Proyectos de 30 Entidades Locales recibirán ayudas para promover el empleo juvenil

Las ayudas, por un importe de 180.000 euros, están contempladas en un convenio entre la FEMP y el Instituto de la Juventud.

Un total de treinta Entidades Locales recibirán ayudas para financiar actuaciones dirigidas a la promoción del empleo y el emprendimiento juvenil por un total de 180.000 euros, tras la resolución de la convocatoria realizada por la FEMP y el Instituto de la Juventud de España.

La convocatoria es fruto del convenio de colaboración firmado el pasado mes de abril por el Director General del Instituto de la Juventud (INJUVE), Rubén Urosa, y el Secretario General de la FEMP, Ángel Fernández Díaz, para promover el desarrollo de programas que incluyan actividades que fomenten el empleo, el autoempleo e iniciativas empresariales para los jóvenes en el ámbito local.

Las subvenciones van de 2.500 euros a 16.000 euros, según el número de habitantes de cada Entidad Local.

En el grupo de Entidades Locales de hasta 1.000 habitantes se han seleccionado 7 proyectos, que recibirán 2.500 euros cada uno, de los municipios de Atalaya (Badajoz), Copons (Barcelona), Ejulve (Teruel), Fontiveros y Horcajo de las Torres (Ávila), Ocón (La Rioja) y Sot de Chera (Valencia).

En el tramo de entre 1.001 y 5.000 habitantes recibirán 4.500 euros cada una de las siguientes Entidades Locales: los municipios de Alanís (Sevilla), Alcaracejos (Córdoba), Brihuega (Guadalajara), Cabranes y Teverga (Asturias), Comillas (Cantabria), Librilla (Murcia), Logrosán (Cáceres), Medina de Rioseco (Valladolid), Torralba de Calatrava (Ciudad Real), Valverde de Leganés (Badajoz), Villafranca de Córdoba (Córdoba) y la Mancomunidad del Valle del Lozoya (Madrid).

En el grupo de Entidades Locales de entre 5.001 y 20.000 habitantes recibirán 8.000 euros los proyectos seleccionados de la comarca de Sobrarbe (Huesca) y de los municipios de La Matanza de Acentejo (Santa Cruz de Tenerife), Llerena (Badajoz), Masquefa (Barcelona), Nava (Asturias) y Puerto Lumbreras (Murcia).

Dos municipios de entre 20.001 y 50.000 habitantes, los proyectos presentados por los municipios de Martos (Jaén) y Seseña (Toledo) recibirán 12.000 euros cada uno.

Finalmente, el municipio de Alcobendas (Madrid) y el Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Alicante), comprendido en el tramo de Entidades Locales de más de 50.000 habitantes,  recibirán una ayuda de 16.000 euros cada uno.

Fuente: FEMP

La deuda de las Entidades Locales sigue estable

La deuda de las Entidades Locales españolas continúa manteniéndose estable, pese a que la del conjunto de las Administraciones Públicas se ha elevado al 98,2% del PIB, 1.007.319 millones de euros, según los datos avanzados por el Banco de España.

El Banco de España ha informado de que el endeudamiento público aumentó en 10.336 millones durante el pasado mes de junio, lo que representa un incremento del 1,03% respecto al mes anterior.

Hay que recordar que en el primer trimestre los Gobiernos Locales españoles redujeron su deuda en 625 millones de euros hasta alcanzar un 4% respecto al PIB; la Administración General del Estado llegó a un 84,5% del PIB y  las Comunidades Autónomas al 21,7% del PIB.

El Presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna ha destacado que la deuda local se sitúa en el objetivo del 4% del PIB previsto por el Gobierno para 2014, y  ha subrayado que, gracias a la reducción de la deuda local y al superávit del 0,4% en 2013, “las Entidades Locales contribuyen decisivamente al cumplimiento de los objetivos económicos de España”.

Fuente: FEMP

Las autonomías frenan la ley que les obliga a asumir servicios municipales

Ocho comunidades blindan sus competencias y eluden aplicar la reforma local.

