Transparencia Internacional insta a los partidos y responsables políticos a la adopción de un conjunto de medidas drásticas y urgentes contra la corrupción

Transparencia Internacional España

En estos momentos en los que la vida pública y política española se ve gravemente afectada por numerosos casos de corrupción, es realmente urgente que los Partidos y los responsables políticos españoles adopten una inequívoca, firme y contundente actitud para atajar esta preocupante fenómeno tomando medidas efectivas, consensuadas e inmediatas que pongan freno a esta insostenible situación. A estos efectos Transparencia Internacional España insta a que dichos responsables políticos adopten una actitud mucho más firme contra la corrupción a todos los niveles: institucionales, legislativos y políticos, y puedan atenuar de esta forma el evidente nivel de indignación y desafección ciudadana.

La sociedad civil y los ciudadanos, junto con los jueces, fiscales, fuerzas de seguridad, medios de comunicación, universidades, etc., han de consolidar un firme e inequívoco frente social que pueda ir combatiendo legal y socialmente a los corruptos, disuadiendo claramente a los que pudieran estar pensando en desarrollar este tipo de prácticas delictivas, y urgiendo a los Partidos políticos para que cambien sus conductas y aparentes voluntades en contra de la corrupción, y se esfuercen claramente en dialogar y poner en marcha de forma urgente unas medidas legislativas de choque, que ayuden a cambiar de forma drástica esta grave situación, que puede perjudicar, por otra parte, la imagen y la economía de nuestro país.

Se hace necesario un mayor equilibrio de poder entre los partidos políticos y la sociedad. El poder tan generalizado de los partidos, el control del poder legislativo, así como el de todos y cada uno de los niveles de gobierno y, sobre todo, el control de la composición de las más altas instituciones del Estado, merma el Estado de Derecho, limita sustantivamente el ejercicio real de la democracia y deja escaso margen en la práctica a los ciudadanos para decidir sobre la marcha de la sociedad.

Medidas efectivas y urgentes contra la corrupción

Es por ello que Transparencia Internacional España en una coyuntura abrumadora de denuncias de corrupción viene proponiendo desde hace años la adopción de un conjunto de medidas contra dicha corrupción, e insta ahora a los Partidos y responsables políticos a que se tomen de forma urgente las siguientes medidas:

A) TRANSPARENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS:

1) Publicación en internet de las Cuentas anuales detalladas de los Partidos políticos y entidades a ellos vinculadas (individuales y consolidadas), con el debido desglose orgánico y geográfico de la totalidad de sus gastos e ingresos, así como de sus bienes patrimoniales.

2) Publicación en internet por el Tribunal de Cuentas de su Informe de auditoría anual de los Partidos políticos (en el plazo máximo de un año desde el cierre contable) así como de la fecha de envío de las cuentas por los Partidos políticos.

3) Publicidad obligatoria de los préstamos otorgados a los Partidos políticos, así como la prohibición legal de su condonación por las entidades financieras.

4) Prohibición de las donaciones a los Partidos, o sus fundaciones, procedentes de las empresas sometidas a licencias, regulación o subvenciones públicas.

5) Prohibir a las Fundaciones de los Partidos recibir ayudas o donaciones de aquellas personas jurídicas que no pueden donar a los Partidos políticos.

6) Tipificar jurídicamente el delito de Financiación ilegal de los Partidos políticos.

7) Establecimiento y publicación de un procedimiento normalizado de Auditoría interna por parte de los Partidos políticos.

8) Obligación de publicitar y debatir en el Parlamento aquellos casos de alto endeudamiento y posible situación de quiebra o claro desequilibrio económico que en su caso puedan tener algunos Partidos políticos.

B) TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA ELECTORAL:

9) Modificar la legislación y el sistema electoral, para que el ciudadano tenga una mínima flexibilidad y capacidad de decisión, estableciendo listas desbloqueadas o abiertas, en las que al menos se puedan excluir o cambiar el orden de algunos de los candidatos incluidos en las mismas.

10) Apartar de los cargos públicos y de cualquier lista electoral a los procesados por corrupción (se entenderán procesados en caso de que haya un escrito de acusación por el fiscal o la apertura de un juicio oral).

11) Publicar obligatoriamente el currículum o datos biográficos básicos de todos los candidatos incluidos en las listas electorales.

12) Controlar estrictamente el cumplimiento de los límites en los gastos electorales e imponer sanciones por el incumplimiento de dichos límites por los Partidos políticos.

C) MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN:

13) Cualquier condena por delitos asociados a la corrupción debe llevar aparejada la inhabilitación efectiva y de larga duración para el ejercicio de cargos públicos.

14) Establecer un tope o límite máximo de mandatos en los cargos políticos (evitando que la política sea un modus vivendi).

15) Necesidad de una Ley de protección jurídica a todos aquellos ciudadanos denunciantes de posibles casos de corrupción (tal como existe en otros países).

16) Modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, para: a) Despolitizar en lo posible el Tribunal, designando sus consejeros en lugar de por acuerdo de los partidos políticos, por criterios técnicos, y de mérito y capacidad. b) Reducir el número de consejeros del Tribunal (a un máximo de cinco).

17) Reforma de la elección del Consejo General del Poder Judicial y del nombramiento de jueces de los puestos superiores, estableciendo límites a su designación por los Partidos políticos.

18) Cambiar la legislación para limitar los privilegios jurídicos y judiciales de los aforados, y evitar así que puedan haber un cierto espacio de impunidad para los mismos.

19) Limitar y hacer más estricta la concesión de indultos por los gobiernos, excluyendo en todo caso los delitos por corrupción.

20) Introducción en los distintos niveles educativos de materias y contenidos éticos, de valores, y contra la corrupción.

Transparencia Internacional España reclama igualmente que los Partidos políticos lleguen a un amplio acuerdo o Pacto general contra la corrupción, que permita corregir y encauzar la grave situación y la alarma social actualmente existente. En cualquier caso, y en el supuesto de que los partidos no llegasen a alcanzar ese pacto general, TI-España tiene intención de propiciar convenios mediante acuerdos y compromisos por la transparencia y contra la corrupción de los distintos Partidos políticos con esta organización, y contribuir así en lo posible a mejorar desde la sociedad civil la situación en esta importante materia.

El interventor de Collado Villalba objetó un contrato de 47 millones

La compañía francesa Cofely ganó el concurso, pero los socialistas impugnaron el acuerdo.

El juez extiende la investigación a toda la gestión de Granados en Madrid.

El interventor del Ayuntamiento de Collado Villalba advirtió de las irregularidades en la contratación de Cofely incluso antes de que se firmara el acuerdo. Las cuentas no le salían. Cuando se inició el procedimiento de contratación para la gestión y mejora del suministro energético del municipio en 2013, avisó de que los cálculos económicos realizados por el Ayuntamiento carecían de rigor y de que tampoco se había llevado a cabo una auditoría energética que analizara la situación de partida. Un año más tarde, en mayo de 2014, la compañía francesa Cofely ganó el concurso, que ahora investiga el juez Eloy Velasco en el marco de la Operación Púnica. El juez dictó anoche libertad bajo fianza de 40.000 euros para el alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez (PP).

El interventor indicó en un informe de julio de 2013 que el modelo económico presentado por el municipio era “tan deficiente” que podría implicar que el coste de la energía no estuviera bien estimado y que, por lo tanto, los créditos asignados por el Ayuntamiento para el pago del servicio podían ser insuficientes. La licitación se convocó en septiembre de 2013 por 47 millones y se adjudicó a Cofely —la única sociedad que se presentó— por 42,9 millones durante 15 años. Tampoco consta en el expediente, según relató el interventor, un informe de auditoría energética “que analice la situación actual y establezca las medidas a adoptar y el modelo económico de manera rigurosa”. El informe de Intervención se refiere al estudio realizado por los servicios técnicos de Urbanismo en 2013. Al funcionario no le pareció adecuado que para establecer el tipo de licitación se partiera de los consumos reales de 2012 (3,4 millones anuales) y que estos se proyectaran de forma lineal a lo largo del periodo de duración del contrato. No se tienen en cuenta “las posibles fluctuaciones al alza del precio de la energía, como viene sucediendo habitualmente, o ni siquiera el aumento estimado del índice de precios al consumo”, especifica el informe.

