De la Serna: 'Las Entidades Locales han dado un golpe de timón y en sólo tres años han logrado convertirse en referente para todas las Administraciones'

Para el Presidente de la FEMP, los datos conocidos hoy consolidan al sector público local como el espejo en el que deben mirarse las autonomías y la Administración General del Estado. De la Serna recalca que “nuestro compromiso con el crecimiento de España ha sido el acicate para lograr revertir una situación que en 2010 era negativa (-1.441 millones de euros) a una positiva en 2013 (7.271 millones de euros)”. Las EELL con saldos positivos se han incrementado en tres años un 60% y los importes se han multiplicado por 4,6%. Cree que estas cifras son el “aval perfecto” para que el Gobierno acceda a la solicitud de la FEMP de flexibilizar el techo de gasto de las Entidades Locales

El Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Iñigo de la Serna, ha manifestado hoy su satisfacción por los datos sobre la evolución de los saldos no financieros de las Entidades Locales en los últimos tres años que, en su conjunto, ha pasado de una situación negativa en 2010 (-1.441 millones de euros) a una situación positiva de 7.271 millones de euros en 2013. Esta evolución favorable de 8.712,80 millones de euros “consolidan al sector público local como el espejo en el que deben mirarse las autonomías y la Administración General del Estado”. Y es que, a juicio, del también Alcalde de Santander, “las Entidades Locales han dado un golpe de timón logrando en tres años convertirse en referente para el resto de Administraciones”.

De la Serna ha hecho estas manifestaciones tras conocer las cifras hechas públicas hoy por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y que, en su opinión, “son el aval perfecto” para que el Gobierno acceda a la solicitud de la FEMP de flexibilizar el techo de gasto de las Entidades Locales.

Asimismo, hoy se ha publicado por vez primera de forma individual el saldo presupuestario de todas y cada una de las Entidades Locales de España. En opinión del Presidente de la FEMP, este hecho supone “un ejercicio de transparencia al que debería sumarse también el resto del sector público” ya que la ciudadanía tiene “derecho a conocer cómo gestionan las Administraciones el dinero público”.

En este sentido, ha señalado que el sector público local no está escatimando recursos ni poniendo palos en la rueda para convertirse también en un referente en transparencia, algo para lo que desde la FEMP se está trabajando para ayudar a todas las Entidades Locales, especialmente a las más pequeñas, a poder dar cumplimiento a todas estas obligaciones.

Compromiso con España

De la Serna ha recalcado, además, que “el compromiso municipal con el crecimiento de España ha sido acicate para lograr revertir una situación que en 2010 era negativa (-1.441 millones de euros) a una positiva en 2013 (7.281 millones de euros)”. Es más, ha indicado que las EELL con saldos positivos se han incrementado en tres años un 60% y los importes se han multiplicado por 4,6%, pasando de 1.711 millones en 2010 a 7.452 millones en 2013.

En el conjunto de las Entidades Locales, el número que hoy presenta saldo presupuestario negativo se reduce casi a la quinta parte, pasando de 3.559 a 773. Por importe, se reduce incluso un 94%, pasando de -3.162,2 millones de euros en 2010 a sólo -179,9 millones de euros en 2013.

En consecuencia, el Presidente de la FEMP reclama que “los resultados de unos pocos -773 EELL con saldos negativos- no eclipsen el magnífico trabajo realizado por todas, incluidas éstas últimas”.

Nueve de cada diez Ayuntamientos, en superávit

De la Serna ha incidido en que el conjunto de la Administración Local española cerró los años 2012 y 2013 con un superávit del 0.22% y del 0.41%, respectivamente, cifras por encima del 0% establecido como objetivo y con las que “el déficit del conjunto del sector público pudo situarse en los márgenes determinados por Bruselas”. “Ahora, nueve de cada diez Ayuntamientos tienen superávit, y eso es algo que no pueden decir ni la Administración Autonómica ni la General del Estado”.

Añadió que la deuda local sigue bajando y que ya alcanzó su objetivo anual del 4% en el primer trimestre de este año, “siguiendo una evolución que apunta claramente al cumplimiento sin dificultad de los objetivos de 3.9%, 3.8% y 3.6% marcados por el Gobierno para 2015, 2016 y 2017.

El esfuerzo realizado para alcanzar esta situación ha obligado a la Administración Local a ajustar sus gastos, incluso ante ingresos que se han visto reducidos, “sin dejar de prestar sus servicios a los ciudadanos con calidad y eficiencia”, y así se ha venido reconociendo desde el propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, según se nos ha manifestado en cada una de las Comisiones Nacionales de Administración Local que se han venido celebrando”.

