Dos de cada cinco trámites ante la administración vasca se pueden realizar de manera íntegra por internet

El 58,7 por ciento de los trámites y procedimientos que oferta el sector público vasco corresponden a los ayuntamientos.

Dos de cada cinco trámites administrativos que se realizan ante las administración vasca se pueden ejecutar íntegramente por Internet, según los datos del Índice de Sofisticación Electrónica de 2013, una estadística gestionada por el Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno vasco.

Este índice mide la evolución y principales características de la administración electrónica desde la perspectiva de la oferta en el conjunto de las administraciones y empresas públicas vascas.

En función de esta estadística, el 58,7 por ciento de los trámites y procedimientos que oferta el sector público vasco corresponden a los ayuntamientos, el 15,6% a las diputaciones forales, el 13% al Gobierno vasco, mientras que el 12,7% restante corresponde a otras entidades públicas como organismos autónomos, Universidad o sociedades públicas.

En conjunto, la administración electrónica ha aumentado entre 2012 y 2013 su Índice de Sofisticación en 4,3 puntos porcentuales, de manera que se ha pasado a ofertar el 39,4% de las gestiones administrativas completamente on-line.

En función de este estudio, dos de cada cinco trámites se pueden realizar de manera íntegra por Internet, el 37,1% permiten descargar los formularios precisos o también cumplimentarlos y enviarlos electrónicamente. En el 23,6% restante se ofrece información.

El Gobierno vasco y los organismos autónomos son las entidades más dinámicas en administración electrónica en la comparativa entre 2012 y 2013, con un aumento de 7,3 puntos el Índice de Sofisticación y de 7,2 puntos, respectivamente.

Las sociedades públicas aumentan 5,8 puntos porcentuales, seguidas de ayuntamientos con 4,5. La Universidad pública y las diputaciones los entes que menos crecen, con 2,1 y 2,3 puntos, respectivamente.

Las administraciones públicas guipuzcoanas permiten tramitar por Internet de forma completa el 43,4% del total de procedimientos y trámites ofertados. Le sigue Bizkaia, con un 37,6%, y finalmente Álava, con un 25,3%.

Según ha explicado el Ejecutivo vasco, Álava, el territorio "más retrasado" en facilitar a sus empresas y ciudadanía las gestiones con las administraciones, es el que más crece en el último año, gracias a la evolución de la Diputación y del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

De este modo, el crecimiento en el Índice de Sofisticación alcanza en Álava los 6,9 puntos porcentuales, Bizkaia 5,2 y 2,4 puntos Gipuzkoa.

La Diputación de Gipuzkoa dobla en 2013 su nivel de sofisticación electrónica con respecto a las otras dos, ya que el 63,1% de sus trámites y procedimientos ofertados se pueden tramitar completamente on-line, si bien sufre un retroceso de 8,6 puntos con respecto a 2012.

El Índice de Sofisticación es del 34,2% en el caso de la Diputación de Álava, tras un incremento de 10,8 puntos, y el 33,6% en la de Bizkaia, que crece en 3,7 puntos en un año.

El Ayuntamiento de Bilbao sigue encabezando el listado de las capitales con mayor nivel de digitalización, aunque San Sebastián y Vitoria-Gasteiz crecieron más el último año.

En concreto, el Ayuntamiento donostiarra experimenta un aumento de 13,8 puntos, hasta alcanzar un Índice de Sofisticación del 48,7%. El de Vitoria-Gasteiz crece 11,4 puntos porcentuales (con un nivel del 33,5%) mientras que el de Bilbao, pese a que es el que más aumenta entre 2010 y 2013, pierde 3,2 puntos porcentuales y se sitúa en el 50,7%.

IMPUESTOS Y TASAS

Dos de cada tres trámites asociados a impuestos y tasas pueden gestionarse de forma completamente electrónica (66,4%), con un crecimiento de 5,8 puntos porcentuales con respecto a 2012. Las gestiones para solicitar servicios ocupa el segundo puesto en 2013, con un 61% y un crecimiento de 3,2 puntos. Los trámites asociados a sanciones alcanzan el 58,7% con una ligera bajada de 3,2 puntos.

