Proyecto de ley Municipal: El Gobierno Vasco propone que Eudel sea un actor más en el Consejo de Finanzas

El texto regula 37 competencias y garantiza la financiación a los entes locales.

Satisfacción en Álava y Gipuzkoa no recurrirá el proyecto.

Los ayuntamientos vascos tendrán, si el trámite de enmiendas no lo cambia, tres representantes en el Consejo Vasco de Finanzas, el mismo número de miembros que tiene el Gobierno en ese foro, y las diputaciones. Es decir, dejarán de tener opinión con un representante, a disponer de capacidad de veto en aquellos todos los acuerdos relacionados con el listado de 37 competencias, que el proyecto de ley que ayer mismo empezó el trámite parlamentario, atribuye a los municipios.

Ese nuevo papel convierte a los ayuntamientos, después de 35 años de intentos de regular la actividad y la financiación municipal, en un actor más en el órgano fundamental que regula los flujos económicos entre administraciones, y por fin elimina la tutela que hasta ahora ejercían las diputaciones al decidir prácticamente sin contrapesos, las asignaciones económicas para los entes locales.

Las decisiones del CVF se adoptarán por mayoría absoluta, pero los votos tendrán que integrar por lo menos a un representante de cada nivel institucional representado, e incluso el Gobierno se retirará en aquellos asuntos de estricta negociación entre ayuntamientos y diputaciones.

Los ayuntamientos tendrán que elegir a los tres representantes de la asociación mayoritaria municipal, actualmente Eudel, pero no se cierra la puerta a que en el futuro pueda ser otra asociación la que tenga esa mayoría, y será después el lehendakari el que ratifique formalmente el nombramiento de los tres elegidos. Ese proceso interno agita también las aguas de la propia Eudel ya que el voto en el Consejo de Finanzas podría no ser colegiado. De momento la presidencia de Eudel está en manos del PNV, pero EH Bildu debiera de tener una importante representación en esa futura terna.

Erkoreka dijo ayer que el texto no invade competencias de los territorios históricos en cuanto al reparto de la financiación local, —en referencia a las críticas lanzadas por el diputado general de Álva, Javier de Andrés— algo que queda expresamente especificado en el proyecto.

Entre las competencias propias que el anteproyecto atribuye a los municipios, figura la gestión de la protección civil y emergencias, de las viviendas de protección pública, del tráfico, la seguridad vial, los servicios sociales, equipamientos, turismo, planes locales de empleo, políticas de igualdad de género o comercio interior, entre otras.

La financiación de las competencias municipales estará “garantizada”, aunque las cuantías dependerán, al igual que sucede con la financiación del Gobierno vasco, de los ingresos que recauden cada ejercicio las haciendas forales. En el apartado de instrumentos de participación ciudadana del anteproyecto se especifica que, de conformidad con la legislación estatal, los alcaldes, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos.

Fuente: El País

La corrupción y el mérito

El descrédito y el deterioro de la función pública favorecen el ejercicio de la arbitrariedad política y las decisiones corruptas. Construir una administración profesional, austera y eficiente es difícil, pero no imposible.

Por Antonio Muñoz Molina

En el número 159 de la Revista Cunal se publicó un comentario bibliográfico de la obra Todo lo que era sólido, de Antonio Muñoz Molina

El espectáculo ahora por fin visible de la corrupción no habría llegado tan lejos si no se correspondiera con otro proceso que ha permanecido y permanece invisible, del que casi nadie se queja y al que nadie parece interesado en poner remedio: el descrédito y el deterioro de la función pública; el desguace de una administración colonizada por los partidos políticos y privada de una de sus facultades fundamentales, que es el control de oficio de la solvencia técnica y la legalidad de las actuaciones. Cuando se habla de función pública se piensa de inmediato en la figura de un funcionario anticuado y ocioso, sentado detrás de una mesa, dedicado sobre todo a urdir lo que se llama, reveladoramente, “trabas burocráticas”. Esa caricatura la ha fomentado la clase política porque servía muy bien a sus intereses: frente al funcionario de carrera, atornillado en su plaza vitalicia, estaría el gestor dinámico, el político emprendedor e idealista, la pura y sagrada voluntad popular. Si se producen abusos los tribunales actuarán para corregirlos.