Central de Contratación

Finalmente, De la Serna ha hecho hincapié en que las Entidades Locales van a seguir trabajando para reducir sus gastos y seguir “ayudando a consolidar la senda de la recuperación ya iniciada”. En este punto, ha indicado que la Federación Española de Municipios y Provincias está aportando su granito de arena a través de “la implementación de su Central de Contratación que proporciona a los Gobiernos Locales una plataforma para ahorrar costes y simplificar sus procedimientos de contratación”.

El objetivo de la Central de Contratación es que las Entidades Locales que se adhieran a la misma tengan un protagonismo enorme en la selección final del contratista, pero reduciendo al máximo posible la carga administrativa asociada a todo el proceso de contratación, con respeto máximo a los principios de transparencia, competencia y no discriminación.

De la Serna ha puesto de relieve que desde su creación, la Central de Contratación ya son 313 Entidades Locales las que han confiado en la Central de Contratación de la FEMP, formalizando su adhesión a la misma. Si a esta cifra se añaden las Entidades Locales que ya hacían uso con anterioridad de alguno de los servicios actualmente centralizados, la cifra asciende a 526 Entidades Locales. Pero no sólo es importante el volumen de Entidades Locales adheridas sino el impacto territorial que ello significa, que se traduce en una representación de casi 18 millones de habitantes repartidos en todas las Comunidades Autónomas, alcanzando, en alguna de ella, un porcentaje de adhesiones que supera el 40%.

Fuente: FEMP

El PP critica a Asturias por suavizar la reforma local pero hace lo mismo en siete comunidades

Los barones del partido evitan retirar competencias a los municipios, como pide Hacienda, para no asumirlas y tener que financiarlas.

"Es un documento irregular e ilegal", dijeron los populares del decreto del Principado.

“Un documento irregular e ilegal”, “un mal parche”. El diputado autonómico Matías Rodríguez Feito fue muy directo hace dos meses al expresar la postura del Partido Popular asturiano sobre el decreto con el que el Principado adaptó –y suavizó— para su aplicación en la comunidad autónoma la reforma de las administraciones locales aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy a finales de 2013. Lo que calló el parlamentario, igual que todos los demás representantes del PP que han atacado en público la normativa, es que su propia formación ha aprobado iniciativas similares en siete de las regiones donde está en el poder, según el recuento publicado este lunes por el diario El Mundo. Todas se han sumado con ese gesto a la rebeldía de Asturias, Andalucía, Cataluña y País Vasco, cuyos ejecutivos consideran que los cambios introducidos por el Ministerio de Hacienda pondrían fin a los servicios sociales municipales y trasladaría su coste a las administraciones autonómicas.

En Asturias, el PP utilizó la decisión del Principado como munición para la tarea de oposición. Sus alcaldes se opusieron en la Comisión Asturiana de Administración Local –en la que se sientan representantes del Gobierno autonómico y de los ayuntamientos— al borrador del decreto finalmente aprobado a principios de julio. La normativa autonómica permite a los concejos seguir prestando las denominadas competencias impropias (las que ejercen sin que les pertenezcan y sin delegación expresa de otras administraciones) siempre que sus cuentas cuadren y consigan dos informes favorables del propio Principado, que no prevé negárselos a ningún concejo. Entre lo que podía eliminarse según la ley aprobada por el departamento de Cristóbal Montoro había tareas tan simbólicas como los servicios sociales de los 71 municipios menores de 20.000 habitantes al mismo tiempo que tareas menores que los ayuntamientos asumen por responsabilidad, como la limpieza de juzgados de paz o escuelas infantiles.

"AYUNTAMIENTOS REHENES"

Feito, que negó que la reforma de Montoro tuviera el propósito de arrebatar competencias a los municipios, cargó contra el presidente regional, Javier Fernández, por politiquear al seguir la línea nacional del PSOE contra Rajoy. “Los ayuntamientos se convierten rehenes de su irresponsabilidad, abandonados a su suerte, sintiéndose timados y manejados, ya que el decreto no garantiza la financiación de las competencias impropias ni la prestación de servicios por parte de los concejos, es decir, no garantiza la igualdad de todos los asturianos”, señaló.