Los procedimientos incluidos en el apartado de autorizaciones, obtención de carnés y tarjetas consiguen el mayor crecimiento con 8 puntos porcentuales, alcanzando un 26,6% de Índice de Sofisticación. Certificados y visados también superan la media de crecimiento con 5,8 puntos porcentuales y un Índice del 41,3%.

En el último año, el Gobierno vasco ha centrado sus esfuerzos "más en trámites registrales", con un incremento de su Índice de Sofisticación de 17,6 puntos, que en ayudas y subvenciones, con 8 puntos más.

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Fuente: Europa Press

El Tribunal de Cuentas pide obligar a los ayuntamientos a rendir cuentas para acceder a ayudas y subvenciones

El 87% utilizaron presupuestos prorrogados en 2012.

El Tribunal de Cuentas cree que hacen falta reformas legales para que la rendición de cuentas fuera un "requisito indispensable" para que las entidades locales puedan acceder a concesión de ayudas y subvenciones públicas, tras constatar que el 35% no presentan sus cuentas generales en el plazo legalmente establecido.

Así lo recomienda en el 'Informe de fiscalización del sector público local' del ejercicio 2012, que recoge Europa Press, en el que el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda analiza las cuentas generales de 13.740 ayuntamientos, entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio, mancomunidades, consorcios, diputaciones provinciales y forales, cabildos y consejos insulares, áreas metropolitanas, comarcas y agrupaciones de municipios.

Según el documento, sólo el 65% de las entidades locales rindieron la cuenta de 2012 en el plazo legalmente establecido, un porcentaje superior al del año anterior pero que aún "debe continuar avanzando" hasta cumplir plenamente la norma. Por ello, el Tribunal cree que un buen incentivo sería vincular la rendición de cuentas al acceso a ayudas y subvenciones.

En este punto, se precisa que el menor grado de rendición correspondió a entidades locales de Andalucía (49%), seguido por Castilla-La Mancha (70%). Por contra, en Baleares y Cantabria el porcentaje de cumplimiento fue cercano al 100% y en Aragón, Galicia y La Rioja se superó el 90%.

También ha mejorado el retraso medio en la presentación de las cuentas de las entidades locales, que en 2012 se situó en los 47 días. En este punto, el organismo fiscalizador apunta que las normativas de la Comunidad de Madrid, Valencia, Andalucía y Castilla y León establecen plazos diferentes a la normativa nacional, por lo que el Tribunal recomienda "regular plazos generales más breves" y homogéneos para todo el país.

PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas alerta de que hasta el 87% de las entidades locales prorrogaron sus presupuestos durante al menos parte del ejercicio 2012, con un retraso medio de 87 días en la aprobación de las cuentas, un plazo que se incrementa según disminuye el tamaño de la población. "La utilización de la prórroga presupuestaria de manera continuada durante cada ejercicio evidencia una inadecuada planificación presupuestaria y económica", critica.

Además, los presupuestos se modificaron en un 25% a lo largo del ejercicio, y en concreto los ingresos apenas alcanzaron el 83% de lo previsto, lo que provocó que se tuvieran que aprobar modificaciones de crédito financiadas con recursos no obtenidos efectivamente, lo que "incide negativamente en la solvencia de las entidades locales".

En estas circunstancias, el organismo fiscalizador reclama medidas para evitar prórrogas de presupuestos, previsiones de ingresos "carentes de posibilidades reales de ser realizados", modificaciones de crédito "sin financiación efectiva" y falta de ajuste de la gestión a las "posibilidades financieras reales de la entidad", porque acaba generando déficit y deuda.

SUFICIENCIA FINANCIERA

No obstante, el Tribunal también reconoce que no todos los desequilibrios financieros de las entidades locales son su responsabilidad, sino que sería necesario establecer "medidas estructurales" para garantizar su "suficiencia financiera", de modo que se eviten "desequilibrios permanentes" que resulten en deuda.