El interventor también dijo desconocer de dónde se deducía el ahorro del 6,58% en los consumos estimado por el Ayuntamiento. Esta cantidad es la que los técnicos consideraron suficiente para que el adjudicatario pudiera cubrir los costes de prestación del servicio, más los gastos generales de estructura, el beneficio industrial y los impuestos. “Nos dijeron que se iba a producir ese ahorro, pero podía ser un 15% o un 2% o el que fuera, porque no lo justificaban de ninguna forma”, comenta Juan José Morales, portavoz del PSOE. Este grupo político presentó un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del pleno del 10 de septiembre de 2013, en el que se aprobó el inicio de la licitación del expediente de contratación de la gestión de los servicios energéticos y de su mantenimiento. El acuerdo abarcaba el suministro de energía (electricidad, gas natural y gasóleo), modernización de las instalaciones para obtener mayor eficiencia energética y su mantenimiento.

“Existían defectos de forma, que el alcalde podría haber solucionado pero no quiso, y nosotros entendemos que el procedimiento de un contrato de tal magnitud debe ser impecable”, aclara el edil. Denunciaron que la licitación no se dictaminó ni se comunicó en comisión informativa y que, además, el órgano competente para aprobarlo era la Junta de Gobierno Local. También informaron al juez de los “importantes reparos” expresados por el interventor municipal.

El fallo, de 22 de septiembre de 2014, dio la razón a los socialistas y anuló el acuerdo plenario denunciado. El juez argumentó que en un contrato que iba a convertirse en “uno de los más elevados que suscriba el Ayuntamiento en años”, es indispensable que se extremen las precauciones. La sentencia no tuvo en cuenta el informe del interventor y concretaba que había otros informes de los servicios de ingeniería industrial que avalaban su proceder. Los socialistas no saben a qué informes de refiere el juez. “Los que conocemos no explican nada, solo se refieren a la necesidad que existe de impulsar la eficiencia energética, pero sin más datos”, aclara Morales. EL PAÍS ha intentado, sin éxito, recabar la opinión del Ayuntamiento.

Fuente: El País

Círculo vicioso, círculo virtuoso

Víctor Lapuente Giné,

profesor en el Instituto para la Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo.

Hay que ir a una situación de corrupción mínima y eficiencia máxima

Estados Unidos, finales del XIX. La corrupción rampante enerva a la ciudadanía, que decide cambiar la infraestructura de sus instituciones: despolitización masiva y establecimiento de las bases de la gestión pública moderna. El profesional de la Administración pasa de trabajar “para” a trabajar “con” su superior político. El objetivo del movimiento reformista no es tanto la corrupción en sí como el problema de fondo del que la corrupción es un síntoma: la acumulación de poder decisorio en unas manos que responden a un único interés, el electoral. El medio elegido por el movimiento reformista no es regular minuciosamente la actividad pública, sino, más bien al contrario, liberar las fuerzas creativas de los trabajadores públicos, que, además de convertirse en contrapesos vivos del poder político, obtienen licencia para innovar en la prestación de las políticas públicas.

Italia, finales del XX. La corrupción rampante enerva a la ciudadanía, que decide cambiar a los políticos de siempre por unos nuevos inquilinos que prometen limpiar la política. El objetivo es la lucha directa contra la corrupción, entendida como un crimen. Y el instrumento favorito es la regulación: más controles legales. A diferencia de EE UU, los protagonistas en Italia no son todos los empleados públicos, sino los agentes anticorrupción, sobre todo los jueces. Dos décadas, un Berlusconi y una infinidad de leyes y reglamentos después, Italia sigue lidiando con la corrupción y la ineficiencia en el sector público.

España, principios del XXI. La corrupción rampante enerva a la ciudadanía, que debe elegir entre la vía americana o la italiana. Tenemos la ventaja de que conocemos el resultado: los países (como los anglosajones o nórdicos) que han cambiado sus infraestructuras públicas, descentralizando, desregulando y empoderando a sus profesionales tienen mejores sectores públicos que aquellos donde se ha dejado intacta la infraestructura institucional del sector público, como Italia. Pero tenemos la desventaja de que la vía italiana es muy atractiva.

En primer lugar, la aprobación de leyes específicas contra la corrupción es muy popular, porque da la sensación de que los políticos se preocupan. Sabemos por varios estudios que la respuesta natural de los ciudadanos a la corrupción política es una mayor desconfianza social que, a su vez, se traduce en una mayor demanda de regulación. Como no me fío de nadie, que nadie mueva un pie sin la debida autorización. La ironía es que una mayor regulación aumenta las oportunidades de captura del Estado por parte de los grupos de interés mejor organizados, lo que se traslada en mayor corrupción, generándose así un círculo vicioso. Corrupción, desconfianza, regulación… y más corrupción. La evidencia, pues, apoya la máxima de Tácito: “Cuanto más corrupto es un Estado, más leyes tiene”.

