ISSN: 2695-4621
El PP se ha opuesto este martes en el Pleno del Congreso a tramitar una proposición de ley con el objetivo de definir a qué programas pueden destinar los ayuntamientos españoles su superávit alegando que se trata de una "mala copia" de una iniciativa ya aprobada por el Gobierno y que está en vigor.
El Pleno de la Cámara Baja ha debatido la tramitación de la proposición presentada por el PSOE para autorizar a las corporaciones municipales a emplear su superávit presupuestario en la "reactivación de la economía, la creación de empleo, la promoción del bienestar social o la atención a los más necesitados".
El PP, que se ha quedado solo en el rechazo de esta iniciativa, ha defendido que el Gobierno ya reguló la materia el pasado mes de febrero aprovechando un decreto ley sobre los daños causados por un temporal. Un asunto que, sin embargo, para el PSOE está "mal resuelto" porque asegura que sólo sirve para este año y "excepcionalmente" para 2015.
PP: PROMUEVEN DESPILFARRO Y DESCONTROL
"Han traído a la Cámara una mala copia de una propuesta ya en vigor", ha reprochado a los socialistas el diputado del PP Rafael Merino, quien ha advertido de que la iniciativa "rebasa el marco legal" y se dirige "hacia el despilfarro y el descontrol".
En este punto, ha defendido las medidas de ajuste y estabilidad presupuestaria puestas en marcha por el Gobierno y las ha contrapuesto a los planes de inversión local, los denominados plan E, del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. "Frente a la política de dilapidar el dinero, nosotros practicamos la de facilitar la liquidez a las entidades locales y conseguir que lleguen a los objetivos establecidos", ha presumido.
Merino considera un "ejemplo a seguir" la reducción del déficit presupuestario lograda por las administraciones locales y ha preguntado al PSOE "por qué se empeña en poner palos a las ruedas". "¿Por qué están en contra del municipalismo?", ha preguntado exigiendo a los socialistas que "abandonen la demagogia, no se dejen arrastrar por los populismos y vuelvan al camino de la sensatez".
DESMANTELAMIENTO DEL GOBIERNO LOCAL
Frente a esto, el encargado de presentar la proposición, el diputado del PSOE Joan Rangel, ha criticado el "desmantelamiento del gobierno local" que está sufriendo España para convertir a los municipios en "una simple administración tutelada y dirigida de forma centralizada" por el Gobierno.
Por ello, ha defendido la necesidad de dotar a las entidades locales de un marco estable de carácter normativo que les permita planificar o abordar inversiones importantes. "Necesitamos un marco estable si de verdad queremos inversiones sensatas, la posibilidad de sostenibilidad y que no sean cosas improvisadas", ha advertido.
Para ello, los socialistas planteaban añadir una disposición a la Ley de Haciendas Locales con un listado "lo suficientemente comprensivo" de áreas donde invertir ese excedente presupuestario como para que los ayuntamientos tengan "margen de maniobra" y "diferentes opciones" de inversión.
En concreto, se proponía que los fondos pudiesen ir a vivienda, pensiones, servicios sociales, dependencia, fomento del empleo, salud, educación, cultura, fiestas populares y festejos, industria, deportes, desarrollo empresarial o carreteras, además de otras áreas como aguas, residuos, alumbrado público, medioambiente, estructuras agropecuarias, energía, comercio, promoción turística, transportes, recursos hidráulicos, investigación científica o sociedad de la información.
APOYO CON MATICES DE TODA LA OPOSICIÓN
Este listado de servicios es el que ha cosechado algunas críticas del resto de grupos de la oposición, pese a que todos han apoyado la tramitación de la proposición por considerar necesario dar autonomía a los municipios para decidir a qué destinan sus remanentes de tesorería.
Por parte de CiU, Carles Pàramo ha advertido de la necesidad de concretar y "dar coherencia" al contenido de la iniciativa por su actitud "generalizadora" de los programas de inversión, pero ha reconocido la necesidad de clarificar sus inversiones ante la "injusta condena" que sufrieron las administraciones locales, acusándolas de mala gestión.
A su juicio, los cuestionamientos al buen gobierno de los municipios formaban parte de una "campaña" para "justificar las políticas de recentralización" y ha destacado la capacidad de los ayuntamientos para generar riqueza y crear empleo.
