ISSN: 2695-4621
El diputado cree que se busca convertir a los ayuntamientos en gestores de las privatizaciones.
El líder de Izquierda Abierta anuncia una cumbre de izquierda europea y local en Madrid.
Gaspar Llamazares, diputado nacional de Izquierda Unida y líder de Izquierda Abierta, denuncia que la reforma municipal anunciada por el Partido Popular "persigue la voladura de la democracia local". A su juicio, "va a convertir los ayuntamientos en meros gestores de las privatizaciones; a los plenos, en consejos de administración; y a los alcaldes, en caciques". Así lo ha asegurado en una conferencia de prensa celebrada este miércoles en el Ateneo madrileño, en la que ha anunciado, asimismo, la convocatoria, el 19 y 20 de septiembre en Madrid, de unas jornadas de reflexión política desde la izquierda local y europea, a las que han sido invitadas formaciones políticas como la griega Syriza, el Frente francés de Izquierdas, de Jean Luc Mélenchon, o Podemos, entre otras.
Llamazares invita a todos los municipios y a todos los demócratas a la "rebelión democrática y al boicot" contra la reforma de los municipios promovida por el Partido Popular; califica de "paripé" los supuestos deseos de negociarla —"se trata de una imposición, no de una negociación"— y reitera que, con el proyecto de reforma del Código Penal, el PP se propone eliminar, en clave represiva, las protestas democráticas contra la propia reforma, contra la precarización, las privatizaciones y las agresiones contra las conquistas democráticas.
"Si la democracia local fue la punta de lanza de la Transición, ahora para el PP es la punta de lanza de su propio blindaje antidemocrático y de la involución en los gobiernos municipales", ha expresado. Más adelante precisó que la propuesta de una segunda vuelta, contemplada en la reforma del PP, "se trata más bien de una nueva vuelta de tuerca contra los derechos de la ciudadanía, al eliminar la pluralidad y la participación ciudadana en los ayuntamientos".
Niega Llamazares que España asista a una recuperación económica —"asistimos a la continuidad de la precarización"— y alerta de que los recortes de 50.000 millones de euros que el Gobierno del PP se propone acometer "lo van a hacer a costa del desmontaje del Estado social". La reciente comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre el caso Jordi Pujol, "pasará a la historia del teatro parlamentario", según Llamazares, para quien "el ministro se convirtió en fiscal de un fraude si bien en otros casos fraudulentos adopta el papel de abogado defensor, como en el caso Bárcenas o respecto a la amnistía fiscal".
El diputado precisó que "una cosa es el fraude del señor Pujol y otra bien distinta, las aspiraciones democráticas en Cataluña, cuestiones que Montoro mezcló a conciencia". Subrayó, además, que "hay partidos cómplices del enriquecimiento ilícito de familiares de políticos" y denunció "que, ante hechos de esta naturaleza, esos mismos partidos se niegan a emprender inhabilitaciones".
A propósito de la posible candidatura de Juan Carlos Monedero como alcalde de Madrid por Podemos, Llamazares dijo tener "la mejor opinión sobre él" —fue su asesor durante varios años— y admitió que es una "persona políticamente importante", si bien precisó que "la reconstrucción de la democracia local no sería suficiente solo con personalidades, sino con el protagonismo de la gente". En este sentido, Gaspar Llamazares preconiza candidaturas mestizas y listas abiertas para las próximas elecciones municipales.
Fuente: El País
Los 40 alcaldes imputados empiezan a declarar hoy ante la juez de Sabadell.
La FMC pagó 300.000 euros en dietas a 44 alcaldes en dos años.
La Fiscalía Anticorrupción está dispuesta a rebobinar para aclarar desde cuándo la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) paga, presuntamente, sobresueldos a sus alcaldes. Por eso ha pedido que dos personas que ocuparon el cargo de presidente antes de 2004 —Manel Mas, exalcalde de Mataró, y Joaquim Nadal, exalcalde de Girona y exdirigente del PSC— presten declaración como testigos ante el juez que investiga los pagos irregulares a ediles en una pieza separada del caso Mercurio, de presunta corrupción en Sabadell.
En un escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS, el fiscal Fernando Bermejo pide, además de otras ocho diligencias, que Mas y Nadal “sean citados como testigos a fin de aclarar cuál era el régimen jurídico de las dietas” que imperaba en la Federación antes de 2004, año en que Manuel Bustos asumió la presidencia. Entonces, en “una reunión de carácter político”, Bustos —imputado en el caso Mercurio— y los vicepresidentes Antoni Soy, Lluís Tejedor y Lluís Miquel Pérez acordaron el régimen para fijar las dietas del comité ejecutivo.
La juez investiga los pagos presuntamente irregulares que, durante 2011 y 2012, recibieron 40 alcaldes catalanes de todos los colores políticos. En solo dos años, los ediles percibieron unos 300.000 euros brutos por supuestas dietas que eran, según los investigadores, sueldos encubiertos. La entidad les abonaba “una cantidad dineraria fija mensual” que nada tenía que ver con la asistencia a reuniones o a comisiones.
Hoy empiezan a declarar, como imputados, algunos de los alcaldes involucrados. El exsecretario general de la FMC, Adolfo Moreno, y el expresidente del ente, Manuel Bustos, inician la ronda de declaraciones. Tras ellos tendrán que dar explicaciones ante el juez los alcaldes de Solsona (David Rodríguez), Mataró (Joan Mora), L’Hospitalet de Llobregat (Núria Marín), Reus (Lluís Miquel Pérez), El Prat de Llobregat (Lluís Tejedor), Manlleu (Pere Prat), Centelles (Miquel Arisa) y Girona (Anna Pagans). El resto lo harán en los próximos días.
