Transparencia: España, al nivel de Israel, Polonia y Taiwán

Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia consiguen las mejores notas. España asciende a la posición 37 del ránking mundial.

España, con un aprobado, permanece estable en el Índice de Percepción de la Corrupción difundido por la ONG Transparencia Internacional (TI), que otorga las mejores notas a Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia, y las peores a Somalia, Corea del Norte y Sudán.

Con 60 puntos (de un máximo óptimo de 100), uno más que el año pasado, España se ubica en esta edición en la posición 37 (de un total de 175 países y territorios), lo que supone un avance de tres posiciones con respecto al ránking previo de TI, considerado un referente en la lucha contra la corrupción.

España aparece empatada con Israel, justo por debajo de Polonia y Taiwán (61 puntos), e inmediatamente por delante de Lituania y Eslovenia (58). En comparación con sus socios comunitarios, España se sitúa en un punto intermedio de la tabla, que lideran los nórdicos, seguidos por las naciones del centro y el oeste de Europa, y cierran, todos con 43 puntos, Bulgaria, Grecia, Italia y Rumanía.

Este índice anual de TI, que mide cómo percibe la corrupción el sector público de cada país a través de hasta una docena de estudios comparativos, destaca que el 69% de los países analizados suspenden en transparencia (58% dentro del G20) y que la media mundial es de 43 puntos sobre 100.

Dinamarca, con 92 puntos, Nueva Zelanda (91), Finlandia (89), Suecia (87) y Noruega (86) encabezan la clasificación, con mínimas variaciones con respecto a los últimos años. De manera similar, tan sólo con pequeñas oscilaciones, en la parte inferior de la tabla siguen Somalia y Corea del Norte, ambos con ocho puntos, seguidos por Sudán (11), Afganistán (12) y Sudán del Sur (15).

El informe también ordena las regiones en orden decreciente de transparencia, situando en primer lugar a Europa Occidental (66 puntos), seguida por Américas (45), Asia Pacífico (43), Oriente Medio y Norte de África (38), Europa del Este y Asia Central (33) y África Subsahariana (33).

 Fuente: ABC

De la Serna reivindica el papel de los Ayuntamientos para recuperar la credibilidad política y el crecimiento económico

El Presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, ha señalado que los Ayuntamientos son actores clave para recuperar la confianza económica y la credibilidad política. En un momento en el que el cambio social se ve afectado tanto por la crisis económica y el desempleo, como por la corrupción “de las personas, que no del sistema”, De la Serna ha apostado por los municipios y sus representantes, los primeros, por su solidez económica, y los segundos, por su proximidad.

La sociedad y las ciudades viven un momento de transformación en el que es preciso actuar desde todos los frentes pero, especialmente, desde los Gobiernos Locales. Así lo ha señalado el Presidente de la FEMP en el transcurso de un desayuno informativo celebrado en Madrid, en el que ha reflexionado sobre las medidas que Entidades Locales e instituciones deberían acometer para consolidar el modelo de ciudad que queremos “antes de que ese proceso de transformación la acabe fagocitando”.

Junto a los cambios derivados de las innovaciones tecnológicas, del internet de las cosas y de las nuevas aplicaciones, que están trayendo consigo una “tercera revolución industrial” manifestada como fenómeno urbano, el Presidente se refirió a la transformación social y política, en la que tienen un fuerte peso cuestiones como la crisis económica y el desempleo, o los fenómenos de corrupción.

Al respecto, De la Serna ha reclamado mayor protagonismo para los Gobiernos Locales como actores en la tarea de la recuperación económica y de la credibilidad política, apoyando esta reivindicación en el hecho de que, al ser los más cercanos, “la gente sabe cómo somos y lo que tenemos”, cuestiones que otorgan a los responsables locales transparencia y credibilidad.

