Susana Díaz ante la reforma electoral: "El Gobierno quiere hacer una ley para que los alcaldes del PP no pierdan"

La presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha tachado este miércoles de "barbaridad" la intención del Gobierno de "cambiar las reglas del juego al final del partido" al proponer una reforma electoral de cara a las elecciones municipales, de forma que ha interpretado que su intención es "hacer una ley para que los alcaldes del PP no pierdan".

"Soy partidaria siempre del diálogo y pienso que a este país le sobra la bronca, le sobra la crispación y lo que le hace falta es acuerdo y entendimiento", ha explicado Díaz, para quien el PP "quiere sólo sacar adelante una norma contra todo el mundo" en lugar de buscar "una norma para interés general".

En declaraciones a los periodistas en Terque (Almería), la presidenta ha instado a hablar "en el momento adecuado" de medidas de este tipo en lugar de buscar "el descuente de un partido" en el que el PP "tiene el marcador en contra" porque "sienten que sus alcaldes" pueden "pagar en las urnas" el "sufrimiento" y "daño provocado a las familias" por la acción del Gobierno en las próximas municipales.

Díaz ha mostrado su desaprobación ante este procedimiento, puesto que considera que haría "un gran daño" a la "convivencia" y a la "democracia" acabar con una reforma electoral "sacada adelante con el rodillo de una mayoría absoluta frente a la voluntad del resto". "Creo que es un síntoma evidente de que se está poniendo el interés del PP por encima del conjunto de los ciudadanos", ha apostillado.

No obstante, la presidenta ha señalado que una reforma de este tipo podría incluso "venir bien" al PSOE, que en las últimas municipales "ganó en 56 ayuntamientos en los que hoy no gobierna" porque "hubo un punto de entendimiento entre dos fuerzas políticas ideológicamente muy distantes" que "fueron capaces de llegar a un acuerdo" pese a que "la democracia no funciona así".

"No estoy pensando en que en esos 56 ayuntamientos en los que ganó el PSOE pudiera la democracia funcionar así, sino en que las reglas del juego y la democracia se tienen que fortalecer desde el diálogo y desde el entendimiento", ha añadido Díaz, quien se ha cuestionado si los candidatos del PP actuan por "temor" a que las medidas del Gobierno central puedan repercutir en los resultados de los comicios locales.

De igual modo, la líder del PSOE-A ha trasladado su apuesta por la autonomía local, con lo que ha pedido al Ejecutivo central que "recapacite" sobre la reforma local para mantener la "igualdad de oportunidades" entre los ciudadanos que residen en pequeños municipios y cuyos alcaldes "necesitan el apoyo de la Administración".

Fuente: Europa Press

Álava dice que el anteproyecto de ley Municipal del Gobierno Vasco se “carga” las diputaciones

El diputado general de Álava ha insistido en que el Consejo Vasco de Finanzas no tiene por qué decidir cómo se financian los ayuntamientos alaveses.

El diputado general de Alava, Javier de Andrés (PP), ha censurado este martes el anteproyecto de ley Municipal elaborado por el Gobierno vasco porque según ha dicho se "carga" la capacidad decisoria de las entidades forales en materia de financiación local.

De Andrés ha comparecido en rueda de prensa para presentar las alegaciones de la Diputación alavesa al citado anteproyecto de ley, que en sus palabras limita el papel de las diputaciones a una "mera agencia de cobro de impuestos".

En concreto ha discrepado con la capacidad decisoria que el texto da a Eudel en el marco del Consejo Vasco de Finanzas, donde están también las tres diputaciones y el Gobierno vasco, y que permite a la Asociación de Municipios Vascos tener voz y voto cuando les afecte la distribución de ingresos generados por tributos.

El diputado foral ha censurado que la presencia decisoria de los municipios recaiga en una asociación que no es elegida directamente por los ciudadanos, pero no ha querido desvelar cuál es la fórmula que la Diputación plantea.

