ISSN: 2695-4621
Mientras la delegada del Gobierno en Cataluña recuerda por carta a secretarios e interventores municipales la necesidad de cumplir con la ley, el colectivo de empleados municipales favorables a la consulta pide instrucciones al Gobierno catalán.
La delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, ha enviado una carta dirigida a secretarios e interventores de los 947 municipios catalanes, consejos comarcales y diputaciones en la que les recuerda la suspensión de la ley de consultas catalana por orden del Tribunal Constitucional y se pone a su disposición para aclarar cualquier asunto relacionado con el 9-N. Se da la circunstancia de que el presidente catalán, Artur Mas, cuenta con los ayuntamientos para organizar la consulta, pero los empleados municipales podrían incurrir en un delito de desobediencia, que implica inhabilitación, si colaboran en los preparativos.
Por ello, Llanos de Luna explica en la carta, con fecha 6 de octubre, que la suspensión «como dicen las providencias de admisión a trámite de los respectivos recursos de inconstitucionalidad» presentados por el Gobierno español «impide la adopción o ejecución de cualquier acto en aplicación de los mismos, así como las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas a ella».
Respeto al ordenamiento
Añade la delegada del Gobierno que «todos los poderes públicos tenemos la obligación de cumplir las resoluciones judiciales y de colaborar en su ejecución», por lo que se pone a disposición de los secretarios e interventores «para cualquier cuestión que sobre este particular estime oportuno o necesario plantear, en la certeza de que dicha cooperación contribuirá a asegurar que el respeto al ordenamiento jurídico sea el parámetro de actuación de todos los poderes públicos de Cataluña».
Pero los preparativos continúan y ayer salió publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña el decreto de nombramiento de los miembros de las comisiones de seguimiento de la consulta y que darían apoyo a la Comisión de Control del 9-N. Cada una está formada por cinco personas y se reparten por siete zonas geográficas. El decreto, firmado por el presidente Artur Mas, se publicó el día después de que la Abogacía del Estado impugnara ante el TC la Comisión de Control.
Por su parte, la presidenta del Consejo de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Cataluña (Csital), Maria Petra Sáiz, se dirigió por carta el día 1 de octubre a la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, en la que también piden instrucciones sobre el 9-N tras la suspensión del TC, aunque dejan claro que son «plenamente conscientes del momento histórico que estamos viviendo». En este sentido, recuerdan el pasado 18 de noviembre de 2012, este Consejo adoptó un acuerdo en favor del derecho a decidir. «Le pido tenga a bien emitir las instrucciones oportunas sobre las actuaciones a realizar por los secretarios, interventores y tesoreros de la administración local de los ayuntamientos de Cataluña mientras dure la suspensión» de la convocatoria de la consulta, así como «de los actos preparatorios de la misma, a fin y efecto de dotar de seguridad jurídica la actuación de los alcaldes y de los funcionarios de los ayuntamientos de Cataluña», indica.
Fuente: ABC
El Presidente de la Federación ha mantenido un encuentro con Michel Lebrun, Presidente del Comité de las Regiones, para establecer líneas de colaboración en un futuro próximo entre ambas instituciones.
El Presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, ha explicado esta mañana a la Comisión Europea el funcionamiento de la Central de Contratación que ha puesto en marcha la Federación Española de Municipios y Provincias, para facilitar, simplificar y ahorrar costes en los procedimientos de contratación de los servicios municipales, siempre respetando el principio de autonomía local.
De la Serna se ha reunido con el responsable de la unidad de contratación electrónica y análisis económico de la Dirección General de Informática (DIGIT), Nikita Stampa. Esta Dirección tiene por misión garantizar que la Comisión Europea haga un uso eficaz de las tecnologías de la información y la comunicación para el logro de sus objetivos organizativos y políticos y, particularmente, se ocupa de impulsar todo lo relacionado con la contratación electrónica en el espacio comunitario.
El máximo representante de la FEMP se encuentra en Bruselas, donde ha acudido a la sesión plenaria del Comité de las Regiones.
