ISSN: 2695-4621
El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha asegurado este jueves que los municipios menores de 20.000 habitantes serán los "auténticos sufridores" de la reforma local del Gobierno central porque "perderán su autonomía financiera", que queda sujeta a decisiones tomadas en los respectivos ámbitos provinciales y al informe preceptivo del órgano de tutela financiera.
Así se ha pronunciado Valderas en el Pleno del Parlamento, donde ha explicado las consecuencias para los ayuntamientos andaluces de la aplicación de la nueva normativa estatal sobre criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales.
El número dos del Gobierno andaluz ha reiterado que esta nueva normativa (artículo 116 de la Ley de Reforma Local) es una "agresión clara" contra la administración local y los municipios más pequeños, basada en una filosofía "economicista" y no en la calidad u oportunidad de la prestación.
Según el citado artículo se implanta como medida de sostenibilidad la obligación de determinar el coste efectivo de los servicios que se prestan por todas las Entidades Locales, teniendo que remitir éstas al Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas, con anterioridad al uno de noviembre de cada año natural, información sobre el importe total del coste de los servicios de prestación obligatoria y de competencias propias de los municipios.
Asimismo, a partir de esta nueva Ley las diputaciones son las competentes para efectuar el seguimiento de dichos costes en los municipios de la provincia, convirtiéndose así en instrumentos de vigilancia del Ministerio de Hacienda en la prestación de los servicios municipales, especialmente en lo que respecta a las cuantías económicas de sus costes.
A través de esta fórmula, los municipios en general y muy especialmente en los menores de 20.000 habitantes, podrá el ente provincial proponer al Gabinete estatal la forma de prestación de estos servicios con la finalidad de reducir los costes efectivos, dejando que sea el Ministerio quien decida el modo de prestarlo, con el informe preceptivo del órgano de tutela financiera.
"Se trata, señorías, de una injerencia en la capacidad de autoorganización y Gobierno sin precedentes", ha enfatizado el vicepresidente, quien también ha resaltado que con esta ley el "coste efectivo" anula la capacidad de gestión que la propia Ley de Autonomía Local concede al los municipios de Andalucía.
Finalmente, Valderas ha subrayado que los referidos costes efectivos van a ser "medidos, estudiados y racionalizados" bajo unos parámetros que, posiblemente, no considerarán tanto la calidad u oportunidad de la prestación "como su filosofía economicista o de solvencia económica".
Fuente: Europa Press
PP, PAR, CHA e IU han sumado 44 votos en contra a la enmienda a la totalidad, con texto alternativo, presentada por el PSOE a la Proposición de Ley de distribución de responsabilidades administrativas entre las entidades locales aragonesas. La iniciativa socialista solo ha recibido los 21 apoyos de su grupo en el pleno de las Cortes de Aragón.
El portavoz del PSOE, Javier Sada, ha defendido el texto de su formación parar "abrir el debate" de forma "valiente" y "dar respuesta a los ciudadanos" que piden "simplificar, aligerar" las estructuras administrativas públicas, "evitar gastos superfluos" y "más democracia, participación y control" y "el lugar de esto es el municipio".
Por eso, proponían en su texto alternativo que solo tuvieran competencias propias la Comunidad autónoma y los ayuntamientos, "no existiendo niveles intermedios", ha apuntado el portavoz socialista.
Sada ha reconocido que ante la dispersión y el elevado número de municipios pequeños en Aragón es precisa "una intermunicipalidad", pero ha opinado que las comarcas requieren una "reforma profunda" y una "despolitización, centrando su actividad en la prestación de servicios".
Por su parte, ha dicho, las diputaciones provinciales "debe tener como función exclusiva el apoyo y asistencia a los municipios y que la distribución de fondos no sea dependientes de criterios discrecionales".
La diputada del PP, María del Mar Vaquero, ha sostenido que esta propuesta "llega tarde" después de que el PSOE "no haya hecho ni una sola aportación en todos los intentos de consenso" que ha habido esta legislatura en las Cortes sobre esta cuestión y ahora tampoco ha presentado enmiendas parciales a la Proposición de Ley de distribución de responsabilidades administrativas entre las entidades locales presentada por PP y PAR.
A juicio de Vaquero, el PSOE "reniega de su pasado, repudia la posibilidad de consenso y se niega la posibilidad de futuro" porque "no plantea ninguna solución a la prestación de servicios y se queda solo, huyendo de la reordenación competencial", para subrayar que PP y PAR, en su propuesta "colocan al municipio en el centro".
Renuncia al autogobierno
La diputada del PAR, María Herrero, ha lamentado que el PSOE con su texto alternativo realice una "renuncia total y absoluta a nuestro autogobierno" y plantee una "recentralización dentro de Aragón, al alejar la toma de decisiones de los ciudadanos", además de "menosprecia la disposición adicional" de la ley estatal de racionalización y sostenibilidad de la Administración local "que nos faculta a reordenarnos".