Ha insistido en que el Consejo Vasco de Finanzas no tiene por qué decidir cómo se financian los ayuntamientos alaveses y ha asegurado que para eso ya están las Juntas Generales.

En opinión de De Andrés, el texto del anteproyecto de ley supone una pérdida competencial para las diputaciones en materia de distribución del dinero en las instituciones locales y también "diluye" el papel de las entidades forales en el Consejo Vasco de Finanzas.

El diputado general alavés ha asegurado que de esta manera es más "difícil" defender los intereses del territorio, algo que le "preocupa" y le "disgusta", al tiempo que ha insistido en que las decisiones en materia de financiación local deben ser acordadas en cada territorio.

De Andrés ha opinado también que se observa una "voluntad" de suprimir competencias que tradicionalmente habían gestionado las diputaciones a favor del Gobierno vasco y que el texto del anteproyecto "adolece" de falta de precisión en la limitación competencial, cuando ése debería ser su principal objetivo.

También ha puesto el acento en el hecho de que el anteproyecto olvida de forma "grosera" órganos como los concejos alaveses, lo que demuestra el "desconocimiento" del Gobierno vasco del ordenamiento local de Alava.

De Andrés ha opinado que la Ley Municipal debería "surgir del acuerdo" entre las diputaciones forales y que en ella se establecieran con "claridad" las competencias de los diferentes niveles administrativos.

Ha asegurado que el sistema municipal "funciona bien" y que aunque puede ser mejorado no se debe hacer "tabla rasa" de lo que existía hasta ahora. También ha opinado que existen en el texto "importantes errores" que deben subsanados y no ha dudado en avisar de que acudirá a la Comisión Arbitral si no es así.

La Diputación de Alava ha presentado 24 folios con sus alegaciones a diversos artículos de este anteproyecto que está previsto que sea aprobado en septiembre por el Consejo de Gobierno para su posterior remisión, en otoño, al Parlamento autonómico para su tramitación.

Fuente: El País

Organizaciones ciudadanas y partidos lanzan un pacto por el agua pública

La propuesta pretende dejar el abastecimiento al margen de leyes de mercado.

Andalucía ha cogido el relevo de una carrera iniciada en Aragón, donde casi una veintena de entidades han firmado un compromiso para dejar el agua al margen de las leyes del mercado. Organizaciones ciudadanas, ecologistas y otras plataformas andaluzas, así como partidos políticos, preparan ya una propuesta similar, un pacto para que este recurso esté siempre en manos públicas.

“Es necesario crear un amplio consenso a través de un pacto en el que se definan y acuerden los fundamentos y las reglas básicas del modelo: eficacia, transparencia, rendición de cuentas y participación social”. Es la explicación de Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), una de las entidades promotoras del gran acuerdo.

La intención ha sido secundada por entidades ciudadanas en diferentes puntos de Andalucía, desde la Coordinadora del Agua de Jerez (Cádiz) hasta la plataforma Agua y Desarrollo de Priego (Córdoba), pasando por partidos políticos, como Izquierda Unida, que ha liderado en la localidad cordobesa de Lucena la vuelta del servicio a manos municipales, o el PSOE. Esta formación asumió en Sevilla esta bandera desde que en 2007 impulsó el regreso a una gestión pública de Aguas del Huesna, una entidad que abastece a través de 250 kilómetros de red a 22 municipios dispersos y de entre 300 y 50.000 habitantes.

El pacto persigue dos objetivos fundamentales. Uno es frenar la ofensiva de las empresas privadas por hacerse con los servicios en los pueblos, donde anticipan fondos que los Ayuntamientos necesitan a cambio de los recibos del agua de las próximas décadas (fórmula conocida como canon concesional). La segunda meta es conseguir la sostenibilidad económica, social y ambiental del ciclo del agua.

El antecedente está en Zaragoza, donde la Red Agua Pública de Aragón, ha conseguido la firma de los tres partidos que gobiernan la capital aragonesa (PSOE, IU y Chunta Aragonesista), 13 organizaciones sociales y dos fundaciones en un “compromiso social y político por la gestión pública y participativa del agua”.