Pero, allí donde gobierna y, por lo tanto, se vería forzado a financiar con los presupuestos regionales las competencias que dejaran de atender los ayuntamientos si la ley promovida por Hacienda se aplicara a rajatabla, el PP ve las cosas de otra manera más relajada. Son tesis cercanas al punto de vista expuesto por la consejera asturiana de Hacienda, Dolores Carcedo, al defender el decreto: “La ley es farragosa y ambigua. Confunde las cosas en lugar de clarificarlas”.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA BLOQUEADA

Aragón, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia han aprobado normativas similares para suavizar la reforma y, según la expresión utilizada en la normativa castellanoleonesa, “tutelar a sus municipios”. Siguiendo el ejemplo del País Vasco, que protegió a sus ayuntamientos con una ley, la comunidad vecina escogió esa fórmula para plasmar sus reticencias. Otras regiones se han conformado con decretos similares al asturiano. La batalla legal –muy cruda en 2012 y 2013, cuando en dieciocho meses llegaron a circular unos 40 borradores del proyecto de Hacienda— aún no ha visto su último capítulo. El Tribunal Constitucional tiene pendiente pronunciarse sobre un recurso planteado por el PSOE.

A Rajoy y Montoro les resultaría más fácil ganarse las voluntades de las comunidades si se decidieran a abordar la reforma de la financiación autonómica. La revisión del sistema estaba prevista para este año, pero el presidente le dio carpetazo a principios del verano al constatar la distancia entre la posición de su Gobierno y las aspiraciones, no siempre compatibles entre ellas, de los gobiernos regionales. El asunto ya está aparcado para toda la legislatura y eso ha decidido la desobediencia sobre la reforma local incluso de algunos de los barones populares. Algunos de los territorios gestionados por el PP están dispuestos a asumir de forma plena las competencias sobre la sanidad, la educación y los servicios sociales, pero para eso reclaman antes una subida de los recursos que manejan para poder pagar la factura. Y eso, sin tocar la financiación, resulta imposible.

Fuente: Asturias24

Gobierno y PSOE sacan la ley electoral de la negociación sobre regeneración

PP y PSOE tratarán en otro foro la reforma de la elección de alcaldes, cada vez más en el aire.

Tras casi tres horas de reunión en La Moncloa, el Gobierno y el PSOE han llegado a un principio de acuerdo para empezar a negociar las medidas de regeneración democrática y tenerlas listas antes de que acabe este periodo de sesiones, el 31 de diciembre. Pero ese acuerdo incluye apartar de la negociación el punto más polémico, que bloqueaba todo: la reforma de la ley electoral para cambiar la forma de elegir a los alcaldes. El PSOE mantiene su negativa y reclamó en la reunión que se excluyera este asunto de la negociación. Ante esta negativa, el PP aceptó sacarla de la ronda de contactos para impulsar su propuesta de  medidas de regeneración democrática, entre las que incluía inicialmente esta iniciativa.

Serán los partidos, en otro foro, los que discutan esta propuesta que cada vez queda más en el aire. El PP no renuncia aún a esa reforma y no aclara si está dispuesto a aprobarla en solitario, pero al sacarla de la negociación parlamentaria y llevarla a una mesa de partidos intenta que no bloquee el resto de la negociación. "Nosotros la mantenemos, pero como hay un rechazo claro y no queremos que bloquee los demás asuntos, la llevamos a una mesa de partidos que intentará desbloquear la situación". Esa mesa se pondrá en marcha inmediatamente, y analizará también otras iniciativas como la reducción de los gastos de las campañas electorales y otras propuestas de reforma de la ley electoral que han hecho otros partidos.

La reunión la han protagonizado en La Moncloa el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, y el nuevo portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando. La cita, la primera de este tipo después de la elección de la nueva cúpula socialista, ha sido muy positiva, según Alonso, porque ha servido para mostrar la "voluntad de acuerdo" que tienen los dos principales grupos de la cámara sobre un asunto clave, las medidas de regeneración democrática. Algunas ya están en tramitación hace más de un año y han sido prometidas una y otra vez por el Gobierno pero siguen sin ver la luz, y ahora hay un compromiso para rematarlas antes de final de año. Otras, como la reducción de aforados, son iniciativas nuevas que se tramitarán ahora. En cualquier caso Alonso asegura que no hay ninguna intención de reformar la Constitución para eliminar el aforamiento de diputados y senadores, como planteó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Una vez concluida la primera reunión clave con el PSOE, Ayllón y Alonso se citarán a partir de la próxima semana con el resto de grupos parlamentarios de la Cámara. El calendario para cualquier reforma lo había marcado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en unos dos meses, antes de que los partidos se centren en la precampaña electoral. Ahora se ha alargado hasta diciembre, pero con el objetivo de tenerlo resuelto antes de que empiece el año electoral.

Los socialistas insisten en que no aceptan cambiar la ley electoral a nueve meses de esos comicios. El Gobierno pide por el momento diálogo, que se escuchen las propuestas de todos, incluido el PP, y que se intente un acuerdo; pero no aclara si está dispuesto a cambiar finalmente el sistema electoral en solitario, sin el apoyo de la oposición.

