angel Fernandez,  hicieron balance de la situación actual del Convenio de Colaboración entre la Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas y la FEMP y de los resultados concretos de los programas y actuaciones en prevención de las drogodependencias que se desarrollan en el ámbito local.

El representante de la FEMP se refirió en su intervención a los diferentes programas que se están desarrollando en el marco del convenio. En concreto, al Programa Servicio Responsable y al Programa Agente Tutor. En el primero, 100 Ayuntamientos y 54 asociaciones de hostelería han colaborado para potenciar la implicación del sector del ocio en la dispensación responsable de alcohol y la prevención de las drogodependencias.

El Programa Agente Tutor, iniciado en 2012, está dirigido a potenciar y mejorar la capacidad de intervención de la Policía Local de los diferentes municipios en  la promoción y protección de los derechos de la infancia. Ya han recibido formación 130 policías locales de cuatro municipios y en estos momentos se trata de sumar adhesiones a dicho programa en todo el territorio nacional.

Por otro lado, como consecuencia directa del desarrollo de las actividades contenidas en convenio FEMP-Delegación del Gobierno, ya son unas 300 las ciudades que cuentan con un plan local de prevención de las drogodependencias.

Ángel Fernández finalizó su intervención haciendo un reconocimiento especial al trabajo que llevan a cabo los técnicos sociales de los Ayuntamientos y expresando la “firme decisión” de la FEMP y de los Gobiernos Locales de intensificar sus acciones y de seguir colaborando con todas las instituciones públicas y agentes sociales en la lucha contra la drogodependencia.

Buenas prácticas premiadas

En el transcurso de esta jornada se procedió a la entrega de diplomas a doce Ayuntamientos y una Diputación Provincial que han sido distinguidos por sus buenas prácticas en prevención de drogodependencias en la quinta edición de la Convocatoria de Buenas Prácticas en Drogodependencias.

Fuente: FEMP

El portal de transparencia arranca con 500.000 datos

El Ejecutivo publica información como sueldos, subvenciones y convenios pero fija límites.

No se sabrá quién entra a un ministerio; se podrá conocer el sueldo bruto de altos cargos.

El mismo día en que el Senado de EE UU desvelaba nada menos que las torturas de los servicios secretos de su país, el Gobierno español ofrecía detalles del primer gran ejercicio de transparencia en la Administración, con un portal que arranca este miércoles a las 12.00 (transparencia.gob.es) con más de medio millón de informaciones de interés público.

El Gobierno, que prometió desde que llegó a La Moncloa una ley de transparencia que entra en vigor ahora, al final de la legislatura, ha hecho un gran esfuerzo, con un coste de unos 300.000 euros en servicios externos y muchas horas de trabajo. José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, ha dirigido a unos 80 funcionarios para poner en marcha el portal y dejar a disposición de todos los ciudadanos datos que nunca habían sido públicos, como todo tipo de subvenciones o convenios. Además de otros datos que sí lo eran, como los contratos, que estaban dispersos y ahora se centralizan en este portal. También están todos los sueldos en bruto de los altos cargos, esto es, de director general para arriba, por lo que se podrá comprobar, por ejemplo, que un secretario de Estado cobra bastante más que un ministro, su superior.

El Gobierno convocó este martes una sesión informativa en La Moncloa para explicar todo lo que está en esta web, “más de 50 gigas” de información, dijeron. Sin embargo, también es muy relevante lo que no está. Por una parte, hay datos que solo llegarán cuando los ciudadanos, periodistas o historiadores —estos últimos dos colectivos han sido en otros países los principales usuarios de las leyes de transparencia— los reclamen. La petición, a través de la web, es muy sencilla, aunque nunca será anónima. Un equipo, con tres personas en cada ministerio hasta un total de 36 funcionarios, tramitará la solicitud para hacerla llegar a quien realmente tiene el dato. Se ha formado a otros 800 funcionarios para que estén preparados para responder. En 30 días el ciudadano recibirá una respuesta.

Si esta no llega, o no es satisfactoria, podrá acudir al Consejo de la Transparencia y este tendrá que dilucidar si la Administración tenía alguna razón (sobre todo de seguridad, alega el Gobierno, que excluye a todo lo referido al CNI aunque sí incluye a la Casa Real) para no conceder el dato solicitado. El Gobierno aclara que el dato que se pida tiene que estar procesado, es decir, que no se van a elaborar datos específicos a petición de los ciudadanos. Sin embargo, el Ejecutivo asegura que ha comprobado los datos que se piden en otros países y está convencido de que podrá satisfacer la gran mayoría de las peticiones antes de los 30 días establecidos.