Los objetivos básicos son que la gestión y tratamiento del agua sean considerados un servicio de “acceso universal, participado y vinculado a los derechos humanos”. Este compromiso no es una mera declaración de principios, ya que supone cambios en las organizaciones responsables de este escaso recurso en España, como la creación de un órgano regulador participado por las organizaciones sociales.

Los principios básicos del pacto por el agua pública son seis. El primero es que el agua es un bien público y que los servicios de abastecimiento y saneamiento están vinculados a derechos humanos y, por lo tanto, deben ser de acceso universal. Ninguna organización discute el primer aspecto, pero la forma de llevar a cabo el segundo, como los cortes de suministro por impago, anula en numerosas ocasiones la consideración del recurso como un derecho sobre un bien de todos. En este sentido, el acuerdo establece que el agua “no debe ser gestionada desde la lógica del mercado, sino desde nuevas formas públicas y participativas, sin ánimo de lucro, como servicios de interés general”.

El segundo punto del acuerdo considera “justo y necesario” que servicios de agua y saneamiento sean municipales y no se vean afectados por los recortes de competencia que supone la nueva normativa de régimen local promovida por el Gobierno.

En línea con la resolución de la Unión Europea, el pacto por el agua se ampara y defiende la resolución de Naciones Unidas que declara el agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial.

El acuerdo reclama una gestión integral y coordinada de los servicios, evitando la dispersión y atomización de entidades responsables de un bien común.

El modelo de gestión que se propone es 100% público, frente a las numerosas propuestas de empresas mixtas (municipales y privadas), “transparente y participativo”. Este planteamiento supone que la información responda a indicadores “significativos y comprensibles” fijados por un consejo regulador o un observatorio independiente con capacidad de control y representación.

El sistema tarifario que prevé el acuerdo es “justo”, “equitativo” y capaz de garantizar el acceso a servicios de alta calidad, independientemente de los recursos del ciudadano. Del mismo modo, el precio debe asegurar la sostenibilidad financiera del servicio, incentivar el ahorro y penalizar el derroche. “Los fondos recaudados por las tarifas o cualesquiera otros vinculados al servicio de agua y saneamiento deberán dedicarse a garantizar la gestión eficiente del mismo, realizar las inversiones precisas y asegurar el acceso universal al servicio”, concluye el pacto.

Experiencias de marcha atrás

“Lo hemos conseguido”, afirma satisfecho el teniente de alcalde de Urbanismo de Lucena (Córdoba), Miguel Villa, de Izquierda Unida, quien logró que 18 concejales del PSOE y PP reticentes a la remunicipalización del servicio de agua, tras 25 años en manos privadas, se sobrepongan a la presión de las empresas y devuelvan la gestión del servicio a los vecinos.

“La clave es la claridad ideológica. El agua no puede regirse por criterios de empresa”, explica Villa, quien resalta que el segundo elemento fundamental para recuperar el agua es “saber que, por muchos trajes que se pongan, las multinacionales no son invulnerables”.

Las consecuencias han sido beneficiosas para los vecinos, según el concejal, quien detalla que en seis meses, la empresa municipal ha conseguido 285.000 euros de beneficios, un 25% más de los declarados por la empresa privada en todo su último ejercicio. Este dinero, que se reinvertirá en el pueblo, se ha conseguido después de ejecutar inversiones pendientes.

Francisco López, de la Coordinadora del Agua de Jerez, añade un beneficio más: la reducción de tarifas. Los grupos que forman la coordinadora llevan batallando durante más de un año contra la privatización del servicio en Jerez. Por el momento, han conseguido que tres de las siete pedanías (Guadalcacín, Estrella del Marqués y Torrecera) se salgan del acuerdo del municipio matriz con una empresa privada. Su incorporación a la entidad pública de la sierra de Cádiz supondrá una reducción del 20% en lo que pagan los vecinos por distribución de agua y un 25% de descuento en el precio por la recogida de basuras.