La solidez económica de los Ayuntamientos fue otro de los argumentos aportados: “Cerramos 2013 con superávit, nuestros niveles de endeudamiento siguen bajando y pagamos a nuestros proveedores en 24 días. Hemos alcanzado objetivos”, y recordó que, “de no ser por los Ayuntamientos, estaríamos sometidos a nuevos ajustes”. La solidez económica de los Gobiernos Locales genera confianza para estimular la actividad económica, añadió.

Además, a su juicio, “somos la institución que mejor vertebra el territorio, el lugar donde reside la esencia misma de la democracia”.

Tiempo para la política

“Ahora, más que nunca, es tiempo para la política”, “es importante que entendamos que la credibilidad política atañe a toda la sociedad”, dijo en su intervención, e insistió en que los casos de corrupción, que ocupan titulares, afectan a un porcentaje mínimo de políticos, y recordó aproximadamente el 85% de los políticos locales no cobran por su trabajo.

Sin embargo, las consecuencias de la corrupción son tremendamente negativas, especialmente “si se aprovechan los casos de corrupción con visión cortoplacista para desestabilizar las instituciones”, algo que De la Serna calificó de “suicida”.

Recordó que con actitudes así, gente formada, con talento, profesional e ilusionada “que podrían ser buenos políticos y liderar”, no llegan a entrar en la actividad política.

 Fuente: FEMP

Habilitados nacionales y prevención de la corrupción

José Picado Carballeira

Consultor y profesor en la Escuela de Finanzas

El debate sobre la corrupción celebrado hace unos días en el Congreso de los Diputados cumplió, con creces, todas las expectativas: fue un desastre. Cargado de eufemismos, de reproches, de "yo no hablaré de esto, pero...", de "y tú más", etcétera. Vamos, lo habitual en los últimos tiempos. Pero de propuestas concretas y medidas ejecutables en el corto plazo que pudiesen frenar -o al menos paliar- la plaga de comportamientos corruptos y actividades delictivas, poco o casi nada. La negación de la premisa mayor de corrupción generalizada por parte del presidente Rajoy y la lectura de algunas medidas ya presentadas hace un año, con algún pequeño retoque, fueron sus argumentos. Entre ellas, modificaciones legislativas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cambios en los modelos de financiación de los partidos políticos, el estatuto propio para altos cargos de la Administración, nuevos modelos de funcionamiento operativo y democrático de los partidos y otras del mismo tenor. De entre todas tal vez las más concretas y aplicables de forma inminente sean las que tratan sobre la reforma de la Ley de Contratos y, en particular, la limitación de los casos en los que se puede usar el procedimiento negociado en las administraciones locales.

El debate en la calle, en las universidades y en los medios es mucho más rico y productivo. Escuchamos al fiscal superior de Galicia reclamando "medidas de prevención, como crear una entidad independiente para controlar la gestión pública". O a catedráticos de Derecho Administrativo, como Agustí Cerrillo, explicando que todas las medidas que se están tomando "son a toro pasado, cuando el delito ya se ha cometido", y poniendo el acento nuevamente en las medidas de prevención". Hasta el propio Pérez Rubalcaba, ahora que "habla sin presión", se acuerda de la necesidad de tomar medidas para prevenir la corrupción y, en cualquier caso, con la suficiente eficacia y ejemplaridad que convenzan al corrupto de que más pronto que tarde va a ser cazado por sus fechorías.

Más cambios legislativos, nuevos órganos controladores. Esta es la receta. Porque si hacemos una ley nueva, seguro que será eficaz. Seguro que, esta vez sí, se va a cumplir. ¿Y por qué no se cumplen las que están en vigor? En el caso de la Administración local por una clara razón: los órganos preventivos, conocedores de la legislación y encargados de que se cumpla, los habilitados nacionales, fueron desactivados, despojados de instrumentos de control por el propio poder político al que deben controlar, aunque luego se les reclame esta responsabilidad. Los habilitados nacionales, secretarios, interventores y tesoreros, tendrían que constituir aquello para lo que fueron creados: el mejor de los órganos para el control administrativo interno, para la ayuda y el control del poder político, y para garantizar el cumplimiento exacto de la ley y los procedimientos. Repasemos las funciones que tienen asignadas por ley en su tarea de apoyo a la clase política:

- Promover las operaciones económicas, eficientes y eficaces, para que se puedan prestar servicios de la calidad acorde con la misión que la institución debe cumplir.