Un ejemplo son las leyes de financiación de los partidos. Italia y España han experimentado varios cambios legislativos y parece que tendrán muchos más, porque siempre hay algún resquicio por el que se pueden colar las ayudas. Por el contrario, otros países han alcanzado la excelencia con leyes muy sencillas o directamente sin ley de financiación de los partidos. Con las instituciones adecuadas, los controles formales no son tan necesarios ¿Para qué va a querer un empresario sobornar a un político si éste no puede otorgar un trato de favor porque necesitaría la aquiescencia de profesionales que trabajan “con” pero no “para” él?

También es más seductora la aproximación italiana de reemplazar a los corruptos por políticos a los que “no les tiemble la mano” (como se oye en nuestros partidos tradicionales) o que, al asalto, tomen el poder para quitar a toda la casta (como se oye en los nuevos partidos). Cuando todo el mundo habla de la “hora de la política” —frente a los mercados, los poderes financieros y demás—, las reformas institucionales destinadas a fragmentar el poder político no parecen muy atractivas. Más bien al contrario, queremos dar mucho poder a nuestro renovador, ya sea un partido conocido con un liderazgo nuevo (como Sánchez o Renzi) o una formación novedosa con liderazgos colectivos (como Podemos o Guanyem).

Son varios los factores que nos empujan hacia el círculo vicioso de corrupción, desconfianza y regulación. Pero, por otra parte, también empezamos a detectar movimientos dentro del sector público —en la Administración local, autonómica y central— que ven en la gestión profesional una alternativa más efectiva para mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones. Esos movimientos deben hacerse visibles para presionar a los partidos políticos, donde también existen voces individuales que llevan tiempo demandando un cambio en la infraestructura de nuestro sector público que nos acerque a las Administraciones más modernas. Esas voces se pueden encontrar en todos los partidos, de Podemos al PP, pasando por PSOE y UPyD.

Para salir del círculo vicioso y entrar en otro virtuoso de corrupción mínima y eficiencia máxima necesitamos agregar esas voces para que fuercen, en el contexto de un pacto de Estado o una reforma constitucional, un cambio en los incentivos de nuestras Administraciones. La sangría de casos de corrupción y de tratos de favor —legales, pero parciales e inmorales— que sufrimos en España sólo se atajará cuando nuestras Administraciones no recompensen tanto la lealtad política o el seguimiento de la norma como la reputación y la autonomía profesional.

Fuente: El País

Fondos Europeos para proyectos integrados de Desarrollo Urbano Sostenible

Las oportunidades de los municipios para financiar con Fondos FEDER sus proyectos integrados de Desarrollo Urbano Sostenible en el periodo 2014-2020, serán analizadas en el marco de la jornada informativa que la FEMP, PwC e IE Business School, han organizado para celebrar el próximo 17 de noviembre. En el marco de la jornada participarán expertos en este ámbito y representantes de las Administraciones españolas y europea.

El desarrollo urbano es uno de los ejes esenciales de la política de cohesión de la Unión Europea y, por ello, a lo largo de los últimos años ha venido desarrollando el concepto de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado.

El nuevo periodo de financiación europea 2014-2020 representa para España una aportación económica muy relevante. El Reglamento de FEDER obliga a dedicar, al menos, un 5% de este fondo a proyectos integrados de Desarrollo Urbano Sostenibl. En consecuencia, la Administración General del Estado ha definido un eje para financiar los proyectos que respondan a una estratega urbana integrada.

Todo ello puede suponer una buena oportunidad para las Administraciones Locales españolas y así, a efectos de que planifiquen y gestionen de manera adecuada su acceso a estos fondos, desde la FEMP, con la colaboración de PwC e IE Business School, se ha organizado la jornada “La Administración Local ante el nuevo periodo de financiación europea 2014-2020. Oportunidades para Ayuntamientos en materia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado”, que se celebrará en Madrid el próximo 17 de noviembre y en la que se analizarán las claves del nuevo periodo de financiación en relación con las Administraciones Locales.

La jornada contará con la presencia del Presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, y acogerá la celebración de dos mesas redondas, una sobre el enfoque que para la Administración Local tiene en Desarrollo Urbano Sostenible, y otra sobre cómo articular proyectos desde una perspectiva holística.

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Fuente: FEMP