La proposición de ley también ha sumado el apoyo de La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), cuya diputada Ascensión de las Heras ha arremetido contra los "recortes" que han tenido que sufrir las administraciones locales durante la presente legislatura y ha censurado que los ayuntamientos no puedan invertir en cuestiones como servicios sociales, escuelas infantiles o la atención a víctimas de violencia de género pese a "disponer dinero para ello".
Pese a ello, ha señalado que tampoco comparte el listado ofrecido por el PSOE porque no tiene en cuenta cómo han conseguido las entidades locales llegar a superávit, si lo han hecho recortando servicios públicos, y tampoco aclara qué sucedería con el gasto asociado a esas inversiones. "Lo uno no puede ser sin lo otro a no ser que se dé por supuesto una gestión privada. Y para eso con nosotros no cuenten", ha advertido.
UPyD ACUSA DE BUSCAR BENEFICIOS ELECTORALES
El diputado de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) Álvaro Anchuelo ha compartido que "no tiene sentido" generalizar las restricciones a los ayuntamientos en equilibrio presupuestario y deberían limitarse a aquellos en mala situación financiera. Sin embargo, tampoco comparte la lista ofrecida por los socialistas sobre inversiones financieramente sostenibles, como los festejos populares.
"Su iniciativa tiene mucho que ver con que 2015 es año electoral", ha reprochado al PSOE anunciando sin embargo su apoyo a la tramitación de la iniciativa como una "buena ocasión de reabrir el debate de la reforma local" y volver a defender las propuestas de UPyD en materia local, como la fusión de municipios o la eliminación de las diputaciones provinciales.
ABANDONAR EL "ESPÍRITU POLICIAL"
Por parte del PNV, Pedor Azpiazu ha explicado que los municipios del País Vasco no están afectados por esta medida debido al régimen foral, pero ha apoyado la iniciativa porque cree que los gobiernos locales deben tener la "libertad" para invertir sus remanentes. "Dejémosles actuar y dejemos de lado ese espíritu policial que a veces desde las leyes se puede tener", ha pedido.
La diputada del BNG Olaia Fernández ha anunciado que su partido comparte la propuesta para "activar la economía y la creación de empleo" y ha defendido que los municipios deben tener autonomía para llevar a cabo inversiones "que tengan una orientación de dinamizar la economía local". También ha criticado la reforma local "como límite de competencias" y capacidad de actuación de las entidades locales.
Por último, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha recordado que los ayuntamientos son la administración mejor valorada y con menor déficit y la ley, "en vez de premiarles", los "castiga" prohibiéndoles decidir dónde destina sus remanentes de tesorería, en función de las necesidad que detectan "en el día a día". "Todo lo que sea acercar las instituciones a los ciudadanos contará con nuestro voto a favor", ha garantizado.
Fuente: Europa Press
El Pleno del Congreso debatirá este martes una proposición de ley presentada por el PSOE para definir qué se considera una 'inversión financieramente sostenible', es decir, a qué objetivos pueden destinar los ayuntamientos españoles su superávit.
En la iniciativa, que recoge Europa Press, el principal partido de la oposición aboga por autorizar a las corporaciones municipales a emplear su superávit presupuestario en la "reactivación de la economía, la creación de empleo, la promoción del bienestar social o la atención a los más necesitados".
"Es una medida que premia a las administraciones eficientemente gestionadas y que coloca a cada ayuntamiento beneficiario como ejemplo de política a seguir. Así, se quiere apostar de forma decidida por el protagonismo de las entidades locales en la detección de las fórmulas más idóneas para la dinamización de la economía y para la solución de los problemas acuciantes de sus vecinos", añade.
DAR MARGEN DE MANIOBRA.
Para ello, los socialistas plantean añadir una disposición a la Ley de Haciendas Locales con un listado "lo suficientemente comprensivo" de áreas donde invertir ese excedente presupuestario como para que los ayuntamientos tengan "margen de maniobra" y "diferentes opciones" de inversión.
