El Gobierno recurrirá la moción proconsulta de 900 consistorios

La Abogacía del Estado prepara la impugnación del apoyo al referéndum.

La moción aprobada por 920 municipios catalanes (de un total de 947) a favor de la consulta del 9 de noviembre va a tener una respuesta legal por parte del Gobierno. Los servicios jurídicos del Estado están estudiando el contenido de la iniciativa de los consistorios catalanes, impulsada por la Asociación de Municipios por la Independencia, para presentar un recurso y dejarla sin efecto, según confirmaron fuentes del Ejecutivo a ABC.

La ley sigue siendo la principal respuesta del Gobierno de la Nación ante el desafío independentista que encabeza Artur Mas. A cada paso que se da fuera de la Constitución, el Ejecutivo responde con la legalidad, y el caso de los ayuntamientos no es diferente.

Centenares de alcaldes acudieron el sábado a una recepción del presidente de la Generalitat en la plaza de Sant Jaume, para entregarle en mano las mociones aprobadas y mostrar una imagen de unidad después de que el Tribunal Constitucional suspendiera la ley de Consultas y el decreto de convocatoria del 9 de noviembre que había firmado Mas. Los alcaldes, con el de Barcelona, Xavier Trias, a la cabeza, recorrieron la plaza entre aplausos y acabaron la solemne recepción con gritos de «independencia». En medio del éxtasis colectivo, Mas proclamó de forma desafiante que «no lograrán callar la voz de Cataluña».

Las mociones, aprobadas en los plenos municipales del 95 por ciento de los ayuntamientos catalanes durante las dos últimas semanas, incluyen un apoyo expreso a la convocatoria de la consulta y al presidente de la Generalitat, y un ofrecimiento de los medios materiales necesarios para que el referéndum independentista pueda llevarse a cabo.

En su escrito de suspensión de la consulta, el Pleno del Tribunal Constitución acordó dejar sin efecto también «cuantos actos o resoluciones hayan podido dictarse en aplicación» de los preceptos impugnados.

El incumplimiento de Mas

Los servicios jurídicos del Estado están estudiando el recurso contencioso administrativo que se presentará contra las mociones municipales. Esta respuesta se suma a la que ya tiene preparada la Abogacía del Estado contra la creación de una «junta electoral» derivada de la ley de Consultas, aprobada por el Parlamento autonómico catalán, con la firma posterior de Artur Mas. Este fue el primer acto de desobediencia que llevó a cabo el presidente de la Generalitat después de que el TC admitiera a trámite los recursos del Gobierno y suspendiera la cita del 9 de noviembre. El recurso se incorporará esta semana a la pieza de suspensión ya aprobada.

La Fiscalía, preparada

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió después del Consejo de Ministros del viernes que ningún gobernante puede estar por encima de la ley, y subrayó que la Fiscalía está muy atenta a los incumplimientos que se produzcan.

El presidente Mariano Rajoy ha insistido en los últimos días en la única salida posible que hay para la «situación en Cataluña». «Ley y diálogo», mantuvo este fin de semana en Guadalajara, en la clausura de la reunión interparlamentaria del PP. Fuentes del Ejecutivo sostienen que la mano sigue tendida para abrir una vía de diálogo con Artur Mas, pero siempre dentro de la Constitución, y no sobre la consulta independentista del próximo 9 de noviembre, que ya está suspendida y sin efectos.

Fuente: ABC

VIII Jornadas de Modernización y Calidad en la Administración Local

Las JOMCAL, acrónimo de Jornadas de Modernización y Calidad en la Administración Local, es un evento organizado por el Ayuntamiento de Málaga y la FEMP concarácter bianual que se celebra en la ciudad de Málaga.

La temática tratada versa sobre aspectos relacionados con la Calidad, la Modernización e Innovación en la Gestión Pública Local, en la Atención a la ciudadanía, en la gestión del cambio, la planificación estratégica municipal, Administración electrónica o nuevas tecnologías siempre dentro del ámbito de la Administración Local.

Los formatos de presentación elegidos suelen incluir conferencias, talleres prácticos, mesas redondas y otros formatos tales como World Café, exposiciones PechaKucha, comisiones internas de trabajo de algunos organismos, premios, etc...

 Más información 

Fuente: JOMCAL.malaga.eu

Hacienda creará un mecanismo para asegurar que las CCAA pagan los servicios sociales a los ayuntamientos

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas prepara un mecanismo para asegurar que las comunidades autónomas pagan a los ayuntamientos los servicios de educación, sanidad y servicios sociales cuya prestación les ceden mediante convenio, de manera que a aquellas que no abonen lo acordado se les descontará de la financiación por parte del Estado. Hasta 2014, la deuda ya existente ronda los mil millones de euros.

La herramienta tiene que ser regulada por ley orgánica, que el Ministerio quiere aprobar para que entre en vigor el año que viene, según ha anunciado en el Congreso el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. El asunto será discutido y votado en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Hacienda está recopilando los convenios pendientes de abonar hasta este año, en colaboración con al Federación Española de Municipios y Provincias. A falta de cierre, se calcula que son unos mil millones lo que las CCAA en su conjunto tienen pendiente de pago a los ayuntamientos por servicios sociales, de educación y de sanidad cuya prestación las autonomías han cedido a los municipios.