Está bien que por fin los jueces cumplan con su tarea, y que los culpables reciban el castigo previsto por la ley. Pero un juez es como un cirujano, que intenta remediar algo del daño ya hecho: la decencia pública no pueden garantizarla los jueces, en la misma medida en que la salud pública no depende de los cirujanos. Los ánimos están muy cargados, y la gente exige, con razón, una justicia rápida y visible, pero no se puede confundir el castigo del delito con la solución, aunque forme parte de ella. El puesto de un corrupto encarcelado lo puede ocupar otro. El daño que causa la corrupción puede no ser más grave que el desatado por la masiva incompetencia, por el capricho de los iluminados o los trastornados por el vértigo de mandar. Lo que nos hace falta es un vuelco al mismo tiempo administrativo y moral, un fortalecimiento de la función pública y un cambio de actitudes culturales muy arraigadas y muy dañinas, que empapan por igual casi todos los ámbitos de nuestra vida colectiva.

El vuelco administrativo implica poner fin al progresivo deterioro en la calidad de los servicios públicos, en los procesos de selección y en las condiciones del trabajo y en las garantías de integridad profesional de quienes los ejercen. Contra los manejos de un político corrupto o los desastres de uno incompetente la mejor defensa no son los jueces: son los empleados públicos que están capacitados para hacer bien su trabajo y disponen de los medios para llevarlo a cabo, que tienen garantizada su independencia y por lo tanto no han de someterse por conveniencia o por obligación a los designios del que manda. Desde el principio mismo de la democracia, los partidos políticos hicieron todo lo posible por eliminar los controles administrativos que ya existían y dejar el máximo espacio al arbitrio de las decisiones políticas. Ni siquiera hace falta el robo para que suceda el desastre. Que se construya un teatro de ópera para tres mil personas en una pequeña capital o un aeropuerto sin viajeros en mitad de un desierto no implica solo la tontería o la vanidad de un gobernante alucinado: requiere también que no hayan funcionado los controles técnicos que aseguran la solvencia y la racionalidad de cualquier proyecto público, y que sobre los criterios profesionales hayan prevalecido las consignas políticas.

En cada ámbito de la administración se han instalado vagos gestores mucho mejor pagados siempre que los funcionarios de carrera. Obtienen sus puestos gracias al favor clientelar y ejercen, labores más o menos explícitas de comisariado político. Pedagogos con mucha más autoridad que los profesores; gerentes que no saben nada de música o de medicina pero que dirigen lo mismo una sala de conciertos que un gran hospital; directivos de confusas agencias o empresas de titularidad públicas, a veces con nombres fantasiosos, que usurpan y privatizan sin garantías legales las funciones propias de la administración. En un sistema así la corrupción y la incompetencia, casi siempre aliadas, no son excepciones: forman parte del orden natural de las cosas. Lo asombroso es que en semejantes condiciones haya tantos servidores públicos en España que siguen cumpliendo con dedicación y eficacia admirables las tareas vitales que les corresponden: enfermeros, médicos, profesores, policías, inspectores de Hacienda, jueces, científicos, interventores, administradores escrupulosos del dinero de todos.

Que toda esa gente, contra viento y marea, haga bien su trabajo, es una prueba de que las cosas pueden ir a mejor. Construir una administración profesional, austera y eficiente es una tarea difícil, pero no imposible. Requiere cambios en las leyes y en los hábitos de la política y también otros más sutiles, que tienen que ver con profundas inercias de nuestra vida pública, con esas corruptelas o corrupciones veniales que casi todos, en grado variable, hemos aceptado o tolerado.

El cambio, el vuelco principal, es la exigencia y el reconocimiento del mérito. Una función pública de calidad es la que atrae a las personas más capacitadas con incentivos que nunca van a ser sobre todo económicos, pero que incluyen la certeza de una remuneración digna y de un espacio profesional favorable al desarrollo de las capacidades individuales y a su rendimiento social. En España cualquier mérito, salvo el deportivo, despierta recelo y desdén, igual que cualquier idea de servicio público o de bien común provoca una mueca de cinismo. La derecha no admite más mérito que el del privilegio. La izquierda no sabe o no quiere distinguir el mérito del privilegio y cree que la ignorancia y la falta de exigencia son garantías de la igualdad, cuando lo único que hacen es agravar las desventajas de los pobres y asegurar que los privilegiados de nacimiento no sufren la competencia de quienes, por falta de medios, solo pueden desarrollar sus capacidades y ascender profesional y socialmente gracias a la palanca más igualitaria de todas, que es una buena educación pública.