La Asamblea de Madrid (con mayoría absoluta del PP) aprobó el mes pasado una ley que aplaza —hasta que se apruebe un nuevo sistema de financiación— la asunción de ciertas competencias en materia de sanidad, educación y servicios sociales, unas competencias que ahora están en manos de los Ayuntamientos y cuyo traspaso a las comunidades ordenaba la reciente ley de reforma local del Gobierno de Mariano Rajoy. Cataluña ha hecho lo propio con un decreto ley publicado el pasado lunes en el Boletín Oficial del Estado. En el preámbulo de ese decreto, la Generalitat habla de la “incertidumbre jurídica” que ha creado la reforma local, que entró en vigor el pasado enero en toda España y que, según el texto, “ha generado numerosas y contradictorias interpretaciones por parte de los entes locales”.

Extremadura, gobernada por el PP, ha desarrollado la ley estatal con sus propias claves para evitar que desaparezcan las mancomunidades de su región. Más contundente ha sido Andalucía, que ha aprobado un decreto ley pensado como un “dique de contención contra el desmantelamiento de la Administración local”, en palabras del vicepresidente Diego Valderas (IU). Galicia, Castilla y León, País Vasco y La Rioja también han desarrollado sus propias leyes para esquivar en mayor o menor medida uno de los proyectos estrella del Gobierno de Mariano Rajoy.

Paralelamente, el pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite nueve recursos contra la reforma formulados por los Gobiernos de Andalucía, Cataluña, Canarias y Asturias; y los Parlamentos extremeño, catalán, andaluz y navarro, así como el presentado por 130 diputados de PSOE, Izquierda Plural, UPyD y Grupo Mixto. El Constitucional todavía tiene que pronunciarse sobre un décimo recurso, el registrado en julio por cerca de 3.000 Ayuntamientos (de los 8.117 que hay en España) que gobiernan a unos 17 millones de ciudadanos.

Tras esta ofensiva legislativa y judicial, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ha quedado reducida a la mínima expresión ocho meses después de su entrada en vigor. Su gran objetivo, plasmado en la máxima de “una Administración, una competencia”, está siendo papel mojado mientras no se aclara el nuevo sistema de financiación autonómica, cuya negociación ha sido aplazada sine díe por el presidente del Gobierno: “Ahora es imposible”, reconoció Rajoy hace una semana.

Sin más dinero, los Gobiernos autónomos de todo signo político se niegan a rescatar o ceder por convenio los servicios que según esa ley estatal deben dejar de prestar sus municipios: desde oficinas de consumo a casas de acogida de mujeres, albergues, guarderías, centros de mayores, oficinas de turismo o consultorios médicos. La propia reforma ya daba unos plazos muy amplios para ejecutar ese traspaso en cuanto a los servicios sociales y la sanidad, pero la opinión unánime de los alcaldes consultados es que nada se ha movido desde enero.

El alcalde de Santander y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna (PP), lo explica en clave de normalidad frente a “las posturas alarmistas que llegaron a decir que se desmantelarían los servicios sociales, se perderían decenas de miles de puestos e iríamos hacia la privatización”. “Nada de eso ha sucedido”, subraya. Aun así, De la Serna cree que hay una ofensiva de ciertas autonomías para pulverizar la ley y reclama al Gobierno que la defienda. El Ministerio de Administraciones Públicas no ha movido ficha, aunque el Ejecutivo afirma que estudiará si las normas que están aprobando las comunidades vulneran la ley estatal.

El alcalde de Vigo y vicepresidente de la FEMP, Abel Caballero (PSOE), coincide con que apenas se ha notado la entrada en vigor de la reforma local. La legislación autonómica que ha impulsado el Gobierno gallego (PP) con el decidido apoyo de los alcaldes de su partido frena el traspaso de competencias al menos hasta 2015. “El albergue social nos cuesta 750.000 euros. Se lo tendría que quedar la Xunta, pero seguimos con él y pagándolo. En el resto de comunidades prácticamente sigue todo igual”, dice.

Eulalio Ávila, presidente del Colegio de Interventores y secretarios de la Administración Local, razona que uno de los problemas está en la redacción del artículo 25 de la norma, el que regula las competencias de los municipios: “Adolece de cierta ambigüedad. Las comunidades han regulado en general de una manera laxa el desarrollo de la reforma local, que tendría que haber nacido de un pacto de Estado, incluidas comunidades y Ayuntamientos, con un acuerdo amplio. Pero los desarrollos normativos de cada comunidad dejan claro que no había una visión común”, afirma Ávila.