El Gobierno espera una oleada de peticiones para los primeros días. En la web no está el número de asesores de cada ministerio, pero es un dato que se puede pedir y se ofrecerá sin problemas, aseguraron los responsables. Las peticiones más frecuentes se incorporarán al portal, que irá creciendo a medida que lo vayan usando los ciudadanos. Solo están los datos que afectan a la Administración central. La autonómica y la local tienen un año para desarrollar sus propios portales.

El portal de transparencia está lleno de datos relevantes y de fácil consulta, aunque su funcionamiento real se comprobará cuando empiecen a consultarlo los ciudadanos y, en especial, las organizaciones y expertos vinculados a estos asuntos, que han sido muy críticos.

La ley española tiene claros límites si se compara con otras del entorno, que además llegaron mucho antes. En este encuentro informativo se dejó muy claro, por ejemplo, que los datos sobre los registros de entrada y de salida de los ministerios o de La Moncloa, algo clave para ver quién se reúne con los políticos para intentar influir, no se harán públicos. El Ejecutivo explica que en España, por su legislación sobre protección de datos, esas informaciones de los registros de entrada y salida se eliminan cada mes y, en cualquier caso, considera que no se pueden facilitar.

Un caso reciente muestra las diferencias entre la situación en España y en el resto de Europa. Miguel Arias Cañete, para ser comisario de Industria, ha tenido que prometer que va a publicar con quién se reúne cada día para que los eurodiputados puedan ver qué lobbistas y qué empresarios se citan con él. Sin embargo, en España ni él cuando era ministro ni ninguno de sus colegas hacen nada similar.

La agenda del presidente del Gobierno, por ejemplo, que también estará en el portal de transparencia aunque ya figura en la web de La Moncloa, es la más escueta de todas las de su entorno europeo. La mayoría de las semanas tiene solo dos entradas: sesión de control en el Congreso, el miércoles, y Consejo de Ministros, el viernes. El resto de la actividad del presidente, muy intensa especialmente con reuniones con empresarios, banqueros o personas influyentes, queda oculta. Rajoy ha llegado incluso a considerar “privadas” y secretas reuniones con el lehendakari, Íñigo Urkullu, o el president de la Generalitat, Artur Mas. La vicepresidenta del Gobierno llegó a calificar de “anécdota” el asunto de la agenda del presidente y aseguró que el proceso de la ley de transparencia es mucho más de fondo, pensado sobre todo para dar a conocer los contratos y, en general, cómo se gasta el dinero público.

No está previsto que esta opacidad de las agendas cambie de momento aunque muchos en el Gobierno creen que una vez iniciado el camino, poco a poco España se irá equiparando a los países de su entorno. Otros organismos como el Poder Judicial, tras el escándalo de la dimisión de su anterior presidente, Carlos Dívar, ya ha hecho su propio portal de la transparencia donde se publican todos los viajes. Sin embargo instituciones como el Congreso y el Senado aún no se han decidido a publicar todos los viajes. Las Cámaras baja y alta elegirán este miércoles a sus representantes en el Consejo de la Transparencia, donde además habrá cinco vocales del Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, la Agencia Española de Protección de Datos, la Secretaría General de Administraciones Públicas y la autoridad independiente de responsabilidad fiscal.

El organismo estará presidido por la veterana funcionaria Esther Arizmendi, hasta hace poco directora general de Modernización Administrativa, algo que también se ha criticado porque es un alto cargo de la Administración y no alguien totalmente independiente. PP y PSOE no se han puesto de acuerdo para repartirse los dos puestos de Congreso y Senado, por lo que los populares no presentarán candidatura en la Cámara alta y este será ocupado probablemente por el PNV.

Fuente: El País

El Portal de la Transparencia: mucho ruido y pocos datos

Examen de la nueva herramienta para acceder a información pública

Es necesario identificarse y conseguir una clave para solicitar información

Escasean los archivos descargables con formato reutilizable

La mayor parte de la información incluida ya estaba accesible en otros lugares de la Red

El nuevo Portal de la Transparencia, medida estrella de la puesta en vigor de la Ley del mismo nombre, abrió sus puertas poco después de las 12 del mediodía.