Ayllón explicó antes de la cita que se trataba de retomar las conversaciones que ya tuvieron los grupos en marzo sobre dos proyectos de ley del Gobierno, el estatuto del alto cargo y la ley de control económico y financiero de los partidos políticos. Los partidos ya lanzaron entonces ideas y apuesta por retomar ese "clima de diálogo" y la "voluntad de acuerdo".

"La idea es que las leyes para mejorar la democracia es bueno que cuenten con aportaciones de todos", ha dicho. Y ha insistido en que el interés del Gobierno es "generar clima de diálogo suficiente para que todos presenten propuestas".

Hernando, por su parte, aseguró nada más acceder al cargo de portavoz socialista en el Congreso que esperaba un "diálogo amplio" y que sea "fructífero". No obstante, en la sesión de control al Gobierno este miércoles, Hernando reclamó a la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, que no avance en una reforma electoral en solitario y pidió "sentido de Estado" al Ejecutivo para no romper las reglas del juego en torno a los consensos básicos.

También lanzó un nuevo aviso el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien advirtió al  presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que si quiere hablar de regeneración política, "lo que tiene que hacer es dejar de pisotear" la ley electoral.

Fuente: El País

Siete barones del PP boicotean la reforma local del Gobierno

Ley de Racionabilidad y Sostenibilidad de la Administración Local.

Han impulsado leyes en los últimos meses para no financiar sus propias competencias.

La reforma local del Gobierno, concebida para clarificar el reparto de competencias entre comunidades y ayuntamientos, puede quedar sin efecto por el boicot de las autonomías a su aplicación. En apenas cuatro meses, entre marzo y julio de este año, hasta 11 regiones han aprobado normas específicas para intentar zafarse de la ley estatal. En siete de ellas -Castilla y León, Aragón, Galicia, La Rioja, Comunidad Valenciana, Murcia y Madrid- gobierna el Partido Popular. Las otras cuatro son País Vasco, Andalucía, Cataluña y Asturias.

La Ley de Racionabilidad y Sostenibilidad de la Administración Local estableció una nueva división de funciones siguiendo la filosofía de una Administración, una competencia. Los municipios han perdido la prestación de los servicios en educación, sanidad y servicios sociales, que no les correspondían y que pasan a ser exclusivos de la comunidad autónoma. Sólo en el caso de que se suscriba un convenio, con el que las regiones aporten su parte de dinero correspondiente, los ayuntamientos podrían seguir prestándolos.

Las normas impulsadas por las comunidades rechazan este nuevo estatus, al disponer que las competencias que venían prestando los municipios como propias, reguladas en leyes autonómicas de régimen local o en leyes sectoriales, continúen siéndolo, con independencia del cambio dispuesto por el Gobierno.

El Decreto 1/2014 de 27 de marzo aprobado por el Gobierno de Castilla y León no puede ser más clarificador. Su nombre es «de medidas urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos» en esta comunidad, ante la entrada en vigor de la reforma local. En él se apela al Estatuto de Autonomía para fijar que corresponde a la región «velar por los intereses financieros de los entes locales de su territorio y ejercer la tutela financiera sobre ellos».

El resto de leyes aprobadas son muy parecidas, siguiendo la estela de ésta y de la del País Vasco, que fue la primera. En todas se intenta obstruir la entrada en vigor de la Ley estatal, que obliga a las comunidades a financiar las competencias que son suyas pero que ejercen los ayuntamientos. La actuación de estas 11 regiones genera un grave conflicto jurídico, ya que están obligadas a cumplir la legislación estatal. De hecho, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Iñigo de la Serna, ya ha pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que actúe con contundencia ante estos claros intentos de contradecir la ley.

La reforma local tardó más de un año y medio en salir adelante y acumuló más de 40 borradores antes del texto definitivo. Pero con su aprobación, en diciembre de 2013, no se acaba la batalla. Los socialistas han planteado un recurso de inconstitucionalidad porque, sostienen, merma la autonomía municipal. Sin embargo, no estaba en el guión la oposición de las comunidades del PP.

En el fondo del conflicto radica el debate en torno a una nueva financiación autonómica. La pasada primavera, cuando se aprobaron las leyes que boicotean la reforma, algunos dirigentes aún albergaban la esperanza de un cambio del sistema. Pero el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha cerrado todas las puertas con el anuncio de que el modelo de financiación no se modificará esta legislatura.

En las leyes de boicot aprobadas por las distintas comunidades incluso se apunta a este problema. Aunque la ley estatal regulaba un calendario para que los gobiernos regionales asumieran todas las competencias en educación, salud y servicios sociales, las normas autonómicas decretan que esto no se producirá (seguirán en manos de los ayuntamientos) hasta que no haya un nuevo sistema de financiación.

Fuente: El Mundo