También ha advertido de que con ella "quieren matar" a las comarcas, apostando por otros modelos, y creando "inseguridad jurídica", para solicitar al PSOE una "actitud constructiva y colaborativa" ante el texto de PP y PAR "en beneficio de los aragoneses, no de ninguna entidad en concreto".
La diputada de CHA, Carmen Martínez, ha recalcado que el texto propuesto por el PSOE "ni por asomo refleja nuestro modelo" y desarrolla uno que "no es adecuado para Aragón", algo que refleja que "no conocen la realidad demográfica y geográfica" de la Comunidad ya que "solo desde el municipalismo no responderemos" a las necesidades del territorio, además de ser "ambiguo" respecto a comarcas y diputaciones provinciales.
La parlamentaria ha defendido "el municipalismo, una ley de Capitalidad para Zaragoza, constituir el área metropolitana y la administración comarcal para cubrir los servicios que gran parte de los ayuntamientos, por su tamaño, no pueden ofrecer", aunque ha reconocido que hay que "revisar" estructura y funcionamiento de las comarcas y que sus consejeros "sean elegidos por sufragio universal".
El diputado de IU, Luis Ángel Romero, ha compartido con el PSOE "su apuesta por el municipalismo", pero ha reivindicado la supresión de las diputaciones provinciales, y mientras eso no sea posible, su "vaciado de competencias", que deben ostentar ayuntamientos y comarcas, defendiendo a estas últimas en una Comunidad con el 80 por ciento de sus 731 municipios con menos de 500 habitantes.
No obstante, ha sostenido que "debe haber una participación más activa de las sociedad civil" en la comarca, a través de órganos consultivos, "democratizarse más" y "combatir el clientelismo", así como "recuperar el poder adquisitivo perdido estos 12 últimos años", para apuntar la posibilidad de futuro de "reducir su número en aras de la sostenibilidad, eficiencia y racionalización del gasto".
Fuente: Europa Press
Los Gobiernos Locales siguen sacando músculo y demuestran que pelean cada partido para cumplir con los estándares de calidad que exigen los ciudadanos a su Administración más cercana. El Presidente de la FEMP afirma que los datos conocidos hoy, que sitúan el Período Medio de Pago (PMP) de las Entidades Locales en 24,89 días, demuestran una vez más su compromiso con la consolidación de la recuperación económica de España
El Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, afirma que las Entidades Locales no han defraudado las expectativas que habían generado en relación a la solvencia de sus cuentas y ha recalcado que los datos conocidos hoy, que sitúan el PMP de las Entidades Locales en 24,89 días, “demuestran una vez más el compromiso de la Administración Local con la consolidación de la recuperación económica de España”.
A juicio del Alcalde de Santander, el número de Entidades Locales que pagan a sus proveedores por debajo del PMP fijado por el Gobierno “ha superado las expectativas”, según los datos facilitados esta mañana por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Así, el Presidente de la FEMP pone de relieve que “los Ayuntamientos han pisado el acelerador y son el motor de la recuperación” y, reitera, que “las Corporaciones Locales son una de las grandes fortalezas para la credibilidad del sistema español”.
La FEMP -que ha tenido conocimiento de estos datos durante la celebración de su Junta de Gobierno presidida hoy por su Vicepresidente 2º y Presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez Maillo- reivindica, por tanto, la gestión municipal. “Las Entidades Locales se han convertido en el espejo en el que mirarse el resto de Administraciones” ya que mientras el PMP de las Entidades Locales se ha situada en 24,84 días, el de las Comunidades Autónomas se ha situado en 42,89.
De esta forma, la Junta de Gobierno de la FEMP ha puesto en valor el ejercicio de responsabilidad y el férreo compromiso de todos los Alcaldes y Concejales con las finanzas de este país. En este sentido, De la Serna manifiesta que las Entidades Locales siguen sacando músculo y demuestran que pelean cada partido para cumplir con los estándares de calidad que exigen los ciudadanos a su Administración más cercana. De hecho, enfatiza que “la gestión municipal ha resultado decisiva para que España haya salido de la situación de crisis de forma acelerada”.
En su opinión, la senda emprendida por los Gobiernos Locales se está demostrando día a día eficaz y, por ello, ha señalado que seguirán trabajando en esta línea. “Los Ayuntamientos han duplicado su superávit, la solidez de sus cuentas ha equilibrado el déficit público, pagan a sus proveedores en tiempo y forma, y no vamos a apartarnos de esta senda porque es la de la recuperación”.