En la entrevista con la DIGIT ha explicado el funcionamiento de este nuevo servicio de contratación centralizada, que está recogido en la reciente reforma del régimen local español, y al que ya están adheridas un total de 714 Entidades Locales, entre ellas Madrid y más de 20 ciudades de más de 100.000 habitantes, así como un buen número de Diputaciones Provinciales.
De la Serna ha destacado la importancia de esta Central por lo que supone de apoyo a la economía de los municipios y porque ayuda a consolidar la trayectoria ya iniciada de reducción de la deuda y los resultados de superávit alcanzados por la mayoría de Entidades Locales españolas.
El objetivo principal de la Central de Contratación es que cada entidad local adherida tenga un protagonismo fundamental en la selección final del contratista, pero reduciendo el máximo posible la carga administrativa asociada a todo el proceso de contratación, con el mayor respeto a los principios de transparencia, competencia y no discriminación. Asimismo, se pretende conseguir mejores condiciones económicas y acercar los municipios más pequeños a estas ventajas.
La Central de Contratación tiene previsto ofrecer nuevos servicios, como los de suministro de lámparas leds, de gas y energía eléctrica y también a servicios de telefonía fija y móvil, buscando generar economías de escala y respetar la autonomía local. La adhesión no supone ningún coste, ni conlleva obligación alguna, ya que la Entidad Local adherida podrá contratar a través de esta Central sólo los servicios que le resulten de interés.
Reunión con Lebrun
Asimismo, el Presidente de la FEMP y Alcalde de Santander ha mantenido un encuentro con el Presidente del Comité de las Regiones, Michel Lebrun, en el que han acordado explorar nuevas vías de colaboración entre ambas instituciones.
De la Serna ha participado en el Plenario del Comité de las Regiones en el que se han aprobado distintos dictámenes, entre ellos el proyecto de medidas de apoyo a la creación de ecosistemas de nuevas empresas de alta tecnología.
En este dictamen se propone reducir al mínimo la carga burocrática, por medio de la simplificación y estandarización de las normativas regionales, así como poner en internet la máxima información de utilidad y de la manera más estructurada posible (Open Data).
De igual forma, considera necesario establecer un estándar mínimo para la información que debe facilitarse, que permita la evaluación y comparación por parte de los destinatarios, además de poner a disposición en internet todos los trámites que se deban cumplir, reducir al mínimo su duplicación y ofrecer la posibilidad de tramitarlos directamente en línea.
Otro de los dictámenes aprobados por el Comité de las Regiones es el relativo a un marco estratégico en materia de clima y energía para el periodo 2020-2030.
Aquí se señala que el nivel local y regional es el que está en la “vanguardia” para responder a los retos climáticos y energéticos, puesto que es ahí donde se ejecutan más del 70% de las medidas para mitigar el cambio climático y hasta el 90% de las medidas de adaptación.
En concreto, el texto aprobado subraya que gracias a su proximidad con los ciudadanos, los entes locales y regionales pueden contribuir a informar y sensibilizar sobre los beneficios económicos y sociales de las actividades de transición energética.
Asimismo, señala que el marco estratégico 2030 debe partir de las iniciativas de la UE a escala local y amplificarlas, aludiendo expresamente al Pacto de Alcaldes o la iniciativa Ciudades y Comunidades Inteligentes, así como la Agenda Local 21, entre otros proyectos financiados.
Fuente: FEMP
Pleno. Sentencia 141/2014, de 11 de septiembre de 2014. Recursos de inconstitucionalidad 6963-2007, 6964-2007, 6965-2007 y 6973-2007 (acumulados). Interpuestos, respectivamente, por el Consejo de Gobierno de Madrid, el Consejo de Gobierno de La Rioja, más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso y el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, y recursos de inconstitucionalidad 7020-2008 y 7231-2008, acumulados a los anteriores, interpuestos, respectivamente, por el Consejo de Gobierno de Madrid y el Consejo de Gobierno de La Rioja con respecto a distintos preceptos del texto refundido de la Ley de suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. Competencias sobre urbanismo: nulidad del precepto legal que limita la corrección al alza del valor obtenido por la capitalización real o potencial del suelo rural (SSTC 61/1997 y 164/2001). Votos particulares. (7/10/2014)
La misiva les recuerda que deben cumplir con las resoluciones.
La delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, ha enviado una carta a los secretarios e interventores municipales recordándoles la suspensión de la consulta soberanista por parte del Tribunal Constitucional y en la que les advierte de que los ayuntamientos no pueden colaborar con los preparativos. El gesto ha indignado a la Generalitat, que lo ha calificado de "poco elegante" y producto de un "prejuicio partidista".
La misiva de la delegada del Gobierno, con fecha del 6 de octubre, recuerda a los receptores su dependencia funcional de la Administración General del Estado. Es por ello que la delegada dice que "esto cobra especial relevancia" en el caso de la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional. Dicha suspensión, asegura "impide la adopción o ejecución de cualquier acto en aplicación de los mismos". También les recuerda que deben cumplir con las resoluciones judiciales y colaborar en su ejecución.
La carta llega en un momento en que la Generalitat y los partidos soberanistas están pidiendo a los ayuntamientos que colaboren en los preparativos de la consulta pese a la suspensión que pesa sobre ella. Concretamente, los ayuntamientos deben nombrar estos días los responsables de la consulta en cada municipio, así como concretar los locales para la campaña y la posterior votación. Hasta la fecha, la mayoría de los ayuntamientos no han aportado toda esta información.
El portavoz de la Generalitat ha expresado el malestar del Gobierno catalán por esta acción: "No sé si responde a un sentido de responsabilidad ni si se trata de una amenaza, pero sí estoy seguro de que no es elegante, pues la carta está escrita desde el prejuicio o desde el desconocimiento de que los funcionarios catalanes hacen las cosas bien hechas". Tras la reunión semanal del Gobierno catalán, Homs ha asegurado que lo que busca la carta es "meter miedo" a los funcionarios. "Esto no ayuda ni al diálogo ni a hacer las cosas de forma propositiva, y genera el efecto contrario al que busca".
Fuente: El País
El secretario general del PP en Canarias, Asier Antona, ha asegurado este lunes que la propuesta legislativa del Gobierno regional de reforma de las administraciones locales es "un brindis al sol" hasta que no se garantice un nuevo marco financiero para cabildos y ayuntamientos.
En un comunicado, Antona afirma que su partido respaldará una "buena reforma" de las administraciones que clarifique las competencias, adecúe las estructuras haciéndolas más eficientes y controle el gasto para garantizar la suficiencia financiera.
El dirigente del PP se pregunta para qué sirve ampliar las competencias de los ayuntamientos y de los cabildos sin aclarar cómo se financiarán esas competencias.
Antona entiende que las comunicaciones que presenta el Gobierno canario esta semana para promover una nueva ley de Cabildos y Ayuntamientos, ampliando y reforzando las competencias municipales e insulares, son "papel mojado mientras no se defina un nuevo marco económico que garantice la suficiencia financiera en la prestación de esas competencias".
El secretario general del PP recrimina al Gobierno canario por no cumplir con la obligación legal de garantizar los principios de estabilidad y sostenibilidad financiera en la distribución competencial que propone.
La normativa básica estatal -recuerda Antona- exige que la legislación que afecta al ámbito competencial de las administraciones locales se acompañe de una memoria económica que refleje el impacto presupuestario y de un propuesta concreta de dotación de recursos que garantice la prestación de los servicios en términos de suficiencia financiera.
Así mismo, lamenta que "CC y PSOE hayan perdido más de tres años sin hacer nada y ahora, a última hora, con un Gobierno en desbandada, quieran aprobar deprisa y corriendo una mala reforma del régimen jurídico de los cabildos y los ayuntamientos".
Fuente: EFE