Otro dato: Hacienda prometió que en abril publicaría la lista de las poblaciones que, por incumplir con la estabilidad presupuestaria, no pueden prestar competencias que no se recojan en la ley. Nada se sabe de ese documento. Fuentes municipales aseguran que el departamento de Cristóbal Montoro tiene razones para no mostrarse muy estricto con los alcaldes: la Administración local lleva dos ejercicios aportando superávit a las cuentas públicas y queda menos de un año para las elecciones. “[La ley] se está aplicando bajo mínimos”, analiza el responsable de política municipal de IU, Manuel Fuentes. “Nos lo temíamos la mayoría de los municipalistas: en vez de solicitar la delegación de competencias o la prestación de servicios, se deja hacer porque no se ha solucionado el problema de la financiación municipal. Pero no hay que perder de vista que tanto esta ley como todo lo que el PP ha impulsado, como el plan de pago a proveedores o la ley de estabilidad presupuestaria, pone en riesgo los servicios públicos”, añade.

Fuente: El País

Suspenso en gestión: los ayuntamientos de seis CCAA gastan más de lo que recaudan

En concepto de servicios a los ciudadanos.

El esfuerzo lo han hecho todos, aunque cada uno a su manera. Las Administraciones locales de toda España han tenido que apretar el cinturón de sus cuentas durante el curso pasado. Y lo han hecho, es su mayoría, pidiendo a los ciudadanos que se lo aprieten a su vez.

Los ayuntamientos españoles han recaudado, en 2013, un 35% más gracias a los impuestos directos, según se desprende de los datos de Liquidación de Presupuestos de las entidades locales que Hacienda ha hecho públicos el pasado 31 de julio. Una cifra que, por el momento, no ha tenido reflejo en cómo han suministrado bienes y servicios a los ciudadanos: los municipios han disminuido en un 4% de media este capítulo de su gasto.

Una re-inversión de lo recaudado que no se ha plasmado de la misma forma en todas las Comunidades Autónomas. Los datos de Hacienda no permiten conocer los detalles de cada municipio ni ofrecen datos para la Comunidad foral de Navarra, pero sí lo hacen del conjunto de gobiernos locales de cada región española. Y hay desde más ahorradores hasta quienes se gastan muy por encima de lo ingresado.

Es el caso del conjunto de los municipios gallegos. En 2013, entraron en las arcas de los ayuntamientos gallegos 270 euros por cada mil ciudadanos. El gasto en bienes y servicios, sin embargo, alcanzó los 355 euros. Es el caso contrario a lo que ocurre en Baleares o en Valencia. Los ayuntamientos de estas regiones se han visto obligados, tras la gestión de los últimos años, a ahorrar más.

Así, las islas mediterráneas han recaudado un 23% más de lo que se reinvirtieron en bienes y servicios, 113 euros por cada mil habitantes. Las localidades valencianas, por su parte, han reportado a Hacienda una recaudación por impuestos de 405 euros por cada mil ciudadanos, gastando en bienes y servicios 313 euros menos: un ahorro de 92 euros cada mil habitantes.

Extremadura recauda menos pero gasta más en personal

La recaudación en sí ha sido desigual entre los ayuntamientos de las distintas regiones. Teniendo en cuenta las diferencias de población, los datos de Hacienda indican que los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid son los que más esfuerzo exigieron a los bolsillos de sus ciudadanos y, además, los que más aumentaron la recaudación por impuestos directos con respecto al año anterior: un 8%, 521 euros de ingresos por cada 1.000 habitantes.

Por encima de los 400 euros por cada mil habitantes se sitúan también los municipios de Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana. Al lado opuesto, por debajo de los 300, solo se encuentran Extremadura y Galicia.

El ‘despilfarro’ municipal más común, el del gasto en personal, se está siguiendo de cerca desde el Ministerio de Hacienda. Los ayuntamientos españoles de todas las comunidades, según los datos remitidos al departamento de Cristóbal Montoro, han disminuido esta partida.

Sigue siendo llamativo el caso de Extremadura: a pesar de que sus ayuntamientos se encuentren entre los que menos recaudan, están, a la vez, entre quienes más gastan en personal, con 395 euros cada mil habitantes. Madrid, por su parte, es la zona donde los municipios más han recortado en esta partida: un 7% entre 2012 y 2013.

Fuente: El Confidencial