Prometía el acceso a más de medio millón de datos de la administración en un ejercicio modélico por parte del Gobierno. Sin embargo, tras un diseño limpio y aparentemente ordenado trufado de epígrafes que aluden a la 'transparencia' y el 'derecho a la información', no parece esconderse un gran caudal de datos que no fueran ya de dominio público.

Agrupada bajo los títulos 'Institucional', 'Normativa' y 'Económica' se encuentran los sets de datos disponibles. Entre los datos institucionales se encuentran, entre otros, los currículum de los altos cargos del gobierno. En el apartado de 'Normativa' nada nuevo: recoge textos legislativos que ya se publicaban en el Boletín Oficial del Estado o en la página del Congreso. Eso sí, estos documentos pueden descargarse en formato reutilizable. Quizás lo más interesante esté en la sección 'Económica', donde se pueden conocer contratos públicos, subvenciones o las retribuciones de los altos cargos del gobierno, entre otros. No obstante, la mayoría de esos datos ya eran públicos antes del lanzamiento del Portal de la Transparencia.

El acceso a la información, además, se ve limitado de entrada ante la escasez de ficheros descargables en formato reutilizable (xls o csv, por ejemplo, por citar los más comunes). Es preciso llegar a la información, con suerte tabulada, y rendirse al común 'copia-pega', con los inconvenientes que esto conlleva. No sólo eso, la información no está estructurada en documentos que agreguen información. Esto es, si uno desea revisar rápidamente los contratos cerrados por el Ministerio de Economía y Competitividad, tendrá que ir pinchando uno a uno y extrayendo la información relevante: empresa contratada, concepto, importe y demás. Una información que, por otra parte, estaba ya disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El acceso a la información, además, se ve limitado de entrada ante la escasez de ficheros descargables en formato reutilizable (xls o csv, por ejemplo, por citar los más comunes). Es preciso llegar a la información, con suerte tabulada, y rendirse al común 'copia-pega', con los inconvenientes que esto conlleva. No sólo eso, la información no está estructurada en documentos que agreguen información. Esto es, si uno desea revisar rápidamente los contratos cerrados por el Ministerio de Economía y Competitividad, tendrá que ir pinchando uno a uno y extrayendo la información relevante: empresa contratada, concepto, importe y demás. Una información que, por otra parte, estaba ya disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Fuente: El Mundo

Las claves de la ley de Transparencia

La norma abre a los ciudadanos un portal con datos como los sueldos de los cargos públicos o las subvenciones del Gobierno

¿Qué es la Ley de Transparencia?

Una iniciativa impulsada por el Gobierno para «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública y garantizar el derecho al acceso a la información». El objetivo es que los ciudadanos sepan en qué se gastan el dinero de sus impuestos.

¿Qué partidas económicas pueden conocerse?

Todas las subvenciones públicas superiores a los cien mil euros o cuando el 50 por ciento de los ingresos anuales de las instituciones tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo 5.000 euros. Igualmente, se podrán conocer todos los sueldos de los altos cargos del Gobierno.

¿A cuántas instituciones y organismos afecta?

A esta ley están sometidos los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, la Casa del Rey, las empresas que reciben un 50 por ciento de subvención pública, las iglesias, el Congreso y el Senado, el Banco de España y el Tribunal de Cuentas, entre otros.

¿Cuáles son los límites a la información?

Las restricciones para facilitar la información solicitada son la seguridad y la defensa nacional, la prevención de delitos o el secreto profesional. Igualmente, también se contemplan otras causas, como los intereses económicos o comerciales.

¿Qué es el Portal de la Transparencia?

La información se solicita a través de una web a la que los ciudadanos pueden dirigirse. Esta ventanilla única está permanentemente abierta las veinticuatro horas los siete días de la semana. En este portal se han invertido 1,4 millones de euros.

¿El Gobierno está obligado a dar la información?

No en todos los casos. En la norma se establece la figura del silencio administrativo. La Administración no está obligada a contestar y, al no hacerlo, se entiende que la petición ha sido rechazada.

¿Esta ley se extiende a autonomías y entes locales ?

Los ayuntamientos y las autonomías tienen una moratoria de dos años para aprobar sus propias leyes de transparencia.

Fuente: ABC