Los gobierno regionales deberán saldar su deuda o adherirse de forma voluntaria a este mecanismo, un fondo similar al FLA que va a crear el Estado prestar a las autonomías el dinero. Las que no salden sus deudas o no paguen en el futuro los convenios a los ayuntamientos, verán descontada esa cantidad de la financiación del Estado.

"Queremos un mecanismo que sirva para limpiar el stock de deuda pendiente con garantía de cobro hasta 2014. Una medida temporal y voluntaria para que cobren las entidades locales y para dar liquidez a las comunidades", ha explicado Beteta ante el Congreso, donde ha explicado los presupuestos de su departamento para 2015.

CONSECUENCIA DE LA REFORMA LOCAL

La reforma de la administración local, que entró en vigor este año, obliga a las autonomías a asumir competencias en educación, sanidad y servicios sociales que venían prestando los ayuntamientos. Pero también les permite dejar que los municipios sigan encargándose de ellas, mediante la firma de un convenio y pagando el dinero correspondiente.

Este mecanismo, según ha dicho Beteta, quiere saldar las deudas existentes y asegurar que no vuelven a producirse, evitar los impagos entre administraciones y que los ayuntamientos pueden prestar correctamente los servicios. Según ha dicho, las deudas autonómicas les han obligado a contraer deudas con proveedores o a recurrir a los bancos para saldarlas.

El secretario de Estado ha explicado que se creará un "registro electrónico de convenios" entre comunidades y entidades locales; serán así además públicos para que todos los ciudadanos sepan quién presta los servicios, "cosa que ahora no saben". "Permitirá además el control y el seguimiento financiero de los mismos", ha agregado.

Fuente: Europa Press

Beteta subraya que la pérdida de empleo público "ha tocado suelo" tras una reducción del 5% en los dos últimos años

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha subrayado este miércoles que la pérdida de empleo público "ha tocado suelo" tras una reducción en los dos últimos años en más de 134.000 personas, un 5 por ciento, en el número de empleados en el conjunto de las Administraciones Públicas, hasta situarse en 2.551.123 el número de funcionarios, mientras que la pérdida de empleo público en las Comunidades Autónomas ha superado las 67.000 personas.

"Las Administraciones Públicas cuentan así con una dimensión más acorde a las necesidades del momento y que se define en una palabra: profesionalidad", ha puestos en valor Beteta durante la clausura del V Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas, celebrado en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Tras esta racionalización en el empleo público, Beteta ha subrayado que ahora el Gobierno incrementa la tasa de reposición de efectivos, "priorizando el personal de los servicios prioritarios de nuestro Estado del Bienestar, sanidad, educación y servicios sociales, potenciando también el personal de seguridad y el que lucha contra el fraude".

Durante su intervención, Beteta ha destacado que sólo el 25% de los empleados públicos se encuentra en las estructuras puramente administrativas, dedicándose el 75% a servicios de sanidad, educación, seguridad, defensa o justicia. Asimismo, ha indicado que, si bien en términos porcentuales es el personal interino el que más se ha reducido, con 25.000 personas menos, la mayor reducción en número se ha producido entre el personal funcionario, con 68.000 efectivos menos, y el personal laboral, con una reducción de 40.000 personas.

AHORRO CON LAS MEDIDAS DEL CORA

El secretario de Estado de Administraciones Públicas ha hecho igualmente un repaso de las 218 propuestas de la Comisión para la Reforma de la Administración Pública (CORA), de las que 140 afectaban a la Administración General del Estado, y ha subrayado que estas medidas estructurales que han conseguido un ahorro en lo que va de año de 10.417 millones de euros, de los que 2.684 millones son para el Estado, 5.535 millones para las CCAA y 2.198 para las Entidades Locales.

De las medidas puestas en marcha por la CORA, once han sido de carácter general y horizontal para todos los ámbitos de la Administración, mientras que 118 persiguieron eliminar duplicidades con las CCAA, 43 eliminar trabas y simplificaban procedimientos, 38 mejorar la gestión de los servicios públicos y ocho racionalizar las Administraciones Públicas, tanto en el plano normativo como mediante la supresión de integración de 57 entidades públicas estatales.

En cuanto a la racionalización del sector público, Beteta ha destacado que se sector público autonómico ha reducido 675 entes --un 28,49 por ciento menos-- y la previsión es que cuando se culmine el proceso será un 33,10 por ciento menor al existente en 2010, con un ahorro de casi 2.000 millones de euros y 5.500 personas menos. En el ámbito local, el sector público se ha reducido en 1.106 entidades, un 19,43 por ciento menos.

El informe de la CORA, ha recordado Beteta, incidió de forma especial en la gestión conjunta de servicios comunes, con el fin de ahorrar costes en medios informáticos, tesorería, reducción de órganos de contratación, parques móviles, medios aéreos y marítimos. En este sentido, ha recordado que los ahorros suman ya 176 millones de euros en comunicaciones postales, limpieza, automóviles o combustibles y el parque móvil ha reducido 26 vehículos, un 30 por ciento, con un ahorro de 12,7 millones.

Por último, el secretario de Estado se ha referido a la Administración electrónica y los logros conseguidos en los últimos años, situándonos en las primeras posiciones de mundo en este terreno, "el resultado es una mejor Administración hoy, más cercana, racional, eficiente y, sobre todo, a la vanguardia de la sociedad".

Fuente: Europa Press