Gobierno da dos meses para pactar las normas de regeneración e incluye la reforma electoral y la reducción de aforados

Acepta hablar del control de los indultos y quiere determinar cuándo debe dimitir un político implicado en corrupción.

El Gobierno ha confirmado que en próximos días convocará a los grupos parlamentarios para retomar el diálogo sobre los proyectos de ley de medidas de regeneración democrática que remitió hace meses al Congreso, pero también ha puesto tope a esas conversaciones dando dos meses de plazo para que en noviembre ya puedan empezar a debatirse y votarse en comisión con idea de aprobarlos antes de fin de año en la Cámara Baja.

Además, el Ejecutivo ha puesto más temas sobre la mesa y a los proyectos de ley que registró en su día, añade ahora la reforma electoral para cambiar el sistema de elección de los alcaldes, la reducción de aforados y la limitación de la protección, la introducción de mecanismos de control sobre los indultos y la determinación del momento en que un cargo político debe dimitir cuando se vea salpicado por la corrupción .

En un comunicado recogido por Europa Press, el Ejecutivo señala que, tras el paréntesis obligado por las elecciones europeas y los cambios en la dirección del PSOE, pretende retomar negociaciones y convocar a todas las fuerzas políticas a un gran pacto sobre las medidas legislativas de regeneración democrática en tramitación, es decir, los proyectos de Ley reguladores de partidos políticos y altos cargos, y las medidas procesales y penales de lucha contra la corrupción.

Para ello, abrirá un plazo de dos meses en los que se deberán desarrollar las negociaciones y la definición de propuestas, de forma que en noviembre pueda afrontarse la tramitación en Comisión de las Leyes y en diciembre sean aprobadas en el Congreso, cumpliendo el compromiso adquirido.

Por un lado, se hablara de medidas legislativas de regeneración democrática propuestas y en tramitación, como el proyecto de ley orgánica de control de la actividad económica financiera de los partidos (que revisa las vigentes leyes de Financiación de Partidos y del Tribunal de Cuentas), el Proyecto de Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del estado (que actualizará el régimen de incompatibilidad), y las medidas penales y procesales contra la corrupción (tanto el endurecimiento de las penas como la agilización de los procesos judiciales).

INCORPORACIÓN DE NUEVAS MEDIDAS

En el marco de la negociación sobre estas medidas legislativas, y de la búsqueda de acuerdos, el Gobierno está dispuesto a incorporar nuevas medidas entre las que se encuentra el "fortalecimiento del vínculo entre representantes y representados en el ámbito local", con la elección directa de alcaldes.

En este sentido, el Gobierno defiende que es una opción que forma parte del programa electoral de varias formaciones políticas en España. En su opinión, los gobiernos municipales deben responder a la voluntad mayoritaria de los vecinos del municipio, lo que, a su juicio, es una garantía, no sólo para una mayor estabilidad del Ayuntamiento, sino para una mejor representación de los ciudadanos y, en definitiva, el desarrollo de una gestión que responda verdaderamente a sus ideas e intereses.

Por otra parte, el Ejecutivo propone la limitación del aforamiento, en particular en lo referido a las causas penales, y en cuanto a su número, teniendo en cuenta que afecta a los tres poderes del Estado y se extiende también al ámbito de las comunidades autónomas. El Gobierno señala que, para ello es necesario definir un planteamiento equilibrado, en cuanto a los instrumentos jurídicos precisos y las implicaciones prácticas de las posibles modificaciones.

Del mismo modo, incluye aportar mayor transparencia a la concesión de indultos de forma que, sin alterar su concepción como medida de gracia que atiende a las circunstancias de la persona y no al tipo de delito, se pueda ampliar la rendición de cuentas y, con ello, el control y la confianza sobre las decisiones de indulto.

En cuanto a los procesos penales y responsabilidades públicas, sugiere la unificación de los criterios sobre el momento del proceso penal en el que un responsable debe abandonar su cargo público o ser excluido de las candidaturas electorales.

El Gobierno también ha incluido en el marco de negociación la posibilidad de fortalecer la participación de los ciudadanos en el proceso legislativo y su papel activo en la presentación de iniciativas legislativas populares, así como su intención de favorecer un acuerdo entre partidos para limitar los gastos derivados de las campañas  electorales, en lo que se refiere a publicidad exterior.