En concreto, se propone que los fondos puedan ir a vivienda, pensiones, servicios sociales, dependencia, fomento del empleo, salud, educación, cultura, fiestas populares y festejos, industria, deportes, desarrollo empresarial o carreteras, además de otras áreas como aguas, residuos, alumbrado público, medioambiente, estructuras agropecuarias, energía, comercio, promoción turística, transportes, recursos hidráulicos, investigación científica o sociedad de la información, que ya había planteado el PP.
Y es que la Ley de Deuda Comercial modificó la normativa de Estabilidad Presupuestaria para permitir a las haciendas locales con superávit destinar ese dinero a inversiones, y emplazaba al Ejecutivo a regular en otro texto legal la definición de 'inversión financieramente sostenible' para hacer efectiva esta posibilidad.
El partido que da sustento al Gobierno presentó entonces una enmienda a la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios proponiendo que se considerara que una inversión es financieramente sostenible cuando "contribuye al crecimiento económico a largo plazo", considerando "exclusivamente" las inversiones que se recojan en los programas presupuestarios mencionados.
RETIRADA DE LA ENMIENDA.
Sin embargo, los socialistas exigieron la retirada de dicha enmienda por no guardar ninguna relación con el proyecto de ley de Consumidores y Usuarios, queja que los 'populares' atendieron. Poco después, el PSOE presentó esta proposición de ley, que amplía el listado de apartados donde estaría permitida la inversión del superávit.
No obstante, los socialistas quieren que el único requisito para que una inversión sea considerada financieramente sostenible sea que "contribuya al crecimiento económico a largo plazo" y que "no comprometa, durante su vida útil, la sostenibilidad financiera de la corporación local" bien porque genere recursos suficientes para financiar su funcionamiento o porque propicie un ahorro superior a su coste.
Sin embargo, la propuesta del PP preveía excluir las inversiones con una vida útil inferior a los cinco años, así como las adquisiciones de mobiliario, enseres y vehículos "salvo que se destinen a la prestación del servicio público de transporte". De forma excepcional podrían incluirse indemnizaciones o compensaciones por la rescisión de contratos "siempre que tengan carácter complementario y se deriven directamente de actuaciones de reorganización de medios o procesos asociados a la inversión".
En el caso de las diputaciones provinciales, los consejos y los cabildos insulares, los 'populares' estaban dispuestos a incluir las transferencias de capital destinadas a financiar inversiones que cumplan con los requisitos anteriores.
MEMORIA DE IMPACTO.
Los dos partidos mayoritarios sí coinciden en que, para controlar que estas inversiones no ponen en riesgo la estabilidad financiera de la corporación municipal, el expediente deberá contar con una memoria económica específica que recoja una "proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil".
No obstante, el PSOE plantea que el Pleno municipal tenga conocimiento anual del grado de cumplimiento de todos estos criterios a la vez que se detalla la liquidación presupuestaria, y que la inversión de los superávits de 2012 y 2013 no computen en el déficit de este ejercicio, precepto que los 'populares' no mencionaban en su enmienda.
Fuente: Europa Press
El Instituto Universitario de Investigación García Oviedo convoca la primera edición del “Premio de Investigación Instituto Universitario García Oviedo”, de carácter anual que tiene como objeto fomentar la investigación y su difusión en el ámbito del “Derecho Administrativo”.
La Ministra García Tejerina anunció nuevos PIMA y subrayó que nuestro país está preparado para cumplir con el Protocolo de Kioto y alcanzar objetivos en 2020 y 2030. El duodécimo Congreso Nacional del Medio Ambiente, CONAMA 2014, se prolongará hasta el 27 de noviembre.
El Secretario General de la FEMP, Ángel Fernández, ha defendido el papel de las ciudades y municipios españoles en la progresiva reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y ha apostado por la colaboración entre Administraciones Públicas para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la sostenibilidad ambiental y favorecer la implantación de una economía baja en carbono.
En el marco de la inauguración del Congreso Nacional del Medio Ambiente, que se celebra en Madrid desde la jornada de hoy y hasta el próximo 27 de noviembre, Ángel Fernández, ha subrayado que el compromiso municipal se extiende a todas las áreas de gestión de la Administración Local. Así, en materias como la movilidad “hoy día, dos de cada tres Ayuntamientos, un 63%, disponen de un plan de movilidad urbana sostenible”, una cuestión que, además, es necesaria para poder concurrir a diversas líneas de financiación europea en el periodo 2014-2020.