Y es que según el informe las entidades locales sólo tuvieron ingresos para cubrir el 73% de sus competencias, un porcentaje que se reduce apenas al 58% en los municipios de menos de mil habitantes, y que en el caso de las comarcas, mancomunidades y áreas metropolitanas apenas supuso el 17%, 32% y 57% de autonomía, respectivamente.

No en balde, estas entidades se financian "fundamentalmente" gracias a las transferencias corrientes del Estado (32%) y a los ingresos tributarios (48%), un tercio de los cuales corresponden al IBI. Así, un 14% adicional de la financiación proviene del endeudamiento, que en 2012 superó el 88% de las previsiones presupuestadas, en gran medida por la aplicación del plan de pago a proveedores.

REESTRUCTURAR EL SECTOR PÚBLICO

En otro orden de cosas, el Tribunal de Cuentas reconoce que el número de entidades locales permaneció entre 2010 y 2012 "sin variaciones significativas", si bien existen mancomunidades, consorcios y entidades inferiores al municipio que no tenían actividad y cuya existencia "no se encuentra justificada".

Lo mismo sucede con algunas de las entidades dependientes del sector público local, aunque en 2012 se eliminaron 59 entidades públicas empresariales y 22 sociedades mercantiles de participación local íntegra. Además, en ese ejercicio existieron al menos 20 empresas públicas locales en disolución y 18 sociedades mercantiles sin actividad, y casi la mitad de todas las sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales tuvieron pérdidas.

Por ello, el organismo recomienda reestructurar y, en su caso, incluso disolver las mancomunidades, consorcios, entidades inferiores al municipio, sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales locales que no estén desarrollando actividad ni prestando servicio" y garantizar que la creación, actuación y permanencia de este tipo de entes respondan a razones de eficiencia, estabilidad, racionalidad y sostenibilidad financiera.

Asimismo, sugiere ampliar el contenido de la cuenta general de las entidades locales para que recoja también información de los organismos y sociedades mercantiles con una participación mayoritaria, de las fundaciones, y de las sociedades mercantiles locales en las que la participación de varias entidades locales supere el 50% pero que no estén controladas mayoritariamente por ninguna entidad en concreto, ya que estos organismos "en la actualidad se encuentran en la práctica fuera" de la fiscalización.

PERIODOS MEDIOS DE PAGO

El Tribunal de Cuentas también fija en 92 días de media el periodo medio de pago de las entidades locales durante el año 2012, 52 días superior al plazo legalmente permitido. El periodo medio de cobro, por su parte, fue de 63 días, si bien varía mucho entre los diferentes tipos de entidades locales. En cuanto a los derechos dudosos de cobro, ascendieron a 5.751 millones, el 30% de los créditos pendientes de cobro.

Por otra parte, señala que el gasto total por habitante ejecutado ascendió a 962 euros, aunque en los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes se superaron los mil euros por ciudadano. El 61% del gasto se destinó a gastos corrientes y personal, mientras que en la deuda se concentró el 10% del total, lo mismo que en inversiones. De hecho, con un gasto un 7% inferior al del año anterior, la amortización de la deuda fue la única partida que aumentó en 2012 (+34%).

Los servicios que más fondos consiguieron fueron las políticas de bienestar (saneamiento, aguas, basuras, limpieza, alumbrado, etc), con un 42% del total; seguido por la seguridad y la movilidad, con un 23%; y la política de vivienda y urbanismo, con el 21%. Al medio ambiente se destinó el 9% del gasto mientras que a la sanidad, educación, cultura y deporte se fue el 14%, si bien éstas son competencias eminentemente autonómicas. A la protección y promoción social (empleo, pensiones, etc) se fue el 11% del gasto, y otro 8% acabó en actividades económicas, comercio o turismo.