Por otra parte, Bustos, también ex alcalde de Sabadell, formalizó ayer su abandono de la política, anunciada hace dos meses, a raíz de los escándalos judiciales. Bustos renunció a su cargo como concejal en esta ciudad durante el pleno municipal, al que no asistió. A final de mes deberá abandonar la Diputación de Barcelona.
Fuente: El País
El Grupo Socialista en el Parlamento extremeño entiende que las entidades locales menores "serán las más perjudicadas" de llevarse a cabo la posible reforma electoral que plantea el Partido Popular.
El coordinador del área de administración local del Grupo Socialista en la Cámara regional, Alfredo Escribano, ha calificado esta reforma "como una ocurrencia más que el PP" pretende hacer tragar "como norma de fe".
Así de tajante se ha mostrado antes de la reunión que representantes del Grupo Parlamentario Socialista han mantenido este lunes en Mérida con miembros de la Federación de Entidades Locales Menores de Extremadura, a su juicio, "las más dañadas por la actual situación económica".
De este modo, sobre esta reforma electoral, Escribano ha señalado que "la verdadera regeneración democrática pasa por otorgar mayor representación a la ciudadanía", según ha informado el Grupo Parlamentario Socialista en nota de prensa.
El socialista ha declarado también que su grupo lleva "mucho tiempo" de trabajo en el área de administración pública, donde analiza las consecuencias "que tendría una posible reforma de la Ley de Entidades Menores", así como el impacto que la nueva de Administración Local tendrá en las mismas.
Por su parte, el presidente de la Federación de Entidades Menores de Extremadura y alcalde de Gargáligas, Antonio Asensio, ha reconocido que el PSOE "ha sido el más receptivo a la reunión, ya que es "el primero" de los cuatro grupos en recibirlos.
También Asensio ha señalado que acuden a la misma con el ánimo de conocer la posición del Grupo Parlamentario Socialista ante la "inminente" aplicación de la Ley de Administración Local, y ha manifestado que las entidades menores "deben tener mayor peso en las decisiones y representación en las instituciones"
Fuente: región digital
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha evitado este lunes aclarar si el Ejecutivo está dispuesto a aprobar en solitario, sin el apoyo del PSOE y otros grupos, la reforma electoral local para que gobierne el alcalde más votado.
En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, a Sáenz de Santamaría se le ha preguntado hasta en cuatro ocasiones si el Gobierno está dispuesto a valerse de la mayoría absoluta del PP en el Congreso para aprobar esta reforma, pero ella ha replicado que el Ejecutivo quiere debatir y no adelantar el resultado final de ese debate.
Eso sí, la vicepresidenta ha reprochado al PSOE que ahora se niegue a debatir sobre la elección directa del alcalde, cuando en 1998 presentó una proposición de ley "redactada" sobre el asunto y ha añadido "algunos de los que ahora dicen no hace menos de dos meses decían sí, pero si es este sistema". Aludía así a palabras del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que a principios de julio afirmaba que en todo caso una elección directa de alcalde podría ser a dos vueltas.
Sáenz de Santamaría ha recalcado que muchos grupos políticos han pedido en el Congreso distintas reformas de la ley electoral, incluso durante sus reuniones sobre otras propuestas de calidad democrática y se ha preguntado "por qué el PP no puede llevar la suya".
Así, ha pedido a los grupos políticos que se sumen al debate y expresen sus posiciones. En su opinión, no todos están en contra y lo que hay que hacer es "analizar bien" la situación.
Según sus palabras, a lo que está dispuesto el Gobierno es a convencer, tanto a los grupos como a los ciudadanos, de que la reforma que planea el Ejecutivo es "algo positivo", porque el alcalde es la figura a la que conocen los vecinos y porque, a su juicio, "llama poderosísimamente la atención que alcaldes mayoritariamente votados por los vecinos no gobiernan porque pactan tres partidos, o cuatro o cinco".
Fuente: Europa Press
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Córdoba, denunció ayer que la Ley de Reforma de la Administración Local es "un ataque a la autonomía municipal consagrada en el Artículo 140 de la Constitución, pues no se ha podido abrir ninguna mesa de negociación colectiva con el Gobierno para discutir y presentar propuestas, como se había hecho en mayor o menor grado hasta el momento ante leyes de este calado".
El secretario general del sindicato provincial de Servicios a la Ciudadanía, Luis Mena, explicó que "esta reforma de los ayuntamientos que esta llevando a cabo el Gobierno del PP es centralizadora e invasora de competencias autonómicas y municipales, y contraviene la Carta Europea de la Autonomía Local ratificada por España".
Además, cree que con esta reforma no se reducirá el déficit público, ya que la deuda de los ayuntamientos apenas supone un 5% de la deuda total de las administraciones públicas y, de ese porcentaje, la mayor parte recae en un número muy limitado de grandes municipios. Por ello, "estamos ante un capítulo de recortes a las administraciones en beneficio de los intereses económicos privados, pasando a un segundo plano el beneficio y la rentabilidad social de los servicios públicos".
El sindicato afirmó que esta enmienda no solo desatiende la reivindicación histórica del municipalismo, sino que ahora las autonomías podrán decidir la prestación de un servicio municipal sin partida presupuestaria. Asimismo, aseguró que los servicios municipales serán más caros y supondrá la pérdida de más de 1.400 empleos en el sector público y empresas propias de la administración local de Córdoba en los próximos dos años. Además, los servicios públicos locales se irán traspasando a las diputaciones provinciales para que éstas lleven a cabo la privatización del servicio, apostilló Mena.
Fuente: Diario de Córdoba