Fuente: Europa Press

El presidente de la FEMP acusa a las CCAA de blindarse contra la reforma local

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, acusa a las comunidades autónomas de blindarse contra la reforma local con leyes que impiden su entrada en vigor, porque no quieren asumir servicios que les corresponden y que ahora prestan los ayuntamientos.

En una entrevista con EFE, De la Serna admite su "enfado" por esta estrategia de los gobiernos regionales, que de una manera "abierta" están legislando sectorialmente para evitar cumplir con lo que les obliga la reforma, una facultad que los ayuntamientos "censuran" y por lo que ha pedido "auxilio" al Gobierno.

En este sentido, el también alcalde de Santander asegura que tiene el compromiso del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, de velar por que no exista "ningún tipo de ley" que pueda "limitar el alcance" de la reforma local y de que "va a actuar con contundencia para defender la reforma" que el propio Ejecutivo impulsó.

Uno de los grandes "avances" de esta reforma, en vigor desde enero, era el de delimitar las competencias que tiene cada administración y evitar así duplicidades, y sin embargo, denuncia, muchas comunidades "no quieren asumir que un servicio es de su competencia", que es su responsabilidad y que deben asimismo financiarlo, y "legislan para no tener que hacerlo".

Íñigo de la Serna asegura a Efe que los servicios se siguen prestando, aunque "parcialmente de una manera injusta", porque no se están aplicando los artículos de la reforma correspondientes a la financiación y la delimitación de competencias.

"Lo que hemos venido haciendo (los ayuntamientos) siempre lo estamos haciendo a lo largo de estos meses pero ya no debe suceder más", añade el presidente de la FEMP, que se pregunta "qué sentido tiene una reforma que busca una delimitación de competencias si luego una comunidad legisla para que las cosas sigan igual que siempre".

Recuerda De la Serna que han sido los ayuntamientos los que han cumplido mejor los objetivos de estabilidad presupuestaria, y de cada diez consistorios nueve tienen superávit.

Pero aclara que el buen estado de las arcas municipales no quiere decir que los ayuntamientos tengan que seguir asumiendo y financiando servicios que no les corresponden.

Contar con más recursos, añade, significa que los ayuntamientos están en "mejores condiciones" para mejorar progresivamente la calidad de los servicios los servicios que les corresponde prestar y al mismo tiempo reinvertir el dinero "ahorrado" para conseguir crecer.

Se trata en definitiva, explica, de que los ayuntamientos puedan destinar su superávit a inversión productiva que sea sostenible desde el punto de vista financiero, como así les permite el Gobierno, para mejorar la situación económica de sus municipios.

En la entrevista con EFE, el presidente de la FEMP admite que el retraso en el nuevo modelo de financiación autonómica condiciona también a los ayuntamientos, que no se pueden aún sentar a negociar con el Gobierno sobre la financiación local.

Confía en que, cuando llegue el momento, y si como pide la FEMP la financiación local se aborda de forma paralela a la autonómica, el Gobierno tenga en cuenta una demanda de los ayuntamientos: la de que puedan participar en mayor medida de los ingresos que genera la actividad económica en sus respectivos municipios.

"Parece lógico que haya una correspondencia entre el gran esfuerzo inversor que hacemos" en políticas culturales, sociales o turísticas, que favorecen la actividad, y la recaudación, ya que actualmente no existe tal retorno, señala.

Sí espera que con la nueva financiación autonómica se resuelvan cuestiones como la de los gastos del sistema educativo que asumen los ayuntamientos, como los de limpieza, seguridad o suministro energético de los colegios, cuando la enseñanza es competencia autonómica.

En cuanto al futuro de la reforma local, contra la que se han presentado diez recursos ante el Tribunal Constitucional, reconoce que hay "algunos indicios" de que al menos un aspecto -la facultad que se da a los gobiernos locales de aprobar planes de ajuste sin pasar por el pleno- pueda "ser inconstitucional", como indica el Consejo de Estado en su informe sobre la ley.

Pero añade que el Gobierno ya le ha comunicado su voluntad de modificar ese punto si fuese necesario.

De la Serna hace hincapié en una de las principales novedades que ha provocado la aplicación de la reforma, la central de contrataciones a la que se han adherido ya 500 municipios, poblados casi por 20 millones de personas, y que supondrá "un cambio histórico" en la prestación de servicios en España en términos de ahorro y de eficiencia.