En relación a las Corporaciones Locales que no han suministrado la información requerida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para calcular el PMP, la Junta de Gobierno de la FEMP ha acordado hoy recordarles la obligación legal de facilitar esta información, así como prestar su ayuda a aquellas que por su tamaño les resulte complicado atender los requerimientos de información.
Fuente: FEMP
El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha participado este martes por la tarde como ponente del Congreso Nacional de Medio Ambiente (Conama), que se desarrolla desde este lunes y hasta el jueves en Madrid, donde ha detallado de qué forma afecta, a su juicio, la reforma de la administración local aprobada por el Gobierno central a la ciudadanía y qué consecuencias medioambientales tiene.
Así, Reyes ha expuesto en su intervención "las complejidades que está suponiendo la aplicación de este nuevo marco de competencias para ayuntamientos y diputaciones", y ha remachado que "se está cumpliendo todo lo que en su día vaticinamos; en especial, el desmantelamiento y el deterioro de los servicios que prestan los ayuntamientos, y una pérdida importante del empleo público local". En esa línea, ha indicado que "hasta diciembre del año pasado primaba la concepción de que estos eran servicios públicos universales", y, "en concreto, en el ámbito medioambiental, se trata de una obligación colectiva que deriva del artículo 45 de la Constitución, que habla de que todos tenemos derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y, por lo tanto, las administraciones tenemos una obligación de proveer todos los servicios públicos para que se atienda ese objetivo". Ahora, con la nueva ley en la mano, "esa obligación se topa de lleno con el problema de la financiación de los propios ayuntamientos, aún más en un momento de crisis y déficit en las arcas municipales como el actual", según ha apostillado Reyes, para quien "así, con competencias asignadas, pero con muchas dificultades de financiación, la puerta se abre a que esos servicios, incluidos los que tienen que ver con la protección del medio ambiente, puedan pasar a ser prestados por el sector privado". "Nuestra apuesta es clara", ha incidido Reyes, quien ha asegurado que "utilizamos literalmente el texto de la Constitución: el medio ambiente es un bien colectivo y los poderes públicos tienen la obligación de protegerlo", al respecto de lo cual ha puntualizado que "lo que no concebimos es dejar la gestión de los servicios a los ciudadanos en manos de quien no haga una lectura literal de ese artículo constitucional, en manos de quienes legítimamente y como empresas privadas puedan tener otras prioridades". Según ha informado la Diputación, el Congreso Nacional de Medio Ambiente albergará más de un centenar de actividades y en él participan más de medio millar de entidades para abordar aspectos relacionados con el medio ambiente hasta en nueve áreas temáticas diferentes. Reyes ha intervenido en el denominado Foro de Diputaciones, donde se ha debatido sobre las consecuencias ambientales de la reforma de la Administración Local, mientras que, también dentro de este congreso, la diputada provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, María Angustias Velasco, ha participado en una mesa técnica en la que ha dado cuenta de la iniciativa 'Degusta Jaén' que impulsa la Corporación provincial. El Congreso Nacional de Medio Ambiente, que se celebra cada dos años, está considerado como "uno de los eventos periódicos en temática medioambiental más importantes de España", y en su última edición, celebrada en 2012, participaron más de 7.000 personas, según cifras de la organización citadas por la Diputación.
Fuente: Europa Press
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha recalcado que el FLA social que su departamento piensa aprobar antes de final de año permitirá a los ayuntamientos cobrar lo que les adeudan los gobiernos regionales por prestar servicios que son competencia autonómica. En la sesión de control al Gobierno en el Senado, el ministro ha respondido a una pregunta de Entesa pel Progrés de Catalunya sobre la aplicación de la reforma local, aprobada el año pasado.
La senadora María Jesús Sequera ha censurado la nueva regulación prevista en esa ley, que obliga a las autonomías a prestar los servicios de su competencia en educación, sanidad y servicios sociales o a pagar por ello a los ayuntamientos que los presten por delegación. A su juicio, el resultado será que habrá menos servicios públicos y de menor calidad. "Compartirá conmigo que la situación financiera de las comunidades impedirá que se presenten igualando cantidad y calidad", ha dicho. También ha descalificado el trato de Hacienda a los ayuntamientos, "de fiscalización permanente" y "de amenazas".
Montoro ha asegurado que los servicios que presenten los ayuntamientos por delegación de las autonomías deberán estar pagados por estas y que para asegurar ese pago, se está preparando el llamado FLA social, que complementará el Fondo de Liquidez Autonómico ya en marcha. "Será el Estado el que supla a las comunidades para garantizar la financiación de esos ayuntamientos. Estoy seguro de que recibe con entusiasmo esta acción que ya anuncié en Cataluña", ha añadido. Montoro ha defendido la aplicación de la reforma local, cuyos "pilares" son la estabilidad presupuestaria y el reparto de competencias entre administraciones para "evitar duplicidades".
Fuente: Europa Press