- Preservar los recursos frente a pérdidas por despilfarro, abuso, mala gestión, fraude o irregularidades.

- Respetar las leyes, reglamentaciones y directivas vigentes.

- Elaborar y mantener datos financieros y de gestión fiables y presentarlos correctamente en los informes oportunos.

Ya ven. Aquí las tenemos, medidas eficaces, preventivas y de apoyo y control sobre la actividad del poder político, por lo demás legítimo (faltaría más) y democrático, pero desconocedor en la mayoría de las ocasiones del funcionamiento de la Administración. Únicamente haría falta devolver a los interventores y secretarios el importante papel que deberían desempeñar. Muchos alcaldes y concejales se lo pensarían dos veces antes de saltarse cualquier procedimiento de contratación, de destinar recursos públicos a tareas para los que no estaban presupuestados, o, como ha sucedido en Galicia, asistir a la creación en un ayuntamiento de una oficina de control presupuestario por parte de un alcalde al que el interventor no daba el visto bueno para la realización de gastos no previstos y con fondos no disponibles. Por no hablar del bochorno actual de la situación en Vigo, con un alcalde que mantiene contra la denuncia de la Dirección Xeral de Administración Local al jefe de contabilidad en el puesto de interventor cuando no posee ni el mérito ni la capacidad para ejercer esas funciones de rango superior. Lo de siempre, un político por encima del bien y del mal, por encima de la ley y los procedimientos, actuando en nombre de los votos que obtiene en cada contienda electoral y erigiéndose en el único valedor del buen hacer y buen gobierno de los dineros públicos. A un paso del caos, del descontrol y del juez.

Fuente: Economía Digital

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente subraya el "desafío" para la gestión ambiental que constituyen las ciudades y su alta concentración poblacional

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha subrayado este lunes el "desafío" para la gestión ambiental que constituyen las ciudades y ha destacado, en este sentido, que más de la mitad de la población mundial vive en ellas y, en algunos sitios como Europa, hasta el 80 por ciento.

La titular de Medio Ambiente ha hecho estas declaraciones durante la entrega de los Premios Ciudad Sostenible de Fórum Ambiental que, en esta XII edición, han reconocido la labor de los ayuntamientos de La Laguna, Ontinyent y Mataró, al Consejo Comarcal de Osona, al Consorcio Vallés Oriental, y, en especial, al Ayuntamiento de Pamplona, por su distinción como Ciudad más Sostenible.

Durante el acto, Tejerina ha recalcado que del mismo modo que supone un "desafío", las actuaciones para mejorar la sostenibilidad suponen del mismo modo una "una gran oportunidad para generar actividad económica y empleo duradero y de calidad". "Y, en definitiva, para que España avance hacia un modelo de desarrollo económico inteligente e integrador", ha apostillado.

La alta concentración poblacional en las ciudadades, ha indicado la ministra, es un factor que afecta "a la calidad del aire, a la gestión de residuos, a los niveles de ruido y a la calidad y disponibilidad del agua, así como a su posterior depuración antes de devolverla al medio natural". "Y en materia de energía, las ciudades representan entre el 60 y el 80 por ciento del consumo total; y generan cerca del 75 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera", ha añadido.

La titular de Medio Ambiente ha puesto en valor igualmente las medidas puestas en marcha por el Ministerio en eficiencia energética y reducción de emisiones; reducción del ruido; generación de residuos y garantía de abastecimiento de agua en cantidad y calidad suficiente. "Trabajamos para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, protegiendo el medio ambiente, y fomentando la actividad económica sostenible", ha concluido.

Fuente: Europa Press