Fuente: Lainformacion

Los datos contradicen las razones del PP para la reforma electoral

El Partido Popular ha lanzado su propuesta de reforma electoral para que gobierne el partido más votado en los Ayuntamientos con el argumento, entre otros, de que los Gobiernos de coalición son más corruptos que los formados por mayorías. De los 98 mayores Ayuntamientos de España, sólo 13 están dirigidos por Gobiernos de coalición y, entre estos, solo uno está afectado por un caso de corrupción. Es posible que, en caso de existir, las corruptelas de esta legislatura no se hayan desvelado todavía, pero lo cierto es que los grandes casos juzgados e investigados proceden de municipios dirigidos por gobiernos de mayorías, lo que contradice el argumento del PP.

Así lo señala además el investigador principal del Observatorio de los Gobiernos de Coalición de la Universidad de Barcelona, Josep Maria Reniu. “El compartir poder lleva a una mayor fiscalización y una menor arbitrariedad en la gestión de la cosa pública”, asegura Reniu, quien añade que otro de los motivos es la obligación de compartir información con los socios de gobierno mientras que en las mayorías, en ocasiones, se obstaculiza el acceso de la oposición a los datos. “El interés de los socios por tener unos buenos resultados les lleva a marcarse mutuamente”, asegura.

Los populares quieren imponer un cambio para que gobierne la lista más votada y evitar así pactos poselectorales locales e insisten en calificarlos de “golpes de Estado que se pactan en los despachos”, según las palabras del diputado Pedro Gómez de la Serna. La propuesta no se extiende a las comunidades autónomas.

Sin embargo, los datos analizados muestran que la corrupción no está ligada en especial a las coaliciones. De hecho, uno de los pactos municipales alcanzado tras las elecciones de 2013, el de Lugo entre el PSOE y los nacionalistas del BNG, se dinamitó después de que se destapara el sumario de la Operación Pokémon, que investiga a una red de empresas por sobornos a cargos públicos. Donde no se ha roto el acuerdo es en el municipio canario de Telde (101.300 habitantes), donde la alcaldesa, del PP, está imputada por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos por favorecer a un constructor. Su partido gobierna junto a Coalición Canaria y el Centro Canario Nacionalista. “El caso viene de atrás, de cuando el PP gobernaba con mayoría”, puntualiza el teniente alcalde, Pablo Rodríguez, de Coalición Canaria.

Numéricamente, el PP no tiene, atendiendo a los datos de los últimos comicios de 2011, argumentos para sostener que es necesaria una reforma urgente del sistema electoral por un problema de gobernabilidad, ya que el 80% de los municipios están en manos de mayorías absolutas. Aunque el PP niegue que la reforma que plantea tenga un objetivo electoral, se prevé una mayor fragmentación del voto para los próximos comicios de mayo de 2015.

El paradigma de la corrupción en España surgió en Marbella del gobierno mayoritario del fallecido Jesús Gil. La parte municipal del más destacado caso de entre los que se investigan actualmente, el caso Gürtel, surgió de municipios madrileños gobernados por mayorías, en este caso del PP, como Majadahonda, Pozuelo de Alarcón o Boadilla del Monte. También incluido en el caso Gürtel se investiga una presunta corrupción municipal por la que está imputado el exconcejal de Hacienda de Toledo, Lamberto García Pineda, extesorero del PP de Castilla-La Mancha, por una posible donación recibida por la firma de los contratos por la recogida de basura.

En Orihuela (Alicante), nueve de sus 25 concejales están imputados. El Ayuntamiento está regido por un gobierno de coalición formado por el PSOE y Los Verdes pero las imputaciones recaen en concejales del PP por una operación aprobada en la anterior legislatura, cuando los populares obtuvieron mayoría absoluta. Sobre ese mismo gobierno de mayoría se destapó otra de las grandes causas vivas hoy en los juzgados; el caso Brugal, también por concesiones. Otros casos menores han salpicado a gobiernos de mayorías, como el juicio que en 2010 llevó a varios concejales de Torrejón de Ardoz (Madrid) al banquillo, por un presunto delito de prevaricación, o el caso Quality Food, que investiga en Cádiz el desarrollo de una empresa para el saqueo de dinero público.

En Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), el exjuez Baltasar Garzón decretó en 2009 prisión para nueve ediles por la llamada Operación Pretoria, cuya investigación sigue abierta en la Audiencia Nacional con el exalcalde del PSC de la localidad como uno de los principales imputados. La propia Operación Pokémon afecta a localidades con mayorías absolutas, como Santiago —cuyos dos últimos alcaldes, del PP, han dimitido—, A Coruña, o Ferrol Boqueixón, O Carballiño, Cospeito en Galicia. También en gobiernos coaligados como el gallego de Ordes o el asturiano San Martín del Rey Aurelio.