Finalmente, el informe de fiscalización defiende la Plataforma de Rendición de Cuentas, que a su entender "contribuye a mejorar la calidad de las cuentas" y a reducir el número de incidencias, tras el incremento del primer ejercicio de implantación.

Fuente: Europa Press

Reformas para recortar el gasto público. La ola de fusiones no llega a España

Francia dejará sus 22 regiones en 9 e integrará municipios para que el tamaño mínimo sea de 20.000 habitantes.

Suecia estudia eliminar la mitad de sus 21 regiones

Italia erradicará provincias y creará grandes áreas metropolitanas.

Consecuencia de la crisis, Grecia, Italia y ahora Francia saldrán más ligeras de equipaje. Con el objetivo de reducir gasto público, han decidido adelgazar su aparato administrativo, y la fusión de ayuntamientos, incluso de regiones, ha sido la fórmula que triunfa más allá de Pirineos, pero en España no cuaja. La reforma local impulsada por el Gobierno central no obliga a integraciones y solo incentiva y muy poco las alianzas. La Xunta quiso abanderar la fusión de municipios, pero hasta el momento solo Oza y Cesuras, que suman algo más de 5.000 habitantes, han sellado su unión.

Francia es el último país en Europa que se ha sumado a la lista de Gobiernos que impulsan un drástico recorte en su modelo organizativo. Reducirá regiones y fusionará ayuntamientos. Antes fue Italia, que también recorta escaños y poderes en el Senado, y Grecia. La crisis económica hace temblar las arcas de los Estados, y éstes buscan aligerar las facturas de gasto para contener el déficit, metiendo la tijera al aparato burocrático.La ola de fusiones que estos tres países fuerzan en aras de una mayor eficiencia de la administración no llega sin embargo a España, y eso que hay voces que apuestan por una poda en el número de consistorios, y más las que abogan directamente por cargarse el Senado. La reforma local ya aprobada ha quedado desdibujada y las integraciones serán solo voluntarias y para animar a uniones se contemplan incentivos económicos. Las Diputaciones, que para el BNG por ejemplo deberían desaparecer, son las ganadoras.

El Gobierno trabaja en la revisión de la Cámara Alta para que sea sobre todo cámara de representación territorial, pero ni se le pasa por la cabeza eliminarla, lo que obligaría a un cambio constitucional. La Xunta quiso ser el adalid de las fusiones locales, pero desde que anunció la primera, la de Oza-Cesuras, un concello de la provincia de A Coruña que ahora suma algo más de 5.000 habitantes, no ha cuajado ninguna más. Las reticencias de los regidores son muchas, aunque desde el PPdeG sostienen que alguna se está fraguando.

Francia. El Gobierno socialista de Francois Hollande y su primer ministro, Manuel Valls, de origen español, impulsa un lavado de cara al aparato institucional del país. El objetivo es ahorrar al menos 12.000 millones de euros en los próximos años. La Asamblea gala ya dio el visto bueno solo con el voto de los socialistas al proyecto de ley que dibuja la reducción de regiones, al pasar de 22 a 13. Y solo cuatro se mantienen igual. El nuevo mapa regional entrará en vigor en enero de 2016, pero no se descartan más integraciones. Estas nuevas regiones tendrán más competencias, que quitarán a las provincias o departamentos, que desparecerán a partir de 2020. Las asambleas o consejos generales están ahora integradas por más de 4.000 cargos públicos electos.