Nadie se ha beneficiado más del rechazo del mérito y de la falta de una administración basada en él que esa morralla innumerable que compone la parte más mediocre y parasitaria de la clase política, el esperpento infame de los grandes corruptos y el hormiguero de los arrimados, los colocados, los asesores, los asistentes, los chivatos, los expertos en nada, los titulares de cargos con denominaciones gaseosas, los emboscados en gabinetes superfluos o directamente imaginarios. Unos serán cómplices de la corrupción y otros no, pero todos contribuyen a la atmósfera que la hace posible y debilitan con su parasitismo el vigor de una administración cada vez más pobre en recursos materiales y legales y por lo tanto más incapaz de cumplir con sus obligaciones y de prevenir y atajar los abusos. Una cultura civil muy degradada ha fomentado durante demasiado tiempo en España el ejercicio del poder político sin responsabilidad y la reverencia ante el brillo sin mérito. Caudillos demagogos y corruptos han seguido gobernando con mayorías absolutas; gente zafia y gritona que cobra por exhibir sus miserias privadas disfruta del estrellato de la televisión; ladrones notorios se convierten en héroes o mártires con solo agitar una bandera.

Esta es una época muy propicia a la búsqueda de chivos expiatorios y soluciones inmediatas, espectaculares y tajantes —es decir, milagrosas—, pero lo muy arraigado y lo muy extendido solo puede arreglarse con una ardua determinación, con racionalidad y constancia, con las herramientas que menos se han usado hasta ahora en nuestra vida pública: un gran acuerdo político para despolitizar la administración y hacerla de verdad profesional y eficiente, garantizando el acceso a ella por criterios objetivos de mérito; y otro acuerdo más general y más difuso, pero igual de necesario, para alentar el mérito en vez de entorpecerlo, para apreciarlo y celebrarlo allá donde se produzca, en cualquiera de sus formas variadas, el mérito que sostiene la plenitud vital de quien lo posee y lo ejerce y al mismo tiempo mejora modestamente el mundo, el espacio público y común de la ciudadanía democrática.

Fuente: El País

Premios Fernando Albi 2014

El BOP ha publicado las bases del concurso dotado con 10.000 euros y los trabajos podrán presentarse hasta el 1 de junio de 2015.

El Boletín Oficial de la Provincia de Alicante publica las bases para la convocatoria de los Premios Fernando Albi 2014, que tienen la finalidad de fomentar la investigación sobre la Administración Local y están dotados con 10.000 euros para el ganador y 3.000 euros para un accésit. El plazo de presentación de los trabajos, que deben ser inéditos y escritos en lengua castellana, comenzará a partir de mañana y finalizará el 1 de junio de 2015.

La Diputación de Alicante convoca los premios Fernando Albi desde el año 1999 con el objetivo de estimular nuevas líneas de trabajo relacionadas con la Administración Local que contribuyan a mejorar la asistencia y cooperación técnica, económica y jurídica que la institución provincial ofrece a los municipios de la provincia.

Todas aquellas personas interesadas en participar en los premios Fernando Albi 2014 pueden consultar las bases de la convocatoria en la web de la Diputación de Alicante -www.diputacionalicante.es- y en la de los propios premios -premiosalbi.diputacionalicante.es-, y pueden contactar con el área de Servicios Jurídicos para resolver posibles dudas a través del teléfono 965988965 o el correo electrónico serviciosjuridicos@diputacionalicante.es

El fallo del certamen correrá a cargo de un jurado presidido por la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, e integrado por 9 expertos en Derecho Público.

Ver Bases

La FEMP premia las buenas prácticas locales por el clima del Ayuntamiento de la capital

Junto Lorca, Zaragoza, Gibraleón y Soria.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) entregará este jueves los quintos Premios a las Buenas Prácticas Locales por el Clima de con los que la Red Española de Ciudades por el Clima reconoce las mejores iniciativas adoptadas por las entidades locales para prevenir el cambio climático.

Los ayuntamientos premiados en 2014 son los de Sevilla, Lorca (Murcia), Zaragoza, Gibraleón (Huelva). Los galardones están auspiciados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama). En el acto se presentará también el 'kit de Hogares verdes'.

El acto se celebrará en la sede de la FEMP a las 11.00 horas en un acto en el que intervendrán el secretario general de la FEMP, Ángel Fernández, la presidenta de la Red Española de Ciudades por el Clima y alcaldesa de Marbella (Málaga), María Ángeles Muñoz, y la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, Guillermina Yanguas.

El Kit de Hogares Verdes se facilitará a los Ayuntamientos miembros de la Red Española de Ciudades por el Clima para que lo distribuyan entre los vecinos que deseen sumarse al programa Hogares Verdes.

El proyecto busca acompañar al ciudadano en el proceso de cambio hacia una gestión más responsable de su hogar, promoviendo el autocontrol del consumo doméstico de agua y energía, introduciendo medidas y comportamientos ahorradores y ayudando a hacer una compra más ética y ecológica.

Fuente: Europa Press