 Tránsfugas y democracia

La medida que mejor ha servido en los Ayuntamientos para evitar que se altere la voluntad de los ciudadanos en las urnas ha sido el pacto antitransfuguismo. Se firmó por primera vez en julio de 1998 y renovó en dos ocasiones (2000 y 2006) por las 16 principales fuerzas políticas del país, encabezadas por PP, PSOE, IU, CiU, ERC, PNV y BNG, para “fomentar y consolidar la conciencia social del carácter inadmisible y la naturaleza políticamente patológica de tales comportamientos, incompatibles con el sano funcionamiento de una democracia representativa en el nivel local”.

El acuerdo pretende evitar que intereses oportunistas cambien mayorías electorales y ha permitido la creación de la figura de los “concejales no adscritos”, de manera que los tránsfugas tienen vetada la integración en ningún otro grupo político y prohibidas las retribuciones que van a los partidos. Las dudas que surgen sobre qué miembros de una lista han incurrido en tales prácticas se dirimen en una comisión adscrita al Ministerio de Hacienda que no se ha reunido desde el 27 de diciembre de 2010 porque esas prácticas han ido desapareciendo de la vida municipal.

Sin embargo, el PP insiste en que es necesaria la reforma electoral para garantizar la gobernabilidad, y, como dijo el viernes la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, “fortalecer la democracia”. La coordinadora del PP en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, incluso ha ido más allá al decir que quien se opone a la elección directa “atenta contra la democracia”, argumentando que los partidos coaligados se “venden al mejor postor y negocian las alcaldías en los despachos”.

Radiografía del mapa local

Un estudio de la Universidad de La Laguna (Tenerife) de 2013 cifró en 676 el total de los casos de corrupción urbanística que afectaban a otros tantos Ayuntamientos entre 2000 y 2010.

El informe desveló que el 44% de los casos afectaban a municipios gobernados por el PP, el 31,2% a los dirigidos por el PSOE, el 2,7% a gobiernos de IU y un 22,3% a partidos autonómicos, nacionalistas, regionalistas y locales que son, habitualmente, protagonistas de los gobiernos de coalición municipales.

De las 17 comunidades autónomas, sólo cuatro no han registrado nunca un gobierno de coalición: Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y Murcia. En todas las demás autonomías ha sido necesario, en alguna ocasión desde el inicio de la democracia, recurrir a pactos postelectorales que permitieran la gobernabilidad.Actualmente, cinco autonomías están gobernadas por coaliciones (Aragón, Andalucía, Cataluña, Canarias y Navarra). El PP participa en una de ellas (Aragón).

El 80% de los gobiernos de los 8.116 Ayuntamientos españoles tiene mayoría absoluta. De ellos, en 35 capitales de provincia los alcaldes gozan de mayoría absoluta. El PP fue el más votado en 40 de las 50 capitales y con 8,4 millones de votos en las últimas elecciones municipales, tiene 26.499 concejales. El PSOE tuvo 6,2 millones de votos, y 21.767 concejales.

En 32 diputaciones provinciales hay gobiernos de mayorías absolutas (25 del PP, seis del PSOE y dos de CiU).

Fuente: El País

La Junta de Castilla y León niega haberse blindado con ley ante la reforma local nacional

El portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha negado hoy que esta Comunidad se haya "blindado" contra los efectos de la reforma local aprobada a nivel nacional en la distribución de competencias entre las administraciones locales y la autonómica.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Castilla y León, De Santiago-Juárez se ha referido a las palabras del presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, de su mismo partido, quien en una entrevista con EFE ha mostrado su "enfado" por el blindaje que en su opinión han realizado las comunidades autónomas ante la reforma local.

"Nuestra ley está dentro del marco constitucional", ha sentenciado el portavoz, quien ha recordado que el propio Gobierno central "no ha planteado objeción" alguna a la regulación aprobada en Castilla y León para desarrollar la ley estatal promovida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

"Es plenamente constitucional, no blinda nada sino que la desarrolla", ha argumentado sobre el Decreto-ley aprobado por la Junta y convalidado por las Cortes de Castilla y León con el acuerdo del PP y el PSOE, para adaptar la reforma local estatal y dar garantía a la prestación de los servicios por parte de los Ayuntamientos.

Fuente: La Vanguardia