En el acto de apertura también ha intervenido la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que ha repasado el trabajo realizado desde su Departamento a lo largo de los últimos dos años en materia de reducción de emisiones, y ha anunciado la próxima puesta en marcha de nuevos Planes PIMA. A su juicio, el trabajo realizado permite afirmar que nuestro país está en condiciones de cumplir con las exigencias del Protocolo de Kioto y que alcanzará los objetivos de emisiones fijados para 2020 y 2030.
La Alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del territorio de la Comunidad de Madrid, Francisco de Borja Sarasola, también participaron junto al anfitrión del evento, Gonzalo Echagüe, Presidente de la Fundación CONAMA, en la ceremonia inaugural.
El Congreso nacional del Medio Ambiente se celebra cada dos años y, en esta ocasión, el tema central gira en torno a la economía baja en carbono.
Compromiso municipal
Los municipios también contribuyen a reducir las emisiones de CO2 desde sectores tan variados como la rehabilitación de edificios o la gestión de residuos, “intentando mejorar la eficiencia”, según subrayó Ángel Fernández, quien añadió que el trabajo en energía, eficiencia y cambio climático también son áreas de actuación de la Administración Local.
El Secretario General explicó que, de cara a estos fines, desde la FEMP se viene favoreciendo la colaboración con diferentes Ministerios a través de la Red Española de Ciudades por el Clima (de la que forman parte más de 287 Entidades Locales en la que residen más de 27 millones de ciudadanos), que convierte a la FEMP en una de las herramientas más útiles para trasladar los objetivos de la política nacional sobre cambio climático y sobre gestión de la energía.
El cuarto informe de esta Red revela que el número de municipios que ha elaborado un plan de acción para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero se ha incrementado un 23% en un año. El 67% de los municipios de la Red ya implementa medidas para la recogida selectiva y reducción de residuos. Y ha crecido un 21% el número de Entidades Locales de la misma que introducen en sus ordenanzas fiscales bonificaciones por motivos medioambientales. El indicador de contribución local al cambio climático global recoge una reducción de emisiones procedentes de energía, residuos y agricultura, que se acerca al 18% entre 2005 y 2013, subrayó.
Al detallar estos datos, Ángel Fernández se refirió igualmente al papel que la innovación y la aplicación de nuevas tecnologías conlleva en la eficiencia de la gestión y en la lucha contra el cambio climático. A estos efectos, la Red que agrupa a las ciudades inteligentes o Smart Cities, la RECI, “se muestra como un modelo de colaboración generosa, ejemplo para otros países”.
Finalmente, recordó que en este periodo de financiación europea 2014-2020, existe un tramo específico para la financiación local en dos líneas: una destinada a proyectos singulares de Economía Baja en Carbono, dotada con 500 millones de euros, y otro de Estrategias Integradas de Sostenibilidad Urbana, de casi 1.000 millones de euros. En la web de la FEMP se ha habilitado una Oficina de Información destinada a ampliar datos sobre ambas.
El Secretario General terminó subrayando la importancia de la colaboración de las Administraciones Públicas para completar todo lo que aún queda por hacer, y pidió al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que “siga contando con las Entidades Locales porque son la vía más directa para llegar al ciudadano”.
La FEMP estará presente todos los días en CONAMA a través de su stand (planta 3ª, stand nº6) en el que tienen presencia la Red Española de Ciudades por el Clima y la Red de Gobiernos Locales+Biodiversidad.
Premios
Por otra parte, un centro de educación ambiental autosuficiente energéticamente con 100% renovables en la Sierra de San Mamede (Ourense) y una app para que los ciudadanos de Cabra (Córdoba) informen de incidencias en su municipio a través del móvil son los ganadores del VII Premio CONAMA a la Sostenibilidad de Pequeños y Medianos Municipios, que se entregaron en el transcurso de la inauguración del duodécimo Congreso Nacional del Medio Ambiente.