En España casi es inconcebible imaginar solo el debate de eliminar autonomías. En el país vecino se ha hecho y además sin suscitar un frente rebelde en las propias regiones. La oposición, además, no es beligerante y si no ha dado el visto bueno al plan de Hollande y Valls, es sobre todo porque se ha presentado a prisa y corriendo y no se ha negociado con ella. ¿Por qué no suscitó el rechazo que seguró levantaría en España? Porque en la nación gala las regiones no tienen el componente identitario que tienen aquí . Y donde lo hay no se ha tocado la región. Es el caso de Bretaña o Alsacia. "Para Francia, reducir regiones solo es un problema de gestión, sin embargo para España es una cuestión política, identitaria e histórica", argumenta Enrique Varela, profesor de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Vigo. "No podemos obviar la tradición jacobina de Francia, mientras que España historicamente es diversa y plural", añade. El proyecto de Hollande y Valls es de calado. También contempla la integración de los municipios de menos de 20.000 habitantes. En la actualidad, Francia es el país con más consistorios del mundo: 36.700. España tiene 8.117. Y reducir a la mitad las 13.400 mancomunidades que prestan servicios a varios ayuntamientos. "Fusionar municipios será más complicado. Tienen más tradición que las regiones y ahí ya hay oposición. Además hay regidores galos con muchos poder en el seno de su partido y en su país son considerados casi como ministros", explica Enrique Varela.

Italia. El primer ministro Matteo Renzi, que llegó al Gobierno a comienzos de año prometiendo una reforma cada mes y cuya "energía y visión" sorprendió al propio Barack Obama, ya llevó a la Cámara de los Diputados en abril el proyecto de ley para suprimir provincias y cambiarlas por ciudades metropolitanas. Renzi, en su propia cuenta de Twittter, defendió entonces que "3.000 políticos dejarán de recibir una pensión del bolsillo de los italianos". El ahorro será de 800 millones de euros al año. Su plan pasa porque a partir de 2015 Italia se divida en ciudades metropolitanas, que sustituirán a las provincias, y con ayuntamientos fruto de la integración de varios consistorios. En España la reforma local pasa por reforzar el papel de las Diputaciones, las grandes beneficiarias del plan de Montoro para modernizar la estructura local del país. Deben prestar los servicios que los ayuntamientos más pequeños no pueden. La fusión de los concellos en España quedó en nada, aunque en torno a este debate se han derramado ríos de tinta. Los regidores dieron un golpe en la mesa y demostraron su poder.

Otra reforma ya esbozada en el papel por el equipo de Renzi y que la oposición italiana intenta boicotear es la del Senado. Renzi, líder en auge tras su éxito en las elecciones europeas, quiere convertirlo en una Cámara de las regiones, con 148 escaños en total, frente a los 320 de ahora. Serán ocupados sin sueldo por los presidentes de las regiones y alcaldes de las capitales de cada región. En este caso, el Gobierno italiano no solo quiere meter la tijera en el apartado de gastos. Busca ganar eficacia, pues Italia, con el sistema bicameral perfecto, podía tardar años en aprobar leyes necesarias para la marcha del país.

En España, se han alzado voces reclamando la eliminación del Senado, que este año maneja un presupuesto de 51,7 millones de euros. Los políticos confiesan su inutilidad y que la Cámara Alta es un cementerio de elefantes, a donde van parar viejas glorias de la política a la espera de la jubilación. El partido en el Gobierno propone una reforma para reforzar su carácter como Cámara de representación territorial, pero el PP se niega a su desaparición.

Grecia. En mayo de 2010, en pleno rescate de la UE, Grecia se cepilló 679 municipios y quedan solo 355 frente a los 1.034 de antes de la explosión de su crisis. Solo sobreviven los Ayuntamientos que tienen más de 10.000 vecinos. El objetivo fue recortar 1.185 millones de euros de gasto público en un país sobrepasado por el endeudamiento. El ahorro de recursos públicos supone también reducir a la mitad los actuales 50.000 cargos políticos municipales griegos.

El Parlamento griego acordó también que los comicios locales se celebren cada cinco años y no cada cuatro para coincidir con las elecciones europeas, y así ahorra 75 millones de euros al hacer coincidir campañas electorales

Suecia. A raíz de la crisis económica, Islandia pasó de 7.200 a 76 ayuntamientos y Letonia, de 500 a 118. Suecia, no tanto por las estrecheces económicas, debate quedarse con menos de la mitad de las 21 regiones en que se organiza ahora. En el pasado ya aplicó un drástico recorte a los consistorios, de 2.282 a 286.