“El escenario es propicio, con la campaña municipal cerca. En octubre llevaremos el pacto por el agua pública por toda Andalucía. En cualquier caso, conseguiremos que cada uno de la cara”, advierte López.

En Priego (23.000 habitantes), el proceso de recuperación del servicio es aún más curioso porque, como explica Rafael Campaña, uno de los impulsores de la plataforma Agua y Desarrollo, privatizó la izquierda en 2010 y la derecha respalda y promueve ahora la marcha atrás, pese al criterio nacional del PP. Los vecinos están dispuestos incluso a asumir la compra de la parte privada a través de los recibos, los cuatro grupos municipales se han pronunciado ya “abiertamente” a favor de la remunicipalización, hay más de 5.000 firmas que apoyan el proceso y los vecinos se han manifestado recientemente reclamando el control sobre su servicio. Las fuerzas políticas de Priego han anunciado que contarán con la asistencia técnica de Aeopas y de la empresa de aguas de la Diputación de Córdoba (Emproasa) para el proceso. “La remunicipalización en Priego no sólo acarreará ventajas económicas para los ciudadanos sino que incluso puede simbolizar la unión entre todos los grupos políticos y de toda la sociedad civil, algo inusual en estos tiempos de crisis”, concluye el gerente de los operadores públicos, Luis Babiano.

Fuente: El País

El PP confirma que quiere aprobar su reforma electoral antes de las municipales

Todos los grupos, salvo el PP, reclaman la comparecencia de Rajoy en el Congreso.

Los 'populares' reclaman que gobierne en los ayuntamientos la lista más votada.

La oposición coincide en calificar la propuesta del PP de 'pucherazo oportunista'.

El diputado popular Pedro Gómez de la Serna ha confirmado que su grupo presentará en septiembre su propuesta para reformar la ley orgánica de régimen electoral local para que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada, pero, ha precisado, dentro del paquete de medidas anticorrupción pendientes de acordar con el resto de partidos en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.

El parlamentario ha defendido que es "perfectamente legítimo" plantear este asunto antes de las elecciones municipales de mayo de 2015 porque es uno de sus compromisos electorales. "Es de sentido común, cumplir con el programa electoral" ha señalado Gómez de la Serna durante la reunión hoy de la Diputación Permanente de la Cámara Baja. Tras recordar que otras fuerzas políticas defienden la elección directa del alcalde, ha asegurado que quien ha cambiado de posición es el resto, en referencia al PSOE y UPyD.

En esta sesión se debatía, entre otros temas, la petición de PSOE y la Izquierda Plural de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca en el Congreso para explicar su proyecto. Todos los grupos, a excepción del PP, han apoyado esta solicitud. CiU se ha mostrado incluso partidario de apoyar la reforma ya que, según ha explicado su portavoz, Josep Sanchez Lliure, su formación también incluyó en el programa la apuesta por la elección directa del alcalde y las listas abiertas.

Críticas de la oposición

Desde IU, su coordinador, Cayo Lara, ha dicho que "no es presentable" que un tema de tanta relevancia se anuncie como serpiente de verano en todas partes menos en el Parlamento. Y ha acusado al PP de pretender "blindarse en muchos ayuntamientos aunque no cuente con el apoyo de la mayoría".

Desde ERC, Alfred Bosch también ha tachado de "pucherazo oportunista" la hipotética reforma. Y aunque ha asegurado que a su partido le viene bien, lo ha calificado de "una insensatez en términos democráticos".

La portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, ha incidido en las críticas asegurando que el PP no pretende la elección directa de alcaldes, porque los seguirán designando los concejales, sólo que a los grupos que obtengan el 40% se les dará un "plus" injustificado llegando a la mayoría absoluta, en la que cree que los populares quieren blindarse aun sin conseguirla.

Fuente: El Mundo