En esta edición, el primer premio en la categoría de menos de 5.000 habitantes no ha sido para un Ayuntamiento, sino para una ONG: Amigos de la Tierra-Galicia. Esta organización gestiona desde hace 12 años el Centro de Educación Ambiental As Corcerizas, todo un ejemplo en la puesta en práctica de soluciones de vanguardia para conseguir otro modelo de desarrollo más sostenible. “Es una demostración de la viabilidad de una nueva cultura de sustentabilidad”, asegura Paula Vidal, directora del centro, que destaca las buenas relaciones con las aldeas de los alrededores.
En esta misma categoría, también se han dado tres accésits a: Villalar de los Comuneros (Valladolid), por su control biológico pionero de la plaga del topillo campesino (como alternativa al veneno); Navaridas (Álava), por su proyecto integral de mejora de los espacios naturales; y Almonacid del Marquesado (Cuenca), por su proyecto piloto de recogida manual de envases de bebida de plástico y metal, que ha sido la iniciativa más votada online.
Entre 5.000 y 30.000 habitantes:
Vertido incontrolado en el polígono industrial ‘Atalaya’, acumulación de suciedad en el parque de la Tejera, elevados ruidos en la zona del hospital, rama caída cerca de la acequia de la Vega… Estas son algunas de las 3.257 incidencias recibidas en un año a través de la Línea Verde del Ayuntamiento de Cabra (Córdoba), ganador del primer premio en la categoría de entre 5.000 y 30.000 habitantes. A través de una app gratuita, los vecinos de este municipio andaluz pueden poner en conocimiento del Ayuntamiento todo tipo de incidencias ambientales, reduciendo en gran medida los tiempos de reacción para solucionarlas.
Además, el proyecto Línea Verde también incluye consultoría ambiental, teniendo que ser resuelta cualquier duda de un vecino en un plazo máximo de 24 horas.
En esta misma categoría, también se han dado tres accésits a: Consell Comarcal d’Osona (Barcelona), por el proyecto Desendolla’t para promover la eficiencia y el ahorro energético en los centros de enseñanza de infantil y primaria públicos del municipio; Nuevo Baztán (Madrid), por sus diversas actuaciones en materia ambiental en los últimos años; y la Asociación Nacional Micorriza, de Guadalajara, por la Catalogación de Árboles y Arboledas Singulares de la Comarca de Molina de Aragón y Alto Tajo, siendo ésta la iniciativa de esta categoría más votada en Internet.
Fuente: FEMP
La editorial Tirant lo Blanch se ha situado como la editorial de Derecho mejor valorada en la clasificación SPI (Scholarly Publishers Indicators) que realiza el grupo ILÍA del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Este prestigioso estudio otorga a Tirant lo Blanch 31.563 puntos.
El SPI es un sistema de información que ofrece indicadores y herramientas relacionados con las editoriales científicas o de interés para la investigación en el ámbito de las Humanidades y las Ciencias Sociales y que ofrece una serie de rankings general, por disciplinas, de editoriales extranjeras y de editoriales españolas basados en la opinión de expertos españoles en Humanidades y Ciencias Sociales.
Además, Tirant lo Blanch se sitúa entre las editoriales mejor valoradas en las clasificaciones sectoriales de Ciencias Políticas, Sociología y Filosofía.
Salvador Vives, director de la Editorial, ha mostrado “la enorme satisfacción” que la noticia ha provocado en la empresa ya que “viene a reconocer el esfuerzo y la vocación de excelencia” que guían a Tirant lo Blanch, empresa “de capital exclusivamente español” y ha mostrado su reconocimiento al equipo de la editorial y a su Comité Científico.
Tirant lo Blanch edita cerca de 400 novedades al año, relacionadas con todas las ramas del Derecho, tanto doctrinales como prácticas o para el estudio, así como una vasta edición en el resto de las Ciencias Sociales.
También la editorial, pionera en la implementación de nuevas tecnologías, ha desarrollado inteligentes bases de datos para juristas, programas de formación y cualificación jurídica en colaboración con las más prestigiosas universidades y está presente en la información jurídica con su participación en la edición de Vida Jurídica en el diario Cinco Días, en la producción audiovisual de Lawyerpress Tv y Tirant Tv y las redes sociales.
A esta intensa actividad se une su consolidada presencia en el ámbito iberoamericano a través de Tirant México.
Ver el SPI (Scholarly Publishers Indicators)
Fuente: CSIC