Fuente: El Faro de Vigo

PP defiende el plan de pago a proveedores y dice que lo que "es un desastre" es la "deuda" de la Junta de Andalucía a los municipios

La vicesecretaria general del PP andaluz y diputada provincial por Sevilla, Virginia Pérez, ha afirmado que es "lo que es un verdadero desastre y el PP no tolera es que los ayuntamientos sevillanos sigan soportando la asfixia económica a la que les somete a diario la Junta de Andalucía", en respuesta al presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, quien alerta de que la deuda viva de los ayuntamientos ha crecido un 21,42 por ciento entre 2011 y 2013 como consecuencia de los préstamos concertados merced al mecanismo estatal de pago a proveedores promovido por el Gobierno central del PP.

En una nota, Pérez indica que los ayuntamientos sevillanos "tienen que asumir pagos que no le corresponden" porque la Junta "no abona la parte de la financiación de programas o ayudas que son de su competencia", como por ejemplo los talleres de empleo, las escuelas taller, o servicios como los Juzgados de Paz, los Puntos de Atención a la Mujer Servicios, "que si se siguen prestando es porque los ayuntamientos hacen un sobreesfuerzo y abonan su parte y la que le correspondería abonar a la Junta, que no lo hace". "Y encima, cuando lo hace y cumple con su obligación, lo hace bastante tarde y mal, como ha sucedido con la dependencia", añade.

Para Pérez, "la verdadera defensa del municipalismo se demuestra dotando de liquidez a los ayuntamientos y trabajando sin descanso por los vecinos, en lugar de llevándolos a la quiebra como ha hecho, hace y esperemos que no siga haciendo por el bien de los sevillanos el gobierno de Susana Díaz, que como vemos es del agrado de Villalobos pese a que la deuda de los ayuntamientos la ha provocado la desidia de la Junta de Andalucía".

Afirma que, "gracias" al Plan de Pago a Proveedores, los ayuntamientos de la provincia han podido pagar 108.306 facturas por valor de 287 millones de euros. Sin embargo, considera que está claro que el "interés" de Villalobos es que la reforma local se lleve a cabo, porque c"on esta reforma se cumple con la legalidad y se acaba con los por desgracia famosos chiringuitos y agencias de colocación del PSOE en los que muchos entes públicos se han convertido estos últimos años, como bien sabe el presidente de la Diputación de Sevilla".

Además, asegura que Villalobos no está "legitimado" para hablar de municipalismo cuando su partido "mantiene desde hace años en continua asfixia económica a los ayuntamientos sevillanos, a los que debe transferencias por valor de 130 millones de euros". "Es lamentable que Villalobos, en lugar de velar por los intereses de los ayuntamientos, siga el dictado de sus compañeros de partido que gobiernan en la Junta y cargue por duplicado contra una ley del Gobierno central que ordena las competencias y la financiación de los ayuntamientos", agrega.

Pérez recomienda a Villalobos que deje a un lado "tanta confrontación" con el Gobierno de Rajoy y se siente con su compañera de partido y presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el vicepresidente andaluz, Diego Valderas, y "les pregunte hasta cuándo van a asumir las competencias que tiene que prestar la Junta y cumplir así con su obligación y responsabilidad con los ciudadanos".

"Para Villalobos, el municipalismo es asfixiar a los ayuntamientos al dejar que los mismos hagan frente a determinados servicios que tienen que ser financiados por la Junta. Para el PP, el municipalismo es defender los intereses de los ayuntamientos y velar por el bienestar y la calidad de vida de los vecinos", sentencia.

Según Pérez, "como presidente de la Diputación, la responsabilidad de Villalobos es defender y velar por los intereses de los Ayuntamientos y luchar para que la Junta pague su aportación en políticas sociales y otras políticas, pero Villalobos prefiere mirar para otro lado mientras son los ayuntamientos quienes pagan lo que la Junta debe, que no es poco".

Fuente: Europa Press